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Sentència de 16 de març de 1998

Anterior Amunt Següent

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 16 de març de 1998, núm. 4/1998 (Sala Civil i Penal)  

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 

 

Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Amposta, sobre declaración de derechos; cuyo recurso fue interpuesto por D.ª  X1 , representada por el procurador Sr. Juan José Cucala Puig y defendida por el letrado D. Manuel García Prats; siendo parte recurrida D. Y1 , representado por el procurador Sr. Jaume Gassó Espina y defendido por el letrado D. Carles Hurtado i Piera.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La procuradora de los tribunales D.ª Ana Sagrista González, actuando en nombre y representación de D.ª X1  formuló demanda de jucio declarativo de menor cuantía que en turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Amposta, contra D. Y1 , en la que, tras exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia de conformidad con lo solicitado en su escrito de demanda. Que previos los trámites legales, por el indicado Juzgado se dictó sentencia con fecha 25 de abril de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por D.ª X1  contra D. Y1 , condenando al demandado a: 1.º) Declarar la obligación del mismo a otorgar escritura de aceptación de la herencia de su madre D.ª Y2 de conformidad al testamento de 10 de noviembre de 1.979, condenándole a verificar dicho otorgamiento, con el apercibimiento de que podrá ser otorgada a su costa por el Juez ante su negativa; 2.º) Declarar, de conformidad a las disposiciones testamentarias, que «el terrado y el derecho de elevar nuevas plantas se consideran elementos comunes de la propiedad horizontal» de la comunidad de propiedades existente entre los litigantes en la edificación sita en el núm. 00 de la calle C de L, refiriéndose dicha declaración al estado de la finca en el momento del fallecimiento de la causante D.ª Y2 el día 20 de mayo de 1989; 3.º) Declarar que la comunidad de bienes existente entre los litigantes en la casa núm. 00 de la calle C de L, se regirá por las disposiciones establecidas en el art. 396 del Código civil y la Ley de propiedad horizontal, sobre la base de los siguientes criterios: –El terrado y el derecho de elevar nuevas plantas; –El suelo y las cimentaciones; –Las escaleras de acceso al terrado; –En general, todos los elementos del edificio necesarios para su adecuado uso y disfrute por todos los comuneros y los que designe el périto judicial.; b) Determinar la cuota de cada copropietario en la comunidad en proporción a la superficie de sus respectivas propiedades privativas en el momento del fallecimiento de la causante (20 de mayo de 1989), determinándose asímismo la cuota que corresponde a los elementos comunes. Se condena al demandado a otorgar el título constitutivo de la propiedad horizontal, con el apercibimiento de que en caso negativo, el otorgamiento podrá ser realizado a su costa por el juez. 4.º) Declarar que las obras de ampliación de volumen realizadas por el demandado respecto al estado de la edificación en el momento del fallecimiento de la causante son ilegítimas por contravenir el título sucesorio, condenando al demandado a demolerlas y a reponer la casa a su estado anterior. Y absolviéndolo de las pretensiones ejercitadas en los puntos 5 y 6 del suplico de la demanda. Se imponen las costas a la de los términos contenidos en el fundamento de derecho octavo».

Segundo.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la actora D.ª X1  que fue admitido, y sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona dictó sentencia con fecha 4 de octubre de 1996, cuyo fallo es el siguiente: «Fallo: Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandante D.ª X1  y el demandado D. Y1  contra la sentencia dictada en 25 de abril de 1995, por el Juzgado de Amposta núm. 1, cuya resolución revocamos en parte, y, en su consecuencia, estimando en parte la demanda presentada por la procuradora D.ª Anna Sagrista Gonzalez en nombre y representación de D.ª X1, debemos declarar y declaramos que el terrado y el derecho de elevar nuevas plantas en la casa n.º 00 de la calle C de L, se considerarán elementos comunes de la propiedad horizontal, condenándose al demandado D. Y1 , representado por la procuradora D.ª M.ª José Margalef Valldepérez a que destruya y reponga a su situación anterior lo construido en el terrado, que será de su uso exclusivo, otorgándose el título constitutivo de la propiedad horizontal por ambos copropietarios los hoy demandante y demandado fijándose las cuotas de participación que correspondan, en periodo de ejecución de sentencia, con apercibimiento que de no cumplir, en el plazo que se fije será realizado judicialmente a costa del que no lo cumpla, absolviéndole al demandado del resto de las peticiones de la demanda sin hacer expresa declaración sobre condena en costas en ninguna de ambas instancias».

Tercero.- Contra dicha sentencia el procurador D. Juan José Cucala Puig, en representación de D.ª X1 , formuló recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1.º Al amparo del art. 1692.4 LEC, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate; 2.º Al amparo del art. 1692.4 LEC, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico y de la doctrina jurisprudencial aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate; 3.º Al amparo del art. 1692.4 de la misma ley, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate;
4.º Al amparo del art. 1692.4 LEC, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate; 5.º Al amparo del art. 1692.4º LEC, fundado en la infracción de normas del Ordenamiento Jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate; 6.º Al amparo del art. 1692.3 LEC, fundado en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia; y, 7.º Al amparo del art. 1692.4 LEC, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

Cuarto.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para la vista el día cinco de los corrientes, en que tuvo lugar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Presidente D. Guillermo Vidal Andreu.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Son antecedentes de previa consideración los siguientes: 1.º) Los cónyuges D. Y1 y D.ª Y2 otorgaron sendos testamentos ante el Notario que fué del Ilustre Colegio de Barcelona, D. Ramón Bonell Costa, el día 10 de noviembre de 1979; 2.º) En ambos se legaban mutuamente el usufructo universal de sus respectivas herencias, instituían un prelegado para cada uno de sus cuatro hijos, X1, K, Y1 y W, y nombraban herederos universales a los cuatro «en el remanente de todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones presentes y futuros»; 3.º) En la cláusula segunda de cada uno de los testamentos se dice: «Prelega a su hija X, los derechos que le correspondan en la planta baja de la casa número 00 de la calle C, del Barrio B» y en la cláusula cuarta se dice: «Prelega a su hijo Y1 los derechos que le correspondan en el primer piso alto y algorfa de la casa número 0 de la calle de C. Podrá el prelegatario por si solo hacer las obras necesarias para transformar la algorfa en vivienda, pero el terrado y el derecho de elevar nuevas plantas se consideraran elementos comunes de la propiedad horizontal»; 4.º) D. Y1 falleció el día 14 de agosto de 1984 y D.ª Y2 falleció el 20 de mayo de 1989; 5.º) Ampliada la edificación del piso alto de la calle C número 00 por D. Y1 , se entabló por D.ª X1, su hermana, demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado número 1 de Amposta, admitida el día 18 de enero de 1994, solicitando, en suma, la condena de D. Y1 a otorgar escritura de aceptación de herencia, la declaración de elementos comunes del terrado y el vuelo del edificio según la situación existente al fallecimiento de la causante D.ª Y2, la declaración de algunos otros elementos comunes y fijación de su cuota según la Ley de la propiedad horizontal, la declaración de ilegalidad de las obras realizadas por D. Y1 y su condena a reponer el inmueble a su anterior estado, indemnización de daños y perjuicios, así materiales como morales, y la condena del demandado a la cesación de determinadas perturbaciones en la propiedad de la actora; 6.º) En fecha 25 de abril de 1995 se dictó por la jueza de Amposta sentencia en el procedimiento indicado, estimatoria parcial de las pretensiones de la parte demandante en tanto en cuanto admitía los cuatro primeros pedimentos y rechaba los dos últimos, en concreto: la petición de condena indemnizatoria de daños y perjuicios y la solicitud, también de condena, de la cesación de las perturbaciones en la propiedad de la actora; 7.º) Apelada que fue la sentencia de primera instancia, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona dictó segunda sentencia, en fecha 4 de octubre de 1996, revocatoria en parte de la anterior, en la que se declaraba que «el terrado y el derecho de elevar nuevas plantas en la casa núm. 00 de la calle C de L, se considerarán elementos comunes de la propiedad horizontal, condenándose al demandado D. Y1 , ...,a que destruya y reponga a su situación anterior lo construído en el terrado, que será de su uso exclusivo, ...,absolviéndole al demandado del resto de las peticiones de la demanda»; 8.º) Esta sentencia es la que constituye el objeto del actual recurso de casación, fundado inicialmente en siete motivos, que han quedado reducidos a seis al renunciar el recurrente en el acto de vista oral del recurso, celebrada el pasado día 5 de este mes, al sostenimiento del segundo motivo.

Segundo.- El primero de los motivos de casación se articula al amparo del art. 1692.4 de la LEC, por infracción del art. 396 del Código civil y los 7.II, 9.1 y 11 de la Ley de la propiedad horizontal. Se alega también infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretadora de los citados artículos. En definitiva, se invoca que las obras realizadas por el demandado lo fueron en el terrado y en el patio de luces. La sentencia de la Audiencia, sin embargo, revocando parcialmente la de instancia, declara la ilegitimidad de las obras construídas en el terrado y condena a su demolición, no aludiendo expresamente al patio de luces o sobreentendiendo que éste es elemento común, lo que conculcaría los preceptos indicados y su jurisprudencia interpretadora.

Es cierto, efectivamente, que la sentencia de la Audiencia de Tarragona no menciona en ninguno de sus párrafos el patio de luces y en todos sus extremos se refiere siempre a las obras construídas en el terrado. Al absolver al demandado del resto de las peticiones de la demanda parece implícitamente declarar la legitimidad de las obras que aquél hizo en o sobre el patio de luces del edificio. Pero es igualmente cierto que en ningún apartado de la demanda el actor hizo mención alguna del patio de luces. Habría que acudir entonces a su petición genérica, contenida en el apartado 3 del suplico, en orden a que se declaren elementos comunes del inmuble «en general, todos los elementos del edificio necesarios para su adecuado uso y disfrute por todos los comuneros».

De un lado, no hay controversia sobre tal construcción, amén de estar probada abundantemente por las periciales emitidas en autos y aún la muy gráfica contenida en el incidente de fijación de cuantía a los efectos de la admisión de este recurso de casación. De otra parte, tampoco parece que exista hoy controversia jurídica sobre la indudable consideración como elemento común de los denominados patios de luces, porque los menta expresamente el art. 396 del Código civil como tales, porque así lo tiene declarado casi sin excepción la jurisprudencia del Tribunal Supremo (de la que son ejemplo las sentencias de 20 de abril de 1991 y 23 de noviembre de 1995) y porque con ello responden a su esencia y finalidad: la de ser espacios cerrados con paredes o galerías que se dejan al descubierto en ca para dar aire y luz a los pisos o locales.

Esta caracterización como elemento común del inmueble determina sin más que se trata de una estructura arquitectónica llamada a servir a todos los copropietarios y sobre la cual todos tienen, en principio, un derecho de uso y disfrute. Y se dice en principio porque la realidad fáctica puede alterar esa realidad jurídica en beneficio de un uso exclusivo, como ha reconocido nuestro Tribunal Supremo, por ejemplo en sentencias de fechas 2 de mayo de 1964 y 5 de julio de 1991, aunque éste no sea el caso presente. Mas, en definitiva, en el actual evento, elemento común es tanto como elemento de couso o de necesidad compartida, lo que conlleva a que, en aplicación de los preceptos que son invocados por el recurrente, cualquier alteración en los mismos no consentida y que modifique su destino o finalidad, ha de considerarse ilícitamente realizada

Al no haber hecho tal declaración la sentencia de la Audiencia, procede, con estimación de este motivo de recurso, completar el pronunciamiento de instancia.

Tercero.- El tercer motivo de recurso se conforma al amparo igualmente del art. 1692.4 de la LEC, por infracción del art. 222.3 de la Compilació de dret civil de Catalunya, norma aplicable a la sucesión de D.ª Y2, por haber acaecido su fallecimiento bajo la vigencia de aquélla.

El precepto invocado disponía que «el legatari podrà prendre per si mateix la referida possesió quan el testador ho hagi autoritzat o el llegat sigui d’usufruit universal, i també, a L., si tota l’herència està distribuida en llegats». Nos hallamos, efectivamente, en L2, de la comarca de L., y la controversia, en este punto del recurso, se orienta por el recurrente a conseguir una condena del recurrido-demandado a otorgar escritura pública de aceptación de herencia, única forma –dice– de conseguir la inscripción de su propiedad en el Registro (en el que los bienes aparecen inscritos a nombre de los causabientes de su madre). La argumentación del recurrente, desarrollada en el acto de la vista del recurso, se centra en que toda la herencia no está distribuída en legados: primero, porque en la cláusula quinta del testamento de D.ª Y2 se dispone una imputación de las donaciones recibidas por su hijo W al prelegado que le confiere; segundo, porque en la cláusula sexta del mismo documento se instituye herederos universales a todos los hermanos en el remanente de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, presentes y futuros, de la causante.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona razona que, hallandose los legatarios en posesión de sus respectivos legados antes ya de la muerte de la causante y al estar toda la herencia distribuída en legados, no se puede obligar a aceptar la herencia, y añade: «sin perjuicio de que a efectos concretos de Registro de la Propiedad u otras contingencias similares hubiera que otorgar el demandado o los otros legatarios alguna escritura pública para facilitar en su caso, la inscripción u otros derechos, de los bienes que les han sido legados». Diríase, pues, que la Audiencia ha vislumbrado la necesidad de otorgar alguna escritura a los fines de inscribir el derecho de la recurrente y reanudar el tracto sucesivo registral interrumpido, pero, en definitiva, desestima la petición de aquélla.

Es por lo anterior que el motivo cuarto del recurso, subsidiario del tercero, se articula –sobre la base del art. 1692.4 de la LEC– por infracción del art. 359 de la misma ley, interpretado a la luz de la doctrina constitucional del art. 24 de la Norma Fundamental, entendiendo que la Audiencia debió, por congruencia, para otorgar la tutela judicial efectiva, condenar al otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia (no condenar a la aceptación de la herencia, como parece deducirse de la demanda, pues tácitamente el demandado ya la ha aceptado), o condenar al otorgamiento de cualquier otra escritura que permita el cumplimiento de la inscripción registral («es claro que se aceptaría cualquier otra que pudiera solucionar el problema», dice el recurrente).

Para clarificar rigurosamente el tema debe determinarse, en primer lugar, si resulta de aplicación la disposición contenida en el art.222.3 de la Compilació, esto es, si la herencia de que se trata está toda ella distribuída en legados. Si esto es así, ningún problema ha de tener la recurrente a la hora de inscribir de derecho, a tenor de lo que estatuye el art. 81 d) del Reglamento hipotecario. De no hallarse enteramente distribuída en legados, se precisará de la escritura de mutua entrega de legados, según las normas contenidas en el art. 1000 del Código civil y en el art 81 c) del RH.

Una lectura atenta del testamento de la causante D.ª Y2 descubre que no nos hallamos, efectivamente, ante una herencia enteramente distribuída en legados, al menos en la forma específica que se prevé para la localidad de L.. Dicha norma específica ha de ponerse en relación con el art. 109 de la propia Compilació en cuanto admite el testamento otorgado en L. sin incluir institución de herederos, contrariando así la norma general de validez de los testamentos otorgados en Cataluña. Deviene entonces lógica y coherente la disposición in fine del art. 222.3º que permite la autoposesión de los legatarios al no existir heredero que pueda entregarlos. Pero, en el caso concreto, ha de notarse que sí existe designación de herederos – aunque sean los cuatro hijos– y de ahí que se asignen prelegados. La cláusula sexta, en efecto, como ya se ha dicho, instituye herederos universales a los cuatro hijos «en el remanente de todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones presentes y futuros». Y, de otro lado, la cláusula quinta prelega a su hijo W «lo que le corresponda por legítima disponiendo que impute a ella las liberalidades recibidas de la testadora para ayudarle a construir la casa de S». Disposiciones todas ellas que impiden calificar la herencia como distribuída por entero en legados.

De ello se deduce la inaplicabilidad del art. 222.3 de la Compilació y subsequentemente del 81 d) del RH, deviniendo legítima y adecuada a derecho la petición del recurrente en orden a instar el otorgamiento de una escritura pública que permita la documentalización de sus propiedades y que no será otra que la de aceptación de herencia y entrega mutua de legados. Lo anterior habrá de pronunciarse, pues, casando la sentencia de instancia, con dos precisiones: primera, que no se trata de estimar una acción dirigida a la aceptación herencia (herencia que ha de considerarse tácitamente –facta concludentia– aceptada por el demandado), sino de ordenar la documentación pública correspondiente a esta aceptación a fin de proceder a la entrega de los legados y a su posible inscripción registral; y segunda, que la decisión habrá de afectar judicialmente tan sólo al demandado-recurrido al no haberse llamado a pleito a los demás herederos, en la medida en que los mismos estaban dispuestos a otorgar la oportuna escritura, lo que no roza el litis-consorcio pasivo necesario, como ya tuvo ocasión de expresar esta propia Sala en su sentencia de 25 de enero de 1990.

Cuarto.- El motivo quinto del recurso tiene su fundamento legal en el art. 1692.4 de la LEC, por infracción del art. 632 del Código civil, esto es, por error en la apreciación de la prueba pericial.

En concreto, el demandante ahora recurrente instó en su día: «que se declare la existencia de daños y perjuicios materiales en la vivienda de mi representada, así como la existencia de daños morales por el detrimento de la calidad de vida de mi poderdante y su esposo desde 1991 por las filtraciones, goteras, daños, ambiente insalubre y la causación de una enfermedad; condenando en consecuencia al demandado a reparar los daños causados en la vivienda de mi principal según dictamen pericial, o subsidiariamente, condenandole a la indemnización del importe de las obras a determinar asimismo pericialmente o en ejecución de sentencia; y condenandole finalmente a indemnizar a mi principal en la suma que se acredite en ejecución de sentencia por los daños morales y por el grave quebranto producido a su salud».

En el desarrollo del motivo casacional se echa en falta siquiera una alusión al dictamen pericial cuya defectuosa hermenéutica denuncia el recurrente. El motivo habría de decaer, sin más, por ello, pues los principios iura novit curia y da mihi factum dabo tibi ius no alcanzan a fijar una obligación del tribunal a indagar en que concretos parámetros jurídicos se mueve la parte. Pero, en fin, en intento de agotar el debate, esta Sala entiende –habida cuenta de que no hay contradicción en la materia– que el recurrente se basa en el resultado del dictamen pericial emitido por el arquitecto D. Carlos Vergés Alonso, obrante a los folios 309-311 de las actuaciones de instancia. Pues bien, en dicho dictamen el perito informa que «efectivamente, las piezas del fondo de la vivienda de la planta baja, presentan daños debidos a humedades procedentes de filtraciones desde el piso superior», enunciando a continuación los daños que se evidencian en dormitorio, pasillo, fondo pasillo, baño y otros, y evaluando su coste en 85.000 ptas.

El comentario que merece la acción reparadora de daños por parte de la Audiencia es el siguiente: «está probado por admitirlo la parte actora, que no permitió que se realizaran los trabajos necesarios para que los desagües del piso superior se empalmaran a los desagües generales, así como está probado documentalmente por los informes de la policía local, que fueron continuos por ambas partes, las vias de hecho para impedir el normal uso de los servicios de aguas, y desagües, o conducción de humos y como los daños, tasados y probados, producidos en la casa de la actora, por el paso del agua del piso superior, se debió a que la actora obtuvo (por obturó) e impidió la salida natural de tales aguas por los conductos normales, no procede hacer declaración de condena sobre los mismos».

Como es sabido, el resultado de la prueba pericial tiene un limitado acceso a la casación, habida cuenta de que, según el artículo indicado de la LEC, los jueces y tribunales aprecian dicho resultado según criterios de sana crítica, sin sujección a las conclusiones del dictamen. La impugnación casacional de la valoración judicial de la prueba pericial sólo está permitido en caso de error ostensible y notorio (sentencias. 8 y 10 de noviembre de 1994), en caso de absoluta falta de lógica (sentencias 30 de marzo de 1994, 00 de enero de 1995), en caso de conclusiones absurdas (sentencias 14 de octubre y 24 de diciembre de 1994), cuando se han aplicado criterios desorbitados o irracionales (20 y 29 de noviembre de 1993) o cuando se ha llegado a conclusiones contrarias a las reglas de la común experiencia (sent. 24 de diciembre de 1994).

Como es de ver, sólo en casos excepcionales puede revisarse en casación el resultado de esta prueba y siempre en el entendido de que el mismo no conduzca a una solución razonable.

En el caso enjuiciado, la Audiencia no ha valorado siquiera la prueba pericial, ni razonable ni irrazonablemente. El pretendido error que denuncia la parte no se refiere al resultado de la prueba pericial, sino a la operación intelectual de atribución del daño al autor. La Audiencia, en efecto, parte de la premisa fáctica de que los daños existen, no se pronuncia sobre su coste o cuantía y admite, incluso, que provengan del piso superior. Lo que sucede es que desestima la petición de indemnización sobre la base de que los actos propios de la demandante influyen de tal manera en la producción de aquéllos que se convierten en causa del resultado. Y tales reflexiones en nada se relacionan con la prueba pericial, son el producto de la valoración conjunta de la prueba practicada en autos, discurso intelectivo vedado a la casación.

El motivo, consiguientemente, ha de ser rechazado.

Quinto.- Al amparo del art. 1692.3 de la LEC, se articula el motivo quinto del recurso por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio y en concreto por infracción de las que regulan la sentencia, art. 359 de la LEC, en cuanto la sentencia de instancia omite todo pronunciamiento sobre las acciones oportunamente deducidas de «condena de indemnización por los daños morales y grave quebranto de la salud, y de cesación en las perturbaciones ilegítimas (cierre del paso del agua y taponamiento de la chimenea)». Efectivamente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona para nada alude a las acciones indicadas, limitandose a utilizar en su parte dispositiva la fórmula general de absolver al demandado del resto de las peticiones contenidas en la demanda.

La incongruencia omisiva coincide aquí con la falta de motivación de la sentencia en cuanto se refiere a las acciones de condena antedichas. La motivación de las sentencias, elevada al rango de exigencia constitucional (art. 120.3 de la Norma Fundamental), es una garantía del justiciable y del Estado de Derecho, pues, de una parte, permite a aquél comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento (STC de 8 de octubre de 1986) y, de otra, permite la actividad revisional en la aplicación del derecho libre de toda arbitrariedad (STC 13 de mayo de 1987). En otras palabras, la motivación de la sentencia es una exigencia formal de la misma, cuya ausencia genera efectiva indefensión, y es, a la vez, una garantía jurisdiccional porque su finalidad no es sólo la de poner de manifiesto que la decisión judicial ha sido razonada y ajustada a las reglas del derecho, sino que, además, propicia el control jurisdiccional por los órganos superiores mediante el ejercicio de los pertinentes recursos. Tales exigencias no imponen el deber de razonar extensa y pormenorizadamente cuantos temas se hayan sometido a debate judicial, pero sí alcanza al deber de dar respuesta en derecho, aunque sea escueta y suscinta, a lo que son efectivas peticiones de la parte, en el marco de la tutela plena de los derechos de los litigantes, tal como procesalmente configura la congruencia el artículo de nuestra ley adjetiva: «haciendo las declaraciones que ésta (las pretensiones) exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate».

Podría pensarse en que esta Sala subsanara el defecto, integrando la sentencia de instancia con la motivación de que carece, pero en el caso faltarían siempre datos y elementos esenciales de valoración que exigirían un análisis de la prueba, con lo que esta Sala subvertiría su verdadera esencia y, al tiempo, privaría a la parte de una instancia. Así lo ha visto nuestro Tribunal Supremo, exponiendo en sentencia de fecha 7 de marzo de 1994: «la anómala situación creada por la sentencia aquí recurrida no permite siquiera que esta Sala pueda hacer uso de su facultad integradora del factum, pues aquí no se trata de una insuficiente explicitación por la sentencia recurrida de los hechos que considera probados, único supuesto que viabiliza la referida facultad integradora, sino de una carencia total y absoluta de fijación de los hechos que han de considerarse probados, lo que exige una plena y exhaustiva valoración de toda la prueba practicada en el proceso, que es incumbencia exclusiva del Tribunal a quo y que en modo alguno puede realizar esta Sala de casación».

En atención a lo expuesto, procederá estimar el motivo del recurso y, de conformidad con lo que dispone el art. 1715.2 de la LEC, se ordenará reponer las actuaciones al momento de dictar sentencia al efecto de que la Audiencia Provincial se pronuncie motivadamente sobre las acciones de condena contenidas en los apartados 5.º y 6.º del Suplico de la demanda, de las que venía expresamente absuelto el demandado en la sentencia del Juzgado de Amposta.

Sexto.- El último motivo de recurso, amparado en el art. 1692.4 de la LEC, denuncia infracción de los arts. 1101 del código civil y 1 de la Llei catalana 13/ 1990, de 9 de julio, de l’acció negatòria, les immissions, les servituds i les relacions de veïnatge. El motivo se presenta como subsidiario al anterior, entendiendo el recurrente que de no darse lugar a éste, las anteriores normas citadas dan cobertura a las acciones de condena a indemnizar por daños morales y grave quebranto a la salud, así como a la de cesación de las perturbaciones ilegítimas.

Apareciendo, pues, como subsidiario al anterior motivo que ha sido acogido por la Sala, carece de razón de ser su estudio actual.

Se procederá, en consecuencia, a la estimación de los motivos primero, tercero y cuarto (el segundo fué renunciado en la vista, como se ha dicho) en cuanto al fondo de la litis y a la también estimación del motivo sexto en cuanto a la forma de la sentencia de instancia, desestimandose el motivo quinto y no entrando a resolver el séptimo y último. Todo ello sin expresa imposición de las costas causadas, según previene el art. 1715. 2 de la LEC, en las dos instancias inferiores y en este recurso.

Así pues,

 

FALLAMOS

Que estimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador D. Juan José Cucala Puig, en nombre y en representación de D.ª X1 , contra la sentencia dictada en fecha 4 de octubre de 1996 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, en recurso de apelación núm. 132/ 95, menor cuantía 11/94, procedente del Juzgado núm. 1 de Amposta, y, en su consecuencia, revocando en parte la citada sentencia, declaramos que el patio de luces del edificio sito en la calle C núm. 00, de L, es elemento común del inmueble, condenando al demandado, D. Y1 , representado en autos por el procurador D. Jaume Gassó Espina, a demoler la edificación que en o sobre el mismo haya construído; igualmente, condenamos al demandado a que otorgue escritura pública de aceptación de herencia y entrega de legados en favor de la actora. Se declara la nulidad parcial de la referida sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona y se ordena reponer los autos al ser y estado que tenían al momento de dictarla, a fin de que por el mismo tribunal se pronuncie motivadamente sobre la petición de indemnización por daños morales y grave quebranto de la salud y sobre la petición de condena a la cesación en las perturbaciones ilegítimas consistentes en el cierre de la llave de paso del agua de la vivienda de la actora situada en el terrado y el taponamiento de la salida de humos de la chimenea de la planta baja.

No se hace expresa condena de las costas causadas en las dos instancias inferiores ni en este recurso de casación.

Líbrese testimonio de la presente y remítase a la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección Primera), junto con las actuaciones y rollo de apelación en su día remitidos a esta Sala.

Así por ésta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

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