Sentència de 17 d'abril de 1996

Después de alegar los hechos y fundamentos que estimaba oportunos, terminaba suplicando a la Sala que se tuviera por interpuesto el recurso de revisión contra la indicada sentencia, y se acordara la rescisión total de la misma por la que se condena a su representación a la cantidad de 867.727 Ptas., todo ello con expresa imposición de costas del presente recurso a «MUTUA X2»; por un primer otrosí y a los efectos provistos en el art. 1.799 de la LEC, acompañaba resguardo justificativo de ingreso por 50.000- Ptas.; por un segundo otrosí solicitaba la suspensión de ejecución de la sentencia y que asimismo se señalara la cuantía de la fianza si fuere necesario, para acordar dicha suspensión.

Segundo. - Por proveído de fecha 24 de enero pasado, se tuvo por presentado escrito y documentos con los que se formaría el oportuno rollo que sería registrado en su libro. Por providencia de fecha 25 del mismo mes se tuvo por parte legítima en nombre del recurrente D. X1  al Procurador D. AGUSTíN HUERTAS SALCES; por interpuesto Recurso de Revisión respecto de la Sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barcelona, en el juicio de Menor Cuantía núm. 929/94: y conforme a lo previsto en el art. 1801 de la LEC. párrafo 2º, se acordó reclamar los antecedentes del pleito al mencionado Juzgado, disponiéndose asimismo, el emplazamiento de cuantos hubieren litigado en los autos, para que en el término de cuarenta días comparecieran a sostener lo que a su derecho conviniere, con entrega de copias y cédula oportunas y conforme a los previsto en el art. 1803 párrafo 2º de la LEC se acordó oír al Ministerio Fiscal.

Por providencia de fecha 8 de febrero pasado se tuvo por evacuado el trámite conferido al Ministerio Fiscal, en el sentido de oponerse a que se acuerde la suspensión que se solicita, y se pasaron las acciones al Magistrado Ponente para sometimiento y deliberación de la Sala de la resolución oportuna. Por Auto de la Sala de fecha 19 del mismo mes se acordó suspender la ejecución de la Sentencia, la prestación por el recurrente de fianza metálica en cuantía de un millón cien mil pesetas.

Cuarto. - Por providencia de fecha 29 de febrero pasado se tuvo por comparecido y parto a la entidad MUTUA X2 y en su nombre y representación a la Procurador DªANA Mª FEIXAS MIR en virtud de escritura de poder acompañada. Se tuvo por evaluado el trámite de contestación conforme a lo establecido en el art. 751 de la LEC, no habiéndose solicitado por ninguna de las partes el recibimiento a prueba, se trajeron los autos a la vista para dictar sentencia con citación de las partes y por providencia de fecha 7 de marzo último y por haberlo solicitado la parte recurrente, se señaló vista para el día 14 del mismo mes a las once de su mañana y conforme lo prevenido en el art. 1.802 LEC, se oyó al Ministerio Fiscal. Por providencia de fecha 13 de marzo último se tuvo por evacuado el traslado conferido al Ministerio Fiscal y, a la vista de las manifestaciones realizadas por el Letrado la parte recurrida, se señaló nuevo día de vista para el día once de abril actual, a las once horas de su mañana, la cual tuvo lugar el día y hora señalados, solicitando, la parte recurrente que se dictase resolución rescindiendo la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, y el Letrado de la parte  recurrida que se desestime el recurso y se mantenga la sentencia recurrida en todas sus partes, quedando las actuaciones a la vista para dictar Sentencia.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Mª Díaz Valcárcel.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Segundo.- Es conocida la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, recogida por esta Sala (ad exemplum, Sentencia de 15 de Junio de 1.994) en el sentido de que la llamada edictal exige que se cumpla la previsión del art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de que no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada y, además, tiene el carácter de un último remedio, una actuación de carácter subsidiario para cuando no sea factible la posibilidad de cualquier otra modalidad de comunicación. La buena fe y la lealtad procesal, unidas a la necesidad de evitar la indefensión -que tiene un carácter constitucional- exigen adoptar una cierta actitud activa encaminada a evitar el emplazamiento edictal. Si la actora desplegando una normal diligencia puede llegar- a conocer un domicilio en el que se pueda contactar judicialmente con el demandado y no lo hace incurre en fraude a los efectos del último inciso del número cuarto del art. 1.796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tercero.- Aplicando la doctrina someramente resumida en el párrafo anterior al caso de autos llegamos a la conclusión de que al iniciarse le juicio de menor cuantía cuya Sentencia pretende revisarse no hay constancia de que la parte actora conociese el domicilio del demandado. Y no es cierta la alegación de recurrente de que podía averiguarse fácilmente a través de la guía telefónica, pues en el listín alfabético el señor X1 aparecía con domicilio en el local del que ya había sido desahuciado. El domicilio real figura en la guía por calles que, como es notorio, permite averiguar el número de teléfono cuando se conoce el domicilio, pero no conocer el domicilio cuando se sabe el nombre. Ahora bien, en el momento en que llega a los autos un documento oficial en el que figura la dirección del demandado, la lealtad procesal exige que la parte actora solicite al órgano jurisdiccional que se le haga saber la vertencia del proceso para que, sin retroceder en el procedimiento, se le dé la posibilidad de intervenir en el mismo. Todo ello lleva a la conclusión de que debe anularse todo lo actuado en el juicio de referencia a partir del momento en que se notifica a la MUTUA X2, parte actora y única personada, la unión a los autos del oficio de Tráfico en el que consta el domicilio del demandado, fecha a partir de la cual la indefensión del demandado es imputable al actor.

Cuarta. - Las circunstancias concurrentes en el presente recurso no aconsejan una expresa imposición de las costas causadas en el mismo. El depósito constituido por la parte recurrente debe devolvérsele de conformidad con lo previsto a contrario sensu por el art. 1.809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTAS las disposiciones legales citadas y demás de pertinente aplicación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Que estimando el recurso de Revisión entablado por la representación procesal de don X1  decretamos la rescisión de la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barcelona el día 22 de Septiembre de 1.995 recaída en el juicio de Menor Cuantía núm. 929/94 todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en el recurso. Se acuerda devolver al recurrente el depósito constituido y se declara que contra la presente resolución no cabe recurso. Remítase al Juzgado certificación de esta Sentencia.

Así lo acordó la Sala y firma el Ilmo. Sr. Presidente e Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen.