Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 30 de juliol de 1998

Anterior Amunt Següent

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 30 de juliol de 1998, núm. 21/1998 (Sala Civil i Penal) 

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 

 

Visto por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación contra la Sentencia de fecha 13 de marzo de 1998, dictada en grado de apelación por la Sección Décimoséptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Barcelona sobre nulidad de escritura, cuyo recurso fue interpuesto por D. X1 , representado por el procurador D. Joan B. Bohigues Cloquell y defendido por el letrado D. José-Eduardo Monedero Cobo; siendo parte recurrida D.ª Y1 , representada por el procurador D. Ángel Joaniquet Ibarz y defendida por el letrado D. Javier Vidal-Quadras Trías de Bes.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El procurador de los tribunales D. Juan Bautista Bohigues Cloquell, actuando en nombre y representación de D. X1 , formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía que en turno de reparto, correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Barcelona, contra D.ª Y1  Que previos los trámites legales, por el indicado juzgado se dictó sentencia con fecha 4 de noviembre de 1997, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: «Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por D. X1  representado por el procurador D. Juan Bautista Bohigues Cloquell, contra Dña. Y1  debo declarar y declaro: 1.º) La nulidad de la escritura de manifestación y aceptación de herencia de 26 de enero de 1996, en cuanto afecta a la nuda propiedad de la casa torre, finca registral número 0000 del Registro de la Propiedad n.º 6 de Barcelona; 2.º) Que la demanda debe indemnizar al actor los daños y perjuicios que le irrogase si dispone o hubiese dispuesto en favor de tercero de la nuda propiedad de la referida casa-torre, haciendo ilusoria la declaración de nulidad de la anterior escritura, en la cuantía a determinar en ejecución de sentencia y 3.º) Que el poder otorgado por D.ª Y1  a favor de su madre D.ª Z en escritura autorizada por notario de Barcelona, D. Antonio Clavera Esteva el día 3 de junio de 1985, protocolo 0071, contiene facultades suficientes para el otorgamiento por la apoderada de la escritura de fecha 4 de enero de 1993 ante el notario D. Xavier Roca Ferrer, protocolo n.º 11, en cuanto afectada a la entrega al actor D. X1  de la total finca registral 0000 (Paseo P n.º 00, hoy Pasaje P, letra G) en pago de su legítima, por lo que dicho otorgamiento es plenamente eficaz condenando a la demandada a estar y pasar por las precedentes declaraciones y a que abone las costas del juicio».

Segundo.- Por la representación de la Sra. Y1, se interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia de primera instancia, y tramitado el mismo con arreglo a derecho, la Sección Décimoséptima de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia con fecha 13 de marzo de 1998, cuyo fallo a continuación se expresa literalmente: «Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.ª Y1 , con revocación de la Sentencia dictada en fecha 4 de noviembre de 1997, por el Sr. magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 50 de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos rechazar y rechazamos íntegramente la demanda deducida por D. X1 , sin especial pronunciamiento respecto a las costas de ambas instancias, es decir, cada parte abonará las propias y las comunes, por mitad».

Tercero.- Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en grado de apelación, el procurador D. Juan Bautista Bohigues Cloquell, actuando en nombre y representación de D. X1 , interpuso recurso de casación ante esta Sala de lo Civil, que funda en los siguientes motivos: primer motivo, al amparo del art. 1692.4 de la Ley de enjuiciamiento civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico; segundo motivo; al amparo del art. 1692.4 de la Ley de enjuiciamiento civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico; y, tercer motivo, al amparo del art. 1692.4 de la Ley de enjuiciamiento civil, por infracción de las normas antes citadas.

Cuarto.- Por providencia de fecha 11 de mayo pasado, esta Sala de lo Civil tuvo por interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación, y transcurrido el término del emplazamiento, se acordó pasar las actuaciones al Ministerio Fiscal a los fines prevenidos en el art. 1709 de la LEC, quien evacuó el traslado conferido mediante el escrito de fecha 2 de junio pasado, en cuyo informe consideraba procedente la admisión a trámite del recurso de casación.

Quinto.- Habiéndose entregado la copia del recurso a la parte recurrida y personada para que formalizara por escrito su impugnación, evacuó dicho trámite oportunamente, uniéndose el escrito presentado mediante providencia de fecha 9 de julio pasado en la que se señaló para la votación el día 23 de los corrientes, en que tuvo luga

Ha sido ponente el presidente Exmo. S D. Guillermo Vidal Andreu.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Pueden considerarse antecedentes fácticos sustanciales de la presente resolución, los siguientes:

D. G, de vecindad civil catalana, falleció en Barcelona en fecha 4 de mayo de 1992. De su matrimonio, único, con doña K dejó un sólo hijo, el actual recurrente don X1 , casado con doña  X2   , padres ambos de doña X3, don X4, don X5 y doña Y1, recurrida en este proceso. El último testamento válido de don G aparece otorgado ante notario de Barcelona el día 19 de junio de 1991. En dicho testamento el causante estableció diversos legados en favor de su hijo, nuera y nietos, además de un prelegado en favor de dona Y1, a la que instituyó heredera universal. En concreto, y en lo que ahora interesa, el testador legó a su hijo X1 «en pago de sus derechos legitimarios y en lo que exceda como mera liberalidad, el usufructo de la torre sita en Barcelona, Paseo P 00, Pasaje P letra G».

En fecha 2 de noviembre de 1992 doña  X2   , en su propio nombre y en el de su hija doña Y1  (heredera), en virtud de poder general otorgado ante notario el 3 de junio de 1985, practicó inventario y avalúo de la herencia afirmando que «la heredera y legatario han aceptado pura y simplemente la herencia y legados a su favor respectivamente deferidos» y que «la heredera ha hecho entrega de los legados ordenados en el testamento, habiéndoseles sido adjudicados a cada uno de los legatarios los bienes o metálicos relacionados en el inventario». En concreto, y también en lo que ahora interesa, a don X1  se le adjudicó «en concepto de legítima el usufructo de la torre sita en Barcelona, Paseop P, n.º 00, hoy Pasaje P, señalada con la letra G», añadiéndose el siguiente inciso: «Valor: Dada la edad de D. X1  que en el momento de fallecimiento del causante era de 60 años, el lor (sic) de dicho usufructo se valora en el 30% del valor catastral de dicha finca (16.720.559 ptas.) en...5.016.168 ptas».

El día 4 de enero de 1993 comparecieron ante notario doña  X2   , don X1  y los hijos de ambos doña X3, don X1 y don X5, todos mayores de edad, actuando la primera en su propio nombre y en el de su hija Y2 según el poder general antes referido. En la escritura pública levantada al efecto los comparecientes otorgaron que la heredera única de don X1  aceptaba la herencia relicta y ratificaba las adjudicaciones efectuadas en la relación protocolizada (adjuntándose la de fecha 2 de noviembre de 1992, antes relacionada). Y, en el otorgamiento segundo, se dice: «Que la finca legada y adjudicada a D. X1 , urbana en el Paseo P, n.º 00, hoy Pasaje `P, letra G (registral n.º 0000), en usufructo, debe entenderse adjudicada en plena propiedad y en pago de su legítima».

El poder general de constante referencia incluía las siguientes facultades (únicas inx2ntes al objeto del debate): «c) dar y aceptar bienes en pago o para pago; otorgar transacciones y compromisos» y «e) Aceptar donaciones, puras, condicionales u onerosas; aceptar puramente o con los beneficios legales, renunciar y manifestar herencias y legados; ...disponer y aceptar adjudicaciones de bienes hereditarios y entregas de legados; ...pagar y aceptar o renunciar legítimas y fideicomisos».

Así las cosas, el 26 de enero de 1996, compareció ante notario de Barcelona doña Y1 , practicando inventario y avalúo de «los diferentes bienes muebles, enseres, ajuar de casa, ropas, mobiliario y demás, existentes en el domicilio del testador» a los que otorgó un valor conjunto de 200.000 pesetas, así como de la torre-urbana sita en pb de constante referencia, a la que otorgó el valor de 16.720.559 pesetas, aceptando la herencia causada a su favor, adjudicándose los bienes muebles descritos en plena propiedad y «en cuanto al inmueble en nuda-propiedad, correspondiendo el usufructo vitalicio al padre de la compareciente e hijo de aquel causante, D. X1, que vive y cuenta al día de hoy 62 años de edad».

Ante los hechos descritos, don X1  interpuso, en fecha 25 de marzo de 1996, demanda de juicio de menor cuantía en petición de nulidad de la escritura de fecha 26 de enero de 1996 contra su otorgante doña Y1 , demanda que, seguida en todos sus trámites, fué íntegramente estimada por el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona al que correspondió su conocimiento. Apelada la sentencia por la parte demandada, la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó, a su vez, sentencia, en fecha 13 de marzo de 1998, estimatoria del recurso y revocatoria de la anterior, mediante la cual se rechazaba íntegramente la demanda deducida por don X1  Dicha sentencia constituye hoy el objeto de la presente casación.

Segundo.- El primer motivo del recurso se articula sobre la conculcación de normas del ordenamiento jurídico, art. 1692.4 de la LEC, considerándose infringido el art. 1713 del Código civil.

La sentencia de la Audiencia parte de la premisa de que la nuda propiedad del edificio pertenece a la demandada desde fecha 2 de noviembre de 1992. Dicha atribución coincide con la testamentaria. Luego, la disposición de conceder al legatario-legitimario esa nuda propiedad, esto es, la propiedad plena del inmueble (pues el usufructo le corresponde por herencia) ha de considerarse un acto traslativo de dominio, bien se califique de donación, bien se califique de transacción a los fines de evitar una futura acción de suplemento de legítima, caso de que, en efecto, el valor del usufructo no alcanzara al que le corresponde como heredero forzoso. En uno o en otro supuesto, el poder general otorgado por doña  de Y1  en favor de su madre doña  X2   no es suficiente, por especial aplicación de lo dispuesto en el art. 1713, segundo párrafo, del Código civil, a tenor del cual «para transigir, enajenar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio se necesita mandato expreso». En consecuencia –según la resolución de la Audiencia– no puede estimarse la validez de la escritura de 4 de enero de 1993 en cuanto a la atribución patrimonial citada, siendo válida, por el contrario, la de 26 de enero de 1996 otorgada por la heredera, sin necesidad de manifestación de revocación expresa de la anterio

El recurrente defiende su recurso argumentando sobre las facultades que el poder general otorga y que han quedado transcritas en el fundamento anterior, singularmente las de «dar y aceptar bienes en pago o para pago; otorgar transacciones y compromisos»; «aceptar puramente o con los beneficios legales, renunciar o manifestar herencias y legados»; «disponer y aceptar adjudicaciones de bienes hereditarios y entregas de legados», et Concluye que la redacción de los poderes en los términos indicados constituye un apoderamiento expreso que engloba las facultades de disposición ejercitadas.

Con el recurso olvida el recurrente la ya consolidada doctrina jurisprudencial expresiva de que la interpretación de los contratos y, más en concreto, de las cláusulas contenidas en los mismos es facultad exclusiva de la Sala de instancia, eludiéndose con ello el control casacional, salvo excepcionales casos de grave desviación de la legalidad, lo que no es, con mucho, el supuesto contemplado. Doctrina que ha de aplicarse aquí, habida cuenta de que nos hallamos ante un contrato de apoderamiento y, por tanto, ante la interpretación de la extensión y límites del poder (ver, en tal sentido, sentencias de 21 de mayo y 13 de octubre de 1997, 18 de febrero, 2 y 6 de marzo de 1998).

La Audiencia Provincial parte de una base interpretativa sólida. La cesión al legatario-legitimario de la nuda propiedad inmobiliaria es un acto de disposición patrimonial, no un simple acto de entrega del legado debido, pues éste se concretaba testamentariamente en el usufructo del citado bien. Tal acto –decimos– ha de calificarse, dada su gratuidad, de donación pura y con ello excluído de entre las facultades del apoderado. La Audiencia alude también, en hipótesis, a una calificación de transacción y lo hace condicionadamente, esto es, para el supuesto de que el acto dispositivo tuviera por base evitar una futura acción de suplemento de legítima (art. 1809 del Código civil), pero lo cierto es que no se hace constar tal circunstancia en la escritura pública, ni se renuncia a la acción de suplemento, ni tampoco se comprende el cambio de intención de la cedente con sólo dos meses de diferencia: entre el 2 de noviembre de 1992 (fecha de la relación inventariada de bienes de la herencia, en la que adjudica el usufructo) y el 4 de enero de 1993 (fecha de la escritura , en la que otorga la propiedad plena).

Pero, profundizando un poco más, lo que expresa la sentencia de instancia es que el segundo párrafo del art. 1713 del Código civil , puesto en relación con lo que dispone el párrafo primero, es indicativo de que para cualquier acto de disposición dominical se precisa mandato expreso o, lo que es lo mismo, poder especial para la disposición concreta que se realiza, no bastando para la validez de estos actos el mero apoderamiento general, aunque en el mismo se comprendan los negocios jurídicos que sirven de base para la realización de aquellos actos. Y esta valoración de la Sala de instancia es perfectamente consecuente con la legalidad y, como se decía, en absoluto resulta extravagante ni desviada. El sentir unánime que domina nuestra jurisprudencia, como dice la doctrina, trata precisamente de impedir la generalización e indeterminación con que suelen aparecer conferidos gran número de mandatos y poderes.

Por estas razones ha de decaer el primer motivo del recurso.

Tercero.- Funda el recurrente su segundo motivo de casación igualmente en la conculcación de normas del ordenamiento jurídico, al amparo del numeral 4 del art. 1692 de la LEC, estimando infringido, por interpretación errónea, el art. 361 del Codi de Successions aprobado por Llei 40/90 del Parlament de Catalunya.

Como es sabido el art. 361 del Codi establece que: «L’institució d’hereu, el llegat, la donació imputable i l’assenyalament o assignació en concepte de llegítima no priven el afavorits de llur qualitat de legitimaris. En conseqüència, fan seu l’excés com a mera liberalitat, però, si allò que han rebut per tal conceptes és inferior a la llegítima corresponent, poden exigir el suplement, excepte si, després de deferida aquella, hom s’ha donat per totalment pagat de la llegítima o ha renunciat expressament el seu dret al suplement».

A la vista de lo que se ha razonado en el apartado anterior resulta ya inane la invocación del precepto supuestamente infringido por errónea interpretación. Pero es que, además, tampoco llega a comprenderse muy bien la razón o motivo de su indicación casacional. Y, lo que es más grave, se alega interpretación errónea del art. 361 cuando la sentencia de instancia ni lo menta ni lo aplica. Esto, sin más, habría de dar lugar a la desestimación del motivo.

Pero, ahondemos brevemente en el tema. Dice en este apartado el recurrente que discrepa de la sentencia de instancia porque la representante de la heredera y el legitimario pactaron en la escritura pública en ejercicio de su autonomía de voluntad, con la intervención de un notario autorizante, quien «como fedatario cualificado utiliza la expresión... ‘en pago de su legítima’». Ya se ha dicho que no entraba dentro de las facultades de la representante de la heredera otorgar donaciones y como tal ha de calificarse la cesión extratestamentaria de la nuda propiedad del inmueble y esta afirmación no viene ni ha de venir empañada por la cualificación jurídica –que no se niega– del notario autorizante.

Y discrepa, además, el recurrente de la sentencia porque entiende aplicable el citado art. 361 del Codi. Nunca, ni en la sentencia de instancia ni en la presente, se le niega a la parte demandante su derecho a reclamar el suplemento de legítima si a ello creyera tener derecho al no cubrir el valor del usufructo legado la cantidad que debe asignársele en concepto de legítima. Lo que se dice –y repite– es que la apoderada de la heredera no tenía facultades de disposición a los tales méritos y que, tenga o no derecho el demandante a ese suplemento (lo que aquí no puede ser debatido), el acto dispositivo es nulo.

El motivo, consiguientemente, ha de verse rechazado.

Cuarto.- Se invoca, por último, también al amparo del art. 1692.4 de la LEC, la conculcación, por interpretación errónea, de los arts. 1091 y 1256 del Código civil y los principios generales del derecho pacta sunt servanda y «nadie puede ir contra sus propios actos».

Los principios generales del derecho tienen acceso a la vía casacional por cuanto constituyen una de las fuentes del ordenamiento jurídico (en este sentido, sentencias de fechas 20 de enero de 1992 y 22 de febrero de 1993). Ocurre, sin embargo, como en el caso anterior, que los principios mentados por el recurrente, así como los concretos preceptos del Código civil, no han sido aplicados por la sentencia recurrida, luego se puede invocar su inaplicación, pero no su interpretación errónea.

Con todo, tampoco el motivo puede prosperar.

Cierto que los contratos tienen fuerza de ley entre los contratantes y cierto también que su cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de uno solo de los contrantes, pero es más obvio que tales principios se proclaman y han de proclamarse sobre los contratos válidamente constituídos. Lo que es nulo no puede producir ningún efecto y ya se ha repetido que el acto dispositivo base del debate presente es nulo por ausencia de capacidad de una de las partes, de forma que no parece necesario extenderse en inútiles argumentaciones acumulativas.

Lo propio ha de decirse en torno al principio general de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, principio inaplicable al caso pues la poderdante no concedió facultades concretas para que la apoderada concluyera el acto dispositivo que realizó, luego no existe acto anterior válido después contrariado, extrañando que invoque tal principio quien primero lo conculcó, como se ha dicho, disponiendo de más de lo que antes había dispuesto.

Quinto.- Todas las consideraciones que preceden conducen a la íntegra desestimación del recurso de casación interpuesto, con la obligada consecuencia, al tenor de lo que dispone el art. 1715.3 de la LEC, de imponer el pago de costas a la parte recurrente.

Así por consiguiente,

FALLAMOS

Que desestimamos íntegramente el recurso de casación entablado por el procurador D. Juan Bautista Bohigues Cloquell, en nombre y representación de D. X1 , contra la Sentencia dictada en fecha 13 de marzo del corriente año por la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmando la misma, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas.

Notifíquese y publíquese la presente resolución.

Devuélvanse las actuaciones y rollo, con testimonio de esta sentencia, a la aludida Sección.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda