Sentència de 30 de desembre de 1995

Primero. - La representación de los consortes D. X y Dª X2, formuló ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Barcelona demanda de juicio de menor cuantía ejercitando una acción de rescisión por lesión ultra dimidium contra D. Y, estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando sentencia declarando la rescisión por lesión ultra dimidium del contrato de fecha 16 de Diciembre de 1.988 de cesión del inmueble objeto de la demanda sito en L. calle C. nº 00 bis, hoy 000, sin perjuicio del derecho que asista al adquirente de completar el precio justo del local que resulte de la prueba a practicar, más los intereses a computar desde la consumación del contrato, y en su virtud se condene al demandado a estar y pasar por la anterior declaración y al pago de las costas del juicio. Admitida la demanda por el referido Juzgado al que correspondió en turno de reparto, y emplazado el demandado, compareció en los autos en su representación del Procurador Sr. Bordell Cervelló, que contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, para terminar suplicando sentencia en la que dando lugar a la excepción de incompetencia alegada y sin necesidad de entrar en el fondo y en cualquier caso se desestimara la demanda en todas sus partes con imposición de las costas al demandante. Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el art. 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta se celebró el día señalado sin avenencia. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las pruebas practicadas se convocó a las partes a comparecencia, poniéndoles mientras tanto de manifiesto las pruebas en Secretaría para que hicieran un resumen de las mismas, lo que verificaron en tiempo y forma. El Sr. Juez de 1ª Instancia nº 41 de Barcelona dictó sentencia el 10 de Noviembre de 1993, con el siguiente fallo: «FALLO: Que desestimando la excepción de falta de competencia territorial y estimando en lo sustancial la demanda interpuesta por X y X2 contra Y debo declarar y declaro la rescisión por lesión ultradimidium del contrato celebrado el 16/12/1988 entre la actora Sra. X2 y el demandado Sr. Y y que tuvo por objeto el local comercial sito en la calle C. número 00 bis de L.. El demandado podrá evitar la rescisión si en el plazo de 20 días siguientes a que se inste la ejecución de la sentencia por los actores les hace pago de la cantidad de 5.316.023 pesetas con los intereses legales, a contar de la consumación del contrato que se fija en el día dieciséis de diciembre de 1.988. No procede efectuar manifestación alguna sobre condena en costas. La presente sentencia solo será ejecutable en el supuesto de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación 2746/91 en el sentido de declarar la validez del contrato cuya rescisión se decreta en la presente sentencia».

Segundo. - Contra la anterior sentencia se interpusieron recursos de apelación por la parte actora y demandada y admitidos los mismos en ambos efectos se elevaron los autos a la superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales, dictándose sentencia en fecha 19 de Mayo de 1995 por la Sección 16ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, con la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por Y y desestimamos el interpuesto por X y X2 contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de los de esta ciudad con fecha 10 de Noviembre de 1.993, en los autos de que el presente rollo dimana, y con revocación íntegra de la misma, debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por los citados X y X2 contra Y, con imposición de las costas de la primera instancia a los demandantes, sin declaración de las de esta alzada».

Tercero. - El Procurador de los Tribunales D. Narciso Ranera Cahís, en nombre y representación de D. X y Dª X2 ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en los siguientes motivos: 1º.- Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los art. 321 y concordantes de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña y jurisprudencia dictada en su desarrollo. 2º.- Al amparo del nº 4, del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los arts. 321 y siguientes y jurisprudencia dictada en su desarrollo, de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, y, 3º.-Al amparo del nº4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 325 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña y jurisprudencia dictada en su desarrollo.

Cuarto. - Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para la celebración de la vista pública el día catorce de Diciembre pasado, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Luis Mª Díaz Valcárcel.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. - En la presente litis don Y ejercita la acción de rescisión por lesión en más de la mitad del justo precio respecto al inmueble transmitido a doña X2, en virtud de lo convenido en documento privado de fecha 16 de Diciembre de 1988. El Juez de Primera Instancia dio lugar a la demanda por estimar que concurren en el caso todos los requisitos exigidos por los arts. 321 y siguientes de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña. La Audiencia, en trámite de apelación, revocó la sentencia por entender, básicamente, que el acuerdo de 1988 no hace sino rescindir el contrato también privado de 6 de octubre de 1978 por el que X2 vendió a Y la meritada finca. El recurso de casación se articula en tres motivos que denuncian la infracción de los arts. 321 y 325 de la Compilación. El primero por entender que el contrato de fecha 16 de Diciembre de 1.988 no es dependiente o accesorio del contrato de compraventa celebrado en Octubre de 1.978 entre las mismas partes, sino un convenio autónomo con sus propias causas susceptible de ser rescindido por lesión. El segundo motivo aduce que aún estimando que el segundo contrato es dependiente del primero también sería rescindible por lesión ya que se trata de un convenio oneroso relativo a un bien inmueble y no está comprendido en ninguno de los supuestos del párrafo segundo del art. 321 de la Compilación. Finalmente, el tercer motivo, subsidiario de la estimación de alguno de los anteriores, hace referencia al criterio para computar el complemento de precio previsto en el art. 325 de la Compilación.

Segundo. - La Audiencia parte de la base -no discutida- de que mediante el contrato privado de 6 de Octubre de 1978 X2 vendió a Y un local comercial sito en L. por el precio de seis millones de pesetas. Contrato perfeccionado por el acuerdo de voluntades (arts. 1254 y 1445 del Código Civil) pero nunca consumado pues si bien la compradora entró en posesión de la cosa adquirida, jamás pago la totalidad del precio pactado del que, diez años más tarde y después de diversas vicisitudes y litigios, todavía adeudaba un millón seiscientas mil pesetas. El 16 de Diciembre de 1988 «a la vista de la situación planteada y del tiempo transcurrido», como dicen de manera explícita y significativa, ambas partes «declaran resuelto el contrato de compra-venta suscrito en fecha 6 de Octubre de 1978» y X2 hace entrega de las llaves del local que venía ocupando desde Octubre de 1978. Para la parte recurrente se trata de un contrato autónomo con causa onerosa por el que se transmite nuevamente la propiedad del inmueble, susceptible de ser rescindido por lesión al reunir los requisitos exigidos en el párrafo primero del art. 321 de la Compilación. La Audiencia estima que el contrato de 1.988 adquiere cabal sentido como expresión de mutuo disenso por parte de los contratantes de la venta convenida por ellos en 1978, efectuando una equitativa liquidación de los efectos de la venta resuelta. Habida cuenta del carácter dependiente del negocio revocatorio de 1988 respecto de la compraventa inmobiliaria anterior, no cabe estimar los conceptos liquidatorios contenidos en aquél como integrantes de una compraventa autónoma. En consecuencia de todo ello la Audiencia no da lugar a la acción rescisoria.

Tercero. - Como es sobradamente conocido y repite una vez más la Sentencia del T. S. de 20 de Junio de 1994 «es reiterada doctrina de esta Sala cuya notoriedad nos dispensa de una cita pormenorizada de la misma, la de que la interpretación de los contratos es función propia de los juzgadores de instancia, cuyo resultado exegético ha de ser mantenido en casación, salvo que el mismo sea desorbitado, ilógico o conculcador de las normas reguladoras de la hermenéutica contractual». Como puntualiza la Sentencia del mismo Tribunal de fecha 20 de Julio de 1.994 «ha de estarse a la doctrina reiterada de esta Sala que al señalar que la naturaleza de un negocio jurídico depende de la intención de los contratantes y de sus declaraciones de voluntad, considera que la función de interpretación y calificación es privativa de los juzgadores de la instancia y ha de ser mantenida en casación en tanto no se revela como ilógica o contraria a las normas de hermenéutica contractual (Sentencia de 3 de Mayo de 1993)». En el supuesto que nos ocupa la interpretación y calificación que hace la Audiencia del acuerdo contenido en el documento privado de 16 de Diciembre de 1988 no sólo no es ilógica o absurda sino la más ajustada a la luz de los antecedentes que pormenorizadamente estudia y que hemos resumido supra. Parece obvio que la intención de los contratantes de 1.988 no fue la de concertar una nueva compraventa por haber llegado a un acuerdo sobre la cosa y el precio sino, como expresamente dicen, declarar «resuelto el contrato de compra-venta suscrito en fecha 6 de Octubre de 1978, el cual no llegó a perfeccionarse (rectius consumarse) en ningún momento por incumplimiento del comprador del pago del precio pactado» todo ello «a la vista de la situación planteada y del tiempo transcurrido». Como consecuencia de la resolución de la compraventa de 1978 el vendedor recupera el local que la compradora deja totalmente libre y expedito, y ésta recibe diversas compensaciones económicas.

Cuarto. - La parte recurrente, en motivo independiente pero estrechamente emparentado con el anterior, argumenta que aún en el caso de que se estimara que el contrato de 16 de Diciembre de 1988 es un contrato dependiente o que trae causa del contrato de compraventa de 6 de Octubre de 1978, ello no impediría la rescisión por lesión del mismo ya que se trata de un convenio oneroso relativo a un inmueble y que no se halla en ninguno de los supuestos comprendidos en el párrafo segundo del art. 321 de la Compilación, el cual no admite interpretación extensiva a supuestos distintos de los previstos. Efectivamente, no estamos ante una compraventa o enajenación hecha mediante subasta pública, ni la contraprestación ha sido decisivamente determinada por el carácter aleatorio o litigioso de lo adquirido, o por el deseo de liberalidad del enajenante. El supuesto que nos ocupa no es subsumible en ninguno de los casos en que no procede la acción rescisoria según el último inciso del art. 321; pero tampoco en ninguna de las hipótesis en que sí  procede y que son las descritas en el párrafo primero del mismo artículo. Los contratantes de constante referencia no convienen la enajenación de un inmueble por un precio más o menos justo. Pretenden resolver por mutuo disenso una compraventa que jamás llegó a ser consumada, con retrocesión de la finca al vendedor, -que nunca perdió la titularidad registral- (algún autor utiliza la expresión «descompra», referida al contrato de opción) y devolución, al comprador de parte del precio pagado. El titular de la acción rescisoria prevista en el art. 321.1 de la Compilación es siempre «el enajenante» y en el documento tantas veces repetido no hay un enajenante en sentido estricto como tampoco un precio. Cada una de las partes da o retiene alguna cosa y de esta manera ponen fin a la situación litigiosa originada por el incumplimiento de la compraventa del año 1978, contrato que ambas partes declaran resuelto, comprometiéndose «a nada más pedirse ni reclamarse por concepto, alguno». Es cierto -como pone de relieve el fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida- que la finca de L. no tiene carácter litigioso y así queda dicho; pero no es menos cierto que la intención de los contratantes, criterio interpretativo básico, expresada literalmente, en el clausulado (art. 1.281 del C. civil) fue la de poner fin a la «situación planteada» por la compraventa anterior y al juicio ejecutivo interpuesto, para intentar el cobro de parte del precio aplazado, por lo que su intención transaccional (art. 1809 del C. civil) resulta patente. En resumen, el convenio de 16 de Diciembre de 1.988 no es rescindible por lesión ultra dimidium porque tiene por fin resolver la compraventa celebrada por las mismas partes el 6 de Octubre de 1.978, teniendo carácter accesorio y naturaleza afín a la transaccional, siendo inaplicable el art. 321 de la Compilación.

Quinto. - Fenecidos los dos primeros motivos del recurso de casación huelga entrar en el estudio del tercero y último que hace referencia al modo de calcular el complemento de precio con cuyo pago el enajenante puede evitar la rescisión (art. 325 de la Compilación). No procediendo la acción rescisoria tampoco cabe hablar de precio o valor lesivo.

En nombre del Rey y en virtud de la autoridad concedida por el pueblo español,

Que desestimamos en todas sus partes el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don X y doña X2, contra la sentencia dictada el 19 de mayo de 1.995 por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona (rollo núm. 110/93-B) con imposición a la parte recurrente de las costas del recurso.

Notifíquese y publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse los autos y rollo a la Sección de su procedencia.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.