Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 26 d'octubre de 1998

Anterior Amunt Següent

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 26 d'octubre de 1998, núm. 25/1998 (Sala Civil i Penal) 

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 

 

Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barcelona, sobre redención de censos-prescripción; cuyo recurso fue interpuesto por D.ª X1 y D. X2 , representados por el procurador Sr. Ángel Quemada Ruíz y defendidos por el letrado D. Ramon M. Llevadot i Roig; siendo parte recurrida D. Y1 , representado por la procuradora Sra. Luisa Infante Lope y defendido por el letrado D. Maria Dolors Savall.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La procuradora de los tribunales D.ª Luisa Infante Lope, actuando en nombre y representación de D. Y1  formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía que en turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Barcelona, contra D.ª X1 y otros, en la que, tras exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia de conformidad con lo solicitado en su escrito de demanda. Que previos los trámites legales, por el indicado juzgado se dictó sentencia con fecha 19 de diciembre de 1995, cuyo fallo dice lo siguiente: «Fallo: Que estimando como estimo parcialmente la demanda inicial de estas actuaciones interpuesta por D. Y1  contra muchos, Ignorados Herederos, sucesores y causahabientes, debo declarar y declaro: 1.º) La extinción por prescripción del censo de pensión anual 6 libras barcelonesas inscrito a favor de muchos.; 2.º) La extinción por prescripción del censo con dominio mediano de pensión anual 114,28 PTA, inscrito a favor de D. Z; 3.º) La extinción por prescripción del censo con dominio mediano de pensión anual de 228,56 PTA inscrito a favor de D. K, en cuanto gravan todos ellos la finca propiedad del actor registral n.º 000-N del Registro de la Propiedad n.º 0 de esta ciudad, ordenando en consecuencia la cancelación de las correspondientes inscripciones en el antedicho Registro de la Propiedad; 4.º) La redención forzosa de los dos censos con dominio mediano y derechos anexos de pensión anual respectivamente 2,95 PTA y 85 céntimos de PTA, propiedad de los demandados D.ª X1 y D. X2 , por el precio que se fie en fase de ejecución de sentencia de acuerdo con las bases que se han establecido en el fundamento de derecho 2.º de esta resolución, en cuanto gravan la misma finca n.º 000-N del Registro de la Propiedad n.º 0, condenando en consecuencia a los expresados demandados a otorgar la correspondiente escritura pública de redención, bajo apercibimiento de otorgarse de oficio por el juzgado; todo ello, sin que quepa hacer expreso pronunciamiento respecto a las costas relativas a los demandados comparecidos y con imposición del resto a los demandados que se hallan en rebeldía».

Segundo.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por D. Y1  que fue admitido, y sustanciada la alzada, la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia con fecha 23 de abril de 1998, cuyo fallo es el siguiente: «Fallo: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el actor D. Y1 , debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Barcelona y manteniendo los pronunciamientos sobre la extinción de los censos de prescripción señalados en los números 1, 2 y 3 del fallo de la citada sentencia, declaramos la redención forzosa de los dos censos con dominio mediano que gravan la finca n.º 000-N del Registro de la Propiedad n.º 0 de esta ciudad, inscrito a favor de los demandados Dña. X2, como usufructuaria, y D. X1 , en nuda propiedad, por el precio que se fije en ejecución de sentencia partiendo de las bases de 10.000.000 y 27.480.000 establecidas en el fundamento jurídico segundo, condenando en consecuencia a los demandados a otorgar la correspondiente escritura pública de redención, bajo apercibimiento de otorgarse de oficio sin imposición de costas en ambas instancias, salvo las impuestas en primera instancia a los demandados en rebeldía».

Tercero.- Contra dicha sentencia el procurador D. Ángel Q. R., en representación de D.ª X2  i  y de D. X1 , formuló recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1.º- Al amparo del art. 1692.4 LEC, fundado en la infracción de normas del odenamiento jurídico, por infracción del artículo 16 de la Llei de censos de Catalunya de 6/1990, de 16 de març (en relación con el artículo 17 y a la disposición transitória cuarta, punto 4, regla cuarta, letras  b) y c)); 2.º- Al amparo del art. 1692.4 LEC, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico, por infracción del artículo 1256 del Código civil; 3.º- Al amparo del art. 1692.4 de la misma ley, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico, por infracción del artículo 1.º, párrafo segundo, de la Compilación de derecho civil de Catalunya; 4.º- Al amparo del art. 1692.4 LEC, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico, por infracción del artículo 3.1 del Código civil; 5.º- Al amparo del art. 1612.4 LEC, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico, por infracción de la disposición transitoria cuarta, punto 4, regla cuarta, letras b) y e) con referencia a las mejoras de la finca hechas por el último enfiteuta.

Cuarto.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para la votación y fallo el día cinco de los corrientes, en que tuvo lugar.

Ha sido ponente el presidente Excmo. Sr. D. Guillermo Vidal Andreu.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Interpuesto recurso de casación contra la sentencia de fecha 23 de abril de 1998, dictada por la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en rollo de apelación núm. 702/96, procedente del Juzgado de Primera Instancia núm. 1, juicio de menor cuantía núm. 819/94, la parte recurrida invoca como primer motivo de impugnación del recurso su inadmisibilidad y, consecuentemente ahora, la necesidad de su desestimación, en atención a que la cuantía del litigio no es superior –dice– a seis millones de pesetas, límite mínimo de acceso casacional fijado en el apartado b) del punto 1.º del art. 1687 de la LEC. Resulta, pues, de toda procedencia entrar en la exégesis de este primer punto de debate, habida cuenta que, de ser estimado por esta Sala, devendría inútil el examen de los motivos de casación contenidos en el escrito de recurso al haberse dado la concurrencia de una causa de inadmisión, pese al proveído que acordaba la tramitación del recurso, que , en el estado actual del mismo, habría de actuar como causa de desestimación. La acción entablada se dirige, como puede leerse en el encabezamiento de la demanda, a la declaración de prescripción de tres censos y a la redención de otros dos. La cuantía se tuvo por indeterminada a la vista del primer otrosí de la demanda, no discutido por la parte demandada, y al hecho de que el valor de la finca, al objeto de fijar el laudemio estricto correspondiente a la extinción de los derechos dominicales, debía determinarse en período probatorio. La finca de autos fué transmitida el 22 de junio de 1993 por diez millones de pesetas. Sin entrar en consideraciones posteriores, el informe pericial emitido en diligencia para mejor proveer indica que el valor actual del inmueble –una vez rehabilitado– asciende a ciento cuarenta y ocho millones, seiscientas cincuenta mil pesetas, y el perito aclara, en acto oral de emisión del dictamen, que en el año 1993, antes de su rehabilitación, la finca tenía un valor de mercado de veintisiete millones, cuatrocientas ochenta mil pesetas. El debate se centra en determinar sobre cuál de estos valores debe operar el porcentaje que los laudemios representan, siendo así que debería aplicarse dos laudemios del 2’5 % (= 5%) respecto a la última trasmisión (10.000.000 PTA valor declarado, o 27. 480.000, valor pericial) y dos laudemios del 2’5 % (=5%) sobre el valor de la finca (los antedichos 27.480.000 o 148.650.000 PTA, valor de la finca rehabilitada).

Siendo ello así, es claro que el valor del litigio excede notoriamente del límite casacional, pues de otro modo esta Sala no podría entrar a ponderar el valor máximo de lo reclamado, con el abundamiento de que en caso de duda debe operar el principio pro actione, como derecho de las partes al agotamiento jurisdiccional, y, con mayor razón, si se trata de derecho civil propio autonómico, precisado de reglas uniformes de interpretación, que sólo los Tribunales Superiores de Justicia, de conformidad con el art. 152.1 de la Constitución, pueden y deben emitir.

Segundo.- Dicho lo anterior, puede entrarse en el concreto examen de las causas casacionales y el primer motivo de recurso se funda en infracción de normas del ordenamiento jurídico al amparo del apartado 4.º del art. 1692 de la LEC; en concreto, infracción del art. 16 de la Llei de censos de Catalunya, de 16 de marzo de 1990, en relación con el art. 17 y disposición transitoria 4, punto 4, regla 4, letras  b) y c). Ello referido al laudemio correspondiente a la última transmisión del inmueble, de fecha 22 de junio de 1993.

El art. 16 de la Llei catalana de censos al fijar el porcentaje del laudemio establece: «La quota del lluïsme és la pactada i, si no hi ha pacte, és el dos per cent del preu de la finca transmesa, en el moment de la transmissió».

Sobre esta base legal, la magistrada juez de primera instancia entendió que para determinar el importe del laudemio debía tomarse en consideración el valor de la finca en el momento de la última transmisión, esto es, los veintisiete millones, cuatrocientas ochental mil pesetas, que el perito había fijado en su dictamen. La Audiencia Provincial, revocando el anterior criterio, parte de que la base legal para fijar el importe del laudemio es el precio, con lo que, fijado éste escrituriariamente en diez millones de pesetas, de él ha de partirse para la valoración del laudemio por la transmisión onerosa.

El recurrente tacha esta última interpretación de excesivamente literal y rigorista, sobre todo teniendo en cuenta –sostiene– que la propia Llei usa indistintamente las expresiones valor y precio, como se demuestra en los preceptos que cita (art. 17 y disposición transitoria cuarta, punto 4, regla 4, letras  b) y c) de la Llei). La interpretación de la Audiencia, entiende el recurrente, daría pié a desigualdades si los transmitentes utilizaran distintas figuras jurídicas (venta, cesión en pago de deuda, aportación a sociedad) y a la fijación arbitraria del valor del inmueble por comprador y vendedor en perjuicio del censualista.

Sin embargo, la disposición contenida en el art. 16 de la Llei de censos responde a razones históricas, es perfectamente coherente y en absoluto genera desigualdades.

Desde el derecho romano, y así lo enseñan nuestros mejores comentaristas, viene determinandose el valor del laudemio, en caso de transmisión onerosa, sobre el precio de la misma, cuando éste se halla establecido y siempre que no se haya pactado lo contrario. Otra cosa es, como después habrá de verse, el valor del laudemio por la extinción de los derechos dominicales, y esto es lo que regula la Llei, en supuestos de redención de censos constituídos al amparo de la legislación anterior, en la disposición transitoria 4, punto 4, regla 4, letras b) y c).

De otro lado, aparte de que lo que produce efectivas desigualdades es la regulación igual de situaciones desiguales, lo cierto es que el art. 17 de la Llei, cuando alude a que en casos de permutas, aportaciones a la sociedad, adjudicaciones a socios, reducción de capital o disolución, «el lluïsme s’ha de calcular sobre el valor de la finca en el moment de la tranmissió», no debe verse como elemento de interpretación sistemática o analógica, sino más bien como excepción a la regla establecida en el artículo anterior.

Finalmente, el precepto legal guarda perfecta congruencia con el derecho de fadiga que concede al censatario o, en su caso, al censualista, mediante el cual «poden exercir el dret de tempteig o el dret de retracte, per a adquirir, respectivament, el dret de cens o la finca gravada que hagin estat alienats a titol onerós, pel mateix preu y en les condicions convingudes amb l’adquirent». Queda así claro que la Llei cuando se refiere al precio de la transmisión lo hace de forma consciente, conociendo el alcance de la regulación en coherencia con otros derechos que asimismo concede y sin ninguna confusión ni ambigüedad.

En consecuencia, la interpretación de la Audiencia es la correcta y debe ser mantenida, rechazándose el primer motivo de recurso.

Tercero.- Igual suerte y por el mismo camino debe correr el segundo de los motivos de casación, basado también en infracción de normas del ordenamiento jurídico y al amparo del ordinal 4.del art. 1692 de la LEC, por conculcación o interpretación errónea del art. 1256 del Código civil.

Se trata, como es sabido, del precepto que veda dejar la validez y el cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno solo de los contratantes. Y argumenta el recurrente que si el censo es un contrato en mérito del cual el propietario de una finca la cede a otro reservandose el derecho de cobrar una pensión y un porcentaje de cada transmisión onerosa de aquélla, el hecho de que el censatario pueda fijar por si mismo –con ayuda del comprador– el quantum del laudemio significa que se deja el cumplimiento del contrato en manos de una de las partes.

La argumentación, en verdad sugestiva y hábil, parte de una concepción excesivamente integral y contractualista del censo. El censo viene definido en la Llei «como una prestació periòdica dinerària de caràcter perpetu o temporal que es vincula a la propietat d’una finca» (art. 1) y que puede establecerse sí por contrato, pero también por usucapión y por disposición mortis causa , amén del revessejat (art. 3). La enajenación de la finca gravada con el censo es, efectivamente, uno de los derechos que concede la Llei al censatario (art. 5.1) y por eso se concede –paralelamente– al censualista una «participación» en el precio de la transmisión. El laudemio no es, pues, el contenido del contrato de censo, sino sólo un derecho subordinado que concede la Llei al censualista; subordinado a que el censatario transmita la finca y subordinado a que la transmita a título oneroso. Sólo entonces surge la posibilidad de ejercitar el derecho o, incluso, la opción: alternativa de participar porcentualmente en el precio de la enajenación o tomar para si la finca mediante la fadiga.

No se trata, en consecuencia, de dejar el cumplimiento del pago del laudemio al arbitrio de uno solo de los contratantes, se trata de dejar libre al censatario para enajenar o no la finca a título oneroso y, obviamente, de fijar con el comprador el precio de la transmisión, pero eso sí con la obligación de ceder al censualista la parte pactada o, en otro caso, el dos por ciento de la transmisión.

Cuarto.- El tercer motivo de recurso, igualmente formulado al amparo del art. 1692.4 de la LEC, alega infracción del art. 1.º, párrafo segundo, de la Compilació de dret civil de Catalunya, en tanto en el mismo se ordena interpretar e integrar tanto la Compilació como las otras normas –civiles emanadas del Parlament– tomando en consideración «les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d’acord amb els principis generals que inspiren l’ordenament jurídic de Catalunya». El recurrente entiende que la sentencia de la Audiencia ha desconocido el valor interpretativo-integrador tanto del derecho romano como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando tres sentencias de este tribunal que estiman aplicable en Cataluña, como derecho supletorio el romano y la Llei de 3 de mayo de 1823, que alude al «valor líquido» de la finca transmitida.

No son completas las citas del recurrente. Cierto que el Código de Justiniano alude al pretium vel aestimationem loci, pero también es cierto que, en este mismo Código, se habla (emperador Justiniano Augusto a Juliano, prefecto del Pretorio) de que «a fin de que los señores directos, llevados de su codicia, no puedan exigir grandes cantidades, como sabemos se ha practicado hasta el presente, no podrán exigir más que la quincuagésima parte del precio de la finca que se traspasa, a título de firma o consentimiento». Ya se ha dicho que los actuales romanistas coinciden en afirmar que el laudemio, de laudare = aprobar, viene a ser una recompensa al dueño por consentir la enajenación y reconocer al nuevo enfiteuta, consistiendo, a falta de pacto, en una parte del precio de la transmisión si constare y, en otro caso, de su valor.

        En este mismo orden de ideas, en las Constitucions de Barcelona (Título XXI, Vol. I, Libro IV) puede leerse (Pedro III, en las Cortes de Cervera, año 1359): «a fin de que en adelante no se promuevan dudas sobre el laudemio o foriscapio que debe ser pagado al señor del feudo por la renovación de nueva adquisición del mismo, ordenamos que si el feudo pasase a otro aunque sea de los descendientes del poseedor en virtud de título oneroso así como de permuta, venta, insolutum-dación o cualquiera otro semejante, debe pagarse al señor del feudo, en razón del laudemio, la tercera parte del precio o del valor del mismo».

En definitiva, parece communis opinio hoy en la doctrina catalana que el laudemio es una parte proporcional del precio que se obtiene al enajenar la finca, o del valor de la misma caso de enajenarse sin precio, cuya parte percibe el dueño directo por haberse reservado este derecho al establecerse. Y en este sentido deben ser interpretados los textos antiguos. Entre otras razones porque, al estar íntimamente ligado este derecho-obligación con el de fadiga, según se ha dicho, queda al censualista que considera el precio bajo o insuficiente la posibilidad de ejercitar siempre aquél, es decir, el tanteo o el retracto.

La cuestión doctrinal y jurisprudencial ha versado siempre sobre cuáles eran las cuotas o porcentajes debidos, pero no se ha planteado tema sobre su cálculo en referencia al precio de la transmisión cuando éste constare, quizás también porque en derecho común la claridad del art. 1644 del Código civil no admite dudas.

El motivo casacional, basado en consideraciones contrarias a las expuestas, debe ser, consecuentemente, rechazado.

Quinto.- El cuarto motivo, puro refuerzo del anterior, invoca, por la vía del art. 1692.4 de la LEC, infracción del art. 3.1 del Código civil y se remite a «las razones expresadas en el motivo anterior».

Como decían las fuentes latinas ubi eadem ratio, ibi eadem ius. El motivo demanda su total rechazo, por remisión a las consideraciones expuestas en el fundamento anterior, por la claridad con que se expresa el texto del art. 16 de la Llei de censos y porque esta interpretación literal, que responde –como se ha visto– a sus antecedentes, es perfetamente coherente en su alcance y finalidad, si se atiende, como ha de hacerse, a la lógica y a la integración del sistema legal; lógica, en su referencia al precio de enajenación cuando éste es cierto y determinado y, por tanto, sin necesidad de acudir a pericias o estimaciones; integración, en la medida en que la regla debe conectarse esencialmente con los otros derechos que concede la propia Llei.

Sexto.- El último de los motivos del recurso se refiere al laudemio estricto por extinción de los derechos dominicales y alega, por la vía del art. 1692.4 de la LEC, infracción de la disposición transitoria 4ª punto 4, regla 4, letras b) y e) de la Llei catalana de censos, de 16 de marzo de 1990.

La letra b) del precepto meritado establece que para calcular el laudemio en estos casos ha de partirse del «valor total de l’immoble, comprenent-hi les edificacions fetes, les accessions y les millores» y la letra e) dispone que en aplicación de las anteriores reglas no tendrá eficacia «el fet que hagués estat de menor import en relació amb el major que li correspongui per efecte de les millores posteriors a la darrera transmissió».

La Sección 11 de la Audiencia Provincial, basandose en una anterior sentencia (de 16 de enero de 1996) de la Sección 16 de la misma Audiencia, estima que no son computables a los méritos de calcular el laudemio las mejoras llevadas a cabo por el censatario que redime, ya que si así fuere «se estaría desincentivando la realización de las referidas mejoras por parte del obligado al pago del censo» y concluye que el laudemio, en el evento debatido, debe calcularse sobre el valor del inmueble al tiempo de su adquisición, esto es, sobre los veintisiete millones, cuatrocientas ochenta mil pesetas, fijados por la pericia judicial.

Sin tener que entrar en la disquisición del recurrente en orden a que es esencia tradicional de los censos en Cataluña la obligación de mejorar –lo que no es, en absoluto, pacífico– sí es cierto que a la conclusión de la Audiencia podía conducir la redacción del último inciso del art. 30 de la Llei de 31 de diciembre de 1945, sobre inscripción, división y redención de censos, al tener la siguiente redacción: «En la aplicación de las reglas anteriores carecerán de eficacia las alegaciones formuladas por los censualistas sobre falta de pago de alguno de los laudemios devengados, el hecho de haberlos percibido persona distinta del entonces titular del censo y el mayor valor de la finca por efecto de mejoras posteriores a la última transmisión». En este sentido la sentencia de 14 de abril de 1948 del Tribunal Arbitral de Censos decidió que, aplicando el inciso antedicho, quedaban excluídas del cómputo las mejoras posteriores a la última transmisión que hubiere devengado laudemio.

Mas, con posterioridad, el Decreto de 6 de octubre de 1954 modificó el apartado último del citado artículo 30 de la Ley y esa modificación pasó a la Ley de 26 de diciembre de 1957 que redacta el precepto en forma casi literal a la actual («En aplicación de las reglas anteriores carecerán de eficacia las alegaciones formuladas por los censualistas sobre falta de pago de alguno de los laudemios devengados, el hecho de haberlos percibido personas distintas del entonces titular del censo, o que hubiera sido de menor importe en relación con el mayor que le corresponda por efecto de las mejoras posteriores a la última transmisión»). La Ley, pues, vino a rectificar la interpretación que se daba al precepto y, como dice hoy la doctrina, parece que con ella debe entenderse modificada, también la jurisprudencia del Tribunal Arbitral sobre la no computación de las mejoras posteriores a la última transmisión. La correcta interpretación de la norma legal es, consiguientemente, a la vista del anterior texto y de la Llei actual, que el censualista no puede pretender una corrección del laudemio devengado en los cuarenta años anteriores por efecto de que la finca haya aumentado de valor debido a las mejoras llevadas a cabo después de la última transmisión, sino que debe percibir el laudemio calculado sobre el valor real y actual de la finca, aunque con ello cobre una cantidad inferior.

El razonamiento anterior, aún contrariando el de la sentencia de instancia, no conduce, sin embargo, en el caso de autos a diferente resultado.

Efectivamente, según lo probado (y aquí no discutido), al presentar el actor su demanda de redención de los censos, la finca se hallaba en un estado semirruinoso, habiendose procedido, por esta razón, al desalojo de los inquilinos del inmueble en fecha 25 de diciembre de 1993, es decir, seis meses después de la última transmisión (escritura pública de 22 de junio de 1993). El actor, en su demanda, suplica que, tasada la finca en período probatorio, su valor nunca supere el de adquisición, pagado «antes de darse las circunstancias ruinosas actuales». La prueba pericial demuestra – como se ha repetido – que, en el momento de presentación de la demanda, el valor real del inmueble asciendía a veintisiete millones, cuatrocientas ochenta mil pesetas. Es, pues, con posterioridad a la presentación de la demanda, cuando se realizan por el censatario las obras de remodelación y reedificación del inmueble, una vez desalojados sus inquilinos, lo que da pie al perito judicial a afirmar que «actualmente» (17 de noviembre de 1995) su valor es el de ciento cuarenta y ocho millones, seiscientas cincuenta mil pesetas.

En consecuencia, y pese a las consideraciones que han quedado expuestas sobre la correcta interpretación del apartado e) de la regla cuarta del punto 4 de la disposición transitoria 4.ª de la Llei de censos, en el caso actual no pueden incluirse en el concepto de mejoras las obras de rehabilitación del inmueble hechas por el censatario con posterioridad a la interposición de la demanda, pues ésta es la que, precisamente, delimita subjetiva y objetivamente la materia sobre la que va a versar todo proceso, es decir, su objeto. La demanda detiene jurídicamente el tiempo, es, como ha dicho un autor, el proyecto de la sentencia. De suerte que los hechos, fundamentos de derecho y petición de tutela son los canales de la acción, que determinan la clase de juicio, el objeto de la prueba y la congruencia del fallo decisorio.

Sin ser propiamente una mutatio libelli, apreciar ahora el valor actual del inmuble no constituiría sino un espacio temporal final, modificable y modificado a lo largo de todo el pleito. En definitiva, aplicar correctamente la disposición que se interpreta supone calcular el laudemio sobre el valor del inmueble, sus edificaciones, accesiones y mejoras «en el momento de la presentación de la demanda» y éste es, según prueba pericial, el de ventisiete millones, cuatrocientas ochenta mil pesetas, que es el determinado por la Audiencia, aunque por diferente razón de derecho.

Por todo ello, el motivo quinto del recurso debe ser desestimado y, con él, todo el recurso de casación.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 1715.3 de la LEC, deberá condenarse a la parte recurrente al pago de las costas causadas, al no darse lugar al recurso.

En conclusión,

 

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de casación entablado por el procurador D. Ángel Quemada Ruíz, en nombre y representación de D. X2  y D.ª X1, contra la Sentencia de fecha 23 de abril de 1998 dictada por la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en rollo de apelación 702/96, juicio de menor cuantía núm. 819/94 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barcelona, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y désele la publicidad legalmente establecida.

Líbrese certificación de la misma y remítase a la sección citada de la Audiencia, juntamente con el rollo de apelación y los autos originales del juzgado.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda