Projecte Norma Civil
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Sentència de 4 de maig de 1998

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 4 de maig de 1998, núm. 12/1998 (Sala Civil i Penal) 

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 

 

Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona, sobre nulidad de transmisión de acciones; cuyo recurso fue interpuesto por D.ª X1, representada por el procurador D. Narciso Ranera Cahís y defendida por el letrado D. J. J. Pintó Ruíz; siendo parte recurrida D.ª Y1, representada por el procurador D. Francisco Javier Manjarín Albert y defendida por el letrado D. Luis M. Iserte Belmonte, y D. Y2, representado por el procurador D. Carlos Testor Ibars y defendido por el letrado D. Gabriel Petrus Labayen.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El procurador de los tribunales D. Narciso Ranera Cahís, actuando en nombre y representación de D.ª X1, formuló demanda de jucio declarativo de menor cuantía que en turno de reparto, correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Barcelona, contra D. Y2, D.ª Y4, D.ª Y3 y D.ª Y1 Que previos los trámites legales, por el indicado juzgado se dictó sentencia con fecha 9 de diciembre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo: Que estimando en parte la demanda formulada por D.ª X1 contra D.ª Y1, D. Y2, D.ª Y3 y D.ª Y4, debo declarar y declaro que la transmisión de acciones referida en la demanda a favor de D.ª Y1 lo fue a título de donación, con desestimación de las demás pretensiones formuladas contra los demandados y sin hacer expresa imposición de costas».

Segundo.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la Sra. D.ª X1 y como adheridos los señores D. Y2 y D.ª Y1, que fue admitido, y sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia con fecha 29 de julio de 1997, cuyo fallo es el siguiente: «Fallo: Se desestiman los recursos de apelación interpuestos por X1 , Y2 y Y1, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Barcelona en el procedimiento menor cuantía n.º 1098/92, confirmándose la misma sin hacer declaración alguna condenatoria respecto de las costas producidas en esta alzada».

Tercero.- Contra dicha sentencia el procurador D. Narciso Ranera Cahís, en representación de D.ª X1, formuló recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1.º Al amparo del n.º 3 del art. 1692 de la LEC, con cita expresa de la infracción del art. 359 de la LEC, por incongruencia; 2.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción de las sentencias de 7 de julio de 1986, 23 de enero de 1987 y 5 de junio de 1987; 3.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción de las sentencias de 7 de julio de 1986, 20 de junio de 1987 y 27 de mayo de 1991; 4.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción de los art. 444, 447 y 1941 del Código civil; 5.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por la infracción de la doctrina de las sentencias del TS de fecha 30 de diciembre de 1994 y 10 de febrero de 1997 y sentencias del TSJC de fecha 10 de octubre de 1996 y 23 de mayo de 1996; 6.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción de la Sentencia del TS de fecha 26 de marzo de 1986 en conjunción con las Sentencias del TS de fechas 30 de diciembre de 1994 y 10 de febrero de 1997; 7.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción de los artículos 1261.1.º, 1262 párrafo 1.º, 1445 y la doctrina de las sentencias del TS de 22 de diciembre de 1987, 11 de febrero de 1989 y 23 de diciembre de 1992; 8.º Infracción de la doctrina de las sentencias del TS, entre otras, de 26 de febrero de 1990 y 5 de marzo de 1991 según las cuales: Quod ab initium nullum producit effectum y del art. 1261 del CC; 9.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC por infracción del art. 675 del CC en relación con el art. 1282 del CC; 10.º Al amparo de lo dispuesto en el n.º 4 del art. 1692 de la LEC por infracción del art. 1281.1.º de la LEC; 11.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción del art. 436 del CC; 12.º Al amparo del n.º 3 del art. 1692 de la LEC, por defecto de la sentencia, con cita del art. 359 de la LEC como infringido, por no ser la sentencia clara y concorde con la demanda; 13.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción del art. 1253 del Código civil; 14.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción del art. 1253 del Código civil; 15.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción de las sentencias del TS de fecha 3 de febrero de 1966, 5 de noviembre de 1973, 30 de marzo de 1974 y 20 de diciembre de 1985; 16.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción de la sentencia del TS de 20 de noviembre de 1980 y del art. 342 de la Compilación; 17.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692, por infracción del art. 342 de la Compilación en su último inciso; 18.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC por infracción del art. 1.253 del Código civil per se y en relación con los art. 1174 y 1277 del Código civil; 19.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC por infracción del art. 1948 del CC; y, 20.º Al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la LEC por infracción de la doctrina de, entre otras, las sentencias del TS de 3 de febrero de 1987, 20 de octubre de 1988, 14 de febrero de 1989, 3 de diciembre de 1993, 7 de marzo de 1994, 24 de mayo de 1997 y 8 de abril de 1997.

Cuarto.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para la vista el día dieciseis de abril, en que tuvo lugar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Presidente D. Guillermo Vidal Andreu.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los hechos básicos sobre los que se desarrolla y asienta el presente proceso que ahora ha desembocado en el recurso de casación, vienen perfectamente reflejados en el fundamento de derecho segundo de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, pero interesa destacar como hitos fundamentales e imprescindibles para la cohesión de la presente los siguientes: D. K otorgó testamento abierto el día 31 de julio de 1974; en él legaba a su hija Y1 la nuda propiedad de las acciones que poseía en las sociedades b. (Spain) S.A.E., sc. S.A., myc S.A., ci S.A. y tsl. S.A.; legaba el usufructo de tales acciones a su esposa, D.ª X1; el día 21 de diciembre de 1978, D. K dirigió a su hija Y1 una carta del siguiente tenor literal: «En relación con las acciones de b., xD (sc. S.A.), myc, ci y cg (tca S.A.) de las que vas a ser propietaria, paso a darte las siguientes instrucciones: 1) por mientras viva tu madre, caso de mi fallecimiento previo, ella deberá percibir los rendimientos de las mismas, si los hubiere, con carácter vitalicio; 2) una vez fallecidos ambos, dichas acciones serán de tu absoluta propiedad y disfrute, sin limitación alguna»; D.ª Y1 estampó la firma al final de la misiva, bajo un Recibido y conforme; el mismo día 21 de diciembre de 1978, D. K vendió aparentemente a D. Y2 las siguientes acciones: núms. 13.355 a 20.000 y 23.301 a 26.000 de b. (Spain) S.A.E, núms. 1 a 33 de sc. S.A., núms. 130 a 228 de myc S.A., núms. 1 a 33 de ci S.A., y núms. 1 a 4.950 de tca S.A. y al día siguiente el adquirente también aparentemente vendió tales acciones a D.ª Y1; consta, además, que el causante había transmitido otras acciones a terceros en los años 1977 y 1978; en fechas que la sentencia recurrida no detalla, D.ª Y1 suscribió, por ampliación de capital con cargo a reservas, 3.201 acciones de myc S.A., y 4.917 de ci S.A., 9.900 de Marcader y Casadevall S.A., y entró a formar parte del consejo de administración de las sociedades b. (Spain) S.A.E., sc. S.A., tsl. S.A., myc S.A. y de ci S.A.

D. K falleció el día 30 de abril de 1981. El 7 de julio siguiente, los nombrados herederos del causante comparecieron ante notario y otorgaron escritura de inventario de bienes y aceptación de herencia, no haciéndose en aquél mención alguna a las acciones de constante referencia y renunciando D.ª Y1 a sus derechos hereditarios; D.ª X1., tras haber seguido un proceso penal incoado en 1991 y concluído por archivo, demandó a tres de sus hijos y al nombrado D. G. P. el 3 de septiembre de 1992, iniciándose el actual procedimiento, autos de juicio de menor cuantía, núm. 1098/92, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona; la actora alegó la existencia de un contrato simulado de compraventa, solicitó la nulidad absoluta de las dos aparentes ventas efectuadas, con subsiguiente integración de las acciones a la masa hereditaria y, subsidiariamente, instó la declaración de que ambas ventas encubrían una verdadera donación del causante a favor de su hija Y1, debiendo revocarse por incumplimiento de las cargas impuestas; en cualquier caso se suplicaba la condena a resarcir a la actora de los dividendos producidos por dichas acciones; el titular del indicado juzgado de primera instancia dictó sentencia en fecha 9 de diciembre de 1994 en la que, estimando en parte las pretensiones de la parte actora, declaraba que la transmisión de acciones lo fué a título de donación y desestimaba el resto de pedimentos; apelada la sentencia, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó ponunciamiento confirmatorio en fecha 29 de julio de 1997, si bien sobre el argumento nuclear de que se había producido una adquisición por usucapión liberatoria de las acciones, según las previsiones que contiene el art. 342 de la Compilació de dret civil de Catalunya; esta sentencia es la recurrida por la representación y defensa de D.ª X1 que articula hasta veinte motivos de casación.

Segundo.- El primer motivo casacional se interpone al amparo del núm. 3 del art. 1692 de la LEC, por infracción del art. 359 de la misma LEC, al adolecer la sentencia de vicio de incongruencia. El segundo, al amparo del núm. 4 del mismo artículo 1692, por infracción de las sentencias de 7 de julio de 1986, 23 de enero de 1987 y 5 de junio del mismo año. El tercero, igualmente por infracción del núm. 4 del art. 1692, por infracción de las sentencias de 7 de julio de 1986, 20 de junio de 1987 y 27 de mayo de 1991. El contenido de los tres motivos de casación permite su respuesta conjunta.

En definitiva, el recurrente alega que la adquisición de la propiedad plena de las acciones por virtud de la usucapión liberatoria fué invocada por la representación del codemandado D. Y2, a quien no beneficiaba, careciendo el mismo consecuentemente de legitimación para articular tal alegato; mientras que la auténtica beneficiaria del pronunciamiento, D.ª Y1, sólo tardíamente, en el trámite de la vista del recurso de apelación, invocó la existencia de tal beneficio. Lo anterior conduce, según la parte, a una incongruencia por exceso, al haberse concedido algo no alegado en el momento procesal oportuno e invocado tan sólo, a su tiempo, por aquél a quien el pronunciamiento no interesaba; infringiéndose asimismo la doctrina contenida en las sentencias citadas en la medida en que las mismas exigen siempre una petición de parte legítima para que la prescripción sea estimada, no pudiéndose apreciar nunca de oficio. La propia sentencia objeto del actual recurso confirma la verdad fáctica que sustenta los motivos invocados al decir: «Dejando aparte la problemática –no suscitada en autos– de que una de las partes del pleito alegue la usucapión en favor de otra parte que no lo ha alegado más que en el acto de la vista del recurso». Sin embargo, olvida la parte recurrente otra forma de verdad: la de que la parte beneficiada por tal declaración se había mantenido en rebeldía, según es de ver en los autos y así es expresado a continuación por la misma Audiencia, al añadir a lo dicho: «recuérdese que la parte a la que favorece la usucapión estuvo en situación procesal de rebeldía prácticamente hasta el momento de dictarse sentencia». Un repaso de los autos permite observar que la demandada D.ª Y1, en efecto, se mantuvo en situación de rebeldía durante la primera instancia. Compareció en fecha 4 de octubre de 1993 para presentar escrito suscrito el anterior veintisiete de septiembre en el que solicitaba la nulidad del emplazamiento efectuado en su día y la consecuente nulidad de todas las actuaciones posteriores. Dicha nulidad le fué denegada por auto de fecha 15 de noviembre de 1993, contra el que la demandada interpuso recurso de reposición que, asimismo, le fué desestimado, interponiendo luego contra dicha desestimación recurso de apelación, que, admitido para en su día por providencia de 3 de febrero de 1994, fué renunciado al comparecer en segunda instancia. La personación en autos lo fue, pues, a los solos efectos de intentar la nulidad de actuaciones y tan así es que, dado traslado a la repetida demandada para cumplir trámite de resumen de pruebas en fecha 13 de octubre de 1993, la misma renunció al indicado trámite en forma expresa por escrito del día siguiente. Así pues, la personación en los autos se produjo en la segunda instancia, en la que llegó a proponer y practicar prueba (de confesión en juicio).

La única consecuencia procesal que comporta la rebeldía es la preclusión de términos. Más en concreto, fija la ley que no compareciendo el demandado, se le declará en rebeldía, dándose por contestada la demanda (art. 527 y 685 de la LEC). La rebeldía no implica, pues, admisión de hechos, ni mucho menos de la pretensión deducida por el actor. Como ha puesto de relieve nuestra mejor doctrina lo que el demandado pierde con su falta de contestación, si se aplica estrictamente la norma del art. 565, en relación con el 566, es la posibilidad de probar otros hechos impeditivos o extintivos que hubiera podido alegar contestando y, por descontado, la posibilidad de que el juez desestime la demanda basándose en una excepción propiamente dicha, en tanto que no alegada. Ahora bien, la rebeldía ni siquiera impide al demandado toda posibilidad de actuar ulteriormente en el proceso en contra de la estimación de la demanda; cabe que el rebelde intervenga con posterioridad en la relación procesal acogiéndose al momento de tramitación existente, practicando, si tiempo tiene, prueba y, en cualquier caso, invocando las excepciones que procuren a su defensa y se deduzcan de los hechos ya probados.

Y eso es lo que ha ocurrido en el proceso actual, en el que la demandada, D.ª Y1, que se había mantenido en situación de rebedía, invocó, en el primer momento de oportunidad procesal, su condición de titular plena de las acciones discutidas, por haberla adquirido por usucapión, todo ello, obvio es, sin retroacción alguna de lo practicado en autos. No existe, en consecuencia, vicio alguno de incongruencia en la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona, que se limitó a acoger, razonándolo expresamente, lo alegado en forma tempestiva por la parte beneficiaria y tampoco existe, por lo mismo, infracción de la doctrina jurisprudencial que se cita, pues la usucapio fué efectivamente alegada. Los motivos primero, segundo y tercero no pueden, por consiguiente, ser acogidos.

Tercero.- El motivo cuarto entra ya a cuestionar el elemento nuclear de la sentencia y, con amparo en el núm.4 del art. 1692 de la LEC, denuncia infracción de los art. 444, 447 y 1941 del Código civil. En definitiva mantiene que la sentencia recurrida ha otorgado valor de posesión ad usucapionem a actos de posesión clandestinos y sin la cualidad de dueño. Los motivos inmediatamente posteriores no vienen sino a reafirmar la invocación. El quinto, bajo el mismo amparo casacional, denuncia la infracción de la doctrina sentada en las sentencias de fechas 30 de diciembre de 1994 y 10 de febrero de 1997, ambas del Tribunal Supremo, y las de 10 de octubre y 23 de mayo de 1996 de este Tribunal Superior, sentencias que, como es sabido, orientan la posesión eficaz para adquirir, en términos de publicidad, exteriorización y de univocidad, recordando las de esta Sala que la mutación del ánimo posesorio o interversión precisa ser exteriorizado por quien ya poseía la cosa por algún otro concepto. En igual sentido, el motivo sexto alega infracción de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de marzo de 1986 en conjunción con las de 30 de diciembre de 1994 y 10 de febrero de 1997, destacándose de aquélla la doctrina de que el derecho real limitativo del dominio que el usucapiente pretende eliminar debe ser apto para ser poseído con singularidad y autonomía suficientes para distinguir que el propietario está poseyendo el contenido del derecho.

Procede, antes que nada, adelantar que no se trata aquí de sustituir el criterio valorativo de la Audiencia respecto al resultado de la práctica probatoria, actividad que resultaría proscrita en el trámite de casación en el que nos hallamos (por todas, sentencias de esta Sala de fechas 6 de julio de 1993 y 14 de febrero de 1994), sino de resaltar un error en la calificación y trascendencia jurídica de unos hechos atribuídos a la parte favorecida por la sentencia de instancia, lo que se aclara con el examen de los motivos décimotercero (infracción del art. 1253 del Código civil), décimocuarto (con igual fundamento), décimoquinto (infracción de las sentencias de fechas 3 de febrero de 1966, 5 de noviembre de 1973, 30 de marzo de 1974 y 20 de diciembre de 1985, que establecen la necesidad de fijar con precisión el día de inicio del plazo de usucapión) y los décimosexto y décimoséptimo (por infracción del art. 342 de la Compilació de dret civil de Catalunya), motivos que, debidamente coordinados – en una labor que bien pudiera haber facilitado la parte recurrente, en vez de amontonarlos contra los argumentos de la sentencia – vienen a decir que no hubo realmente interversión del título posesorio y que no se poseyó nunca el derecho que gravaba la propiedad libre, cuestiones sobre las que la sentencia pasa con sigilosa levedad

La Audiencia declara probado de forma inequívoca tanto la existencia como la autenticidad de la carta a la que se ha hecho mención, dirigida por el padre a la demandada D.ª Y1 , la recepción por ésta y la prestación de conformidad con su contenido. De otro lado, la sentencia de instancia confirma la del juzgado en la medida en que entiende la existencia de un negocio simulado de compraventa que encubre una verdadera donación. De ahí, sin embargo, extrae una consecuencia errónea y ese error arrastra las ulteriores conclusiones equivocadas. Así se expresa la sentencia: «En este punto, examinada la prueba practicada, este tribunal llega a la misma conclusión que el juez a quo con alguna matización, esto es, que la venta y posterior venta tantas veces nombrada forman parte de un único negocio jurídico cuya finalidad encubierta es la de efectuar el padre la donación a la hija Y1 de las acciones a las que se refiere, lo que constituye realmente un prelegado». Y continúa después: «Establecido, pues, que los tan repetidos negocios de finales de 1978 son una donación del padre a la hija y como tal constituyen un prelegado»; para terminar: «La actora –como se ha indicado– solicitaba, para el caso de que se calificaran las ventas de donación – la revocación de la misma por incumplimiento de las cargas impuestas. Tal pretensión ha de ser rechazada por que esta petición identifica como modo o carga del prelegado lo que real e idudablemente es un legado o, por mejor decir, un sublegado (véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 3 de noviembre de 1995 sobre la diferencia entre mandas o legados y el modo o gravamen), lo cual se traduce en que la actora –que no es la heredera testamentaria– carece de facultad para pedir la revocación de la donación por incumplimiento de un modo inexistente, aunque obviamente tiene facultad para pedir el cumplimiento del sublegado».

La realidad es que el negocio jurídico disimulado y que aflora por bajo de la simulada compraventa es una donación modal sometida a condición. El padre dona a la hija las acciones en plena propiedad, pero, para el caso de que premuera a la madre, con la obligación de ceder a ésta los rendimientos de las mismas hasta su muerte. Así se desprende de forma clara del texto de la carta que dirige el padre a la hija y que la Audiencia valida. Así se reafirma también cuando tales acciones no se reflejan en el conjunto de bienes y derechos hereditarios y así, finalmente, se confirma cuando D.ª Y1 renuncia a cualquier derecho sobre la herencia. El legado, entonces, contenido en el testamento devino revocado por especial imperativo del art. 869.2 del Código civil hoy recogido en el art. 306 del Codi de successions.

Siendo ello así, nos hallamos pura y simplemente ante el incumplimiento de una carga donacional (porque la condición se cumplió), que, en modo alguno, puede confundirse con la esencia de una usucapión liberatoria, que se aplica en la sentencia recurrida y que, en cualquier caso, tampoco se ha consumado.

Cuarto.- La usucapión liberatoria opera, según los monografistas, cuando una persona, reuniendo todos los requisitos exigibles para que se produzca la adquisición de un derecho real mediante la usucapión, posee como libre una cosa sobre la que pesan gravámenes ajenos, de manera que, al concluir el plazo de tiempo que el ordenamiento señala, llega a usucapir tal cosa como libre.

Su naturaleza jurídica no es simple, pero su origen y los escasos textos que en nuestro ordenamiento jurídico la contemplan (parece regular una situación semejante la Compilación navarra), permiten sostener que se trata de un tipo de prescripción adquisitiva. La usucapio libertatis romana nace como consecuencia de la distinción, dentro de las servidumbres prediales, entre las prediorum rusticorum y las prediorum urbanorum, con la finalidad no de introducir un nuevo modo de extinción de las servidumbres, sino de aplicar a las urbanas (todas ellas negativas, como es sabido) el instituto general del no uso, de forma que para éstas resultara imprescindible no sólo el mero transcurso del tiempo, sino además que por parte del propietario del predio sirviente se creara una situación de oposición al ejercicio de la servidumbre, un acto contrario que se mantuviere interrumpido durante el lapso marcado por la ley. Igual sentido parece que tiene la usucapión liberatoria en las Partidas y aunque nuestro Código civil guarde silencio al respecto de la institución (sólo reflejada en el art. 36.4 de la Ley hipotecaria) todo parece indicar su parentesco con la prescripción adquisitiva, pues la diferencia fundamental entre los dos tipos de prescripción estriba en que mientras para la extintiva sólo se requiere la inercia del titular del derecho, para la adquisitiva es necesario –además de esa inercia del titular– una actividad contraria de un tercero que, como ha dicho un comentarista, se manifiesta en el ejercicio (posesión) de aquel mismo poder que el titular descuida. Y así, tratándose de la liberatoria, habrá de exigirse una posesión plena, pública y excluyente del derecho, manifestada con actos que, de forma inequívoca, demuestren el desconocimiento de cualquier agresión jurídica a la titularidad libre. En definitiva, no se exige ejercitar los mismos actos que tiene derecho a ejercitar el tercero (pasear por la propia finca para liberarla de una servidumbre de paso), sino realizar actos contrarios e incompatibles con el derecho de aquél.

Pues bien, en la sentencia de instancia no se determinan ni especifican cuáles son, en concreto, los actos que manifiestan pública e inequívocamente la posesión libre, a menos que se tengan por tales los que patentizan el puro incumplimiento. No hay ningún acto que realiza quien invoca su condición de propietario libre, que no hubiera podido haber realizado como nudo propietario. Y tales actos no son susceptibles de beneficiar la possesio ad usucapionem. Los primeros porque es evidente que el acto torpe nunca puede beneficiar jurídicamente a su autor; la ilicitud de un comportamiento (incumplimiento obligacional) no puede servir de base para la adquisición lícita de derechos. Los segundos porque no son demostrativos, singulares, de una posesión independiente que pueda entenderse dirigida a la adquisición del derecho del que no se es titular. El ejercicio del derecho de voto, la suscripción de nuevas acciones, la condición de administrador de la sociedad, no son actividades societarias que sobrepasen la cualidad de nudo propietario de las acciones, de conformidad con los art. 67, 70 y 123 de Ley de sociedades anónimas, texto refundido de 22 de diciembre de 1989. En consecuencia sólo la apropiación de los dividendos reflejaría una posesión de las acciones libre de usufructuarios, pero, amén de ignorarse –porque la sentencia no lo dice– desde cuando la demandada hace suyos los dividendos sociales (que, por lo probado, parece empiezan a repartirse en el año 1990, con lo que, en cualquier caso, el tiempo de usucapión no habría llegado), precisamente esta apropiación constituye el nucleo del incumplimiento obligacional.

En definitiva, pues, con referencia a la pretendida usucapión liberatoria, no aparece definido y delimitado el concepto de la interversión o mutación del título posesorio, antes bien consta que la demandada conoció desde el primer momento –por el texto de la carta– y después –por el testamento– el concepto en que recibía por donación las acciones, esto es, como dádiva gravada con la obligación de entregar a la madre durante toda su vida los rendimientos de las acciones, caso de fallecer primero el padre que aquélla. Ninguna actividad de la donataria permite afirmar categóricamente que se comportó como propietaria libre, hasta que incumplió su obligación de pago. Y en ningún momento de la causa, ni por supuesto en la sentencia, se fija con claridad ese dies a quo que sirve salida al tiempo de prescripción adquisitiva, en este caso, liberadora.

Quinto.- Todo lo expuesto fuerza a estimar los motivos de casación invocados y a declarar que no se produjo la usucapión liberatoria de las acciones donadas a D.ª Y1 por su padre, sino un simple y puro incumplimiento por parte de ésta de la obligación impuesta por el donante de entregar a la madre los réditos de las citadas acciones, con lo que se esta diciendo que, casada la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, se acogerán los pedimentos 4.º y 7.º de la demanda, condenando a la demandada D.ª Y1 a resarcir a su madre –la actora– por el importe de todos los dividendos de las acciones objeto de la donación de su padre, cuyo importe se determinará en ejecución de sentencia, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en las dos instancias y ordenando que cada parte satisfaga las suyas de este recurso, tal como dispone el art. 1715.2 de la LEC.

En consecuencia,

 

FALLAMOS

Que estimando los motivos cuarto, quinto y sexto del recurso de casación interpuesto por D.ª X1 y en su nombre por el procurador de los tribunales D. Narciso Ranera Cahils, casamos parcialmente la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 29 de julio de 1997 que a su vez confirmaba la del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona de fecha 9 de diciembre de 1994 y, manteniendo la declaración de dicha sentencia en orden a que la transmisión de acciones referida en la demanda a favor de D.ª Y1 lo fué a título de donación, condenamos a la misma demandada a cumplir con la obligación que tal donación contiene, esto es, a resarcir a la actora por el importe de los dividendos de las acciones dejados de percibir desde el fallecimiento de D. K, que se calcularán en período de ejecución de sentencia, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en las dos instancias y en el presente recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas y remítanse rollo y autos a la Sección antedicha de la Audiencia Provincial, con testimonio de la presente.

Por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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