Sentència de 25 de novembre de 1996

Segundo. - Por providencia de esta Sala de fecha 13 de enero de 1.994 se tuvo por presentado el anterior escrito con los documentos y copias acompañados al mismo, incoándose el presente procedimiento en el que se tuvo por comparecido y parte al Procurador de los Tribunales D. Juan Bautista Bohigues Cloquell en nombre y representación que acreditaba de D. X1  y de X2, S.A., designándose Ponente y pasando al mismo las actuaciones. Por otra providencia de 17 del mismo mes se tuvo por promovido el procedimiento del recurso de revisión respecto de dicha sentencia, se acordó comunicar las actuaciones al Ministerio Fiscal a los efectos del art. 1.803 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para, luego de su informe, resolver sobre lo interesado en los otrosíes segundo y tercero; se acordó reclamar testimonio de los antecedentes del pleito y se dispuso que el resguardo acreditativo de haberse constituido el depósito previo quedara bajo la custodia de la Secretario de Sala, previo testimonio en autos. Por providencia de 10 de febrero quedó unido a los autos el testimonio recibido de los antecedentes reclamados disponiéndose el emplazamiento de la recurrida en revisión Dª. Y1  para que dentro del término de cuarenta días compareciera en autos a sostener lo que conviniera a su derecho. Por Auto del mismo día 10 de febrero, se unió el escrito del Ministerio Fiscal evacuando el trámite conferido, y se dispuso publicar la existencia de este procedimiento mediante edictos a costa del solicitante, para el general conocimiento de los acreedores a los efectos que a su derecho conviniera, y se declaró no haber lugar a la medida cautelar interesada en el tercer otrosí de la demanda de revisión.

Tercero. - Dentro del término del emplazamiento compareció personándose en autos la demandada en revisión Dª. Y1, representada por el Procurador de los Tribunales D. Narciso Ranera Cahís, manifestando que sosteniendo lo que convenía al derecho de su representada, pasaba a contestar la demanda de revisión, mediante los hechos y fundamentos de derecho que exponía, para terminar suplicando que tuviera por contestada la demanda de revisión. siguiera el procedimiento por sus trámites y en su día se dictara sentencia por la que se declarara haber lugar a la revisión interesada por la adversa, reiterando la firmeza de la sentencia impugnada y condenando a la recurrente al pago de la totalidad de las costas procesales causadas. Por providencia de 11 de abril de 1.994, se tuvo por comparecido y parte al Procurador Sr. Ranera en la representación que acreditaba de dicha demandada en revisión; por sostenido por dicha parte compareciente lo que convenía a su derecho y por contestada la demanda de revisión, disponiéndose los trámites sucesivos conforme a lo establecido para la sustanciación de los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de conformidad con lo solicitado por la representación de los recurrentes por medio de otrosí en el escrito de demanda y por estimarse procedente, se recibió a prueba el incidente por el término de veinte días comunes a las partes para proponer y practicar.

Cuarto. - La Procurador de los Tribunales Dª. Mª Carmen Martínez de Sas, actuando en nombre y representación que acreditaba de la Sindicatura constituida en el juicio universal de quiebra necesaria de «X2, S,A.» (X2), mediante escrito de fecha 14 de abril último, manifestando que su representada había tenido noticia del presente recurso, comparecía en el mismo y pasaba a impugnarlo, lo que hacía a continuación en base a las alegaciones y fundamentos de derecho que exponía, y terminaba suplicando que teniendo a la Sindicatura por personada en el presente asunto, y por hechas las alegaciones formuladas que convenían a su derecho, se sirviera dictar resolución judicial por la que se acordara no haber lugar al recurso de revisión. A dicho escrito recayó providencia el 18 del mismo mes por la que se tuvo a dicha Procurador Sra. Martínez de Sas por personada en las presentes actuaciones en la representación que acreditaba de la Sindicatura de X2, y antes de adoptar cualquier otro acuerdo se dio vista a las partes por tres días para que informaran sobre la nulidad parcial de actuaciones y cuales cabría convalidar, de conformidad con el artículo 240, dos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presentados los oportunos escritos por dichas partes, evacuando así dicho trámite conferido a las mismas, recayó Auto de esta Sala de fecha 12 de mayo de 1.994, por el que se tuvo por parte principal en concepto de demandada a la Sindicatura de la Quiebra que se tuvo por personada en el juicio por medio de la representación procesal de la Procurador Dª. Mª. Carmen Martínez de Sas en providencia de 18 de abril pasado y se admitió la contestación que efectuó a la demanda de revisión, dándose traslado de las copias a las demás partes. Se dejó sin efecto la providencia de 11 de abril de 1.994 en cuanto recibía el juicio a prueba, devolviéndose a las partes los escritos de proposición que tuvieran presentados, sin perjuicio de proponer las que estimaran oportunas una vez que se abriera de nuevo dicho trámite, y acordándose lo demás procedente.

Quinto. - Por providencia de 20 de junio de 1.994 se recibió a prueba el incidente por el término de veinte días común a las partes para proponer y practicar, habiéndose otorgado el término extraordinario de prueba solicitado por la representación de los recurrentes para práctica de prueba testifical en Suiza, y habiéndose llevado a efecto las que se estimaron pertinentes de las propuestas, todo ello con el resultado que es de ver de los autos. Por providencia de 2 de enero de 1.995 se acordó unir a los autos las pruebas practicadas y traerlos a la vista para sentencia con citación de las partes, habiéndose solicitado dentro de plazo celebración de vista pública que fue acordada y con motivo de sucesivos recursos de reposición, incidencias y renuncias a la representación procesal de los recurrentes en revisión, se señaló últimamente para la celebración de vista el día diecisiete de Octubre último, en que tuvo lugar. Con posterioridad a la celebración de vista pública se tuvo por comparecida y parte a la Procurador Dª. Laura Espada Losada en nombre y representación acreditada de los recurrentes en revisión, habiéndose admitido a trámite el recurso interpuesto por dicha representación, el cual previo traslado a las otras partes, que lo han impugnado, ha sido resuelto mediante Auto de fecha dieciocho de los corrientes, no dando lugar al mismo.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

Segundo. - Antes de entrar en el análisis del fondo del recurso constituye exigencia previa inexcusable verificar si procede admitir alguno de los obstáculos procesales invocados por las partes demandadas. La primera excepción alegada se refiere a la falta de aptitud procesal de X2 para formular el recurso de revisión, dada su situación jurídica de «estado de quiebra». Procede declarar su desestimación porque, además de que la declaración de quiebra incide en el campo de la legitimatio ad causam, y no en el de la capacidad procesal o legitimatio ad processum, por lo que su hipotética inaptitud procesal tiene carácter concreto y puntual, y no genérico o abstracto, no cabe negar legitimación a una persona declarada en quiebra para poder formular juicio de revisión contra una sentencia recaída en el incidente de oposición a tal declaración, cuando resultó incontrovertible su legitimación para actuar en el incidente. Aparte de ello, con tal actuación en nada se afecta al patrimonio de la quebrada, y otra solución podría acarrear, sin sentido alguno, una evidente indefensión. La segunda excepción hace referencia a la falta de aptitud del Sr. X1 para actuar en nombre de X2 y para designar Procurador que represente procesalmente a esta entidad. Es verdad que se ha producido una caducidad del nombramiento del anterior administrador, que hay una inadaptación de la Sociedad a la nueva legislación, y que falta la inscripción del nuevo nombramiento como administrador del Sr. X1. Pero ello no es suficiente para acoger la carencia de legitimación, y no sólo, aunque sí especialmente, porque sí se tuvo la misma para el pleito del que dimana la revisión, no puede desconocerse para éste, ya que la situación era entonces y ahora la misma, sino también por las especiales circunstancias del caso, la singular situación de X2 y su relación con DIASER (el representante de ésta ni siquiera asistió a la Junta extraordinaria para la designación de nuevo administrador), la indefensión que se podría crear, y la evidencia del nombramiento del Sr. Z. como administrador, y de su actuación como tal. Se invoca como tercera excepción la falta de legitimación del Sr. X1. para actuar en nombre propio en el recurso de revisión. Es verdad que la doctrina general del Tribunal Supremo exige la condición de parte en el proceso cuya sentencia se pretende rescindir mediante el juicio de revisión; y también lo es que el Sr. C. no actuó a título individual en el incidente de oposición a la quiebra. Sin embargo, la moderna doctrina jurisprudencial reconoce legitimación para formular el recurso de revisión a los que pudieron ser parte y se pueden ver afectados por la cosa juzgada, y a todos los interesados a quienes puede afectar la sentencia firme, y que por no haber intervenido en el proceso se les puede crear una situación de indefensión. La doctrina expuesta aparece recogida en las Sentencias de 23 de noviembre de 1.962, 19 enero 1.981, 15 diciembre 1.989, 7 mayo 1.991, 14 y 28 diciembre 1.993 y 8 noviembre 1.995, y a contrario sensu 14 febrero 1.986, 23 enero 1.989, 6 noviembre 1.990, 4 noviembre 1.992 y 7 junio 1.995. Y aquí resulta incuestionable el «interés» y la «afectación» al Sr. X1., especialmente habida cuenta las características de la entidad X2 (como más adelante se vera). Pero también es de reconocer la legitimación del Sr. X1 en la perspectiva de que se hubiera rechazado la actuación de X2 por falta de personalidad, legitimación que se reconoce en términos similares a los del caso -también de juicio de revisión- resuelto por la Sentencia de 15 de octubre de 1.987. Por último, en cuanto a la alegación de caducidad de la pretensión revisoria por haber transcurrido el plazo de tres meses previsto en el art. 1.798 LEC, el óbice procesal debe seguir la misma suerte desestimatoria de los anteriores. Resulta obvio que si la fundamentación fáctica se articulase en torno a los numerosos hechos que en múltiples escritos (en muchas ocasiones con evidente irregularidad procesal) ha ido desgranando unas veces, y repitiendo otras, la parte actora, habría que considerar detenidamente la extemporaneidad de la revisión, o la imposibilidad de examinar su planteamiento por haber sido posible su análisis en el juicio principal, o corresponder a otra órbita procedimental. Pero el Tribunal va a limitar su examen -cognitio- al supuesto fáctico que se acotó en el primer fundamento jurídico, y es claro que su ocurrencia el 6 de octubre de 1.993 excluye la aplicación del precepto referido.

Tercero. - Para la parte recurrente el supuesto fáctico determinante de la demanda rescisoria supone una maquinación fraudulenta, en cuanto ha sido urdida para crear una Situación de quiebra. Para poder llegar a una conclusión que resuelva el planteamiento de la parte es preciso hacer algunas consideraciones. Entre las entidades X2 (en ese momento de pertenencia exclusiva del Sr. X1) y DIASER TRADELAG, S.A. (perteneciente a D. W.) se conciertan unas relaciones de índole económica que se concretan en una entrada de la segunda en la primera, mediante la adquisición del 50% por ciento de las acciones, a través de una operación de ampliación de capital social, y en la celebración de unos contratos de cuentas en participación o convenios de colaboración, en virtud de los que DIASER se obliga a unas aportaciones dinerarias a cambio de una participación en los beneficios que habrían de rendir las actividades de X2. Sin que conste claramente por qué, ni corresponda en absoluto aquí examinarlo, lo cierto es que se produjo una situación conflictiva. Si hubo o no irregularidades, si los comportamientos de las partes se ajustaron o no a la buena fe y lealtad en los tratos, si se incumplieron o no los compromisos adquiridos, si debe haber o no responsabilidades, y quién o quienes, en su caso, deben soportar las consecuencias, es materia que excede de este juicio de revisión, como excede, incluso, del propio incidente de quiebra. No corresponde a este Tribunal enjuiciar todo lo que rebase el ámbito de la causa de revisión, tal y como, además, quedó planteada en la demanda correspondiente. Tampoco puede esta Sala entrar a analizar los acontecimientos posteriores so pena de incurrir en un exceso jurisdiccional determinante de incongruencia. La situación conflictiva expresada dio lugar a diversas actitudes, y entre ellas a que el Sr. X1. revocara los poderes que había otorgado a D. A., como Gerente, y D. B., como Vicepresidente, de X2, los cuales eran hijo y cuñado, respectivamente, de D. W. (titular de DIASER). En esta situación, y probablemente con el propósito de provocar la ruptura de los acuerdos o convenios concertados con el Sr. X1., los Srs. A.-B. «produjeron» la situación de quiebra de X2. Para ello se valieron de la existencia de un crédito vencido, representado por dos letras de cambio, y de la amistad con su titular Dª. Y1 , la cual después de recibir el importe de las cambiales de D. B. (en concepto de cesión de crédito, aunque en principio se alegó que lo fue en garantía, caución o fiducia) otorgó poder para que se pudiera solicitar la declaración de quiebra, como así se llevó a efecto.

Cuarto. - De lo razonado en el anterior fundamento cabe deducir que personas integradas, o relacionadas directamente con DIASER, contribuyeron a producir la situación de quiebra de X2. Pero su actuación no supone la existencia del fraude a que se refiere el art. 1.796,4 LEC, porque quien solicita la quiebra, aunque sea inducida o movida por dichas personas, es titular de un crédito vencido. Y como se verá, la ocultación de su abono es irrelevante. Es cierto que la operación de la que se derivó el crédito de la Sra. Y1. («Muebles M.») la llevó a cabo el Sr. S. V. en nombre de X2, pero no se ha ni puesto en duda su legitimidad para hacerlo. Es cierto también que la efectividad de su importe, una vez vencido, se hizo por amistad u oportunidad por el Sr. S. V., pero entonces el solvens ya no tenía ningún vínculo directo con X2 (sus poderes habían sido revocados), y en absoluto consta que hiciera el abono en nombre y/o por cuenta de la entidad deudora, ni siquiera en gestión, sin mandato, de los asuntos o negocios de ésta. No hubo pago por X2. El hecho de la existencia de este pago, y su ocultación, es considerado por la parte recurrente en revisión como el dato fáctico fundamental que revela el fraude determinante de la rescisión, porque supone, según la misma, que quién instó la declaración de quiebra no podía hacerlo, y por consiguiente todo lo actuado debe quedar sin eficacia -restitutio in integrum. La apreciación de la parte es sagaz en cuanto le permite, por un lado, sustraer el efecto del art. 1.798 LEC, y por otro lado, reconstruir en tal evento en urdimiento de la hipotética trama fraudulenta tratando de soslayar la posible consideración de cuestión susceptible de examen o planteamiento en el incidente de oposición a la declaración de quiebra. Pero ocurre que el supuesto fáctico alegado no tiene trascendencia o entidad suficiente para generar la causa de rescisión procesal, máximo si se toma en cuenta que lo único que se conoce con tal declaración es el hecho de la efectividad del crédito, pues lo restante se sabía o sospechaba con fundamento con anterioridad a los tres meses; y además convencer o inducir a un acreedor para que pida una quiebra no es relevante en la perspectiva del art. 1.796 LEC.

Quinto. - Se afirmó en el fundamento anterior que el supuesto fáctico alegado carece de consistencia al efecto pretendido, porque, con independencia de lo que hubiera podido ocurrir si la instante de la quiebra careciera de legitimación, la realidad es que la Sra. Y1. estaba plenamente legitimada para otorgar el poder para plantear la quiebra, y para instar ésta. En nuestro derecho se admite el pago por tercero y también se admite la transmisión del crédito sin consentimiento del deudor. En este supuesto no se rompe el vínculo entre el primer acreedor y el deudor en tanto no se ponga la cesión o transmisión en conocimiento del segundo. Hasta entonces el deudor puede pagar y compensar créditos con dicho titular. Así resulta de los arts. 1. 198, párrafo tercero, y 1.527 del Código Civil. En el caso no hubo la puesta en conocimiento -notificación de la cesión-, y por consiguiente X2 -o el Sr. C.- pudieron haber liquidado el crédito pagando o consignando. El mero ofrecimiento de pago no era suficiente porque no extingue el crédito. Es cierto que había más acreedores, pero ninguno de ellos figuraba como solicitante de la quiebra. Sostiene el Sr. X1. -en la idea de configurar una situación sorpresiva- que no conocía la existencia del crédito, ni su vencimiento, pero tales argumentaciones no son de recibo, porque al recuperar el control de la empresa no puede desconocer su situación, y no es verdad que ignorara el vencimiento de las cambiales como lo demuestra que en escritos suyos consta que la «razón por la que hasta dicha fecha no se había liquidado la deuda totalmente a su vencimiento estribó en unos pactos de espera hechos verbalmente ... » (ad. ex. f. 818), sin que tampoco sea de recibo que se pretenda rechazar tal apreciación con la inaceptable excusa de ser un error de los Letrados que defendieron a X2. Por otro lado las actuaciones que pudieron haber efectuado los Sres. S. A. y B., con o sin la connivencia del Sr. S. D., durante el período que desempeñaron cargos sociales en X2 son imputables a ésta, además de un tema de responsabilidad interior de la Sociedad, y no valorable en este juicio de revisión. En conclusión, y resumiendo: a). Las actuaciones de los Sres. A.-B., y sus hipotéticas intrigas y ardides para producir la situación de quiebra de X2 no pueden servir de sustento para fundamentar una eventual causa de maquinación fraudulenta a los efectos del art. 1.796 de la LEC porque no provienen de la otra parte en el proceso principal, era una situación conocida por el Sr. X1. al tiempo del incidente de oposición a la quiebra, y además no susceptible del juicio de revisión por el efecto de la caducidad del art. 1.798 LEC; b). La actuación de la Sra. X2. , sobre la que se configura en la demanda el comportamiento fraudulento (se afirma en el folio 4 v. «casi huelga decir que la maquinación fraudulenta que constituye la base de la revisión ha consistido en fingir y afirmar dolosamente Dª. Y1  su inexistente o falsa condición de acreedora de X2. S.A. para injustamente obtener sostener la declaración de quiebra de ésta» -sic-), en absoluto puede servir de sustento a la pretensión ejercitada, porque no fingió nada, pues frente a la entidad deudora seguía siendo acreedora como hemos razonado, y la ocultación de haber recibido el dinero del crédito, del Sr. B. (lo fuera por razón de cesión de crédito, garantía o fiducia) es irrelevante, en el sentido que de ser conocido en nada hubiera cambiado la situación de X2, y del Sr. X1., al tiempo del incidente; c). Por otro lado hay que tener en cuenta la situación de X2 con pluralidad de acreedores, lo que hace muy dificultoso imaginar una rescisión total de lo actuado; y, d). No son ventilables en este juicio de revisión los acontecimientos anteriores o posteriores al mismo distintos del hecho concreto antes expuesto, y tampoco corresponde enjuiciar aquí la actuación del Juzgado de la quiebra, ni del Tribunal que conoció de la apelación. Por último, es de indicar, porque la parte recurrente insistió mucho en la existencia de prejudicialidad penal, hasta el punto de que la tramitación de este asunto estuvo suspendida por razón de la misma, que la causa penal incoada en virtud de querella de Da. Y1  -Diligencias Previas nº 4.523/91 -, en las que precisamente se reveló el dato que sirvió de base a la demanda de revisión, fue sobreseída (sin apreciación de fraude) por Auto del Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona de 20 de febrero de 1.996, confirmado por Auto de la Sección Décima de la Audiencia Provincial (Rollo 184/96) de 8 de mayo siguiente, cuyo contenido resulta innecesario reproducir.

Sexto. - De conformidad con el art. 1.809 LEC, al declararse improcedente el recurso de revisión, debe condenarse a la parte promovente a las costas del juicio y a la pérdida del depósito constituido.

En nombre del Rey y en virtud de la Autoridad conferida por el pueblo:

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.