Sentència de 7 de novembre de 1996

A los efectos prevenidos en el art. 1.798 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacía constar que el recurso se interponía antes del plazo de cinco años desde la fecha de publicación de la sentencia y dentro de los tres meses desde que se descubrieron por el recurrente documentos decisivos y fundamenta la acción revisora en el motivo número 1 del art. 1.796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber ganado firmeza sin haber tenido en cuenta los documentos decisivos y recobrados.

Después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba oportunos, terminaba suplicando a la Sala se tuviera por interpuesto el recurso de revisión contra la indicada sentencia firme dictada en fecha 12 de julio de 1.994, y previos los trámites legales, se dictase sentencia dando lugar a la rescisión de la resolución firme impugnada, devolviéndose el depósito constituido y los autos al Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Manresa, con certificación del fallo a los efectos procedentes; por medio de otrosí interesaba el recibimiento a prueba el presente juicio.

Segundo. - Por Providencia de fecha 16 de enero de 1.996, se tuvo por comparecido y parte legítima al Procurador D. Jordi Pich Martínez en nombre y representación del recurrente y se designó Ponente al que pasaron las actuaciones para instrucción y propuesta de resolución. En fecha 18 de enero pasado, se dictó Providencia acordándose reclamar las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Manresa y se mandándose testimoniar el resguardo de depósito quedando el original bajo la custodia del Secretario, y conforme al párrafo segundo del art. 1.801 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dispuso el emplazamiento de las partes, para que en el término de cuarenta días comparecieran a sostener lo que a su derecho conviniere, con entrega de copias y cédula oportunas.

Tercero. - Por Diligencia de Ordenación de fecha 5 de febrero pasado, se tuvieron por recibidos los autos reclamados del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Manresa; por proveído de fecha 25 de abril siguiente, resultando desconocido el domicilio de la recurrida y1, S.A., se procedió a su emplazamiento por medio de Edictos. Por Providencia de fecha 22 de julio pasado, «transcurrido el término del emplazamiento sin que la parte recurrida se personara, se la declara en rebeldía y se recibe a prueba el incidente por el término de veinte días comunes a las partes para proponer y practicar la prueba, formándose las correspondientes piezas separadas, practicándose las propuestas que fueron declaradas pertinentes, con el resultado que es de ver en las actuaciones.

Cuarto. - En fecha 26 de Septiembre pasado se acordó dar el trámite del art. 1.802 de la Ley Procesal al Ministerio Fiscal, el cual, «en tiempo y forma, evacuó el traslado conferido mediante el oportuno informe. En proveído de fecha 31 de Octubre se señaló, para que tuviera lugar la votación y fallo, el día 4 de Noviembre último, en que tuvo lugar, quedando las actuaciones a la vista para dictar Sentencia. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JESÚS E. CORBAL FERNÁNDEZ.

Segundo. - El argumento fáctico en que se apoya el recurso o demanda de revisión se halla en que según el recurrente la reclamación se formuló por una entidad que no era la acreedora, pues la suministradora de la mercancía había sido y2, S. A. y no y1, S.A., con cuyo cambio se le impidió al x1 invocar una compensación de créditos. A juicio del demandante en revisión la resolución judicial condenatoria se basó en que en el albarán de entrega de los lotes figuraba un sello de y1, S.A., que no corresponde a la realidad, como lo demuestra que con posterioridad al juicio una persona desconocida depositó en el buzón del x1 dos documentos consistentes en un albarán que no tiene tal sello (f. 15) y una factura (f. 16) de y2, S. A.. Precisamente estos documentos son los invocados por la parte recurrente en revisión para fundamentar su demanda rescisoria en el art. 1.796, número 1, de la LEC.

Tercero. - Antes de entrar en el fondo del recurso deben hacerse dos consideraciones previas que, incluso, tienen consideración suficiente para desestimar la demanda revisora. La primera consiste en que se olvida la actora que existió una Sentencia de la Audiencia Provincial (de 27 de julio de 1995, Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona, rollo núm. 29/95) que confirmó el fallo de la resolución del Juzgado cuya rescisión se pretende. Cierto que se la menciona en el que se denomina requisito legal uno, pero incomprensiblemente no se recoge en el suplico de la demanda de revisión. Parece obvio que decretar su rescisión sería incongruente, y por otro lado declarar la rescisión de la resolución del Juzgado sin referencia a la de la Audiencia resultaría un sinsentido. Además, como se verá más adelante, el contenido de la Sentencia del Tribunal provincial tiene mucha importancia en la perspectiva de que no fue la documental reseñada la única prueba que sirvió de fundamento al fallo condenatorio. La segunda consideración hace referencia al plazo. Es doctrina jurisprudencial conocida que el «dies a quo» para el cómputo del plazo de tres meses del art. 1.798 de la Ley de Enjuiciamiento civil (que lo es de caducidad y por lo tanto apreciable de oficio) debe ser probado, con meridiana claridad por la parte recurrente. En el caso nada se hizo al respecto, ni siquiera se intentó; y ello tanto más si se advierte la versión endeble, y de escasa lógica, de la aparición en el buzón de los documentos que sirven de base a la pretensión ejercitada.

Cuarto. - Por lo que respecta al fondo del asunto, el tema suscitado debe resolverse en sentido negativo para el recurrente, pues en el caso no concurren ninguno de los requisitos que exige el núm. 1 del art. 1.796 de la Ley de Enjuiciamiento civil para que pueda prosperar la rescisión de una sentencia por «documento recobrado». Lo dicho es fácilmente demostrable si se advierte, en primer lugar, que no cabe hablar de documentos «recobrados», pues una copia de los originales de los mismos podía (tenía que) haberlos tenido el afirmante como destinatario-receptor de la mercancía facturada. En segundo lugar no hay base alguna para sostener que los documentos presentados han sido retenidos por fuerza mayor o por obra de la parte contraria (perfectamente podía haberse hallado, como se acaba de decir, en poder de la propia parte, e incluso esta idea es la más lógica en la normalidad de las cosas). Y por último, y este aspecto es el más destacado, el documento o documentos aportados como fundamento del recurso no son «decisivos», como es de ver en las dos Sentencias del Juzgado y de la Audiencia, pero, sobre todo en ésta, en la que se da una singular relevancia a la testifical, resultando ociosa la reproducción de su contenido.

Quinto. - De conformidad con lo establecido en el art. 1.809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al declararse improcedente el recurso de revisión objeto de enjuiciamiento, procede condenar al promovente al pago de las costas y a la pérdida del depósito.

En nombre del Rey y en virtud de la autoridad concedida por el Pueblo Español,

Así por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.