Projecte Norma Civil
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Sentència de 4 de febrer de 1999

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 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 4 de febrer de 1999, núm. 5/1999 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 
                                              

 

VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, los autos de juicio declarativo ordinario de mayor cuantia, interpuestos por la entidad "VINEXPORT, S.A.", representada por el procurador D. José Ignacio Gramunt Suárez y dirigida por el letrado D.Vicente  Jiménez Filpo, contra  los Iltmos. Sres. magistrados D. Y1, D. Y2, D. Y3 y D. Y4,  representados, el primero y el tercero, por el procurador D. Antonio Cortada García y dirigidos por el letrado D. Gabriel Almárcegui San Esteban, el segundo, representado por el procurador D. Jesús M Millán Lleopart y dirigido por el letrado D. José M Fernández Aguado y el último, representado por la procuradora D Gloria Ferrer Massanas y defendido por el letrado D. Enrique Cancelo Castro, por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la sentencia de fecha 27 de junio de 1996 dictada por el Juzgado de lo Penal n 18 de Barcelona y confirmada por otra de 11 de febrero de 1997 dictada por la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El procurador Sr. Gramunt Suarez en represenación de la entidad "VINEXPORT, S.A." interpuso demanda de juicio declarativo de mayor cuanttía contra los expresados demandados, de conformidad con los arts. 903 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil y art. 403 de la Ley orgánica del poder judicial, promoviendo acción de responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a su poderdante, que basó  en los hechos y fundamentos de derecho que en dicho escrito de demanda dejaba expuestos, suplicando que, en su día, y previos los trámites oportunos se dictase sentencia estimatoria de la demanda y condenase a los demandados a indemnizar a la actora en la cantidad que se estimase procedente en ejecución de sentencia, con imposición de costas.

Segundo.- Por providencia de 15 de setiembre de 1997, se incoó el presente procedimiento civil, designándose ponent. En proveído de 2 de octubre del propio año, se tuvo por promovida por el procurador Sr. Gramunt Suárez, demanda de responsabilidad civil, la cual se admitió a trámite y acordándose emplazar a los demandados por el término legal, para que comparecieran y se personasen en autos. Que dentro del término del emplazamiento comparecieron en forma los demandados,  y de conformidad con lo dispuesto en el art. 530 de la Ley de enjuiciamiento civil, se les concedió el plazo de 20 dias para contestar la demanda. Por proveído de fecha 3 de noviembre de 1997, se suspendieron los autos principales al haberse propuesto excepción dilatoria por el demandado D. Y2, sustanciándose el oportuno incidente, en el cual, y previos los trámites legales se dictó Auto de fecha 23 de febrero de 1998 desestimando la excepción dilatoria de falta de personalidad, sin expresa condena en costas.

Tercero.- Conforme a lo previsto en el art. 539 de la Ley Procesal civil, se acordó proseguir el procedimiento y requerir a los demandados para que en el término de diez dias contestasen la demanda, lo que efectuaron mediante escritos en los que se oponian a la demanda y solicitaron se dictara sentencia desestimatoria con expresa imposición de costas a la actora.

Por providencia de fecha 12 de marzo de 1998, se tuvo por evacuado el trámite de contestación a la demanda, dándose traslado a la actora por el término de diez dias al  actor para réplica y posteriormente a los demandados para dúplica, todo lo cual se evacuó en el término legal.

Cuarto.- Esta Sala mediante Auto de 16 de abril de 1998, tuvo por evacuado el trámite de dúplica y se acordó recibir el procedimiento a prueba por el término de veinte dias, comunes a las partes, para que las partes pudieran proponer toda la prueba que les interesare, formándose al efecto las correspondientes piezas separadas. Abierto el segundo periodo probatorio por el término de 30 dias se practicaron las pruebas admitidas y declaradas pertinentes. Mediante providencia de fecha 13 de julio pasado, habiendo finalizado el periodo probatorio, se acordó unir a los autos las pruebas practicadas, haciéndoselo saber a las partes.

Por providencia de 20 de julio pasado, no habiéndose solicitado por ninguna de las partes la celebración de vista pública, se acordó entregar los autos originales a las mismas, por su orden, para que presentasen escrito de conclusiones dentro del improrrogable término de 20 dias. Evacuado dicho trámite se acordó por proveído de 3 de diciembre pasado traer los autos a la vista para sentencia con citación de las partes.

Quinto.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, excepto el de  dictar sentencia dentro de plazo.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado de esta Sala D. LLUÍS PUIG I FERRIOL.

 

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

Primero.- La demanda de responsabilidad civil que ejercita VINEXPORT, S.A., en base a las disposiciones de los artículos 903 i siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil y artículos 297 y 411 a 413 de la Ley orgánica del poder judicial, contra los Ilmos. Sres. Y1, Y2 y Y3, magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, y contra el Ilmo. Sr. Y4, Magistrado-Juez del Juzgado Penal número 18 de los de Barcelona, tiene su origen en los siguientes hechos:

A) El año 1991 VINEXPORT, S.A., que es parte actora en el litigio, compró a la empresa "Sabbie Fields Investors Inc" de M. unas partidas de pantalones tejanos "Levi's 501, America's Original Jeans" fabricados por la empresa "Levi Strauss & Co" de S. F. (L.) y obtuvo de la empresa vendedora un certificado que manifestaba la autenticidad de las mercancias objeto de la compra-venta y que "Levi Strauss & Co" autorizaba a "Sabbie Fields Investors Inc" para su reventa.

B) El mes de Junio de 1991 estos pantalones tejanos que había comprado VINEXPORT, S.A. fueron intervenidos en el puerto de Barcelona y en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde se había enviado una parte de las mercancías.

C) "Levi Strauss & Co" presentó una querella contra el señor X1, como representante legal de VINEXPORT, S. A., en base al hecho de que tiene inscrita a su favor la marca "Levi Strauss & Co" en la oficina Española de Patentes, por los presuntos delitos de usurpación de marca y por el de hacer uso en juicio de documento falso.

D) La jurisdicción penal consideró que se había acreditado que "Levi Strauss & Co" no había autorizado a "Sabbie Fields Investors Inc" para utilizar el signo distintivo de la marca "Levi Strauss & Co", ni para comercializar o revender mercancías de esta marca; y que un organismo jurisdiccional de Miami habia dictado una resolución el día 18 de Noviembre de 1994, que prohibía a "Sabbie Fields Investors Inc" a utilizar las denominaciones, marcas y diseños comerciales de "Levi Strauss & Co" y a la venta de sus productos u otros de las marcas, denominaciones y diseños mencionados.

E) Con fecha 27 de Junio de 1996 el Ilustrísimo señor Y4, titular del Juzgado Penal número 18 de los de Barcelona, dictó sentencia, que absolvió al señor X1. de los delitos de usurpación de marca y de uso en juicio de documento falso; y en la misma sentencia ordenaba que una vez fuera firme la resolución judicial, se entregasen los pantalones tejanos que se habían intervenido a la Cruz Roja Internacional y que se distribuyesen de forma gratuita a personas necesitadas que no se encontrasen en territorio español y que se encontrasen lejos del espacio de influencia de mercado en relación con las mercancías intervenidas.

F) La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, integrada por los Ilmos. Sres. magistrados D. Y1, D. Y2 y D. Y3, dictó sentencia en grado de apelación el día 11 de Febrero de 1997, que confirmaba en todos sus extremos la resolución recurrida.

El día 10 de Septiembre de 1997 VINEXPORT,S.A., interpuso ante esta Sala una demanda de juicio declarativo de mayor cuantía de responsabilidad civil contra los Ilmos Sres. D. Y1., D. Y2, D. Y3 y D. Y4 en la que interesaba que fueran condenados a indemnizar a VINEXPORT, S.A. en la cuantía que fijase la sentencia, por el hecho de haber ordenado entregar las mercancías que se habían intervenido a la Cruz Roja Internacional y no a su legítimo propietario, es decir, la sociedad actora.

Segundo.- En el hecho primero de su escrito de réplica la parte actora interesaba que en base a lo dispuesto en el artículo 531 de la Ley de enjuiciamiento civil, se requiriese a los magistrados que integraban la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, que actuasen en el litigio bajo una misma representación jurídica, ya que según la parte actora empleaban unas argumentaciones que cualificaba de idénticas. Y reitera después esta petición en el escrito de conclusiones dirigido a esta Sala.

Esta pretensión ha de ser desestimada, ya que el artículo 531,2 de la Ley de Enjuciamiento civil establece, ciertamente, que si hay una pluralidad de demandados, tienen que actuar unidos y bajo una misma dirección si se valen de las mismas excepciones; pero añade el apartado segundo del precepto que no se exige la unidad de dirección si se valen de excepciones diferentes, que es precisamente el caso que se da en el litigio que ahora hemos de resolver. Es suficiente en este punto constatar que no todos los demandados alegan la excepción de prescripción o de caducidad, que solo uno de ellos alega el carácter subsidiario de la acción de responsabilidad civil contra jueces y magistrados y que no todos desarrollan con el mismo alcance la concurrencia de los requisitos que hacen viable la excepción que ejercita en estas actuaciones.

Tercero.- Atendida su trascendencia eventual, hemos de examinar seguidamente la cuestión de si es o no procedente desestimar la demanda por haberse interpuesto extemporaneamente. Según el artículo 905 de la Ley de enjuiciamiento civil "dicha demanda deberá presentarse dentro de los seis meses siguientes al en que se hubiere dictado la sentencia o auto firme que haya puesto término al pleito o causa. Transcurrido este plazo quedará prescrita la acción". La demanda que origina este litigio, se presentó el día 10 de Septiembre de 1997. Están de acuerdo las partes litigantes en que la sentencia que dictó la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, se notificó a la parte actora en estas actuaciones el día 10 de marzo de 1997. Hasta aquí hemos de entender que la acción se ha interpuesto dentro del término que establece el artículo 905 de la Ley procesal civil. Pero el problema de la extemporaneidad aparece en base al hecho de que la demanda se presentó sin acompañar la escritura de poderes a favor del procurador de los tribunales que actuaba en nombre y  representación de la parte actora (tal como exige el artículo 503,11 de la Ley de enjuiciamiento civil), ni sin conferirse la representación a favor del procurador de los tribunales en la forma que prevé el artículo 281,III de la Ley orgánica del poder judicial. Es cierto que este defecto se subsanó con posterioridad, ya que el poder a favor del procurador de la parte actora se otorgó el día 19 de Septiembre de 1997 y se aportó a las actuaciones el día 22 siguiente. Por este motivo se considera que la acción de responsabilidad civil contra jueces y magistrados se ejercita de forma extemporanea, ya que el poder a favor del procurador de los tribunales se otorgó y presentó a las actuaciones cuando ya  había transcurrido el término que exige la ley para el ejercicio de esta acción. En base a estos hechos la representación procesal de los Ilustrísimos señores Y1 y Y3 alega caducidad de la acción que ejercita VINEXPORT, S.A., mientras que en base a los mismos hechos la representación procesal del Ilustrísimo  Sr. Y4 alega prescripción de la acción que ejercita la sociedad actora.

Se discute si el término de los seis meses que establece el artículo 905 de la Ley de enjuiciamiento civil tiene que calificarse de término de caducidad (como resulta, por ejemplo, de las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de Diciembre de 1988 y 19 de Octubre de 1994) o de prescripción, como establece literalmente el apartado segundo del precepto y la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1995. En el caso que ahora se tiene que resolver, no es necesario hacer ningún pronunciamiento sobre esta calificación jurídica, pues el problema se centra en averiguar si la demanda se presentó o no dentro del término que establece el artículo 905 de la Ley de enjuiciamiento civil. Como se recordaba antes, el artículo 503,11 de la Ley de enjuiciamiento civil exige que con el escrito de demanda, se acompañe el poder que acredite la representación del procurador de los tribunales de la parte actora. Hemos de recordar también que este requisito no se cumplió en el caso que ahora se tiene que resolver. Ante esta omisión si la Sala hubiese dictado una resolución no admitiendo a trámite la demanda y se hubiera presentado otra vez con la escritura de poderes correspondiente, pero una vez transcurrido el término que establece el artículo 905 de la Ley de enjuiciamiento civil, se podría discutir sobre el ejercicio extemporaneo o no de la acción de responsabilidad civil que ejercita VINEXPORT, S.A., ya sea por prescripción o por caducidad de la acción. Pero esta Sala siguió una vía diferente a la de no admisión de la demanda, como era la de señalar para el día 22 de Septiembre de 1997 la comparecencia para la designa apud acta de la representación procesal que se mencionaba en el escrito de demanda (según resulta de la providencia de fecha 15 de Septiembre de 1997).  Lo cierto es que así se hizo y como ya precisó el Auto de esta Sala de 23 de Febrero de 1998, a la hora de resolver la excepción dilatoria de falta de personalidad del procurador de los tribunales de la parte actora por falta de poderes, que había interpuesto el demandado señor Y2, la subsanación del defecto dentro del término establecido determinó que se confiriera plena eficacia al poder de representación con efectos retroactivos al tiempo de presentación de la demanda. En consecuencia debe desestimarse la de prescripción de caducidad de la acción que se ha interpuesto, en base a lo  establecido en el artículo 905 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Cuarto.- También con carácter hasta cierto punto previo se hace necesario examinar la cuestión que plantea la representación profesal del Ilmo. Sr. Y4. Como antes se ha comentado, la sentencia que dictó como titular del Juzgado Penal núm. 18 de Barcelona, decretaba que los pantalones tejanos que se habían intervenido se entregasen a  Cruz Roja Internacional para su distribuición gratuíta entre personas necesitadas que se encontrasen fuera del territorio español. La sentencia que en grado de apelación dictó la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmaba este pronunciamiento. En base a estos hechos la representación procesal del Ilmo. Sr. Y4 alega la excepción de falta de legitimación pasiva, pues según su criterio la sentencia que dictó no agotaba la vía ordinaria, ni ocasionó perjuicio alguno real o efectivo a la parte actora como consecuencia del recurso de apelación que se había interpuesto; y por estos motivos considera que existe falta de legitimación para exigir cualquier clase de responsabilidad al titular del organismo jurisdiccional que dictó la sentencia de primera instancia.

Ciertamente no se puede discutir que la sentencia que dictó el titular del Juzgado Penal núm. 18 de Barcelona no era una sentencia firme, pues fue objeto del recurso de apelación que prevé  la Ley. Como tampoco se discute que la sentencia de apelación confirmó integramente la sentencia que había dictado el Juzgado Penal núm. 18 de Barcelona. Otra cosa es que se pueda considerar que la sentencia de primera instancia infringiera por negligencia o ignorancia inexcusables las leyes que había de aplicar a la hora de resolver el destino que se había de dar a los pantalones tejanos que había importado VINEXPORT, S.A. y que después los titulares del organismo jurisdiccional de apelación hubiesen incidido con la misma negligencia o ignorancia inexcusables a la hora de confirmar la resolución recurrida. En este y en casos parecidos se habla de una cadena de responsabilidades, pues el perjuicio se concreta inicialmente en la resolución de primera instancia, que después se confirma en el trámite de apelación. Con la consecuencia de que en los casos de cadena de responsabilidades, la solución que hemos de entender más ajustada a derecho, es la de considerar que si la resolución que origina unos perjuicios se mantiene invariable en la sentencia de primera instancia y en la sentencia de apelación, todos los titulares de los organismos jurisdiccionales que han intervenido en el procedimiento, tienen que responder conjuntamente de los perjuicios que puedan haber originado, unos por haber realizado el hecho dañoso y los otros por no haberlo impedido. Por tanto hay que desestimar esta excepción que interpuso la representación procesal del Ilmo. Sr. Y4 en su escrito de contestación a la demanda.

Quinto.- Por cuanto hace referencia al fondo de la cuestión litigiosa, interesa hacer una precisión inicial. Nos encontramos aquí ante un procedimiento penal que se siguió contra el legal representante de VINEXPORT, S.A., que es parte actora en el litigio que ahora hemos de resolver. El procedimiento penal, tanto en la primera como en la segunda instancia, acabó mediante una sentencia absolutoria, si bien hay que precisar que la sentencia absolutoria tenía unos hechos que objetivamente se podian considerar delictivos, pero que en definitiva determinaron una sentencia absolutoria por no haberse acreditado una actuación dolosa del imputado. Como pone de relieve la sentencia de primera instancia, se imputaba al querellado el delito de falsificación de marca, en base al hecho de haber importado e introducido en el mercado español unos pantalones de una conocida marca americana y dando por acreditado este hecho, niega la existancia del mencionado delito, ya que constata que la introducción de los mencionados géneros en el mercado español se hizo sin intención de perjudicar los derechos del titular de la marca, como resulta de hechos tan significativos, como son los de que la importación estaba amparada por la autorización administrativa correspondiente y que el importador compró por las mercancías que había adquirido un precio de mercado que consideraba correcto. También se imputaba al querellado el delito de hacer uso en juicio de un documento falso, que tiene como base la falsedad del certificado de autorización de reventa de los pantalones que se habían importado, pero que en definitiva se llega también a una sentencia absolutoria, pues se declara probado que la falsedad se había de imputar en todo caso a la empresa americana que había vendido los pantalones a Vinexport, S.A. y que esta presentó el documento ignorando su falsedad. Y por cuanto hace referencia a la sentencia de apelación, interesa precisar que considera correcta la apreciación de la prueba que se hace en la sentencia recurrida, hecho que determina su confirmación. Precisamos ahora únicamente, y en lo que respecta al delito de usurpación de marca, que la sentencia de apelación pone de relieve que la de primera instancia no declara probado que los pantalones que se importaron fueran auténticos, sino que declaró únicamente que no se había probado que fuesen falsificados; y precisa también que la empresa americana vendedora no estaba autorizada para comerciar y revender los pantalones que había importado a España, pero que VINEXPORT, S.A. desconocía este hecho y por este motivo pagó por las mercancías que había comprado un precio que considera correcto. Y por cuanto hace referencia al delito de uso de documento falso, la sentencia de apelación se limita a ratificar el pronunciamiento de la resolución de primera instancia, en el sentido de que VINEXPORT, S.A. hizo uso del documento desconociendo su falsedad.

Sexto.- Otro aspecto que es preciso considerar, es la consecuencia que se ha hecho derivar de las sentencias absolutorias. La resolución de primera instancia considera que si no existe delito, no se puede declarar ninguna clase de responsabilidad civil respecto al imputado, pronunciamiento que acepta también la sentencia de apelación.

La sentencia de primera instancia considera que no es procedente devolver las mercancías que se habían intervenido a VINEXPORT, S.A., basándose en la protección que confiere al titular de la marca el artículo 30 de la Ley 30/1988, de 10 de Noviembre, de marcas y también en base al hecho de que la mercancía se introdujo en España de forma ilegal y que los organismos jurisdiccionales españoles no pueden sancionar esta ilegalidad devolviendo las mercancías intervenidas al acusado, aunque no hubiera cometido ningún delito, por tratarse de un acto de comercio ilícito. En relación con este punto precisa, también, la sentencia de apelación que el destino que se daba a las mercancías intervenidas no se puede considerar como una suerte de responsabilidad civil a cargo del acusado, ni como el destino que haya de darse a las piezas de convicción, sí se trata de unas mercancías propiedad de VINEXPORT, S.A., pues el acusado actuaba como representante legal de esta sociedad.

Séptimo.- Estos pronunciamientos de los mencionados organismos  de la jurisdicción penal, han determinado la demanda de responsabilidad civil que ha interpuesto VINEXPORT, S.A., contra los titulares del Juzgado Penal número 18 de Barcelona y de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona. La parte actora alega que no puede entenderse que las mercancías que fueron intervenidas, puedan calificarse como mercancías de comercio ilícito, en primer lugar porque no se probó ni en la fase de instrucción ni en la del juicio oral; en segundo lugar porque no corresponde a la jurisdicción penal resolver esta cuestión (y menciona en este sentido el artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); que las mercancías son auténticas o, en cualquier caso, no se ha acreditado que fuesen falsificadas y en base a estas consideraciones concluye que la solución adecuada era de la devolver las mercancías importadas a VINEXPORT, S.A.

A la hora de resolver esta cuestión dentro del ámbito de la jurisdicción civil, hemos de precisar que no tiene que considerarse relevante que las mercancías importadas hubiesen sido o no falsificadas, en primer lugar porque en el procedimiento penal no se debatió esta cuestión, sino la existencia o no de un posible delito de usurpación de marca; y en segundo lugar porque en el procedimiento penal no se probó la existencia de una falsificación. En cambio sí hay que considerar relevante, y así lo consideran acreditado las sentencias que han recaído en el procedimiento penal, que las mercancías que había comprado VINEXPORT, S. A. a una empresa americana se introdujeron en España de forma ilegal, ilegalidad que tiene su origen en el hecho de que la empresa vendedora "Sabbie Fields Investors Inc" no estaba autorizada por la sociedad titular de la marca "Levi Strauss & Co" para comercializar mercancías con esta marca ni para revenderlas. En consecuencia si de acuerdo con esta falta de legitimación la empresa vendedora introduce mercancías de la marca "Levi Strauss & Co" en el mercado español, ello quiere decir que las mercancías se introducen en España de forma ilegal, y que esta ilegalidad lleva en sí segunda consecuencia, como es la de que se calificaran de comercio ilícito los actos de comercialización que seguramente habría realizado la empresa importadora, aun admitiendo su buena fe, como antes se ha razonado, respecto a las mercancías que había comprado. Y parece claro que las sentencias absolutorias que han pronunciado los organismos de la jurisdicción penal, aún insistiendo en la procedencia de los pronunciamientos absolutorios, no podian sancionar o permitir que se pudieran comercializar en nuestro país unas mercancías, que la misma jurisdicción penal califica de comercio ilícito por su contradicción con los intereses generales. Se podria aventurar que si los organismos de la jurisdicción penal hubiesen acordado devolver las mercancías intervenidas a VINEXPORT, S.A., con el peligro mencionado de dar lugar a unos actos que había calificado de comercio ilícito, su actuación en este sentido podía haber originado la posibilidad de que se hubiesen interpuesto contra los titulares de los organismos jurisdiccionales mencionados unas acciones de responsabilidad. Mientras que la solución adoptada evita este riesgo y, además, no cierra la posibilidad de que la sociedad actora VINEXPORT, S.A. pueda ejercitar las acciones pertinentes en defensa de sus derechos, si lo creen oportuno, frente a los responsables de los hechos que puedan haber perjudicado sus intereses patrimoniales.

Por último interesa señalar que las resoluciones dictadas por los organismos jurisdiccionales de lo penal, se fundamentan en unos razonamientos perfectamente atendibles y se apoyan en los correspondientes fundamentos jurídicos. De ello se sigue que dichas resoluciones no pueden originar la responsabilidad civi que se pretende en la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, pues según el artículo 903 de a Ley de enjuiciamiento civil la reponsabilidad civil sólo es exigible cuando los titulares de los organismos jurisdiccionales hayan procedido con negligencia o ignorancia inexcusables; o como precisa la jurisprudencia, "la ignorancia o negligencia que ha de ser manifiesta, lo haya sido infringiendo una norma de las denominadas doctrinalmente "rígidas" o "no flexibles". En efecto, para infringir un precepto ha de establecerse en él una concreta y determinada forma de actuar (rigidez) pero cuando su fijación ha de acomodarse a las circunstancias subjetivas y objetivas del procedimiento, ponderadas por el Juez o Magistrado (flexibilidad), el fallo podría constituir, si acaso y todo lo más, un error judicial, pero nunca una negligencia o ignorancia inexcusables aparejadoras de actuación culposa o dolosa de quien interpretó la norma (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1990); tesis que aparece también en las sentencias del mismo Tribunal de 27 de abril de 1965 y 13 de Julio de 1989. Y de acuerdo con lo razonado antes, no puede estimarse que las resoluciones dictadas por los organismos jurisdiccionales de lo penal, no encajan en el concepto y a las características que la ley y la jurisprudencia exigen para apreciar una "negligencia o ignorancia inexcusables".

Octavo.- De acuerdo con estas consideraciones hay que considerar ajustado a derecho el pronunciamiento de las sentencias que han recaído en la jurisdicción penal, que en base a lo que disponen los artículos 635 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acuerdan entregar las mercancías intervenidas a Cruz Roja Internacional. Y si estos pronunciamientos se tienen que considerar ajustados a derecho, quiere decir que no se puede apreciar  negligencia o ignorancia inexcusables en la actuación del titular de los organismos jurisdiccionales penales, que son el antecedente obligado de esta resolución, y la falta de requisito de la negligencia o ignorancia inexcusables, determina de acuerdo con lo prevenido en el artículo 903 de la Ley de enjuiciamiento civil, la desestimación de la demanda de responsabilidad civil ejercitada por VINEXPORT, S.A.

Noveno.- Por imperativo del artículo 916 de la Ley de enjuiciamiento civil, procede condenar a la parte actora al pago de las costas de este procedimiento.

Por todo lo anterior, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere el Pueblo Español

 

DECIDIMOS

Que hemos de desestimar y desestimamos íntegramente la demanda interpuesta por el procuradora de los Tribunales Sr. Gramunt Suarez, actuando en nombre y representación de VINEXPORT, S.A., contra los Ilmos. Sres. D. Y1, D. Y2, D. Y3 i D. Y4, con la subsiguiente absolución de los demandados; con expresa condena del pago de las costas a la parte actora.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

  

 

 

 

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