Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 3 de desembre de 1998

Anterior Amunt Següent

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 3 de desembre de 1998, núm. 32/1998 (Sala Civil i Penal) 

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 

 

Vistos por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 1997 dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo n.º 54/96-A, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 141/94 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Manresa, recursos sustanciados y acumulados en una sola pieza, formulados, de una parte, por la entidad Estació de Servei Bonavista, SL, y de otra, por D. X1 y D.ª X2 , representados todos ellos por el procurador D. Josep Maria Verneda Casasayas y defendidos, la primera, por el letrado D. Antoni Ginferrer Ripoll, y los segundos, por el abogado D. Xavier Casajoana Carrera; siendo parte recurrida D.ª Y1 , representada por el procurador D. Jaume Gassó i Espina y defendida por el letrado D. Climent Fernández Forner.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Manresa, se sustanciaron autos de juicio ordinario de menor cuantía n.º 141/94 a instancia de D.ª Y1 , contra D. X1 , D.ª X2  y Estació de Servei Bonavista, SL, en los que con fecha 12 de diociembre de 1995 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Fallo: 1.º- Que estimando la excepción de falta de personalidad alegada por la codemandada Estació de Servei Bonavista, SL debo desestimar como desestimo la demanda presentada por el procurador D. Luis Prat Scaletti en nombre de Dña. Y1  contra aquella, absolviéndola en la instancia, con imposición de las correspondientes costas a la actora. 2.º- Que estimando además, parcialmente dicha demanda, contra los codemandados D. X1  y Dña. X2 , debo declarar como declaro, la titularidad de la actora como legataria de D. Z, según testamento otorgado el dia 2 de abril de 1992 ante el notario de L D. Francisco Alfonso Sánchez Sánchez, con número 707 de su protocolo y desde la fecha de fallecimiento de aquél (11 de mayo de 1992), respecto del pleno dominio del mobiliario, ropas, enseres y ajuar doméstico, de los vehículos y de los saldos de los depósitos y cuentas de toda clase de que el testador fuere titular o cotitular en cualquier entidad de crédito o ahorro así como respecto del usufructo vitalicio de los restantes bienes, derechos y acciones de dicho testador y con exclusión también del usufructo vitalicio del supuesto derecho de crédito ostentado por aquél contra la mencionada sociedad por importe de 30.000.000 PTA que no ha quedado acreditado en autos y condenando a dichos codemandados a reconocer y hacer entrega a la actora de los bienes y derechos legados así como a satisfacer los intereses legales que puedan haberse devengado como consecuencia del usufructo vitalicio legado sobre alguno de los derechos y acciones correspondientes al testador que hasta la fecha no hayan sido hechos efectivos a la demandante por los coherederos, sin expresa condena en costas a ninguna de las partes y con la salvedad de que vendrán obligados a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales correspondientes».

Segundo.- Notificada en forma a las partes la sentencia anteriormente indicada, por la representación de la demandante Sra.Y1  se interpuso contra la misma, en tiempo y forma, recurso de apelación y tramitado el mismo con arreglo a derecho, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia el dia 29 de noviembre de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador Sr. Gassó en nombre y representaciòn de D.ª Y1  contra la sentencia de 12 de diciembre de 1995 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Manresa debemos revocar en parte dicha resolución y rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva estimar la demanda y por ello declaramos la titularidad de la actora como legataria de D. Z, desde la fecha de su fallecimiento, respecto al pleno dominio del mobiliario, ropas, enseres y ajuar doméstico, de los vehículos, saldos de depósitos y cuentas de toda clase de las que el testador fuera titular o cotitular en cualquier entidad de crédito o ahorro así como debemos declarar a favor de la actora de la titularidad del derecho de usufructo vitalicio de los restantes bienes, derechos y acciones de dicho testador, con exclusión de las participaciones que le pertenecían en la sociedad Estació de Servei Bonavista, SL y con inclusión del usufructo vitalicio del derecho de crédito de 30.000.000 PTA, cuya titularidad formal corresponde a los herederos en nuda propiedad y que figura formalmente como activo financiero de la sociedad codemandada, condenando a los demandados a reconocer el derecho de la actora, incluida Estació de Servei Bonavista, SL y a hacer entrega a la actora de los bienes y derechos legados y a satisfacer los intereses que hayan devengado hasta la fecha y los que en el futuro produjeren, con expresa condena en costas de instancia y sin pronunciamiento sobre las del recurso».

Tercero.- Contra la sentencia dictada en grado de apelación, la representación de Estació de Servei Bonavista, SL, por una parte, y D.ª X2  y D. X1 , por otra, prepararon sendos recursos de casación para ante la Sala Primera del Tribunal Supremo y admitidos los mismos a trámite y remitidas las actuaciones a dicho Alto Tribunal, se formalizaron ante el mismo los recursos anunciados, mediante sus respectivos escritos de fechas 25 y 26 de marzo de 1997, fundados, respecto al presentado por dicha entidad Estació de Servei Bonavista, SL, en los motivos siguientes: 1.º- Al amparo de lo establecido en el art. 1962, n.º 4 de la Ley de enjuiciamiento civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. En concreto, transgresión del art. 1257 del Código civil; y 2.º- Infracción del mismo artículo anterior, por inaplicación del art. 1255 del Código civil, en relación con el art. 1225 del mismo cuerpo legal. Y en cuanto al presentado por los señores x3 , se funda el recurso en los siguientes motivos: 1.º- Al amparo del art. 1692.4 de la Ley de enjuiciamiento civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto por infracción del art. 266 de la Compilación catalana en materia de sucesiones; 2.º- Infracción del art. 1225 del Código civil, en relación con los arts. 1255 y siguientes de igual cuerpo legal; y 3.º- Al amparo del mismo precepto legal citado (art. 1692.4 de la LEC), consistente en error en la apreciación de la prueba documental privada por parte del Tribunal a quo, por ser la misma ilógica y contraria a ley.

Cuarto.- Por auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 12 de mayo de 1998, se declaró que la competencia para conocer de los recursos de casación interpuestos, a que anteriormente se ha hecho referencia, correspondía a la Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia; y remitidas las actuaciones a esta Sala para la sustanciación de los recursos interpuestos, se formó el oportuno rollo en el que comparecieron, en tiempo y forma, ambas partes litigantes, y pasadas las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los fines previstos en el art. 1709 de la Ley de enjuiciamiento civil, fue evacuado tal trámite mediante escrito de fecha 25 de marzo de 1998, en el sentido de que estimaba procedente la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto; por providencia del dia 2 de abril último, se admitió el recurso y se concedió el término de veinte días a la parte recurrida para que formalizase su impugnación, lo que efectuó en su escrito de fecha 30 del propio pasado mes de abril último, sobre la base de las alegaciones que son de ver de tal escrito y se dan aquí, en lo menester, por reproducidas. Y señalado para la vista del presente recurso el día 26 del actual mes de noviembre, tuvo lugar la misma en la Sala audiencia de este Tribunal Superior con la asistencia de los defensores y procuradores de las partes y con el resultado que es de ver del acta extendida al efecto.

Ha sido ponente el Ilmo Sr. Magistrado D. Luis M.ª Díaz Valcárcel.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Sentencia dictada el 29 de noviembre de 1996 por la Sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, revocando en parte la del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Manresa, rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada Estació de Servei Bonavista, SL y da lugar íntegramente a la demanda formulada por doña Y1  en reclamación de legado, con inclusión del usufructo vitalicio de un derecho de crédito de treinta millones de pesetas cuya nuda propiedad corresponde a los herederos. La sentencia es recurrida en casación por todos los codemandados; de una parte la meritada sociedad de responsabilidad limitada y, de otra, los herederos testamentarios, hermanos X2 y X1 . Los cinco motivos articulados en ambos recursos pueden agruparse en tres que versan respectivamente sobre la legitimación pasiva de la Sociedad Estació de Servei Bonavista, la condición de herederos de los hermanos X2 y X1, finalmente, sobre la admisibilidad e interpretación de diversas pruebas.

Segundo- Estació de Servei Bonavistai , SL, al amparo de lo establecido en el art. 1962 (sic, debe decir 1692) número cuarto de la Ley de enjuiciamiento civil denuncia «transgresión» del art. 1257 del Código civil por cuanto la sentencia de instancia condena al pago de un legado no sólo a los herederos testamentarios, sino también a una sociedad que no es heredera y que tiene personalidad jurídica propia y distinta de las personas físicas designadas en el testamento.

Resulta harto dudoso que la aplicación –que el recurrente juzga abusiva– de la doctrina del levantamiento del velo pueda combatirse en casación alegando «transgresión» del art. 1257 del Código civil que se refiere a la eficacia de los contratos respecto a las partes que las otorgan, sus herederos y terceras personas. Máxime si la jurisprudencia que cita el propio recurrente (STS de 22 de junio de 1956 y posteriores) declara que el levantamiento del velo más que una teoría es una técnica para evitar los abusos de la personificación y no supone la derogación singular del art. 1257 del Código civil, sino la apreciación de que el sustrato personal de la sociedad no es tercero en relación al negocio de que se trate, de acuerdo con los principios de buena fe y equidad, para evitar el abuso de derecho o su ejercicio antisocial.

La Audiencia, en el uso legítimo de sus atribuciones, estima probado que Estació de Servei Bonavista, SL, originariamente propiedad exclusiva de los dos hermanos X2 y X1  demandados en la litis, es una sociedad familiar esencialmente financiera a la que se hizo «meramente titular inmobiliaria de patrimonio del causante, obviando la donación mortis causa. Está plenamente justificada aquí la aplicación del levantamiento del velo por cuanto una sociedad creada con fines fiscales se pretende utilizar para soslayar disposiciones testamentarias.

Habiéndose probado que los dos socios iniciales son precisamente los dos herederos universales es evidente que no pueden escudarse en una personalidad jurídica diferenciada para incumplir el testamento de su padre en cuanto al pago de legados. La sociedad de responsabilidad limitada ha sido correctamente demandada y no se ha infringido el art. 1257 del Código civil por lo que debe decaer este primer motivo del recurso.

Tercero.- Los hermanos X2 y X1  denuncian en el primer motivo de casación, al amparo del núm. 4 del art. 1962 (sic, debe decir 1692) de la Ley de enjuiciamiento civil, infracción del art. 266 de la Ley del Parlamento catalán 40/1991, de 30 de diciembre, Código de sucesiones por causa de muerte en el derecho civil de Cataluña; disposición aplicable por cuanto el causante, don Z, falleció el 11 de mayo de 1992, y que, en su parte bastante, indica que el legatario no puede exigir el cumplimiento del legado con eficacia obligacional al heredero gravado mientras éste no acepte la herencia. Alegan los recurrentes que hasta el momento no han aceptado ni repudiado la herencia, ni han sido requeridos por la actora para que se definan, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 del citado código, por lo que la demanda dirigida contra los herederos no puede prosperar.

Bastaría decir que se trata de una cuestión nueva para no entrar en el examen del motivo. Es doctrina legal consolidada cuya reiteración excusa citas concretas que en casación no pueden examinarse cuestiones nuevas, entendiendo por tales aquéllas que no han sido aducidas por las partes en sus escrito alegatorios, siempre que no se trate de insoslayables cuestiones de orden público y, por ende, apreciables de oficio. Las cuestiones nuevas alteran el objeto de la controversia, atentan contra los principios de preclusión e igualdad de partes (STS de 11 de abril y 4 de junio de 1994) y producen indefensión para la otra parte (Sentencias de 22 de julio y 20 de septiembre de 1994).

En el caso que nos ocupa, la alegación de que los codemandados aún no han aceptado ni repudiado la herencia paterna y no han sido requeridos para ello, no sólo surge ex novo en el recurso de casación sino que, además, es inadmisible. La sentencia dictada por el juez de primera instancia condena a los hermanos X2 y X1 , en su calidad de herederos de su padre, a hacer entrega del legado ordenado en el testamento en favor de la actora. La sentencia no fue recurrida por los demandados sino por la actora. Y en la Audiencia no se discutió el carácter de herederos que ahora se pone en entredicho. El art. 999 del Código civil –aplicado por esta Sala cuando tenía vigencia en Cataluña– entiende que la herencia se acepta tácitamente cuando el llamado realiza actos que manifiestan necesariamente su voluntad de aceptar o que no tendría derecho a ejecutar sino en calidad de heredero (Sentencia de 29 de enero de 1996). El derecho catalán aplicable al caso (art. 19 del Código de sucesiones) regula la materia de forma similar, por lo que debe concluirse que en el presente caso la herencia ha sido aceptada tácitamente por los llamados que ahora dicen no haberla aceptado ni repudiado.

Cuarto.- El motivo segundo de los articulados por Estació de Servei Bonavista, SL, y los motivos segundo y tercero de los formulados por los codemandados denuncian, al amparo también del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, inaplicación del art. 1255 del Código civil en relación con el 1225 del mismo cuerpo legal; así como infracción de las normas hermenéuticas de los art. 1281, 1282, 1283, 1288 y 1289 todos ellos del Código civil. Estiman los recurrentes que el documento básico de los aportados por la actora es una simple «fotocopia de un contrato de compraventa inexistente» que al no haber sido adverada carece de todo valor probatorio. Asimismo consideran que la apreciación de la prueba documental por parte del tribunal a quo es ilógica y contraria a la ley.

Como subraya la Audiencia en el inicio del fundamento de derecho segundo de su sentencia «la cuestión debatida es esencialmente probatoria» y para su resolución es preciso un completo estudio de las actuaciones. Ello es así por el efecto devolutivo del recurso de apelación, pero no cabe reproducirlo en sede casacional sin riesgo de convertir este recurso extraordinario en una tercera instancia.

No es cierto que la base fáctica de la sentencia combatida sea exclusivamente una mera fotocopia no adverada, ni tampoco que se apoye en una inconcreta «apreciación conjunta» de la prueba. La fotocopia de un documento es, a su vez, un documento, si bien su valor probatorio dependerá de diversos factores como la posibilidad de manipulación, la imposibilidad de acudir al original, la concordancia de su contenido con el que que ofrecen otras pruebas, etc. La Sala analiza el contrato aportado por fotocopia a la luz de las restantes pruebas practicadas, documental y testifical cualificada, llegando a la conclusión de que «responde a un contrato plenamente válido cuyos originales están en posesión de los demandados». No es función de esta Sala proceder a un tercer examen de la prueba. Baste decir aquí que el contrato de fecha 13 de enero de 1992 y el crédito de treinta millones de pesetas que de él resulta aparecen explícitamente en el documento básico de esta litis, es decir, el testamento de don Z otorgado ante notario el 2 de abril de 1992.

De todo ello no cabe inferir infracción alguna de los arts. 1225 y 1252 del Código civil. Tampoco pueden considerarse infringidos los artículos del Código civil referentes a la interpretación de los contratos citados por los recurrentes pues el análisis de la prueba que realiza detalladamente la sentencia recurrida es plausible y en modo alguno puede calificarse de arbitraria o irrazonable, únicos supuestos en que la actuación del tribunal de instancia no quedaría inmune a la censura casacional.

Quinto.- Por imperativo de los dispuesto en el último párrafo del art. 1715 de la Ley de enjuiciamiento civil procede imponer las costas del recurso a los recurrentes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,

 

FALLAMOS

Desestimando en todas sus partes los recursos de casación interpuestos por las representaciones procesales de Estació de Servei Bonavista, SL y de don X1 y doña X2  contra la Sentencia dictada el 29 de noviembre de 1996 por la Sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, con expresa imposición de las costas del recurso.

Líbrese certificación de la presente resolución a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, junto con el rollo y autos que en su día fueron remitidos.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda