Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

   

   Inici

   Programa

   Inscripció  

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

COMUNICACIÓ A LES XII JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
 
TERCERA PONÈNCIA
EL SENTIT D’UNA CODIFICACIÓ PER A CATALUNYA

Modificación convencional de los plazos de prescripción

 José-Ramón García Vicente
Universidad de Salamanca

VERSIÓN PREVIA

[
Aquest text és una versió prèvia del treball publicat a:
Àrea de Dret civil, Universitat de Girona (Coord.), El Dret civil català en el context europeu. Materials de les Dotzenes Jornades de Dret Català a Tossa. 26 i 27 de setembre de 2002, Girona, Documenta Universitaria, 2003, ISBN: 84-933125-9-2, p. 447 a 456].
 

1.   El propósito de esta comunicación es éste: discutir la conveniencia de permitir o prohibir la alteración convencional de los plazos legales de prescripción en el ejercicio de los derechos, asunto que se extiende, de modo semejante, a la validez de los pactos de suspensión de estos plazos y de posposición o anticipación de su dies a quo de cómputo. La respuesta, además, sirve para la caducidad, al menos cuando ésta recaiga sobre derechos disponibles. Para abordar cabalmente este asunto primero justificaremos la oportunidad de discutirlo. Después enunciaremos los argumentos a favor y en contra de la prohibición, para terminar pronunciándonos por una admisión matizada de los pactos sobre prescripción.

2. La oportunidad de debatir esta materia tiene, nos parece, firmes apoyos: unos fruto de la discusión en sede de política legislativa catalana, y otros derivan de la diversidad del Derecho comparado. Son los siguientes:

      a) Por un lado, es uno de los asuntos regulados en el proyecto de Ley de Libro i del Código civil catalán, en particular en su art. 121-3 que bajo la rúbrica “imperativitat” dice:

“Les normes sobre prescripció són de naturalesa imperativa. Tanmateix, les parts poden pactar un abreujament o un allargament del termini no superiors, respectivament, a la meitat o al doble del que està establert legalment”.

      Precepto al que debe añadirse, por un lado, el art. 121-10.1 que señala la nulidad de la renuncia anticipada a la prescripción; y por otro lado, en materia de caducidad (después de distinguir con lucidez entre derechos disponibles e indisponibles) el art. 122-3 que admite la suspensión convencional para los primeros. 

      El Texto del Proyecto de Ley se publicó en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, n.º 280 (2002). Este completo proyecto legislativo sobre prescripción goza de unos significativos antecedentes legales; así, en los Proyectos de Apéndice de 1930 y de 1955, cuyos textos pueden consultarse en Textos Jurídics Catalans, lleis i costums. Projecte d’Apèndix i materials precompilatoris del dret civil de Catalunya, vi 2, estudi introductori a cura de A. Mirambell i Abancó / P. Salvador Coderch, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1995, pp. 755-757 y 930-933, respectivamente. Esta propuesta disfruta de un sólido refrendo doctrinal; así, F. Rivero Hernández: “La prescripción y la caducidad. Perspectivas legislativas”, XI Jornades de Dret català a Tossa. L’exercici de les competències sobre Dret Civil de Catalunya, Tossa de Mar, 21 i 22 de setembre de 2000 [su texto puede consultarse en “http://civil.udg.edu/tossa/2000/Textos/p/3/rivero/htm”], J. Marco Molina: Compendi de Dret civil català, F. Badosa Coll (coord.), Edicions de la Universitat de Barcelona / Marcial Pons, Madrid / Barcelona, 1999, pp. 161-164; y, sobre todo, A. Lamarca i Marquès: “La prescripció de les accions personals que no tenen assenyalat termini especial en el Dret civil de Catalunya: la seva inaplicació”, Revista Jurídica de Catalunya 4 (1999), pp. 957- 982. Aun cuando a la vista del tenor literal del art. 344 de la Compilación de Derecho civil catalán (Cdc) [o mejor, de su “parcialidad y escasez”, como dice Ll. Puig i Ferriol: Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, XXX, artículos 277 al final Compilación de Cataluña, M. Albaladejo (dir.), Edersa, 1987, sub art. 344, pp. 865-893, p. 867] y de la doctrina sobre la supletoriedad del Código civil en los aspectos sustantivos de la prescripción, justificada en la propia Disposición Final 4.ª Cdc [E. Roca i Trías en Ll. Puig i Ferriol / E. Roca i Trías: Institucions del Dret civil de Catalunya. I. Introducció i part general. Obligacions i contractes. Drets reals, Tirant lo blanch, Valencia, 1998, 5.ª edición, p. 95 y G. Ribas Moreno: “La prescripció extintiva i els seu terminis en la Compilació del Dret Civil de Catalunya”, El futur del Dret patrimonial de Catalunya (Materials de les Desenes Jornades de Dret Català a Tossa), Àrea de Dret civil. Universitat de Girona (coord.), Universitat de Girona / Tirant lo blanch, Valencia, 2000, pp. 519-562, p. 526] pudiera dudarse de la competencia legislativa de Cataluña sobre la materia.

      b) Además el asunto de la prescripción se aborda en los procesos de unificación internacional del Derecho privado. Así, dentro de la Parte iii de los Principios de Derecho Contractual Europeo [Pdce], se admite la reducción o ampliación de los plazos sometiendo la extensión a un plazo máximo. En particular se señala en su art. 14: 601: 6, bajo la rúbrica “Agreements Concerning Prescription”:

(1) The requirements for prescription may be modified by agreement between the parties, in particular by either shortening or lengthening the periods of prescription.(2) The period of prescription may not, however, be reduced to less than one year or extended to more than thirty years after the time of commencement date set out in Article 14: 203”.

      Estos Principios fueron publicados el 25 de mayo de 2002 y pueden consultarse en “http://www.cbs.dk/departaments/law/staff/ol/commission_on_ecl/”.

      También se discute en las propuestas de modificación de los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales de 1995 [así forma parte de las tareas que estaban asignadas para la redacción de la segunda edición de los Principios, véase, “http://www.unidroit.org/english/principles/wg-1998.htm” y sobre la “limitation of actions by prescription”, P. Schlechtriem: Unidroit Proceedings and Papers 1999, Study L, Doc 58].

      Debe advertirse que las diversas propuestas no son armónicas, porque, frente a la regla permisiva de los Principios de Derecho Contractual Europeo, la Convención sobre prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, de 14 de junio de 1974, hecha en Nueva York, se inclina por prohibir la modificación convencional [Convención que no está vigente en España; su texto puede consultarse en Revista de Derecho Mercantil 207 (1993), pp. 267-280; y también en R. Schulze / R. Zimmermann: Textos básicos de Derecho privado europeo. Recopilación. Presentación y coordinación de la edición española, estudio preliminar y anotaciones de Derecho español y europeo de E. Arroyo i Amayuelas, Marcial Pons, Madrid / Barcelona, 2002, pp. 365-381]. Así en su art. 22 bajo la rúbrica “Modificación del plazo de prescripción por las partes” dice:

1. El plazo de prescripción no podrá ser modificado ni afectado por ninguna declaración o acuerdo entre las partes, a excepción de los casos previstos en el párrafo 2 del presente artículo.

2. El deudor podrá en cualquier momento durante el curso del plazo de prescripción, prorrogarlo mediante declaración por escrito hecha al acreedor. Dicha declaración podrá ser reiterada.

3. Las disposiciones del presente artículo no afectarán a la validez de las cláusulas del contrato de compraventa en que se estipule, para iniciar el procedimiento arbitral, un plazo de prescripción menor que el que se establece en la presente Convención, siempre que dichas cláusulas sean válidas con arreglo a la ley aplicable al contrato de compraventa.

      c) La última dimensión del problema reside en la diversidad de respuestas que puede observarse en el Derecho comparado. En ocasiones se establece la prohibición de modificación convencional conjugada con la validez de la renuncia a la prescripción ganada, fundada comúnmente tal prohibición en la naturaleza imperativa o inderogable de las normas sobre prescripción. Así ocurre en el Derecho civil navarro (ley 27 de la Compilación), en el portugués (arts. 300 y 301. 1 de su Código civil [Cc]), en el italiano (arts. 2936 y 2937 II Cc), en el Código suizo de las obligaciones (arts. 129 y 141), en el holandés (art. 3. 11. 20a. 3 Cc) ó en el quebequés (arts. 2883 y 2994 Cc). Ordenar simultáneamente la prohibición de modificación convencional con la admisión de la renuncia a la prescripción ganada tiene pleno sentido, en la medida en que la renuncia no es más que la expresión, dentro de la prescripción, del contenido propio de los derechos o facultades, que no es otro que el atribuir una posibilidad o ventaja a su titular que como poder puede o no ser ejercitado.

      En otros casos se somete la validez de la modificación convencional de los plazos (o la posibilidad de suspensión) a ciertas restricciones, como el proyectado art. 121-3 del Libro i del Cc catalán que fija un plazo máximo y mínimo relativo, esto es, según el plazo legal de prescripción. También es el caso del Derecho civil alemán, recientemente reformado en este punto, que establece explícitamente un periodo máximo para los pactos de alargamiento (treinta años) y excluye la validez de las cláusulas de modificación de la responsabilidad por dolo, véase el nuevo § 202 Cc alemán [modificado por la Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts de 26 de noviembre de 2001, cuyo texto en alemán e inglés puede consultarse en http://www.iuscomp.org/gla. Sobre esta reforma un apunte completo en A. Lamarca i Marquès primero “La modernización del Derecho alemán de obligaciones: la reforma del Bgb”, Indret 2(2001) y luego “Entra en vigor la ley alemana de modernización del derecho de obligaciones”, Indret 1(2002) (http://www.indret.com); en este Derecho se admiten implícitamente los pactos de acortamiento, sometidos, debe entenderse, a las reglas o cláusulas generales]. También es el caso del art. 14: 601: 6 Pdce (Parte iii), que señala como plazo mínimo el de un año y máximo el de treinta.

      Por último admiten (o puede deducirse su admisión) los pactos sobre prescripción aquellos Derechos en que no se formula expresamente una regla prohibitiva, de manera que la validez de los pactos queda sometida a las cláusulas generales (buena fe, orden público) de las que es un aspecto destacado la regla que consagra la inadmisibilidad de la renuncia anticipada del derecho a prescribir (caso de los arts. 1935 I in fine del Código civil español ó 2220 del francés) que impide los pactos de imprescriptibilidad y aquellos materialmente iguales, por su duración excesiva.

      Puede consultarse un panorama más amplio del Derecho comparado en Extintive Prescription. On the Limitation of Actions. Reports to the XIVth Congress International Academy of Comparative Law. Athens (Vouliagmeni), Greece, 31 July-7 August 1994, edited by E. H. Hondius, Kluwer Law International, The Hague / London / Boston, 1995.

3. La respuesta a la validez de los pactos modificativos se ha vinculado históricamente con la naturaleza imperativa o dispositiva de las normas sobre prescripción, naturaleza que se hace derivar del propio fundamento del instituto. Las razones alegadas para justificar una limitación temporal al ejercicio de los derechos, en aquellos casos en que se constituyen de modo indefinido, no son uniformes. Por ello estas razones se diversifican en sus consecuencias tanto en la fijación de los pactos admisibles (alargamiento, acortamiento) como en el establecimiento de sus límites (si cabe o no superar ciertos plazos máximos o mínimos fijados legalmente para grupos de derechos). Por último, cabe apreciar cierta incongruencia entre estas razones (y sus consecuencias) con la configuración de la prescripción como un remedio defensivo alegable únicamente a instancia de parte, que, en general, disfruta de numerosos medios de interrupción con el consiguiente reinicio del cómputo del plazo. Estas razones son resumidamente las siguientes:

      a) En primer lugar, se alega como justificación principal de la prescripción que favorece la seguridad del tráfico, en tanto que despeja la incertidumbre sobre la vigencia de los derechos, consagrándose la prescripción como una institución propia del orden público, orden del que deriva el carácter imperativo de sus normas, con lo cual la prescripción no es una materia “disponible” pese a serlo, la mayor parte de las veces, los derechos afectados por ella.

      Así, F. García Goyena: Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, iv, Imprenta de la Sociedad Tipográfico-Editorial, Madrid, 1852 (reproducido junto con el tomo iii por Editorial Base, Barcelona, 1973), sub. art. 1940. De este modo, y con alguna significativa consecuencia normativa, se afirma que la prescripción (esto es, la fijación de límites temporales a los derechos constituidos de modo indefinido) no es una regla de “justicia” y por tal razón debe ser interpretada restrictivamente, “in dubio contra praescriptio”. Así se afirma en nuestra jurisprudencia, sobre ella, véase M. Pasquau Liaño: Jurisprudencia Civil comentada. Código civil, ii, M. Pasquau Liaño (dir.), Comares, Granada, 2000, sub. arts. 1930 a 1939 Cc, pp. 3401-3408. En particular, como afirma F. Reglero Campos: Jurisprudencia Civil comentada. Código civil, ii, M. Pasquau Liaño (dir.), Comares, Granada, 2000, sub. art. 1961 Cc, pp. 3427-3443, se interpretan laxamente las causas de interrupción y en casos dudosos se prefiere el plazo largo al corto; aunque pueden alegarse otras sentencias en sentido contrario como pone de manifiesto F. J. Fernández Urzainqui: “La interrupción de la prescripción extintiva”, Prescripción y caducidad de derechos y acciones, dir. F. J. Fernández Urzainqui, Cuadernos de Derecho Judicial xiv, Cgpj, 1995, pp. 253-314 [también en Aranzadi Civil (1995) ii, pp. 63-114], p. 258.

      b) En segundo lugar se afirma que la prescripción sirve a la dinámica del tráfico económico, [“tiene su mejor ambiente en la economía de mercado” dice F. de Castro y Bravo: Temas de Derecho civil, Rivadeneyra, Madrid, 1972, p. 146] porque ahorra costes a los deudores sobre la conservación de las pruebas de pago de sus deudas. En particular, esta razón está en la raíz de las prescripciones cortas y las denominadas prescripciones presuntivas, determinadas, por lo común, en virtud de presunciones de pago.

      Así, con nitidez, R. J. Pothier: Oeuvres complètes de Pothier. II. Traité des Obligations, Langlois, Libraire / Durand, Libraire, Paris, 1844, n.º 679: “D’ailleurs le soin que doit avoir un débiteur de conserver les quittances qui sont la preuve du paiement qu’il a fait, ne doit pas être éternell; et on doit fixer un temps, au bout duquel il ne soit plus obligé de les représenter”.

      Por último, se afirma que con la prescripción se determina en qué casos es objetivamente inadmisible el ejercicio retrasado de los derechos por su titular, como tipificación singular de una conducta desleal, contraria a la buena fe, cláusula ésta que impone el ejercicio tempestivo de los derechos. Las dos últimas razones se reconducen a la protección del sujeto pasivo de un derecho o facultad, bien porque el transcurso del tiempo le priva de los medios de prueba, bien porque debe protegerse su confianza en que no se romperá en su perjuicio el prolongado silencio del titular del derecho.

      Así, F. Pantaleón Prieto: voz “Prescripción (D.º civil)”, Enciclopedia Jurídica Básica, iii, Cívitas, Madrid, 1995, pp. 5008-5013, p. 5013, siguiendo también en este punto a L. Díez - Picazo y Ponce de León: La prescripción en el Código civil, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1964, que dice, p. 40: “A mi juicio la razón última de la prescripción radica en la espera a que razonablemente puede ser sometido el deudor o sujeto pasivo de una pretensión. Esta espera de la pretensión tiene que poseer una duración razonable dadas las circunstancias. La sumisión a una espera indefinida o excesivamente prolongada es inadmisible. Es una objetiva inadmisibilidad o una objetiva deslealtad del retraso, el elemento último de la prescripción y la característica esencial de la pretensión tardía o extemporánea”.

      c) Las consecuencias específicas de estas razones son fácilmente deducibles: en general los pactos modificativos son inadmisibles al ordenarse el carácter imperativo de las normas sobre prescripción, repudio que es evidente respecto a los pactos de alargamiento puesto que equivalen a una renuncia anticipada al derecho a prescribir o, desde otra perspectiva, consagran materialmente la imprescriptibilidad de la pretensión. Inadmisibilidad que pese a todo se matiza con la validez de los pactos de acortamiento en los casos en que el plazo legal sea extenso, como ocurre, por ejemplo, en el Derecho civil español o catalán vigente.

4. Las razones que justifican que nos pronunciemos por una matizada admisión de los pactos modificativos son las siguientes: en primer lugar, el entendimiento del Derecho privado como Derecho de libertad, en el que sólo cuando resulta objetiva y proporcionalmente necesario debe optarse por la prohibición de una conducta, puesto que son los titulares de los derechos los mejores jueces de su interés. La segunda es la propia configuración de la institución (en ocasiones también de la caducidad cuando su objeto es un derecho disponible) como ventaja renunciable, interrumpible (también por una conducta del sujeto pasivo del derecho) y apreciable sólo si la alega su titular, esto es, construída como “excepción”.

      Entre nosotros propugnan la admisión matizada, sobre todo de los plazos de acortamiento, primero L. Alas / D. de Buen / E. R. Ramos: De la Prescripción extintiva, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1916, pp. 259- 262; y tras ellos, B. Pérez González / J. Alguer / A. Hernández Moreno: Anotaciones, L. Enneccerus / H. C. Nipperdey: Tratado de Derecho civil. I. 2.º Parte general, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1981, 3.ª edición española de la 39.ª alemana, § 230; L. Díez - Picazo y Ponce de León: La prescripción en el Código civil, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1964, pp. 61-67, F. Reglero Campos: Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, xxv. 2.º, Edersa, dir. M. Albaladejo / S. Díaz Alabart, 1994, sub. Capítulo iii “De la prescripción de acciones”, pp. 1-122, especialmente pp. 111-117 y para su concreto ámbito, F. Pantaleón Prieto: La responsabilidad civil de los auditores: extensión, limitación, prescripción, Madrid, Cívitas, 1996, pp. 141- 143.

      Esta admisión de los pactos sobre prescripción, como decía, no está exenta de restricciones o matices.

      a) En primer término, la regla que autorice la autonomía privada en materia de prescripción (con más precisión la validez de los pactos de acortamiento porque dificultan el ejercicio del derecho o facultad) debe excluir de su ámbito de aplicación las “condiciones generales de la contratación”, puesto que difícilmente gozará de justificación alguna tal restricción (art. 8. 2 Ley 7 / 1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación [Lcgc] y art. 10 bis 9.ª y 14.ª Ley 26 / 1984, de 19 de julio, general de defensa de los consumidores y usuarios). Aquí la proporcionalidad de la prohibición radica en la desigualdad material de los contratantes que hace prácticamente imposible sostener que hay ejercicio libre y consciente de la propia autonomía.

      Sobre la cuestión, en general, J. M.ª Miquel González: sub art. 8. 2 y Disposición Adicional [Da] 1.ª. Tres Lcgc, esp. pp. 432, 437-446, 893-964; y en particular sobre pactos de prescripción o caducidad, N. Fenoy Picón: sub Da 1.ª Seis Lcgc (cláusula 9.ª), pp. 1101-1150, esp. pp. 1126-1128 y A. Cañizares Laso: sub Da 1.ª Seis Lcgc (cláusula 14.ª), pp. 1178-1185; todos en Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, A. Menéndez Menéndez / L. Díez - Picazo y Ponce de León (dirs.), J. Alfaro Águila - Real (coord.), Civitas, Madrid, 2002.

      Pero, más allá de este límite, el acortamiento en general es expresión de la lícita autolimitación de un derecho por su titular, además de que despeja con más rapidez la incertidumbre sobre los derechos.

      En estos casos debe propugnarse su validez puesto que, como afirma L. Díez - Picazo y Ponce de León: La prescripción en el Código civil, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1964, p. 64: “El titular de un derecho que voluntariamente lo autolimita, actúa dentro del ámbito de autonomía que sobre su propio derecho posee. El derecho no podrá ser ejercitado más allá de los límites en que su propio titular los situó”.

      No obstante la dificultad subsiste en cuanto al mínimo de duración admisible, en donde puede confiarse en el desarrollo judicial con sus riesgos de discrecionalidad (aunque tenderá finalmente a establecer un plazo según los plazos legales de los derechos o acciones de que se trate); o bien predeterminarse legalmente el mínimo de tiempo que permita un ejercicio materialmente eficaz del derecho sometido a prescripción (así, en el proyectado art. 121-3 in fine del Libro i del Código civil catalán).

      b) En segundo lugar, la proporcionalidad bajo la cual deben juzgarse las restricciones a la libertad contractual en el caso de pactos de alargamiento debe remitirse, sobre todo, a la extensión de los plazos legales de prescripción (entre nosotros, el plazo de las acciones personales es de quince años, art. 1964 Cc).

      Por ello parece razonable suscribir las palabras de F. Reglero Campos: Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, xxv. 2.º, dir. M. Albaladejo / S. Díaz Alabart, Edersa, 1994, sub. Capítulo iii “De la prescripción de acciones”, pp. 1-122, p. 113: “sin llegar al extremo de la imprescriptibilidad o situación asimilada, el alargamiento convencional del plazo puede ser de tal magnitud que lo convierta en desproporcionado en relación con el establecido en la norma jurídica. Por esta razón, y por el hecho de que la prescripción es una institución fundamentada en el principio de seguridad jurídica y en la seguridad del tráfico, pienso que no es una agresión excesiva al principio de autonomía privada el considerar como nula la cláusula de alargamiento, especialmente en un Derecho como el nuestro, caracterizado por su generosidad en punto a las causas de interrupción de la prescripción”.

5. Sobre la extensión de estas reglas a los supuestos de caducidad, debe dejarse bien sentado la improcedencia de formular una respuesta negativa por la ausencia, en Derecho civil español, de un conjunto de normas sobre la caducidad. Así, E. Rubio Torrano: “La caducidad en el Derecho español”, Prescripción y caducidad de derechos y acciones, dir. F. J. Fernández Urzainqui, Cuadernos de Derecho Judicial xiv, Cgpj, 1995, pp. 39-85 [también en Aranzadi Civil (1995) iii, pp. 89-123] p. 71. Por ello debe optarse por argumentar desde otras perspectivas, sobre todo delimitando los casos en que es admisible según la naturaleza de los derechos afectados, esto es, debe restringirse a los “disponibles”.

 

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XII Jornades > Comunicacions > José-Ramón García Vicente

 

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14