Sentència de 10 d'octubre de 1996

Segundo. - Admitida la demanda a trámite se dispuso el emplazamiento de la parte demandada por medio de edictos y, no compareciendo, fue declarada en situación de rebeldía. Seguido el juicio por sus trámites, el indicado Juzgado, en fecha 18 de Abril de 1.995, dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por D. x1 contra los ignorados herederos de D. y1, debo absolver y absuelvo, libremente, a dichos demandados de la pretensión deducida contra ellos.»

Tercero. - Contra la indicada sentencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada, la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 22 de Abril de 1.996, cuya parte dispositiva, a la letra, dice: «Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora, contra la Sentencia dictada en fecha dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Terrassa, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente la misma interponiéndose las costas causadas en la alzada al recurrente.»

Cuarto. - El procurador SR. PASCUAL PASCUAL, en nombre y representación del demandante-recurrente D. x1, formalizó recurso de casación por infracción de normas de Derecho Civil común y de Derecho Civil de Cataluña, que basaba en los motivos siguientes:

1. - Al amparo del número 3 del artículo 1.692 de la L.E.C. por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales.

2. - Al amparo del número 4 del artículo 1.692 de la L.E.C. por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. LUIS MARÍA DÍAZ VALCÁRCEL.

Segundo. - El primero de los dos motivos de casación articulados por la representación de D. x1 , único litigante comparecido en el pleito, se formula al amparo del número tercero del art 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alegando supuesto quebrantamiento de las normas esenciales del juicio, por infracción de los preceptos reguladores de la sentencia o de los que rigen los actos y garantías procesales. El recurrente cita como infringido -amén de preceptos que no hacen al caso- el art 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual, una vez dispuesta alguna de las pruebas previstas en el ary1 340, quedará en suspenso el término para dictar sentencia desde el día en que se acuerda la providencia para mejor proveer hasta que sea ejecutada o transcurra el plazo para ello y tres días más, durante los cuales se pondrán de manifiesto a las partes los resultados de las diligencias, las cuales podrán alegar por escrito cuanto estimen conveniente acerca de su alcance o importancia. El Juez de Primera Instancia acordó para mejor proveer librar exhorto a un Juzgado de Barcelona para que aportase una determinada certificación; pero dictó sentencia sin que el meritado exhorto hubiese sido reportado. No es cierto que el Juez «hace su resolución en aspectos hipotéticos que en ningún momento son verificados por su parte» pues las consideraciones que hace sobre la herencia yacente del Sr. y1 -objeto de la certificación acordada para mejor proveer tienen carácter ex abundantia, pero no fundamentan el fallo. Ni la prueba documental en cuestión había sido pedida por la parte que ahora reclama su práctica, ni se ha cometido falta o transgresión en la tramitación que exijan ambas actuaciones, por lo que el primer motivo de casación debe ser íntegramente rechazado.

Tercero. - El segundo y último de los motivos de casación articulados denuncia, al amparo del núm. 4 del ary1 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los arts. 430, 431, 432, 436, 438, 446 y 1.700 del Código Civil y jurisprudencia que los interpreta, manifestando que «a los efectos meramente aclaratorios de esta Sala, es necesario indicar que esta parte no discute la aplicación de¡ artículo 342 de la Compilación sobre el Código Civil» (sic). Centrada así la litis, el punto a examinar es el relativo a si el actor, hoy recurrente, ha poseído la finca que compró D. Z., en concepto de dueño y por el tiempo de treinta años, en cuyo caso habría adquirido la finca por usucapión. Es indudable que en vida del Sr. y1. poseía la finca por concesión del propietario a quien reconocía como tal, posesión, por tanto, inapta para fundamentar la usucapión. Ahora bien, cabe que una vez fallecido el propietario el año 1.963 se hubiera producido lo que la doctrina llama interversión del título posesorio, pasando a ser poseedor en concepto de dueño. Como ha tenido ocasión de decir esta Sala en sentencia de 23 de mayo del corriente año, la interversión unilateral que el Derecho romano prohibía -neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse (Digesto 41,2,3,19)- es ahora admisible a tenor de lo dispuesto en el ary1 436 del Código Civil, aplicable en Cataluña, que si bien presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, admite la prueba en contra. La mutación unilateral del animus por parte del usucapiente requiere que el cambio de voluntad del poseedor se exteriorice mediante un comportamiento no clandestino, de tal modo que, como exige la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1.983, es preciso que se pruebe con claridad un inicio posesorio en concepto de dueño, dies a quo de la prescripción adquisitiva.

Cuarto. - Sentado lo anterior hay que decir que la resolución impugnada interpreta correctamente la prueba obrante en autos cuando llega a la conclusión de que el mero hecho del fallecimiento del propietario no supone que el poseedor pase automáticamente a serlo en concepto de dueño. Asimismo deben aceptarse los minuciosos y acertados razonamientos del Juez de Primera Instancia -asumidos por la Sala que niega el carácter de hechos concluyentes por lo que hace al carácter de la posesión al mero pago de recibos tributarios por parte del recurrente cuando tales recibos seguían estando a nombre de anteriores propietarios. Más relevancia podría concederse al hecho de que el Sr. y1 se diese de alta como propietario ante la Administración Tributaria. Pero como tal hecho no ocurre hasta 1.971 es obvio que no ha completado el plazo de treinta años establecido en el ary1 342 de la Compilación. Todo lo cual demuestra que la Audiencia interpreta correctamente el material probatorio y aplica debidamente lo dispuesto en el ary1 342 de la Compilación , 436 del Código Civil y jurisprudencia que los interpreta, por lo que el recurso de casación debe ser desestimado en todas sus partes.

Quinto. - No habiendo comparecido en todo el pleito otra parte que la actora resulta innecesario pronunciarse sobre las costas; decretándose la pérdida del depósito constituido por disponerlo así el art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su último párrafo.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de pertinente aplicación; en nombre del Rey y en virtud de la autoridad concedida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Líbrese certificación de esta resolución que se remitirá a la sección 14ª de la Audiencia de Barcelona, juntamente con el rollo y autos recibidos en su día.

Así por esta Sentencia lo pronunciarnos, mandamos y firmamos.