Projecte Norma Civil
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Sentència d'1 d'octubre de 1998

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
d'1 d'octubre de 1998, núm. 23/1998 (Sala Civil i Penal) 

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 

 

Visto por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación contra la Sentencia de fecha 20 de julio de 1996 dictada en grado de apelación por la Sección Catorce de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo núm. 906/95, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía número 420/93 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona, cuyo recurso fue interpuesto por D. X1 , representado por el procurador D. Ángel Quemada Ruíz y defendido por el letrado D. Josep Ginesta Amargós; siendo parte recurrida D.ª Y1 , representada por la procuradora de los tribunales D.ª Carmen Miralles Ferrer. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona, se tramitaron autos de juicio declarativo de menor cuantía bajo número 420/93, a instancia de D.ª Y1 , contra D. X1 , en los que, con fecha 19 de diciembre de 1994 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Fallo: Estimando en parte la demanda formulada por la procuradora de los tribunales D.ª Carmen Miralles Ferrer condeno al demandado a que haga pago a la actora en la cuantía de 9.428.770 pesetas más a los intereses legales devengados por tal cantidad desde la fecha de la reclamación judicial. – No se hace especial pronunciamiento sobre costas respecto de la demanda principal. Desestimando la demanda reconvencional formulada por el procurador de los tribunales D. Ángel Quemada Ruíz en nombre y representación de D. X1  absuelvo a la demandada reconvencional de las pretensiones que contra ella se formulaban. Las costas causadas por la demanda reconvencional se imponen a la parte demandada».

Segundo.- Que a instancia de la parte demandante y por auto del mismo juzgado de fecha 30 de enero de 1995, se aclaró el fallo de la sentencia anteriormente indicada en el sentido que donde dice «en la cuantía de 9.428.770 pesetas» debe decir «en la cuantía de 13.078.770 pesetas»; que por la representación del demandado Sr. X1  se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia mencionada, y tramitado el mismo con arreglo a derecho, la Sección Catorce de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia con fecha 20 de julio de 1996, cuya parte dispositiva dice así: «Fallamos: estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por D. X1  contra la Sentencia dictada en los mismos el dia 19 de diciembre de 1994 y auto aclaratorio de fecha 30 de enero de 1995, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 27 de Barcelona, en autos de juicio de menor cuantía n.º 420/93, y con revocacion parcial de la misma estimamos en parte la demanda reconvencional formulada por D. X1  contra D.ª Y1 , condenando a la demandada reconvencional a pagar al actor la cantidad de 6.750.000 ptas. con sus intereses y sin hacer declaración especial respecto de las costas de ambas instancias, manteniendo el resto de sus pronunciamientos».

Tercero.- Contra la sentencia dictada en grado de apelación, el procurador D. Ángel Quemada Ruíz, en nombre y representación de D. X1 , interpuso recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal, y remitidas las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes litigantes, se dictó auto con fecha 16 de septiembre de 1997 por el que se declaró que la competencia para conocer del presente recurso de casación correspondía a la Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; y remitidas las actuaciones, comparecieron en tiempo y forma los procuradores de ambas partes ratificándose por la representación del recurrente el recurso interpuesto y formalizado en su escrito de fecha 16 de octubre de 1996, presentado ante la Sala Primera del Tribunal Supremo en el siguiente dia 17 de los mismos mes y año.

Cuarto.- Interpuesto el recurso y pasadas las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los fines y por el término previstos en el art. 1709 de la Ley de enjuiciamiento civil, fue evacuado por el mismo el traslado conferido mediante escrito de fecha 2 de julio de 1998, considerando procedente la admisión a trámite del mentado recurso sobre la base de los preceptos legales que citaba al efecto y se dan aquí, en lo menester, por reproducidos; por providencia de fecha 13 de julio último se admitió a trámite el recurso de casación interpuesto y se concedió a la parte recurrida personada el plazo de veinte días para que formalizase su impugnación, lo que efectuó fuera de plazo, a cual fin le fue devuelto el escrito presentado sin dejar nota ni constancia en autos y señalándose para la votación y fallo de la presente el pasado dia veintiuno de septiembre y hora de las once de su mañana, en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente el magistrado de esta Sala, Ilmo. Sr. D. Luis M.ª Díaz Valcárcel. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El recurso de casación es definido por la doctrina jurisprudencial civil como un remedio procesal encaminado a determinar si dados unos hechos concretos, vinculantes para el tribunal de casación, es o no correcta la apreciación jurídica efectuada por el órgano jurisdiccional de instancia para resolver la cuestión sometida al debate judicial (STS de 19 de noviembre de 1991 y de 14 de marzo de 1992). Se trata de un recurso extraordinario (STS de 7 de octubre de 1991 y 28 de enero de 1994) no sólo por limitar las resoluciones recurribles sino también por establecer un número cerrado de motivos que configuran su ámbito. A este respecto es imprescindible que el recurso exprese el cauce procesal del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil precisando el inciso o número en que se apoya y la infracción o conculcación jurídica o jurisprudencial que se denuncia o acusa. O, como dice esquemáticamente el art. 1707.2 de la Ley de enjuiciamiento civil «se razonará la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con los motivos que la ley permite». Finalmente. el inciso final o súplica del escrito de interposición deberá pedir la casación o anulación de la resolución recurrida, solicitando en cada caso los pronunciamientos que se estimen adecuados de acuerdo con los motivos invocados. Concretamente, y por lo que hace al fondo, deberá expresar si solicita que se confirme el fallo de la sentencia de primera instancia o, en otro caso, cual sea la resolución de la litis una vez casada la sentencia dictada en apelación. Lo dicho justifica que hablemos de formalismo al referirnos al recurso de casación y también que los excesos de formalismo en que haya podido incidirse en tiempos pretéritos resulten condenables a la luz del principio de tutela judicial efectiva, con rango constitucional (art. 24.1). Pero no cabe olvidar, como nos recuerda con reiteración la doctrina jurisprudencial (ad exemplum STS de 26 de julio de 1994) y ratifica la doctrina constitucional (STC de 9 de mayo de 1991 y 10 de febrero de 1992) la necesidad de cumplir, al menos, los mínimos requisitos establecidos en los arts. 1707 y 1710.2 de la Ley de enjuiciamiento civil en cuanto elementales condiciones de claridad, precisión y observancia de las exigencias que impone la propia estructura procesal del recurso planteado, máxime cuando nos hallamos ante un recurso extraordinario (STS de 26 de julio de 1994) y teniendo en cuenta que posee una técnica muy concreta y definida con cauces impugnatorios riguorsos que no permiten mezclar aspectos puramente fácticos con otros de valoración de los instrumentos de prueba (STS de 16 de junio de 1994).

Segundo.- El Ministerio Fiscal, en informe evacuado a instancias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, apuntó la posible concurrencia de la causa de inadmisión del art. 1710.1.2 por inobservancia del art. 1707, ambos de la Ley de enjuiciamiento civil, si bien dictaminó que tal vez pudiera admitirse por permitir las «alegaciones» del recurrente conocer las razones de la impugnación. Así puede leerse en el auto dictado por el Alto Tribunal el 16 de septiembre de 1997 en el que acuerda inhibirse en favor de este Tribunal Superior. El análisis pormenorizado del escrito de formalización del recurso de casación redactado en interés de Don X1  revela que no reúne los requisitos mínimos exigidos por la ley y que sus deficiencias no pueden ser suplidas por la Sala, como detallamos a continuación.

        a) El escrito comienza con un encabezamiento que termina diciendo que el recurso se fundamenta en el motivo 5.º del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil. Teniendo en cuenta que el art. 1692 –tras la reforma introducida por Ley 10/1992, de 30 de abril– consta sólo de cuatro números cabe identificar el motivo de casación invocado con el último del repetido artículo, es decir, infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

        b) A continuación el escrito dice que «el presente recurso de casación se fundamenta en los siguientes antecedentes» narrando a lo largo de seis folios la controversia suscitada entre el recurrente en casación y su ex esposa, actora en el juicio declarativo de menor cuantía del que dimanan las presentes actuaciones.

        c) La tercera parte del escrito, rubricada «alegaciones», aparece dividida en cuatro apartados que tratan respectivamente de las donaciones entre cónyuges y su revocación, de la simulación absoluta por parte del recurrente, de la fiducia cum amico y del dolo. Cita el recurrente diversos preceptos legales y sentencias del Tribunal Supremo pero en ningún lugar nos dice que normas del ordenamiento jurídico o que doctrina jurisprudencial se consideran infringidas por la sentencia recurrida, como exige el art. 1707 de la ley procesal, exigencia que resulta ineludible para que esta Sala pueda valorar si la Audiencia ha infringido o no algún precepto concreto o algún pronunciamiento reiterado del Tribunal Supremo por aplicación indebida o por inaplicación. La lectura del escrito revela que bajo la cobertura de un recurso de casación se pretende un reexamen completo de la litis, incluído su aspecto fáctico. Con ello, como dice la Sentencia de 8 de julio de 1997, se entra de lleno en un campo vedado al ámbito del recurso extraordinario de casación que, como con reiteración notoria se subraya por la jurisprudencia, no es una tercera instancia que permita fuera del cauce de los motivos un nuevo debate sobre la prueba en cuanto que aquél debe respetar los hechos establecidos como probados que devienen firmes a efectos casatorios.

        d) Por si ello fuera poco, la súplica del escrito se limita a solicitar la admisión del mismo «y en sus méritos tener por interpuesto recurso de casación contra la sentencia de fecha 20 de julio dictada por la Sección 14 de la Audiencia Territorial de Barcelona». Nada se nos dice acerca de los eventuales pronunciamientos que debería contener una sentencia estimatoria del recurso de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1715.1.3 de la Ley de enjuiciamiento civil: la Sala resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate.

Tercero.- Lo expuesto conduce necesariamente a la inadmisión del recurso de acuerdo con lo dispuesto en la causa 2.ª del art. 1710 por inobservancia del art. 1707, ambos de la ley procesal; causa de inadmisión que, en el presente momento procesal, se convierte en motivo de desestimación.

Cuarto.- Por imperativo de lo dispuesto en el último párrafo del art. 1715 procede imponer las costas del recurso a la parte recurrente.

En nombre del Rey y en virtud de la autoridad conferida por el Pueblo español, 

 

FALLAMOS

Desestimamos íntegramente el recurso de casación entablado por el procurador de los tribunales D. Ángel Quemada Ruíz, en nombre y representación de D. X1  contra la Sentencia dictada por la Sección Catorce de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona el dia 20 de julio de 1996, en el rollo de apelación n.º 906/95, condenando a la parte recurrente al pago de las costas procesales.

Dése la publicación establecida legalmente a la presente sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes litigantes.

Y líbrese certificación de la presente sentencia, que se remitirá a la referida Sección Catorce de la Audiencia Provincial de Barcelona, juntamente con el rollo de apelación y autos originales en su dia remitidos a esta Sala, para ejecución y cumplimiento de lo acordado.

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

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