Projecte Norma Civil
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Sentència de 19 d'octubre de 1995

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
de 19 d'octubre de 1995, núm 28/1995 (Sala civil i penal)

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva

Barcelona, a diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados expresados al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Girona, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Coloma de Farners, cuyo recurso fue interpuesto por Dª X y Dª X2, representadas por el Procurador D. Joaquín Sans Bascú y defendidas por el Letrado D. David Moner Codina, siendo parte recurrida Dª Y, representada por el Procurador D. Jordi Bassedas Ballús y defendida por el Letrado D. Joaquín Vidiella Cano.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Que por la Procurador Dª Concepción Bachero Serrado, actuando en nombre y representación de Dª X y Dª X2 se presentó demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra Dª Z y Dª Y, que fue turnado al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Coloma de Farners. En dicha demanda se solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideraron oportunos, que se dictara sentencia decretando la nulidad del contrato de compraventa de sendas fincas descritas en el punto tercero de los hechos relatados, otorgado por la demandada Dª Z, en nombre y, representación de D. Ramón P. V., en favor de la también demandada Dª Y ante la existencia de una causa de simulación absoluta, escritura autorizada por el Notario de Amer D. Ignacio Casanova Permanyer Casas en fecha 29 de Septiembre de 1982 bajo número 000 de su protocolo general corriente; debiendo estas demandadas al mismo tiempo dejar dichas fincas vacuas, libres y expeditas, a disposición de sus mandantes legítimas titulares por abintestato en los bienes del difunto D. Ramón P. Subsidiariamente y para el caso de que el Juzgado no apreciase lo anteriormente interesado, solicitaron se decretase la rescisión del contrato de compraventa de que se trata por lesión ultra-dimidium o engaño a medias y en consecuencia se condene a las demandadas a otorgar a favor de sus principales, en el plazo de un mes a partir de la firmeza de la sentencia que en su día se dicte en el procedimiento la pertinente escritura de retroventa de las fincas descritas en el apartado tercero, bajo apercibimiento de ser otorgada en su nombre por el Juzgado salvo que los demandados, dentro de los ocho días siguientes a la firmeza de la sentencia que se dicte en el presente optare por completar el precio lesivo hasta el valor que se fije pericialmente a las fincas vendidas con los intereses a contar desde la consumación del contrato, debiendo dejar al mismo tiempo vacuas, libres y expeditas a disposición de sus propietarios sus principales las sendas fincas; o en su defecto, se les condene a completar el precio hasta completar el precio real de la venta de las fincas al otorgarse la escritura de compraventa con arreglo a la prueba pericial que se practique en el juicio, todo ello con expresa imposición de costas a los demandados, por su manifiesta temeridad. Mediante otrosíes solicitaban la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad correspondiente y también el recibimiento a prueba del pleito.

Admitida la demanda y emplazadas las demandadas, Dª Z compareció en tiempo y forma contestando la demanda y oponiéndose a la misma, solicitó que se dictase sentencia desestimando la demanda y absolviendo a la misma de las peticiones formuladas por la contraria, con imposición de las costas causadas a la parte actora.

Transcurrido el término del emplazamiento efectuado a la demandada Dª Y, sin que hubiere comparecido en autos, se la declaró en rebeldía. Recibido el juicio a prueba, las partes propusieron las que a su derecho convino y previa su declinación de pertinencia, fueron practicadas las propuestas con el resultado que obra en autos. Evacuado el trámite de conclusiones, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda presentada por la Procuradora Dª Concepción Bachero Serrado en representación de Dª X y Dª X2 contra Dª Y y Dª Z, ambas representadas por D José Capdevila Bas, debo absolver y absuelvo a las demandadas, así como imponer a las demandantes las costas causadas en este proceso.»

 

Segundo. - Interpuesto el recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia por la representación de Dª X y Dª X2 y tramitado dicho recurso con arreglo a derecho, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Girona dictó sentencia con fecha 19 de Febrero de 1993, con la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación formulado por el Procurador D. Francesc de Bolós Pi, en nombre y representación de Dª X y Dª X2, contra la sentencia de 04-09-1992, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Coloma de Farners, en los autos de MENOR CUANTÍA nº 186/86, de los que este Rollo dimana, CONFIRMAMOS íntegramente el Fallo de la misma, con imposición al apelante de las costas de esta alzada.»

 

Tercero. - Por la representación procesal de Dª Ana y Dª X2 se preparó, mediante escrito presentado oportunamente, el recurso de casación que basaba en los motivos siguientes: 1º. - Al amparo del nº 4º del art. 1692 de la Ley de Procesal Civil por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia aplicables para resolver la cuestión objeto de debate en relación con el art. 1218 del Código Civil y los arts. 321 y 322 de la Compilación de Dret Civil de Catalunya. Y 2º. -Por el mismo cauce del nº 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 322 de la Compilació de Dret Civil de Catalunya que estiman infringido.

La referida Sección tuvo por presentado el recurso por providencia de fecha 9 de Marzo de 1993, remitiendo las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes que comparecieron ante el mismo, excepto Dª Z, y la Sala Primera de lo Civil tramitó y resolvió el recurso por Auto de fecha 24 de Enero de 1995, declarando que la competencia para conocer del presente recurso de casación corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordando asimismo remitir a dicha Sala las actuaciones, con emplazamiento de las partes comparecidas por un plazo de diez días.

 

Cuarto. - Comparecidas las partes ante esta Sala dentro del término del emplazamiento, se dispuso comunicarlas al Ministerio Fiscal para que diera cumplimiento a lo previsto en el art. 1709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quien mediante escrito de fecha 13 de Junio pasado solicitó la admisión a trámite del recurso por versar, los dos motivos del presente recurso de casación, sobre una presunta infracción, en la referida sentencia, de la figura jurídica de la rescisión por lesión ultra dimidium, regulada en los arts. 321 a 325 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña de 21 de Julio de 1960, reformada por la Ley del Parlamento de Cataluña de 20 de Marzo de 1984. Y habiendo evacuado el Ministerio Fiscal el trámite conferido, se pasaron las actuaciones al Magistrado Ponente para instrucción y sometimiento a deliberación de la Sala de la resolución procedente.

Por auto de esta Sala de fecha 26 de Junio pasado, se procede a la admisión del recurso de casación interpuesto y se concedió un plazo de veinte días para que la parte contraria formalizara escrito de impugnación, lo cual tuvo lugar.

Por providencia de fecha 24 de Julio pasado y dado que ninguna de las partes litigantes solicitó la celebración de vista, se señaló para la votación y fallo el día cinco de octubre a las once horas, la cual tuvo lugar en el día y hora señalados.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Mª Díaz Valcárcel.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - La demanda inicial formulada por doña X y doña X2 contra doña Z y contra doña Y impetra la nulidad por simulación absoluta del contrato de compraventa celebrado ante notario el 29 de Septiembre de 1982 y, subsidiariamente, la rescisión del contrato referido por lesión ultra dimidium. La sentencia dictada en primera instancia por el Juez de Santa Coloma de Farners desestima íntegramente la demanda, y la pronunciada en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona confirma la anterior en todas sus partes. El presente recurso de casación se articula en dos motivos, ambos amparados en el nº 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el primero denuncia la infracción del art. 1218 del Código civil en relación con los arts. 321 y 322 de la Compilació de Dret civil de Catalunya y, el segundo, la infracción del art. 322 de este último cuerpo legal.

Segundo. - Para el estudio del primer motivo de casación hay que partir de la afirmación contenida en la sentencia recurrida (primer fundamento de derecho) en el sentido de que competía a las actoras la prueba de que el negocio impugnado tenía una causa ilícita, cual era no el transmitir la propiedad de las fincas vendidas a la compradora obteniendo una congrua contraprestación económica, sino la de defraudar los derechos de las actoras como herederas de su tío carnal; demostración que los demandantes no han conseguido «ni siquiera a través de la prueba de presunciones». Ratifica la Audiencia, en este sentido, la detallada argumentación expuesta por el Juez de Primera Instancia. Sentada esta base fáctica inatacada e inatacable queda la cuestión del precio de la compraventa a los efectos de una posible lesión enorme. La escritura pública referida, de fecha 29 de Septiembre de 1982, dice concretamente que «el precio de esta compraventa lo constituye la suma global de tres millones de pesetas que la parte vendedora confiesa haber recibido, para su representado, con anterioridad a este acto, de  la compradora, por lo que aquélla otorga en favor de ésta la más firme y eficaz carta de pago de la totalidad del precio». El art. 1218 del Código Civil -que el primer motivo de casación estima  infringido- establece que los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros. Afirmaciones que la jurisprudencia ha matizado en un triple sentido: a) El art. 1218 del Código civil no establece que los documentos públicos hagan prueba del contenido intrínseco del acto jurídico documentado, constituyendo a estos fines una simple presunción de veracidad que, por supuesto, es destructible con el conjunto de la prueba practicada (Sta. de 6 de Julio de 1985); prueba que no es necesariamente superior a las otras (Sta. de 27 de Mayo de 1983). b) El documento público sólo garantiza el hecho que motiva su otorgamiento y su fecha, lo comprendido en la unidad de acto, pero no su verdad intrínseca que escapa a la apreciación notarial (Sta. de 27 de Noviembre de 1985). c) No se puede aplicar este artículo si los distintos documentos contienen datos de hecho contradictorios.

Tercero. - En el presente caso no puede olvidarse que el contrato notarial de compraventa de 29 de Septiembre de 1982 al que nos estamos refiriendo, vino precedido por un contrato privado de compraventa de fecha 30 de Noviembre de 1981 referido a las mismas fincas y otorgado en favor de la misma compradora, si bien en el más antiguo la vendedora era doña Dolores P., fallecida el 9 de Abril de 1982, y en el más reciente quien aparece como vendedora es la señora ------- actuando en nombre y representación de don -------, sucesor mortis causa de doña --------, su esposa. La anterior secuencia cronológica y el resto de la prueba practicada llevan al convencimiento de los juzgadores de instancia de que el contrato privado y el público obedecen a un mismo iter negocial; si bien el documento público no hace referencia al privado, con la finalidad que apuntan las sentencias precedentes de conseguir el acceso al Registro de la Propiedad, de las fincas vendidas del modo mas rápido y menos oneroso posible. Estamos ante un supuesto de simulación relativa en que el contrato disimulado es válido, interpretación totalmente plausible y que no contradice lo dispuesto en el art. 1218 del Código civil ni la jurisprudencia que lo interpreta.

Cuarto. - Tampoco pueden entenderse infringidos los arts. 321 y 322 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña puesto que las fincas de referencia fueron vendidas por 9.003.316 pesetas y el precio justo de las mismas, es decir, el valor de venta que tenían al tiempo de otorgarse el contrato era el de 15.700.000 pesetas, según tasación pericial no impugnada. Es cierto que el contrato notarial indica como precio global el de 3.000.000 de pesetas. Pero si atendemos al contrato encubierto por aquél advertimos que el precio convenido de 9.003.316 pesetas aparece descompuesto en cuatro diferentes partidas de las cuales sólo la última se hallaba pendiente de pago; partida que ascendía a tres millones de pesetas y que debía hacerse efectiva «en el momento de otorgarse la oportuna escritura pública de venta» (folio 152 vuelto de los autos). No puede, pues, estimarse tampoco el segundo y último de los motivos de casación, máxime habida cuenta de que el precio realmente pagado en la compraventa de los inmuebles y el precio justo que ha de servir de parámetro en la acción rescisoria son datos de hecho, en principio no combatibles mediante el recurso de casación.

Quinto. - Por imperativo de lo que dispone el art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento civil, in fine procede declarar no haber lugar al recurso, con imposición de las costas al recurrente y la pérdida del depósito constituido.

En nombre del Rey y en virtud de la autoridad concedida por el Pueblo español,

 

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de casación formulado por la representación procesal de doña X y doña X2 contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona el 19 de Febrero de 1993 (rollo 415/92); con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en este recurso y pérdida del depósito constituido.

Publíquese y notifíquese esta resolución en la forma legalmente establecida y devuélvanse a la Sala de procedencia los autos originales y rollo de apelación, con testimonio de esta Sentencia.

Así por esta Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


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