Sentència de 17 d'abril de 1996

Segundo. - Admitida la demanda se dispuso el emplazamiento de los demandados, compareciendo en tiempo y forma D. X4 , contestando a la demanda, oponiéndose a ella mediante diversas excepciones procesales y de fondo, y formularon reconvención solicitando la declaración de la inexistencia o nulidad del contrato de 28 de febrero de 1985, por defecto de consentimiento de la otorgante Dª XY . Posteriormente compareció D. X2., oponiéndose igualmente a la demanda y formulando reconvención en solicitud de nulidad del contrato por la misma causa que los anteriores, y además, subsidiariamente, de rescisión por lesión.

Seguido el juicio por sus trámites legales el indicado juzgado con fecha 1-6-92 , dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:: « FALLO: Que debo desestimar y desestimo las pretensiones reconvencionales formuladas por X2. albacea de la HERENCIA de Dª X2 , X4 , X3 , X5, y en su consecuencia debo declarar y declaro válido y plenamente, eficaz el contrato de compraventa de 28 de febrero de 1.985 de las viviendas sitas en el 1 y 2 de la finca número 00 del Paseo P. de esta ciudad, otorgado por Dª XY  a favor de D. y1 y Dª Y2  respectivamente, declarando por consiguiente la propiedad de los indicados compradores sobre las referidas viviendas.

Que en orden a lograr el acceso al Registro de la Propiedad de la titularidad declarada anteriormente, se condena a los demandados a realizar en ejecución de sentencia los siguientes actos:

1º) A los herederos de Dª XY  al otorgamiento de los instrumentos públicos necesarios relativos al inventario, manifestación y aceptación de la herencia, excluyendo del caudal relicto de los pisos 4º 1ª y 4º 2ª del Número 69 del Paseo P.

2º) A los anteriores que en definitiva resulten ser los adquirientes del caudal hereditario de Dª XY ,  juntamente con los que adquirieron el caudal relicto de D. José B. a título de herederos fideicomisarios de residuo, esto es D. X5, Dª X1 , D. X4 y Dª X3, a concurrir, juntamente con los actores en el otorgamiento de escritura de descripción física de la finca, de constitución y división en propiedad horizontal y en la que conste expresamente la propiedad de los actores D. y1 y Dª Y2  de los pisos 1 y 2, con descripción de los mismos y atribución de cuotas y coeficiente sobre los elementos comunes, procediéndose, si ello fuere necesario, a la designación de un perito para que auxilie a las partes en las operaciones físicas a realizar como presupuesto de tales actos, y con indicación expresa en dicha escritura de que el precio de la compraventa en cuya virtud adquirieron los actores la propiedad de los pisos de 4.000.000 ptas. cada uno, se encuentra totalmente pagado, así como las manifestaciones fiscales que procedan en atención de que por los actores a se satisfizo el impuesto de transmisiones patrimoniales por autoliquidación.

Que debo absolver y absuelvo a D. -----.

Por último debo condenar y condeno a los demandados X2. albacea de la HERENCIA de Dª X2 , X1, X4 , X3  al pago de las costas causadas a los actores, debiendo satisfacer cada uno de aquellos las causadas por su cuenta.»

Tercero. - Contra la indicada sentencia la parte demandada interpuso recurso de apelación y admitido el mismo en ambos efectos, y sustanciándose la alzada, la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 11-5-95, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLAMOS. Que DESESTIMANDO los recursos de apelación interpuestos por las respectivas representaciones de DON X4 y Dª X3 , de DOÑA X1 -en su condición de causahabiente de Doña X1, de DON X2., contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez la Primera Instancia nº Nueve de Barcelona-, en fecha uno de Junio de mil novecientos noventa y dos, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mentada resolución en todos sus extremos y pronunciamientos; ello, con expresa imposición a los nombrados apelantes de las costas causadas en esta alzada.»

1º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la L.E.C. por infracción de los artículos 1.225, 1.226, 1.227 y 1.229 del Código Civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sus sentencias de 2 de Octubre de 1980, 3 de Mayo de 1.977 y 28 de Abril de 1.970.

2º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la L.E.C., por infracción de los artículos 1.242 y 1.243 del Código Civil en conexión con el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia en sus sentencias de 9 de Noviembre y 22 de diciembre 1.993.

3º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la L.E.C., por infracción del artículo 1.248 del Código Civil y del 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la L.E.C. por infracción de los artículos 1.242 y 1.243 del Código Civil en conexión con los artículos 610 y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia manifestada en las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de Octubre de 1.990 y 15 de Octubre de 1991.

5º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la L.E.C., por infracción del artículo 1.253 del Código Civil, y de la jurisprudencia manifestada en las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de Julio de 1.994 y 3 de Febrero de 1.992, y en las de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de junio de 1.992 y 16 diciembre de 1993.

6º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la L.E.C., por infracción del artículo 1.261 del Código Civil.

7º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1692 de la L.E.C. por infracción del artículo 609. 2 del Código Civil.

8º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la L.E.C., por infracción de los artículos 214, 204 y 163.2 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, Texto Refundido de 19 de Julio de 1.984.

El referido procurador en nombre y representación de D. X2, interpuso recurso de casación, que también basaba en 8 motivos, siendo los 6 primeros de idéntica redacción que los anteriores, siendo el 7º y 8º los siguientes:

7º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la L.E.C., por infracción de los artículos 1.242 y 1.243 del Código Civil, en conexión con el artículo 632 de la L.E.C. y de la jurisprudencia manifestada en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 9 de noviembre y 22 de Diciembre de 1993.

8º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la L.E.C., por infracción de los artículos 324, 323, 2º y 321, 1º de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, Texto Refundido de 19 de Julio de 1984.

Quinto. - El procurador D. NARCISO RANERA CAHÍS en nombre y representación de Dª X3  y Don X4 , presentó recurso de casación que articuló en los siguientes motivos:

1º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los art. 1261 y 1253 del Código Civil y en constante doctrina y jurisprudencia.

2º. - Al amparo del núm. 4 del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción en el art. 255 del Código civil y 604 de la L.E.C. y sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1993.

3º. - Al amparo del art. 1.692, núm. 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de lo dispuesto en los art. 1248 del Código Civil y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de lo dispuesto en el art. 1248 del Código Civil y 659 do la Ley de Enjuiciamiento Civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo.

5º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 1253 y constante doctrina del Tribunal Supremo.

6º. - Al amparo del núm. 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del art.1242, 1243 del Código Civil y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y sentencias del Tribunal Supremo.

7º. - Al amparo del núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de lo dispuesto en los art. 211 y 214 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña en su redacción de 1984, que conforman hoy el artículo 245 del actual Código de Sucesiones.

8º. - Al amparo de lo preceptuado en el núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento Civil por infracción de lo dispuesto en los artículos 609, 1225 y 1462 del Código Civil y 214 de la Compilación de derecho civil de Cataluña.

Por providencia de fecha 18 de enero de 1996, se tuvo por interpuesto el recurso de casación y se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal a los fines del art. 1.709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual mediante escrito de fecha 31 del mismo mes , solicitó la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto por Dª X1 por una parte y el de D. X2. por otra, así como el recurso de casación de D. X4  y Dª X3 . Por proveído de fecha 12 de febrero de 1996 se admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Narciso Ranera Cahís y D. Antonio Mª de Anzizu Furest, en la representación acreditada, concediéndose un plazo de veinte días para que la parte contraria formalizara escrito de impugnación que lo efectuó en tiempo y forma. Por providencia de fecha 7 de marzo de 1996 se señalo para que tuviera lugar la vista el día 28 de marzo pasado a las once horas, celebrándose el día y hora señalados, solicitando los letrados de las partes recurrentes que se estimaran los, motivos del recurso y dictara sentencia casando y anulando la recurrida y el Letrado de la parte recurrida que se confirmara la sentencia recurrida y se desestimaran los recursos interpuestos con imposición solidaria de las costas a los recurrentes.

Ha sido Ponente el Ilmo Sr. Magistrado D. LUIS Mº DÍAZ VALCÁRCEL.

Segundo. - Con carácter previo los recurridos plantean la llamada «deslegitiniación» o falta de legitimación pasiva sobrevenida de tres de los cuatro recurrentes; con fundamento en el hecho de que mediante escritura notarial de fecha 31 de julio de 1991 los dos pisos objeto del litigio fueron adjudicados al también recurrente don X4  como heredero de residuo de don XY. , siendo desde esa fecha único titular registral de ambos pisos. Por tanto -sigue diciendo la parte recurrida - ni don X2., albacea que ya terminó su misión, ni doña X3 , fideicomisaria, ni doña X1, sucesora de la fideicomisaria fallecida doña X1, tienen ya interés en el proceso pues la condición de demandado «quedó concentrada y residenciada tan sólo en la persona de don X4 ». El art. 1691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -texto vigente según Ley 34/1984, de 6 de agosto - dispone, en lo que aquí interesa, que el recurso de casación podrá entablarse por quienes hayan figurado como demandados en el juicio de que traiga causa y puedan resultar perjudicados por la Sentencia o resolución recaída. A todo ello cabe decir, en primer lugar, que nadie discute la condición de demandados de los hoy recurrentes conforme a la redacción de la demanda. En segundo lugar, el hecho del que se infiere la supuesta «deslegitimación» no se ha producido ahora sino mucho antes de dictarse la Sentencia de primera instancia y los correspondientes documentos aparecen unidos al rollo de apelación, por lo que no cabe suscitarla como cuestión nueva y sin formular el correspondiente recurso previo. Finalmente, puede añadirse que la Sentencia de la Audiencia confirmando íntegramente la del Juzgado afecta o perjudica al interés jurídico de todos los recurrentes (Sts. del T.S. de 2 de enero y 25 de febrero de 1992) en cuanto la desestimación del presente recurso podría implicar la nulidad o modificación de operaciones particionales que han incluido los pisos de constante referencia.

Tercero. - El motivo primero del recurso de doña X1 y el de igual número del recurso de don X1 alegan, al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los arts. 1.225, 1.226, 1.227 y 1.229 del Código Civil por cuanto el documento de fecha 28 de febrero de 1.985 aparece firmado por los compradores, pero no por la vendedora que se limita a estampar dos huellas dactilares. No es cierto - como dicen los recurrentes -«que los artículos citados identifican al documento privado con el escrito firmado». El Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de mayo de 1944, tiene declarado que el documento privado no es necesario que esté suscrito por todos los interesados, pues la firma en esta clase de documentos no tiene más significación que la meramente formal de un elemento testificativo. En efecto, de acuerdo con el criterio espiritualista que impregna nuestro ordenamiento jurídico lo importante es la declaración de voluntad y que ésta pueda ser atribuida a su autor. Resulta secundario y de interés meramente probatorio -recordemos que los artículos del Código civil invocados forman parte del Capítulo que lleva como rúbrica «de la prueba de las obligaciones»- si el documento que contiene la declaración de voluntad está suscrito personalmente, por otra persona a su ruego o, como en el caso de autos, la vendedora de avanzada edad y enferma - estampa sus improntas digitales bajo fe de Notario.

Cuarto. - El motivo segundo de los dos primeros recursos, así como el sexto de los articulados en el tercer escrito de recurso, al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil denuncian infracción de los arts. 1242 y 1243 del Código civil en conexión con el art. 632 de la Ley procesal. Como es bien sabido, la valoración de la prueba pericial queda a la apreciación y criterio del juzgador de instancia, dado que el art. 1243 del Código civil no le impone ningún criterio en orden a su estimación (entre muchas otras, Sta. del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1985). La prueba de peritos debe apreciarse conforme a las normas de la sana crítica, apreciación que sólo es revisable en casación cuando sea notoriamente irracional o contraria a las directrices de la lógica. (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1993). Sorprende que la prueba pericial practicada por el médico forense don Pedro AYERA sea ahora adjetivada de irracional e ilógica cuando al ratificar el dictamen las partes no hicieron uso del art. 628 de la Ley de enjuiciamiento civil que les faculta exigir del perito las explicaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos. No corresponde a este Tribunal valorar la pericial médica que, si bien puede adolecer de escueta y poco fundamentada, en modo alguno puede tacharse de contraria a la razón o la lógica. Hay que decir también que las dos Sentencias de instancia analizan con minuciosidad poco común todas y cada una de las pruebas articuladas respecto a la capacidad de la Sra. --- para otorgar el contrato de compraventa controvertido y de su examen separado y apreciación conjunta llegan a la conclusión coincidente de que la compradora prestó válidamente su consentimiento.

Quinto. - Los motivos tercero y cuarto de los recursos de doña X1 y de don X1 así como del presentado conjuntamente por doña X3  y por don X4  atacan la prueba testifical por supuesta infracción del art. 1248 del Código civil en cuanto remite a la Ley de enjuiciamiento civil respecto a la eficacia como prueba de las declaraciones de los testigos, y del art. 659 de esta última según el cual los Jueces y Tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieron dado y las circunstancias que en ellos concurran. Olvidan los recurrentes una jurisprudencia consolidada que afirma que la apreciación de la prueba de testigos es discrecional para el juzgador y no impugnable en casación ya que los dos artículos invocados no contienen reglas de valoración probatoria y sólo poseen carácter admonitivo; aparte de que las reglas de la sana crítica tampoco pueden citarse como infringidas por no constar en norma jurídica positiva (sentencias de 18 de octubre y 3 de diciembre de 1985, entre otras muchas). Pretenden los recurrentes sustituir el criterio del Tribunal de instancia por el suyo propio, privilegiando la declaración del doctor R. sobre las demás, sin tener en cuenta que los restantes testigos -entre ellos el notario don K.- estuvieron presentes al otorgarse el contrato, y el doctor R. no. Tampoco puede decirse que para apreciar la capacidad de la señora B. en el otorgamiento del contrato son imprescindibles conocimientos científicos especiales, con lo que se descalifica toda la prueba testifical en beneficio de la pericial. A ello cabe hacer dos distintas reflexiones. En primer lugar, que el conocimiento del juzgador se forma con la apreciación conjunta de la prueba, de la que es elemento importante la vivencia de quienes presenciaron el acto y han podido transmitir las manifestaciones de la vendedora así como su situación y actitud en aquellas circunstancias. En Segundo lugar hay que decir que los tres recursos de casación parten de la base implícita de que debe demostrarse la capacidad de la contratante siendo así que lo cierto es justamente lo contrario y que, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1990, la capacidad mental se presume siempre mientras no se destruya por una prueba concluyente en contra, requiriéndose en consecuencia una cumplida demostración mediante la adecuada prueba directa.

Sexto. - El quinto de los motivos de casación formulado en los, tres escritos de recurso, siempre al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, denuncia infracción del art. 1253 del Código civil que establece la fuerza probatoria de las llamadas presunciones hominis . Estiman los recurrentes que de la grave insuficiencia renal que padecía la señora B. hay que deducir la incapacidad de la misma para otorgar el contrato de compraventa de 28 de febrero de 1985. Tampoco puede acogerse este motivo de casación pues la jurisprudencia -de la que es ejemplo la última de las sentencias citadas- exige una prueba directa para destruir la presunción de capacidad «por lo que no es posible que la referida presunción legal y jurisprudencial pueda ser destruida mediante otra de las presunciones llamadas «de hombre» en el art. 1253 del Código civil». También es reiterada la doctrina jurisprudencial de que la praesumptio hominis es de exclusiva apreciación de la Sala sentenciadora y solamente puede ser impugnada en casación cuando la deducción resulte absurda, ilógica o inverosímil; o bien cuando se niegue la existencia real del hecho de que parte la presunción (sentencias de 31 de enero, 10 de mayo y 26 de junio de 1985). En el caso de autos, partiendo del hecho cierto de que la señora B. fue hospitalizada el día 19 de febrero de 1985 afecta de insuficiencia renal de la que falleció el día 8 de marzo siguiente los recurrentes pretenden deducir que el día 28 de febrero era incapaz para contratar, cuando lo cierto es que los padecimientos de doña Sofía B. no producen necesariamente y en todo momento pérdida completa de conciencia y voluntad, por lo que no existe enlace preciso y directo entre el hecho base y aquél que se pretende deducir.

Séptimo. - Como segundo motivo de casación del tercero de los recursos interpuestos se denuncia, al amparo del nº4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de lo dispuesto en el art. 1225 del Código civil y 604 de la Ley procesal respecto a la apreciación que hace la Sala de la prueba documental remitida por la Clínica en que estuvo internada la vendedora. Entiende la parte recurrente que debe darse más valor al historial médico efectuado por el Dr. R. que a las anotaciones de enfermería procedentes de diversos auxiliares y ayudantes sanitarios. Es reiterada la jurisprudencia según la cual el art. 604 de la Ley de enjuiciamiento civil no impide dar la debida relevancia a un documento privado no reconocido, conjugando su valor con los restantes elementos demostrativos, máxime si la parte a quien perjudique no ha impugnado su autenticidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1984). Basta la lectura del extenso fundamento jurídico tercero de la Sentencia impugnada para cerciorarse de que los documentos que la parte pretende contraponer son, en realidad, complementarios. El médico diagnostica la insuficiencia renal y la situación de la paciente que califica- en terminología hoy obsoleta- de «coma de segundo grado» mientras el personal sanitario, en contacto asiduo con la ingresada, comprueba que «en ocasiones habla y está consciente» y que el día del otorgamiento del contrato de referencia se encontraba «más consciente y orientada, colaboradora». La Audiencia otorga el valor debido a los documentos obrantes en autos por lo que también este motivo debe decaer.

Octavo. - El sexto de los motivos de los recursos primero y segundo denuncia infracción del art. 1261 del Código Civil y debe ser rechazado si tenemos en cuenta que al no demostrarse la falta de consentimiento de los contratantes es de aplicación la presunción general de capacidad a que antes nos hemos referido. Conviene añadir aquí que la compraventa de referencia no fue un acto inesperado que pudiera haber sido sugerido a la señora B. cuando sus datos de inteligencia y voluntad se hallaban, quizás, mermados por la enfermedad que padecía. La Audiencia afirma -y es un aserto intangible en casación- que la suscripción del contrato «no fue fruto de la improvisación o sorpresa del momento, ya que la Sra. B., antes de tal grave enfermedad, ya tenía el firme propósito de vender a los compradores los pisos» (Fundamento jurídico tercero).

Noveno. - El séptimo de los motivos del recurso de casación formulado por don X1 denuncia infracción de los arts. 1242 y 1243 del Código civil en conexión con el art. 632 de la Ley de enjuiciamiento civil por lo que hace a la valoración pericial de los pisos objeto de la compraventa. Coincide en la impugnación del dictamen el apartado B) del sexto de los motivos de casación articulados por doña X3  y don X4 , que acumula indebidamente en un solo motivo la crítica de sendas pericias relativas a hechos también distintos. Dando por reproducido lo dicho en el Fundamento cuarto respecto a la prueba pericial y su reexamen en casación, debemos precisar: a) el dictamen emitido en autos por un Agente de la propiedad inmobiliaria versa sobre el «precio justo» de los pisos, identificado como el «valor en venta» de los mismos en la fecha del contrato. Para ello atiende a una serie de criterios que explicita en su escrito y, tras las pertinentes operaciones aritméticas, obtiene un precio próximo a los siete millones de pesetas para cada piso, referido al año 1985. Las restantes disquisiciones del perito sobre el «valor en renta» de los inmuebles son ajenas a la finalidad del dictamen. b) En el momento oportuno, que era el de la ratificación, del dictamen, las partes que ahora ven contradicciones en la pericia no solicitaron las aclaraciones que hubieran sido procedentes. e) La afirmación de los recurrentes sobre el valor de los pisos contradice actos propios. En efecto, el escrito de recurso interpuesto por el actual titular registral de los pisos asigna a éstos un «precio justo» de 33.104.000 pesetas ambos, mientras en la escritura notarial unida al rollo de apelación (composición y valoración del caudal relicto) valora la total finca integrada por doce pisos en 43.972.500 pesetas, lo que da un precio por piso inferior a los 4.000.000 en que fueron efectivamente vendidos.

Décimo. - La desestimación del precedente motivo arrastra la del siguiente que denuncia infracción de los arts. 324, 323-1 y 321 -1 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña, texto refundido por Decreto legislativo 1/ 1984, de 19 de julio (motivo octavo del recurso de don X1). Como acabamos de ver, el valor en venta de los pisos fijado en su momento oportuno, que es el periodo probatorio, e inatacable en casación por su carácter fáctico, es inferior al doble del precio efectivamente pagado. No hay, pues, lesión ultra dimidium ni procede la rescisión del contrato de compraventa prevista en el Derecho civil catalán y solicitada mediante reconvención.

Undécimo. - Es un hecho no discutido en la litis que la mitad indivisa de los pisos vendidos por doña B. a los actores, los hermanos X1 y X2 , pertenecía a la vendedora como fiduciaria de un fideicomiso de residuo de la modalidad si aliquid supererit que le facultaba para disponer libremente de los bienes hereditarios por actos inter vivos, con la obligación de hacer tránsito a los fideicomisarios de los que no hubiese dispuesto. La sustitución fideicomisaria de residuo, en lo que aquí interesa, estaba regulada por los art. 211 y 214 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña, texto refundido de 1984, preceptos que estima infringidos el séptimo de los motivos de casación articulados en el recurso formulado por doña ------ y D. -------, por considerar que la repetida compraventa encubre un acto semi-gratuito realizado en fraude del fideicomiso. El motivo debe decaer por cuanto, como hemos visto en el Fundamento jurídico noveno, el precio efectivamente pagado por los compradores, y que ingreso en una cuenta corriente de la vendedora, es un «precio justo» que corresponde a una verdadera compraventa y no a una operación simulada que encubra una donación o un negotium mixtum cum donatione. No se infringen los arts. 211 y 214 de la Compilación, que facultan al fiduciario para vender, ni se perjudica a los fideicomisarios puesto que, de acuerdo con el último párrafo del art. 211, el gravamen fideicomisario subsiste sobre el dinero que por subrogación real haya reemplazado a los bienes fideicomitidos por efecto del ejercicio de la facultad dispositiva del fiduciario.

Decimosegundo. - Finalmente, el octavo motivo de casación del tercero de los recursos -coincidente con el séptimo y octavo del primer recurso - estima infringidos los arts. 609.2, 1225 y 1462 del Código civil así como los arts. 163.2, 204 y 214 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña por estimar que la venta del piso a don K2. no fue seguida de la entrega, real o ficta, del mismo, no hubo verdadero acto de disposición y, por tanto, la propiedad del piso, en cuanto a una mitad indivisa, ha pasado a los fideicomisarios. Es cierto que en nuestro derecho positivo la propiedad se adquiere por la conjunción de un título, que puede ser contractual, y de un modo, la tradición. No es menos cierto que la tradición o entrega puede no ser real sino simplemente simbólica o ficticia; en el bien entendido de que la enumeración de las formas espiritualizadas de tradición que se contiene en los arts. 1462 y 1464 del Código civil no es numerus clausus, como tiene expresamente declarado la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1983. En el caso que nos ocupa hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias: a) Los pisos 4o 1ª y 4º2ª del Paseo de P. nº 00 de esta ciudad fueron vendidos respectivamente a los hermanos don X1 y doña X2. mediante un único documento privado, el de 28 de febrero de 1985; b) la señora B. era titular arrendaticia de ambos pisos; por lo que a ella respecta la tradición se produjo automáticamente por el fenómeno jurídico de la interversión posesoria reflejo de la transmisión brevi manu que confiere al poseedor por un determinado vínculo jurídico una posterior causa de poseer, aunque su proyección real y respecto a terceros requiera del otorgamiento de escritura pública, según indica la Sentencia Tribunal Supremo de 5 de julio de 1980; e) don B. no era poseedor del piso que compró ni la vendedora podía ponerle directamente en posesión de la finca, ocupada por la hermana del adquirente como arrendataria. Ahora bien, el art. 1284 del Código civil, inspirado en el principio de conservación del negocio jurídico, obliga a interpretar los contratos de forma favorable a la validez. La señora B., en lugar de otorgar los contratos de venta en sendos documentos, uno por cada piso, como hubiera sido lo normal si los compradores no estuvieran relacionados entre sí, instrumentó las ventas en un solo documento suscrito por la vendedora -que dejó las improntas dactilares bajo fe notarial - y por los compradores, los hermanos B.. De esta forma, doña B., arrendataria de ambos pisos, adquiría la plena propiedad del 4º 2ª y cedía la posesión del 4º 1ª a su hermano que mediante esta traditio simbólica y abreviada, permitida por los art. 439 y 441 del Código civil y aceptada simultáneamente por la dueña y por la arrendataria del piso, adquiría también la plena propiedad del piso 4º 1ª. En conclusión: la fiduciaria dispuso de ambos pisos, en el sentido que tiene la expresión «disponer» en el art. 211 de la Compilación, subsistiendo el gravamen fideicomisario sobre la mitad del precio recibido.

Decimotercero. - Por imperativo de lo dispuesto en el último párrafo del art. 1715 de la Ley de enjuiciamiento civil procede imponer a los recurrentes las costas causadas -una tercera parte por cada escrito de recurso - con pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere el pueblo español.

Líbrese certificación de la presente Sentencia al Presidente de la Sección Decimotercera de la Audiencia de Barcelona y devuélvanse las actuaciones y el rollo que se remitieron, Dése la publicación establecida legalmente a esta Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.