Projecte Norma Civil
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Sentència de 25 de gener de 1999

Amunt Següent

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 25 de gener de 1999, núm. 1/1999 (Sala Civil i Penal)

  

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 
 

  

VISTO  por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña formada por los magistrados mencionados al margen, el conflicto positivo de competencia que se ha suscitado entre el Juzgado de 1 Instancia núm. 3 de Igualada y el de igual clase núm. 4 de Girona, a tenor de   los siguientes:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

Primero.-  El 26 de septiembre de 1997, la Sociedad "X1.,  S.A." domiciliada en L. correspondiente al partido judicial de Igualada, presentó en los Juzgados de Igualada demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la Compañía "Y1.,  S.L."  domiciliada en L. perteneciente al partido judicial de Girona. En ella se se pedía la condena de Y1.  a retirar de la industria de X1. los variadores de velocidad y elementos que expresaba, con indemnización de daños, perjuicios y costas. 

Correspondió en reparto al Juzgado de  1Instancia núm. 3 de Igualada 

Segundo.- Emplazada la demandada compareció en el Juzgado de su domicilio de  Girona interponiendo cuestión de competencia por inhibitoria mediante escrito de 30 de octubre de 1997 que correspondió al Juzgado de 1Instancia núm. 4 de aquella ciudad. 

Tercero.- Por Auto de 18 de diciembre del mismo 1997, el Juzgado núm. 4 de Girona acordó requerir de inhibición al de Igualada. 

Cuarto.- Por Auto de 26 de julio de 1998, este último resolvió no acceder a inhibirse y lo comunicó al Juzgado de  Girona. 

Quinto.- Este resolvió, por nuevo Auto de 2 de octubre de 1998, insistir en el requerimiento de inhibición al Juzgado de Igualada, y así se lo comunicó , remitiendo las actuaciones al presente Tribunal y emplazando a las partes para que pudieran comparecer ante el mismo. Al recibir la comunicación del Juzgado de Girona, el de Igualada también acordó remitir sus actuaciones al presente  Tribunal, emplazando a las partes. 

Sexto.- Han comparecido ante esta Sala la actora "X1., S.A." , representada por el procurador D. Antonio M de Anzizu Furest, y dirigida por el abogado D. Manuel Solà Farré; y también la Sociedad demandada "Y1., S.A." , representada por la procuradora D Paloma García Martínez dirigida por el abogado D. Joan Carlos Casas Ribas. 

Séptimo.- Ha emitido informe el Ministerio Fiscal; se ha hecho en este Tribunal la tramitación conforme a la Ley, y se señaló la correspondiente vista que ha tenido lugar el 21 del corriente y a la que comparecieron sólo el letrado y la representación de "X1., SA" habiendo informado dicho letrado en defensa de su posición.  Ha actuado como ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. Sr. D. Antoni Bruguera i Manté. 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Como se ha dicho en los anteriores antecedentes de hecho, al acoger la petición de la Compañía "Y1., S.L." de L. ( partido judicial de Girona), el Juzgado de 1 Instancia núm. 4 de aquella ciudad requirió de inhibición al de la misma clase núm. 3 de Igualada para conocer el juicio declarativo de menor cuantía presentado ante este último contra aquélla por la entidad "X1., S. A." de L. (término judicial de Igualada).  Al no haber accedido a inhibirse el Juez de Igualada,  e insistir  el de Girona en su competencia, ambos Juzgados han sometido el conflicto a la decisión de este Tribunal de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.2.c) de la Ley orgánica del poder judicial.

Segundo.- Vistos los planteamientos que han hecho los jueces implicados sobre las compraventas objeto del pleito; consideradas también las alegaciones de las partes y el informe del Ministerio Fiscal; es preciso  antes todo aclarar la cuestión de la pretendida sumisión expresa de la compradora a los Juzgados de Girona impresa en letra pequeña sin firmar en las cláusulas 12 y 13 del reverso de la oferta de venta de uno de los tres variadores que son objeto del litigio (documento núm. 2 de la demanda, al folio 138 reverso). La cláusula 12 dice:  "12 En caso de litigio el comprador se somete a los Tribunales de Girona. Esta condición es firme siempre y no podrá derogarse en ningún caso". Y la cláusula 13 añade: "13 Por el sólo hecho de formular un pedido, se entiende que el comprador se da por enterado, se somete y da su conformidad a las condiciones arriba mencionadas"

Tercero.-  Contrariamente a lo que han sostenido las partes, los jueces implicados y también el Ministerio Fiscal, de las cláusulas anteriores sólo puede predicarse su nulidad conforme a la jurisprudencia de la que son ejemplo la sentencias del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1993, 20 de julio de 1994, 12 de julio, 14, 20 y 23 de septiembre y 8, 25 i 30 de noviembre de 1996, 1 y 21 de febrero, 12 de mayo, 5 de julio, 11 de octubre y 28 de noviembre de 1997, 20 de febrero, 24 de abril, y 3 y 20 de julio de 1998.  Esas Sentencias, en efecto, apoyándose en la Directiva de la Comunidad Económica Europea núm. 93/13, de 3 de abril de 1993, sientan la doctrina de  que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente (lo que deberá demostrar el que sostenga la  afirmativa) se considerán abusivas si, aunque haya buena fe, causen en perjuicio  del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes derivados del contrato;  debiéndose considerar particularmente abusivas las cláusulas impresas en los contratos de adhesión; especificando el apartado g) de la Directiva que  "suprimir o obstaculitzar l'exercici d'accions judicials o de recursos per part del consumidor, en especial obligant-lo a dirigir-se exclusivament a una jurisdicció o arbitratge no cobert per les disposicions jurídiques ..." implica un abuso, con la consiguiente nulidad de la cláusula o cláusulas.  Conforme a esta doctrina,  hemos de tener por no puestas y por  inexistentes las mencionadas cláusulas, y habrá que enjuiciar la cuestión de manera diferente a la realizada por los intervinientes. Cuarto.- La demanda de menor cuantía que formula la compradora y que da origen a las actuaciones, plantea una acción personal que se fundamenta en el artículo 1.124 del Código civil (fundamento de derecho V) y tiene como objetivo conseguir la resolución del contrato (mejor dicho, de los contratos) de compraventa de los 3 variadores de velocidad y anexos que figuran en las facturas de los documentos núms. 3 a 5 de la demanda y la indemnización de los daños y perjuicios que la demanda dice que esos  variadores le han producido. El "suplico" lo expresa así:     "En su día dictar sentencia por la que se condene a Y a retirar de la industria de X  los variadores de velocidad y elementos que figuran en las facturas 3 a 5 de esta demanda y a indemnizar a X en la cantidad de 11.045.791,-Ptas. conforme resulta del anterior hecho octavo, ...". 

Quinto.-  Como que  el Juez que es competente para conocer del cumplimiento de un contrato lo es también de las acciones a las que su  incumplimiento pueda dar lugar (sentencias del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1972 y de 23 de octubre de 1986 entre otras), al tratarse en este caso de contratos de compra-venta, será preciso  ver si para conocer de su cumplimiento es competente el Juez de la vendedora (Girona)  o el de la compradora (Igualada)

Sexto.- Examinados los documentos núms. 3 a 5 de la demanda que, como ya hemos comprobado, son la base del pleito, hemos de destacar que se trata de la compra por X1. (de L.) a Y1. (de L.) de 3 variadores y complementos por el precio global de 2.455.051.- Ptas a las cuales se han de añadir 150.000 .- Ptas por los  "treballs tècnics de la posada en marxa dels tres variadors ..." (folio 140);  trabajos realizados por la vendedora, lógicamente en la fábrica de la compradora, en la L. (L.. El pago de todas las mencionadas  facturas  debía hacerse (y parece que se hizo) enviando "Taló nominatiu" (folios 139, 140 y 141); y  en ninguna de las 3 facturas la compradora paga los gastos del transporte. 

Séptimo.- La regla 1 del artículo 62 de la Ley de enjuiciamiento civil dispone que en los juicios en que se ejerciten acciones personales, será  Juez competente el del lugar en el que se deba cumplir la obligación; y el art. 1500 del Código civil, aplicable como supletorio a los contratos de compra-venta mercantil de los arts. .50 y 339 del Código de Comercio (sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo y 17 de julio de 1981, 25 de mayo de 1982, 28 de mayo de 1988, etc.), establece la obligación del comprador de pagar el precio en el tiempo y lugar fijados por el contrato, y si no se hubieran determinado, el pago deberá hacerse en el tiempo y en el lugar donde se haya hecho la entrega de la cosa vendida. 

Octavo.- La remisión por la compradora desde su domicilio de L. (L.) al de la vendedora en L. (L.) de los 3 talones para pagar  los 3 variadores y complementos (envío de talones que consignan las 3 facturas de compra libradas por la vendedora y aceptadas por la compradora), no puede tomarse en consideración como "lloc fixat pel contracte" a los efectos de determinar el lugar de cumplimiento y por tanto la competencia territorial (arts. 1500 C.C y 62, 1 LEC) porque la instrumentación mediante talones bancarios de la forma de pago solamente actúa como instrumento liberatorio de la deuda en los términos que dice el art. 1170 del Código civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1997).  No está fijado pues en el caso el "lloc de compliment de l'obligació" a que se refieren los mencionados preceptos; por lo que hemos de estar a lo que dispone el párrafo segundo del mismo art. 1500 del Código civil según el cual el pago , y en consecuencia el cumplimiento, se deberá hacer  "en el temps i lloc d'entrega de la cosa venuda". 

Noveno-  Ya hemos visto que la vendedora realitzó los trabajos de puesta en marcha de los 3 variadores por ella vendidos en el único lugar donde podía, lógica y obviamente, realizar este tipo de trabajos, es decir, en la fábrica de la compradora en L. (partido de Igualada). Parecería pues que éste fue el lugar de la entrega y por tanto, el de cumplimiento de contrato que tendría que determinar la competencia a favor del Juzgado de Igualada.  La anterior conclusión sería cierta si todos los trabajos de puesta en marcha los hubiera realizado la vendedora como formando parte de los contratos de compraventa y englobados en su precio; más el documento núm. 4 de la demanda demuestra que no fue así, sino que aquellos  trabajos fueron valorados con independencia de las compraventas, Ya que éstas importaron 2.455.051.- PTA.  y los trabajos de puesta en marcha  150.000.- PTA.  Nos hallamos pues ante 2 tipos de contratos: por un lado, los de compraventa de los variadores y complementos por 2.455.051.- PTA; y por otro, el de prestación de servicios para su puesta en marcha, de un importe de 150.000.- PTA.  Ante la acumulación de estos contratos (compraventa y prestación de servicio) será competente el Juzgado del lugar en el que se deba cumplirse la obligación de mayor significación económica (sentencias del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1983, 17 de diciembre de 1988 y 22 de abril de 1988, entre otras), y aquí  lo será por tanto, el de las compraventas, que es el  que hay que averiguar y determinar. 

Décimo.- No consta en las actuaciones si los variadores objeto de las compraventas viajaron con los gastos pagados por la vendedora o por cuenta de la compradora, No constando esto,  debe entender que viajaron por cuenta de la compradora, y que por tanto se entregaron en el domicilio de la vendedora que es donde se debia pagar el precio al no haberse pactado otro lugar diferente (sentencias del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1987, 25 demarzo de 1991, 4 de octubre de 1995, 25 de noviembre de 1996, 5 de septiembre y 19 de diciembre de 1997 y 18 de febrero y 22 de abril de 1998, entre muchas otras).  Por tanto el lugar de cumplimiento es L. y debe atribuir la competencia para conocer del pleito al Juzgado del domicilio de la vendedora, que el el núm. 4 de Girona. 

Undécimo.- A los efectos del art. 108 de la Ley de enjuiciamiento civil, procede decir que si bien esta Sala no ha visto acertadas las razones aducidas por los jueces implicados para sostener su respectiva competencia, ni tampoco las aportadas por las partes al defender sendas posiciones, no se dan las circunstancias a que hace referencia el mencionado art. 108 para hacer una imposición expresa de costas. Por lo que antecede, en nombre del Rey y por la autoridad que nos otorga la Constitución,  

  

PARTE  DISPOSITIVA 

LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, ha decidido:  Declarar que la competencia para substanciar y resolver el pleito de menor cuantía planteado por la Compañia "X1., S.A."  contra la Sociedad "Y1., S.A."   ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Igualada no corresponde a ese Juzgado, sino al de igual clase núm. 4 de Girona, al que, con testimonio de la presente resolución, se le remitirán las actuaciones. Póngase en conocimiento del Juzgado núm. 3 de Igualada de acuerdo con lo que dispone el art. 109 de la Ley de enjuiciamiento civil. 

No hacemos ningún pronunciamiento sobre las costas de este incidente. 

Así lo acordamos,  mandamos  y  firmamos. 

 

 

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