Projecte Norma Civil
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Sentència de 30 d'octubre de 1998

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 30 d'octubre de 1998, núm. 26/1998 (Sala Civil i Penal) 

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 

Visto por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados expresados al margen, el presente proceso civil de recurso extraordinario de revisión interpuesto por D.ª x1  , mayor de edad y vecina de esta ciudad, representada por el procurador de los tribunales D. Antonio M.ª Anzizu Furest y defendida por el letrado D. David Jarques Farrés, respecto de la Sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Barcelona en autos de juicio declarativo de menor cuantía n.º 252/96, sobre reclamación de legítima, seguidos por D. Y1  , aquí comparecido y representado por el procurador D. Francisco Xavier Espadaler i Poch y defendido por el letrado D. Fernando Blázquez Sánchez, contra la referida D.ª X1 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El procurador Sr. Anzizu Furest, en la representación acreditada de D.ª X1    y mediante escrito de fecha 9 de diciembre de 1997, formuló la demanda de recurso o juicio extraordinario de revisión, con arreglo a los arts. 1796 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil, respecto de la Sentencia firme dictada por dicho Juzgado de 1.ª Instancia n.º 11 de Barcelona en los autos anteriormente referidos, consignando la concurrencia de todos los requisitos legales para su admisión a trámite, refiriéndose a la legitimación activa de su representada por ser parte demandada en el proceso concluído por la sentencia impugnada; el recurso se amparaba en una de las causas previstas en la Ley de enjuiciamiento civil para interponerlo; así, el art. 1796.4 de la citada ley que establece que habrá lugar a la revisión de una sentencia firme cuando la misma se hubiera ganado injustamente en virtud de maquinación fraudulenta; que en el presente supuesto se hallaban frente a una sentencia firme contra la que no cabe otro recurso que no fuera el extraordinario de revisión, pues cuando su mandante tuvo conocimiento de la citada sentencia ya no era posible ni siquiera acudir dentro de plazo a la audiencia en rebeldía; y que se interponía el recurso antes del plazo de cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia y dentro de los tres meses desde que su representada tuvo conocimiento de la misma, tras haberse constituído la comisión del juzgado el dia 12 de septiembre de 1997 en su domicilio, a fin de proceder a la práctica del embargo sobre sus bienes; exponía seguidamente los demás hechos y fundamentos de derecho en que se amparaba para terminar suplicando que previos los trámites legales se dictara sentencia dando lugar a la rescisión de la resolución firme impugnada, devolviéndose el depósito constituído, expidiéndose certificación del fallo y devolviendo los autos al órgano jurisdiccional de procedencia para que la parte demandante use de su derecho en el juicio de menor cuantía correspondiente; por medio de un primer otrosí, interesó el recibimiento del pleito a prueba; y por un segundo otrosí, solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia de que traía causa el presente, así como el embargo subsiguiente practicado sobre los bienes propiedad de su mandante.

Segundo.- Por providencia de esta Sala de fecha 12 de diciembre último, se tuvo por presentado el escrito con los documentos y copias acompañadas, incoándose el presente procedimiento en el que se tuvo por comparecido y parte al procurador D. Antonio M.ª De Anzizu y Furest en la representación que acreditaba de D.ª X1   , testimoniándose en autos el poder acreditativo de tal representación y el resguardo del depósito constituído, designándose Ponente y pasando al mismo las actuaciones. Por otra providencia de 18 del propio mes de diciembre del pasado año mil novecientos noventa y siete, se acordó, ante todo, conferir traslado a la parte demandante y al Ministerio Fiscal, por el término común de tres dias, para que formularan las oportunas alegaciones respecto a la competencia de este Tribunal, habiendo evacuado tal trámite la parte recurrente mediante escrito de fecha 29 de diciembre último y el Ministerio Fiscal en escrito del dia 3 de enero del corriente año; que por auto de fecha 26 de enero de 1998, se estimó competente este Tribunal para el conocimiento del recurso interrpuesto y admitiendo el mismo a trámite se acordó reclamar del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Barcelona los antecedentes del pleito, proveyéndose asimismo a la solicitud deducida en el segundo otrosí del escrito de demanda, en el sentido de acordar la suspensión de la ejecución de la sentencia firme impugnada, previa prestación de fianza por la recurrente en cuantía de doscientas mil pesetas, en cualquiera de las clases admitidas en derecho, salvo la personal; y prestada que fue tal fianza, se expidió oficio al Juzgado de 1.ª Instancia n.º 11 de esta ciudad, a fin de que procediera a la suspensión decretada.

Tercero.- Que recibidos los autos reclamados, por providencia de fecha 14 de mayo último se acordó emplazar al demandado en revisión D. Y1 , con entrega de copias y correspondiente cédula para que dentro del término de cuarenta días compareciera a sostener lo que conviniera a su derecho. Dentro del término del emplazamiento compareció en autos el procurador de los tribunales D. Francisco Xavier Espadaler i Poch, personándose en los mismos en nombre y representación del demandado indicado, y evacuando a su vez el trámite de contestación a la demanda sobre la base de las alegaciones que exponía y en los fundamentos de derechos que estimaba de aplicación para terminar suplicando que se dictara sentencia en la que se declare no haber lugar a la rescisión de la sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 11 de Barcelona, dictada en los autos n.º 252/96-1.ª, con expresa condena en costas a la recurrente por su manifiesta temeridad.

Cuarto.- Por providencia de fecha 13 de julio del corriente año, se tuvo por comparecido y parte al referido demandado D. Y1  , y en su nombre y representación al procurador de los tribunales Sr. Espadaler i Poch y por contestada por el mismo, en tiempo y forma, la demanda de proceso de revisión y por hechas las manifestaciones contenidas en los otrosíes, recibiéndose el pleito a prueba por el término de veinte días común a las partes para proponer y practicar, dentro de los cuales se llevaron a cabo las propuestas y admitidas, todo ello con el resultado que es de ver en los autos.

Quinto.- Transcurrido el término de pruebas se dictó providencia el 10 de septiembre pasado mandando unir a los autos las practicadas y trayéndolos a la vista para sentencia, con citación de las partes; solicitada dentro de plazo la celebración de vista pública, así se acordó mediante providencia de fecha uno del actual mes de octubre en la que asimismo se dispuso, conforme al art. 1802 de la Ley de enjuiciamiento civil, oír al Ministerio Fiscal acerca de si había o no lugar a la admisión del recurso, trámite que evacuó oportunamente. La vista tuvo lugar el día y hora al efecto señalados con la asistencia de los procuradores y letrados de las partes quienes informaron cuanto estimaron pertinente a sus respectivos derechos en apoyo de sus pretensiones.

Ha sido ponente el magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. Luis M.ª Díaz Valcárcel.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La demanda de revisión formulada por la representación de doña X1  contra la Sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Barcelona el día 8 de septiembre de 1996 se fundamenta en el último inciso del artículo 1796 de la Ley de enjuiciamiento civil, es decir, que la sentencia firme se ha ganado injustamente en virtud de maquinación fraudulenta. Tal maquinación consiste –según dice la demanda de revisión– en que el actor de la demanda inicial, don Y1, designó como domicilio de su hermana y demandada el de la calle C n.º 000 de L, sabiendo o pudiendo saber que su domicilio real en aquélla fecha estaba en la calle C2 n.º 00 de la misma ciudad. Ello motivó que el litigio se tramitara sin audiencia de la demandada que fue citada por edictos. Cuando la sentencia del juzgado –notificada también edictalmente– hubo devenido firme, la representación del actor don y1 presentó un escrito (folio 236) en que solicita embargo de bienes, «designando para ello el domicilio de la demandada, que es el de c/. C2 n.º 00, 9.º, 1.ª de L». Conviene añadir que el objeto de la demanda inicial era la reclamación de la legítima materna formulada por don Y1 contra su hermana doña X1 y la fijación de su importe. El principal bien relicto consistía en una finca urbana sita en la calle C n.º 000 de esta ciudad, vendida el 13 de junio de 1995 en 77.000.000 de pesetas, que el juez estima en 136.565.333 pesetas, valoración dada por un arquitecto a instancias del actor y aportada con la demanda. Notemos finalmente que el juzgador acepta la peritación aportada por el actor «a falta de otra prueba» como dice textualmente el fundamento de derecho segundo (folio 226).

Segundo.- La contestación de la demanda de revisión alega, en síntesis, que las relaciones entre los hermanos no eran buenas por lo que don Y1 ignoraba que doña X1 hubiere cambiado de domicilio y que «no es exigible por la ley ni por el foro que la actora tenga que emular a Sherlock Holmes o a Hércules Poirot para que se filtre a través de las rendijas de los archivos administrativos o se sumerja en las redes informáticas para averiguar paraderos remisos a aflorar públicamente» (folio 389 v.). El actor facilitó al juzgado el verdadero domicilio de su hermana para instar la ejecución de la sentencia devenida firme cuando le fue conocido «al cabo de un año y de chiripa» según leemos en el escrito de contestación (folio 390). En resumen, el demandado niega que la citación por edictos y subsiguiente rebeldía procesal de su hermana haya sido provocada por cualquier tipo de maquinación fraudulenta. Lo dicho centra el debate en averiguar si el actor, al reclamar la legítima materna conocía el verdadero domicilio de su hermana o hubiera podido conocerlo usando de la diligencia exigible.

Tercero.- Un breve repaso a la doctrina legal nos dice que la idea de maquinación fraudulenta se asocia a un proceder doloso que demuestre ánimo de dañar, de provocar indefensión mediante astucia, artificios, ardides, argucias, maniobras, asechanzas que reflejan malicia (Sentencia de 19 febrero 1990). La causa de mala fe ha de entenderse como una conducta encaminada a dificultar al demandado el planteamiento del juicio, como un acto que impida su defensa (Sentencia de 7 diciembre 1994). Las sentencias de 13 de diciembre de 1994 y 30 de junio de 1993, con cita de numerosa jurisprudencia, nos dicen que bajo el término «maquinaciones fraudulentas» se pueden comprender todas aquellas actividades de la actora que vayan dirigidas a dificultar u ocultar al demandado la iniciación del juicio con objeto de obstaculizar su defensa, asegurando así el éxito de la demanda. Repetidas resoluciones del Tribunal Supremo –entre las más recientes las de 26 de mayo y 26 de julio de 1993– insisten en que hay maquinación fraudulenta cuando el empleo de una mínima y elemental diligencia por parte del actor, haciendo adecuadas gestiones, le hubiera permitido conocer con exactitud el domicilio de la persona a la que dice demandar.

Cuarto.- La experiencia revela como poco verosímil el hecho de que dos hermanos que residen en la misma ciudad ignoren sus respectivos domicilios, aunque se halle distanciados por razones crematísticas. Y aún resulta más inverosímil que, admitiendo la hipótesis anterior, no pudieran averiguar fácilmente el paradero a través de conocidos comunes. Además de esta sólida presunción, conviene analizar otras pruebas obrantes en autos. El aquí demandado, al interponer la demanda de menor cuantía contra su hermana sabía que no habitaba en la calle C n.º 000, domicilio señalado en el escrito inicial, pues el dictámen del aquitecto Sr. Flo encargado por él y acompañado con la demanda dice que «en la actualidad las viviendas están desocupadas, sin que sea posible el acceso a las mismas, ya que la finca ha sido vendida en su totalidad» (folio 146). Es sabido que el Tribunal Supremo considera actividad fraudulenta provocar el emplazamiento en una casa que se sabe deshabitada para conseguir la «publicación de edictos que difícilmente llegan a conocimiento público» (Sentencia de 5 de noviembre de 1996). Finalmente hay que decir que a folio 78 consta certificación expedida por la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona el 11 de diciembre de 1995 acreditativa de que en el padrón municipal de habitantes vigente, y desde la fecha indicada, el domicilio de doña X1  es el de calle C2 n.º 00. Si el aquí demandado, usando de la más elemental diligencia y sabiendo como sabía que su hermana ya no vivía en la calle C hubiera acudido al padrón de habitantes la demanda presentada el 12 de marzo de 1996 podría y debía ir dirigida al domicilio correcto evitando la indefensión de la demandada.

Quinto.- Por lo razonado procede declarar la rescisión de la sentencia objeto del recurso de revisión, por maquinación fraudulenta, de conformidad con lo establecido en los arts. 1796 y 1806 de la Ley de enjuiciamiento civil; debiendo expedirse certificación que se remitirá, junto con los autos del juicio de menor cuantía al juzgado de procedencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1807 de la referida ley.

Sexto.- No se aprecia temeridad o mala fe en el recurso de revisión, por lo que no se hace expresa imposición de las costas en el mismo causadas.

En nombre del Rey y en virtud de la autoridad conferida por el Pueblo español,

FALLAMOS

Que estimando el recurso de revisión entablado por la representación procesal de doña X1  declaramos la rescisión de la Sentencia dictada el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Barcelona en autos del juicio ordinario de menor cuantía número 252 de 1996. Expídase certificación de esta resolución que se remitirá en unión de dichos autos al referido juzgado a los efectos procedentes. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas. Devuélvase también a la recurrente el depósito previo constituído para interponer la presente revisión.

Contra esta resolución no se dará recurso alguno.

Notifíquese y publíquese la presente sentencia con arreglo a derecho.

Así por ésta nuestra sentencia lo acordamos, mandamos y firmamos.

 

 

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