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Sentència de 3 d'abril de 1995

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 3 d'abril de 1995, núm. 11/1995 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva 

VISTOS por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 31 de mayo de 1994, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía tramitados en el Juzgado de 1a Instancia nº 5 de los de esta Ciudad, cuyos recursos fueron interpuestos por los actores apelantes D. X, Dª. X2 y D. X3, D. X4, y D. X5. D. X6, Dª. X7 y D. X8, todos ellos representados por el Procurador de los Tribunales D. Angel Montero Brusell y defendidos por el Letrado D. Rodrigo Bercovitz Rodríguez Cano, y por D. Y, Dª. Y2, LA Y3 y LA HERENCIA YACENTE DE Dª. Y4, representados por la Procuradora Dª. Helena Vila González, bajo la dirección del Letrado D. Jordi Ruiz de Villa Jubany.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - El Juzgado de la Instancia nº 5 de los de Barcelona tramitó proceso de los de menor cuantía nº 1106/85 que promovieron D. X, Dª. X2, y D. X3, D. X4, D. X5, D. X6, Dª X7 y D. X8, contra Dª. Z, Dª. Z2, D. Y4 (fallecida), la Fundación Y3, D. Z3, D. Z4, D. Y, y Da. Y2, a medio de demanda admitida, en la que tras exponer hechos y razones jurídicas se suplicaba que se dictara sentencia por la que, 1º: Se declara la remoción de los albaceas nombrados por el difunto Dr. D. Z6 en su último testamento, que son Dª. Z como sustituta de su difunto esposo D. Z5., Dª. Z2 y Dª Y4, o, subsidiariamente, se les señale el plazo de un mes, o el mayor o menor que el juzgado estime oportuno, para que cumplan su encargo con sanción de caducidad del cargo y sin perjuicio de las responsabilidades dimanantes de la demora; declarándose asimismo que dichas demandadas deben en todo caso rendir cuentas justificadas a sus representados y entregar y pagar solidariamente a estos cuando resultare en favor de los mismos. Y se condenase a las expresadas demandadas en tales sentidos. - 2º: se declarase que debe hacerse la partición de la sociedad civil «Fundación Y3» fijándola en el día de la muerte del Dr. D. Z6, o sea el 6 de septiembre de 1981, correspondiendo a los herederos del mismo, sus nietos D. Z6 y D. Y5, D. X6, Dª. X7 y D. X8, por partes iguales, un cuarto de los beneficios obtenidos hasta entonces y todos los bienes aportados por su causante, que son la Y3, plenamente equipada y en normal funcionamiento, ubicada en L., calle C. núm. 00, así como la tienda primera o derecha de dicha casa de la calle C, núm. 00, finca registral número 0000 del Registro de la Propiedad número tres de Barcelona, descrita, con sus datos de inscripción, en el hecho cuarto de esta demanda; se condene a los demandados «Fundación Y3 , Y4, D. Z7, D. Z4, D. Z8 y Dª. Z9 en dichos sentidos, a que paguen solidariamente a sus referidos representados un cuarto de los beneficios obtenidos por la «Fundación Y3» hasta el día 6 de septiembre de 1981 con más sus intereses legales desde la interpelación judicial y a que entreguen a sus propios representados todos los expresados bienes. Y se mande cancelar en el Registro de la Propiedad número tres de L. la inscripción de la meritada finca registral número 0000 a nombre de la «Fundación Y3», ordenándose que se inscriba a favor de sus referidos representados por quintas e iguales partes indivisas. - 3º: Se declarase la nulidad de las donaciones encubiertas hechas por el Dr. Z6 a la demandada Dª. Y4 de todos los bienes expresados en el hecho quinto de esta demanda; condenándose a la expresada demandada en dicho sentido. Y se mandasen cancelar en los Registros de la Propiedad las inscripciones a nombre de Dª. Y4 de todas y cada una de las ocho fincas - en cuanto a las números 6 y 7 solo las inscripciones del usufructo vitalicio descritas con sus datos de inscripción en dicho hecho quinto, ordenándose que se inscriban a favor de sus representados D. X4 y D. X5, D. X6, Dª. X7 y D. X8 por quintas e iguales partes indivisas -en cuanto a las números 6 y 7 solo el usufructo por mientras viva Dª. Y4 - 4º: Se declarase que los demandados Da . Y4 y D. Y deben pagar solidariamente a sus representados D. X4 y D. X5, D. X6, Dª. X7 y D. X8 la cantidad de un millón de pesetas, con más sus intereses legales desde la interpelación judicial; y se condene a dichos demandados en tal sentido. 5º: Se declarase nulo el legado de la marca «M.» hecho por el Dr. D. Z6 a la demandada Dª. Y4; y se condenase a la expresada demandada en dicho sentido. - 6º: Se impusieran expresamente al demandado o demandados que se opusieren a esta demanda las costas del litigio declarando su temeridad o, subsidiariamente, por aplicación del art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Segundo. - Los demandados de referencia se personaron en el pleito y contestaron a la demanda oponiéndose a la misma, con alegaciones fácticas y de derecho que estimaron aplicables, suplicando se dictara sentencia absolviéndoles, con imposición de costas a la parte actora, y habiéndose formulado reconvención, se dio traslado a la actora que la contestó mediante el oportuno escrito. Practicadas las pruebas que fueron declaradas admitidas, el Magistrado Juez titular del Juzgado de la Instancia nº 5 de los de Barcelona, dictó sentencia en fecha 19 de Junio de 1993, que contiene la siguiente parte dispositiva: «FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por X, X2 Y DON X3, DON X4 Y DON X5, DON X6, DOÑA X7 y DON X8, contra DOÑA Z, DOÑA Z2, HERENCIA YACENTE DE DOÑA Y4, LA FUNDACIÓN Y3, contra DON Z3 y DON Z4, y contra DON Y Y DOÑA Z8, debo absolver y absuelvo a los referidos demandados de todas las peticiones formuladas contra ellos en el suplico de la demanda, imponiendo las costas a la parte actora. - Que desestimando igualmente la reconvención formulada por los demandados, debo absolver y absuelvo a la parte actora de todas las peticiones del suplico reconvencional, con la consiguiente imposición de costas a los reconvenientes».

 

Tercero. - Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por las representaciones de los litigantes, tanto los actores, como los demandados, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona - recurso que fue tramitado por la Sección 4ª (Rollo núm. 656/93), pronunciando sentencia en fecha 31 de mayo de 1994 con la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: Que desestimando los recursos de apelación interpuestos por los Procuradores Don Angel Montero Brusell y Doña Helena Vila González en la representación que consta en autos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de los de Barcelona a la que se contrae el presente rollo debemos confirmar y confirmamos la referida resolución en todas sus partes sin declaración expresa acerca de las costas ocasionadas.».

 

Cuarto. El Procurador de los Tribunales D. Ángel Montero Brusell, causídico de D. X, Dª X2,  D. X3, de D. X5, D. X6, Dª. X7 y D. X8 y de D. X4, formuló ante esta Sala recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación, que integró en los motivos siguientes:

1º. - Al amparo de los artículos 1704 y 1708 del Código Civil, al no haber reconocido la sentencia de instancia el derecho de los herederos de D. Z6 a participar en los beneficios de la sociedad civil «Fundación Y3», y,

2º. - Lo fundaba en infracción de los arts. 1704 y 1708 del Código Civil, al no haber reconocido la sentencia de instancia el derecho de los herederos de D. Z6 a la devolución de las aportaciones realizadas por dicho señor a la sociedad civil «Fundación Y3».

La Procuradora Dª. Helena Vila González, en representación de Don Y, Dª. Y2, de la fundación Y3, y de la herencia yacente de Dª. Y4, formuló también recurso de casación que basaba en los siguientes motivos:

1º. - Quebrantamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, que basaba en el art. 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y,

2º. - Infracción de normas del Ordenamiento Jurídico. Errónea interpretación del art. 111 de la Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña.

 

Quinto. - Comunicadas las actuaciones al Ministerio Fiscal y devueltas con informe favorable a la admisión de los recursos en la totalidad de motivos, así se resolvió por auto de esta Sala de fecha 16 de enero ú1timo, evacuándose por las partes como recurridas y personadas, respectivamente, el trámite de su impugnación, y debidamente convocadas dichas partes personadas, se celebró la vista oral y pública de los recursos el pasado día 16 de marzo último con la asistencia e intervención de sus respectivos Letrados.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Jesús E. Corbal Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - De los dos recursos de casación objeto de enjuiciamiento se analizará en primer lugar el interpuesto por la representación procesal de D. Y, Doña. Z9, Fundación Y3 y Herencia Yacente de Doña Y4, por una consideración de orden lógico, en cuanto que una hipotética admisión de alguno de sus motivos podría hacer innecesario analizar el recurso planteado por la representación procesal de D. X, Doña X2 y D. X3, D. X5, D. X6, Doña. X7 y D. X8, y D. X4

 

Segundo. - El primer motivo del PRIMER RECURSO debe rechazarse por mezclar cuestiones heterogéneas, ya que se alude a falta de motivación de la sentencia, falta de claridad y precisión del órgano jurisdiccional e incongruencia citra petita, todo lo que, con invocación también de nulidad de actuaciones, se acumula en dos apartados a modo de submotivos, bajo el encabezamiento unitario de quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales (art. 1692.3). Además de la complejidad que supone tal planteamiento, con la consiguiente oscuridad y deficiente técnica casacional, pues se confunden preceptos y cuestiones -que deberían ser objeto de formulación independiente, y recogen algunas como la claridad y precisión de sentencias que pertenecen a la forma de éstas, y por ende no es incardinable en el segundo inciso, sino en el primero del ordinal tercero del art. 1692 LEC, no se toma en consideración que un eventual acogimiento podría conducir a resultados distintos, como es de ver comparando lo dispuesto en los números segundo y tercero del art. 1.715 LEC. Y si a ello se añade que la propia parte no desarrolló ni aclaró el motivo en el acto de la vista, limitándose a reproducirlo a pregunta del Presidente en funciones a de si debía considerarse así o tenerlo por renunciado tácitamente, deviene claro la improcedencia del planteamiento efectuado. Sin embargo, con el ánimo de dar la mayor satisfacción jurídica posible, y desterrar la idea de que la argumentación formal pudiere encubrir algún grave defecto procesal, conviene decir, siquiera brevemente, que ninguna de las alegaciones efectuadas en apoyo del motivo tienen adecuado fundamento. Ello es así porque no cabe confundir motivación sucinta, o incluso lacónica, con falta de motivación o con motivación insuficiente, y hay ocasiones (como es el caso) en que una breve reflexión es bastante para entender razonada la respuesta judicial, tanto en la perspectiva de la justificación jurídica, como en la de la información a la parte para poder impugnar el resultado procesal desfavorable. Por otro lado, es doctrina jurisprudencial reiterada, tanto que excusa de data cronológica, que las sentencias absolutorias no determinan incongruencia, salvo supuestos determinados que no concurren en el caso de autos; y tampoco cabe hablar de incongruencia respecto de cuestiones no suscitadas en la convención, y que hacen referencia a las medidas cautelares. También es de indicar la equivocada apreciación del recurso al pretender que se reconozca que una misma parte pueda formular los dos escritos de contestación con sendas reconvenciones. La Herencia Yacente de Dª. Y4 fue llamada, y entró en el proceso, como sucesora procesal, por fallecimiento, de dicha demandada original, por lo que pasó a ocupar su puesto procesal. La representación procesal de Doña Engracia ya había formulado la contestación a la demanda (con reconvención) el 6 de diciembre de 1985 (fs » 147 a 155), y el óbito se produjo el 17 de mayo de 1989 (fs. 394 y 406). Es cierto que unos proveídos del juzgado dieron lugar a que personada la sucesora procesal, por la misma se formulara un nuevo escrito de contestación con reconvención, pero la clara irregularidad de dichos proveídos no permite justificar la actuación procesal improcedente, como con acierto entendió la Sala a quo. Y por último no es cierto que se haya aplicado la misma solución de inadmisión a la reconvención de D. Y y Doña Y2 porque no había razón para ello, tanto más que ni siquiera se produjo después de la fecha que se tomó como base para declarar la nulidad de actuaciones, si bien huelgan más precisiones y comentarios porque tal reconvención está abarcada por el plural empleado en el párrafo segundo del fundamento de derecho sexto de la Sentencia de la Audiencia, y consiguientemente fue desestimada, y no inadmitida.

 

Tercero. - En el segundo motivo del primer recurso se denuncia, (cabe entender que del número cuarto del art. 1.692, pues no se dice), errónea interpretación del art. 111 de Derecho Civil Especial de Cataluña (sic.). Con independencia de que no se concreta el párrafo del artículo, y tiene cuatro (claro, es, en su redacción vigente al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, que es el régimen jurídico a contemplar en materia sucesoria mortis causa), y haciendo abstracción de si el planteamiento sustantivo efectuado es el jurídicamente oportuno para hacer efectivos los diversos, e incluso contradictorios pronunciamientos que con base en diversas reconvenciones se pretenden (obsérvese, por ejemplo, que en una de las reconvenciones se interesa la apertura de la sucesión legal y, en cambio, en otra la adjudicación de los bienes a la Sociedad y socios, y en el recurso se pide que sean repartidos a partes iguales entre los demás interesados en el testamento, y en concreto entre los legatarios que no lo hayan impugnado), en cualquier caso, sea como fuere, el tema suscitado es la aplicación del párrafo segundo de la cláusula duodécima del testamento, del siguiente tenor: «Así mismo prohíbe el testador la intervención judicial; si alguno de los interesados impugnara este testamento, total o parcialmente, percibirá su legítima estricta si fuere legitimario, y si no lo fuera, todo derecho a ella, acreciendo su parte a los que lo respeten» (sic, folio 10). Se trata evidentemente de un supuesto de los doctrinalmente conocidos como «cláusulas prohibitivas de la intervención judicial», las que, a caballo entre la permisión legal y el respeto a la suprema voluntad testatoria, sin operatividad práctica en aquel ámbito sucesorio donde el testador carece de facultades dispositivas, y prácticamente estériles cuando obedecen a un objeto fraudulento de burlar previsiones legales inderogables, no pueden ser objeto de un tratamiento genérico unitario, sino que habrá de estarse a cada caso en concreto. Ello es así porque, además de que estas cláusulas pueden adoptar diversas modulaciones en su redacción, y prever variadas previsiones sancionadoras de su vulneración, lo que obviamente acarrea distintas consecuencias y efectos, -podría incluso ser jurídicamente valorable como modal -, es preciso contemplar el tipo de impugnación que se efectúa, pues obviamente no toda solicitud de intervención judicial parece deba ser alcanzada por la interdicción del testador, como, ad exemplum, podría suceder con la pretensión de nulidad del testamento, o un ejercicio gravemente abusivo y descontrolado de las facultades atribuidas en el mismo a los albaceas. En esta línea de tratamiento del caso, y sin entrar en el análisis de la sugerente variedad de alternativas que se presentan, ni en discusiones académicas, ajenas a la función de juzgar, y singularmente del recurso de casación, de circunscripción competencial -cognitio judicial- más estricta que la de otras instancias, en cuanto supone una erotema que exige una respuesta específica, procede declarar no haber lugar a la casación, sin que importe que el fundamento discursivo no coincida, al menos totalmente, con el de la Sentencia recurrida (que aduce como única razón para rechazar las pretensiones reconvencionales la violación del principio semel heres semper heres, pues es doctrina jurisprudencial conocida la de «equivalencia de resultados», cuya aplicación en casación se resume en el sentido de que «no cabe casar -anular- el fallo impugnado cuando la conclusión o resultado es el mismo, aunque a ello conduzcan argumentos diferentes». Las razones en que se basa esta Sala para la desestimación del recurso se pueden resumir en las siguientes apreciaciones: el propio contenido de la cláusula, prevista sólo para cuando la impugnación proviniere de alguno de los herederos, como lo revelan: la expresión «si alguno ... », y la sanción prevista «acrecerá su parte ... »; por otro lado, es impensable la sustitución de la sucesión testada por la abintestato porque, aparte de que todos los posibles herederos intestados han participado contestes en la impugnación, lo que acarrea numerosas consideraciones cuya exposición alargaría innecesariamente el discurso, parece obvio que la aplicación de la hipótesis exigida la solicitud de algún interesado (en lo que parece coincidir a contrario sensu el propio recurso, habida cuenta la redacción de su suplico); y por lo demás, es clarísima la falta de legitimación de los reconvinientes para formular el recurso de casación por carecer de un interés directo, singularmente si se, advierte que ningún beneficio pudiera derivarse para ninguno de ellos, pues resulta inimaginable la alternativa relativa a una recalada de los bienes en la Sociedad o en los socios, a modo de una especie de solución tontina o tontinaria, ni siquiera a través de la idea, que se defiende, de que al quedar excluidos los herederos, el acrecentamiento se produciría para los legatarios no herederos -es decir, Doña Y4, ahora su herencia yacente, y Fundación «Y3» -, solución insostenible porque, además de no tener el más mínimo apoyo en el testamento -el causante si lo hubiera querido, lo habría dicho-, e implicar un insólito, cuando menos, derecho de herederos a legatarios, llevaría a la conclusión inaceptable en el Derecho Catalán, a salvo el Derecho de Tortosa, de existencia de un testamento sin institución de heredero, que vulneraría (en el caso) el art. 109 de la Compilación.

 

Cuarto. - El primer motivo del SEGUNDO RECURSO -formalizado por los Señores -------.-, en el que se denuncia, por el cauce procesal del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC, infracción de los arts. 1.704 y 1.708 del Código Civil por no reconocerse a los herederos el derecho a participar en los beneficios de la sociedad en los término postulados en el número segundo del petitum de la demanda, no puede ser acogido. Dando por sentado que la solicitud es para los herederos (con lo que se excluye a los demandantes no herederos, Sres. ------.), la improcedencia expresada no resulta tanto de la fundamentación sustantiva, por cuanto no puede ofrecer duda que de existir unos beneficios sociales pendientes de liquidación al causante, los mismos habrían de integrarse en su caudal relicto, como de la falta de base probatoria Esta sala apurando al máximo los límites permitidos dentro, del ámbito casacional, después de examinar minuciosamente todo el material probatorio obrante en las actuaciones, no ha encontrado, ni siquiera con la mínima dosis tolerable por el coeficiente de elasticidad de la prueba, sostén alguno para entender existentes beneficios devengados y no satisfechos. Y si es obvio que los beneficios son frutos, éstos no pueden darse si no se acredita debidamente su realidad, cuyo acreditamento incumbe a quien los reclama y sin que quepa diferir tal posibilidad a la fase de ejecución de sentencia, por el contrario de lo que ocurre con su cuantía, e incluso con las bases para fijar ésta, en que si es admisible, de conformidad con el art. 360 LEC y doctrina jurisprudencial dictada en su aplicación.

 

Quinto. - En el segundo motivo del recurso de los Sres. -------- se hace referencia, con igual fundamentación jurídica procesal -ordinal cuarto, art. 1.692 LEC- y civil -arts. 1.704 y 1.708 del C. Civil- que el anterior, a la devolución de las aportaciones realizadas por D. Z6 a la entidad «Y3», tema también suscitado en el apartado segundo de la demanda. Para la claridad expositiva este Tribunal estima deben sentarse las siguientes apreciaciones, complementando el factum en aquellos extremos en que lo exige la resolución de la controversia. En primer lugar, la entidad mencionada es una sociedad civil, cuestión que hay que considerar procesalmente pacífica en el caso, y excluye otras consideraciones especulativas. En segundo lugar, la temática se desenvuelve en el ámbito de incidencia de lo que vamos a denominar herencia voluntaria, en el sentido de que en ningún aspecto se ha planteado la posibilidad de afección a las legítimas. Es claro asimismo que nos hallamos ante un supuesto de continuación de sociedad entre los sobrevivientes, por haberse así pactado, es decir, lo que la doctrina denomina cláusula de continuación strictu sensu,  y se contempla en el art. 1.704, párrafo primero del Código Civil, con lo que quedan excluidas las hipótesis de continuación de la sociedad con los herederos (art. 1.704, párrafo segundo), y continuación de la sociedad, con opción de los herederos de ingresar en ella (no contemplada en nuestro Código Civil). Es por ello evidente que no se produce la disolución de la sociedad, ni siquiera parcial y que no cabe hablar de cuota de liquidación, porque no hay liquidación de la sociedad.

 

Sexto. - Sentados los antecedentes anteriores, y partiendo del dato fáctico no controvertido de que el Sr. ----- hizo unas concretas aportaciones de bienes materiales a la sociedad, surgen diversas cuestiones en relación con el derecho que respecto a las mismas corresponde a sus herederos. Deben descartarse, a priori, tanto un hipotético derecho de la sociedad a hacerlas suyas, como la pretensión de los socios de que pasaran a incrementar su cuota (sociedad tontinaria, en recuerdo de la denominada cláusula tontina en reconocimiento a su inventor, el banquero italiano del siglo XVII Lorenzo Tonti). Ni una ni otra solución tienen base alguna, ni en el testamento (deducirlo exclusivamente de una voluntad de permanencia de la sociedad es a todas luces insuficiente), ni en la escritura constitutiva de la sociedad , aún haciendo abstracción aquí de su hipotética validez. Una vez realizado el descarte anterior, parece claro el derecho de los herederos «sobre» -en relación con- las aportaciones; pero se discute: si restitución in natura, o su valor económico; en que momento es operativo el derecho, es decir, al hacerse efectiva la licencia o hay que esperar a la disolución de la sociedad; y cual debe ser el valor económico a resarcir, en su caso..

 

Séptimo.- Este Tribunal, frente a la posición de la parte recurrente, entiende, con base en lo establecido en la escritura de constitución de la sociedad, que la aportación de los bienes materiales que se describen en los estatutos -bienes muebles integrantes de la Y3, e inmueble en que se halla ubicada en c/. M, 000- lo fue en plena propiedad, quoad dominium, y no quoad usum, y asimismo considera que dichos bienes son necesarios para la normal continuación de la sociedad, sin que quepa identificar necesarios con insustituibles, por lo que los mismos deben seguir formando parte de aquélla, con lo que además se hace efectiva la voluntad testamentaria del Sr. ---- de permanencia en el tiempo de la obra a la que dedicó su vida profesional. Como consecuencia de lo anterior, los herederos tienen un derecho de crédito consistente en la suma a que asciende el valor real de dichos bienes en el momento de la muerte del causante, con independencia de que la efectividad del derecho haya quedado sujeto a lo establecido en la cláusula décima del testamento, declarada válida en la Sentencia de la Audiencia y cuyo pronunciamiento no fue objeto de recurso de casación.

 

Octavo. - La fijación del importe del crédito se efectuará en ejecución de sentencia, tomándose como uno de los elementos a contemplar para la valoración las cantidades fijadas en la escritura pública de constitución de la sociedad en relación -per relationem- con el tiempo en que se otorgó. Debe condenarse al pago, en primer lugar a la sociedad, y, con carácter subsidiario y mancomunado, a los socios, según opinión doctrinal más segura interpretativa del art. 1.698, párrafo primero, inciso primero, del Código Civil, debiendo recaer tal condena en los que son al tiempo de la reclamación judicial -efecto lógico de la subsidiariedad señalada- y por lo tanto, procede la condena de la Herencia Yacente de Z9 P. F., Da. Y2. y D. Y, pues la Sra. Y4. falleció, los demandados D. Z7 y D. Z4 «cesaron» en la sociedad el 26 de octubre de 1982, en cuya fecha se otorgó escritura de renuncia, en la que también figura el ingreso como socio del asimismo demandado y antes citado Sr. ----. Desde otra perspectiva debe señalarse que no procede fijar intereses tanto por aplicación de la exclusión obrante en la cláusula testamentaria décima antedicha, como por el principio in illiquidis non fit mora. Y por último, el hecho de que se efectúa la condena expresada, a pesar de que en la demanda sólo se hacía referencia a la restitución in natura, es ajustado a derecho por las razones siguientes: por un lado, se sintoniza con el principio de economía procesal y eficacia del proceso, evitando la reproducción de un pleito sin necesidad y por puro formalismo; por otro lado, no se trata de una cuestión sorpresiva, o de tercera opinión, se suscitó en las actuaciones, y en modo alguno cabe hablar de indefensión; y en tercer lugar, no cabe imaginar una situación de incongruencia porque no se trata de una solución distinta, alternativa o autónoma, sino SUSTITUTIVA, que concede menos de lo pedido, no se da la cosa, pero sí su valor, y es conforme al principio que «quien puede lo más, puede lo menos». Además no parece lógico que cupiese tal solución como caso de conversión de sanción especifica en sanción genérica (p. ej. por desaparición de la cosa), y no como supuesto de procedencia jurídica.

 

Noveno. - Al rechazarse los dos motivos del recurso de casación formulado por D. Y, Da. Y2, Fundación Y3 y Herencia Yacente de Doña Y4 procede condenarles al pago de las costas causadas por su recurso y a la pérdida del depósito; y al estimarse parcialmente uno de los motivos del recurso de casación formulado por D. X4, y D. X5 D. X6, Doña X7 y D. X8 procede acordar no hacer especial mención de las costas causadas en su recurso y devolverle el depósito constituido; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 1.715 LEC. En cuanto a las costas causadas por la parte actora se debe casar el fallo de la Audiencia en cuanto confirma el pronunciamiento del de primera instancia, por lo que en lo que atañe a las de la demanda no se hace expresa mención de las causadas en ninguna de las dos instancias, de conformidad con lo establecido en los arts. 523, párrafo segundo, y 710, párrafo segundo, LEC.

EN NOMBRE DEL REY Y EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD CONFERIDA POR EL PUEBLO ESPAÑOL

 

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de casación entablado por la representación procesal de D. Y, Doña. Z9, Fundación Y3 y Herencia Yacente de Doña Y4, contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4a, el 31 de mayo de 1994, condenándoles a las costas causadas por dicho recurso y a la pérdida del depósito constituido. Y estimando parcialmente el recurso de casación entablado por la representación procesal de D. X4, y D. X5, D. X6, Doña X7 y D. X8 casamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4a, de fecha 31 de mayo de 1994 en el sentido de estimar parcialmente la demanda por aquéllos entablada y condenar en primer lugar a la Fundación  -Y3, y con carácter mancomunado y subsidiario a sus socios Herencia Yacente de Doña Y4, D. Y y Doña Z9, a que paguen a dichos actores recurrentes en el concepto de herederos de D. Z8, el valor de los bienes muebles e inmuebles aportados por el mismo a la Sociedad a que se refieren las letras a) y c) del nº. 1, apartado IV de los Estatutos de la Sociedad antedicha --consistentes en los bienes muebles de equipamiento de la Escuela, e inmueble de la c/. C, 000, en que se ubicó ésta-, cuyo importe se fijará en ejecución de sentencia en los términos establecidos en los fundamentos de derecho de esta Sentencia, sin hacer expresa imposición de costas por la demanda en ninguna de las instancias, ni en este recurso, declarando además se proceda a la devolución del depósito constituido.

Declaramos no haber lugar al recurso de casación fuera de los dos pronunciamientos expresados -condena al pago del valor de los bienes indicados y que cada parte pague las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, en cuanto a las de la demanda y en primera instancia. Notifíquese y publíquese esta resolución con arreglo a derecho. Devuélvanse las actuaciones y Rollo, con testimonio de esa Sentencia, a la Sección 4a. de la Audiencia Provincial de esta Ciudad.

Así por esta nuestra Sentencia, lo mandamos, pronunciamos y firmamos.

 

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