Projecte Norma Civil
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Sentència 20 de març de 1995

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 20 de març de 1995, núm. 9/1995 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret
Part dispositiva 

VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, el recurso de casación, interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía sobre rescisión por lesión ultra dimidium cuyo recurso fue interpuesto por el demandante D. X representado por el procurador D. Narciso Ranera Cahís y defendido por el letrado D. Enric Molina Pascual, en el que ha sido parte recurrida Dª Y representada por el Procurador D. Alfonso Martínez Campos y representada por el letrado D. Juan Manuel Argiz Fenández.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Barcelona, fueron vistos autos de juicio declarativo, de menor cuantía a instancia de D. X contra Dª Y, en la que solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos que estimó oportunos que se dictara sentencia en la que: 1. Se declare resuelto por lesión, en más de la mitad del precio justo el contrato de compraventa del piso sito en esta ciudad, C/ C n.º 000, 3º, 1ª de fecha de 11 de junio, de 1992, otorgado en ejecución de la Sentencia de retracto de fecha 16 de marzo de 1991 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia n.º 2 de Barcelona, reintegrándose la propiedad del mismo al demandante. 2. Subsidiariamente, que se declare resuelto el referido contrato de compraventa por enriquecimiento injusto del comprador, o en su defecto se condene a la demandada a indemnizar a D. X en la calidad de VEINTIDÓS MILLONES DE PESETAS, o a la cantidad que resulte acreditada en los autos, por los perjuicios sufridos como consecuencia del enriquecimiento injusto de la adversa. Todo ello, con expresa imposición de costas a la contraria por su temeridad y mala fe.

Segundo. - Admitida la demanda se dispuso el emplazamiento de la demandada, lo que verificó oportunamente mediante la presentación de escrito de contestación. Seguido el juicio por sus trámites el indicado Juzgado con fecha 26 de noviembre de 1993, dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que desestimando la demanda formulada por D. X contra Dª Y, debo absolver y absuelvo a dicha demandada de las pretensiones contra ella formuladas y con imposición de costas a la parte actora».

Tercero. - Contra la indicada sentencia el demandante interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada, la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 20 de octubre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue; «FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. X contra la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez de 1ª Instancia núm. 4 de Barcelona, en autos de menor cuantía núm. 1334/92 instados por el apelante contra Dª Y, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma, a excepción del pronunciamiento relativo a las costas procesales, que no se imponen en ninguna de las dos instancias. Firme esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento».

Cuarto. - El procurador D. Narciso Ranera Cahís, en nombre y representación del demandante D. X, formalizó recurso de casación por infracción de normas de Derecho civil común y derecho civil de Cataluña, que basaba en los motivos siguientes:

1.-Al amparo del articulo 1692 de la Ley de enjuiciamiento Civil, por infracción del articulo 1521 del Código Civil, por aplicación indebida del mismo.

2.-Al amparo del articulo 1692 nº 4 del articulo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del articulo 321 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña.

3.-Por infringido el articulo 321 en otro aspecto por parte de la sentencia impugnada.

4.-Al amparo del articulo 1692,4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del articulo 324 del referido Código de Derecho Civil Especial de Cataluña por ser aplicable lo que preceptúa el art. 1295 del Código Civil.

5.-Al amparo del art. 1692,4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del articulo 1 del Código Civil.

 

Quinto. - Por providencia de fecha 2 de enero pasado, se tuvo por interpuesto el recurso de casación y pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal a los fines del art. 1709 de la Ley de enjuiciamiento civil, el cual mediante escrito de fecha 10 del mismo mes, solicitó la admisión a trámite del recurso. Por auto de fecha 23 de enero pasado, se admitió el recurso de casación interpuesto y se concedió un plazo de 20 días para que la parte contraria formalizara escrito de impugnación, lo cual realizó oportunamente. Por providencia de fecha 13 de febrero pasado se señaló el día 12 del presente mes votación y fallo, la cual tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - En el asunto del que dimana el recurso de casación objeto de enjuiciamiento, por el actor D. X, se ejercitan, en acumulación eventual o subsidiaria, dos pretensiones; como principal, la de rescisión por lesión ultradimidium regulada en los arts. 321 a 325 de la Compilación de Cataluña y, para el caso de no ser acogida, la de enriquecimiento injusto o sin causa. El supuesto fáctico que constituye la causa de pedir, se integra, en síntesis, por una transmisión onerosa de un piso efectuado por sus titulares al Sr. Z, en la que se subrogó la arrendataria de la vivienda Dª Y en virtud del ejercicio del retracto arrendaticio urbano previsto en la LAU. (Texto Refundido de 24 de diciembre de 1964), cuyo derecho fue reconocido en una resolución judicial, que dio lugar en fase de ejecución al otorgamiento de oficio de la escritura pública necesaria para el acceso al Registro de la Propiedad. Se pretende por el demandante antedicho, frente a la Sra. Y, que su adquisición, habida cuenta el importe del precio pagado -2. 100.000 ptas.-, incide en lesión «ultradimidium», y subsidiariamente que, de no estimarse esta petición, supone un evidente enriquecimiento injusto.

 

Segundo. - La Sentencia de la Audiencia Provincial que resolvió el pleito en apelación, en coincidencia sustancial con la del Juzgado de Primera Instancia, desestimó las pretensiones ejercitadas entendiendo que el Sr. X carece de legitimación para plantear la acción de rescisión por lesión «ultradimidium» ya que no es el enajenante, y, por otro lado, no se dan todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia para aplicar la doctrina jurídica del enriquecimiento injusto o sin causa, y concretamente los consistentes en ausencia de causa y de precepto legal que legitime el desplazamiento patrimonial. La doctrina expuesta en ambas resoluciones judiciales es impecable, por lo que ya cabe adelantar que el recurso de casación carece de consistencia alguna; y si a continuación se efectúan diversos razonamientos, el discurso lógico no viene determinado por la necesidad de completar la motivación, sino por la naturaleza de la casación en relación con la exigencia de dar completa respuesta a los motivos que no han sido objeto de inadmisión.

 

Tercero. - En cuanto a la acción principal, el recurso parte de una premisa equivocada que hace estéril todo el planteamiento casacional. Se entiende, erróneamente, que entre el comprador-retraído y el retrayente hay una transmisión onerosa, y aquél es un enajenante. Y ello no es así porque en el complejo fáctico jurídico del que forma parte el retracto legal, no hay dos enajenaciones, sino una sola, la que se efectúa por el vendedor propietario de la cosa-. El retracto legal no es más que una facultad concedida por la ley a un tercero, ajeno a la relación jurídica contractual para subrogarse en ésta, concretamente en la posición del comprador; es decir, pasa de ser tercero, a ocupar el lugar del adquirente, y por eso no le pueden afectar las cargas y gravámenes que el comprador hubiera constituido después de su adquisición, ni le trascienden las nuevas condiciones contractuales caso de haber tenido lugar sucesivas transmisiones, cuando el retracto se refiere a la primera enajenación. La conclusión expuesta es la admitida en la doctrina, y acogida por la jurisprudencia (entre las SS. más recientes las de 31 enero 1992 y 9 febrero 1994). Por lo dicho deben desestimarse los tres primeros motivos del recurso. El PRIMERO porque no hay aplicación indebida del art. 1521 del Código Civil. El retracto legal forma parte de los denominados derechos de adquisición referente y mediante el mismo «la Ley concede a su titular un derecho real sobre una cosa ajena que le faculta para adquirir onerosamente su propiedad en el supuesto de que su actual propietario la enajene a tercero a través de determinados negocios jurídicos, subrogándose en la posición del adquirente en las mismas condiciones estipuladas en el contrato y mediante el reembolso a este del precio satisfecho, así como de todos los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la adquisición, incluidos los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa objeto del retracto (arts. 1525 y 1518 CC.)». La aplicación del precepto es cabalmente correcto porque destaca la nota de la «subrogación» que el retracto supone. El segundo motivo, en el que se denuncia infracción del art. 321 de la Compilación, decae si se tiene en cuenta que entre el actor, aquí recurrente, y la demandada no hubo ningún contrato o enajenación onerosa. El retracto tiene «como única finalidad que el adquirente otorgue escritura a favor del retrayente y le entregue la posesión de la cosa». Si ello no tiene lugar voluntariamente, será preciso, como ocurrió en el caso, una resolución judicial que reconozca el derecho, pues, como dice la S. 10 febrero 1966, no alcanza plenitud de efectos hasta tanto que por consecuencia de la sentencia firme que lo reconoce no se opere la modificación jurídica que implica la esencia subrogatoria de tal derecho, cual se establece en el art. 1521 del Código Civil. Por consiguiente, la escritura en que se formaliza el retracto sea otorgado por el comprador, o ante su negativa, por el juez de la ejecución, no implica una nueva transmisión ni una renovación de la primera y única; y por otro lado la ley no configura la posibilidad de una acción rescisoria por lesión a favor del comprador-retraído. Lo que se acaba de argumentar sirve también para rechazar el tercer motivo del recurso, pues si el Sr. Z. no fue el enajenante, no se pudo vulnerar el art. 321 de la Compilación que concede a los que tengan tal condición la posibilidad de ejercitar la acción por lesión ultradimidium. De ahí el acierto de la Sentencia recurrida al negarle la legitimación ad causam activa. Por último, en lo que atañe también a la acción principal, el carácter complementario del motivo CUARTO respecto de los anteriores determina que deba seguir su misma suerte desestimatoria. No puede ser de otra manera, porque si bien es cierto que el art. 324 de la Compilación se remite a lo dispuesto en el art. 1295 del Código Civil, y este precepto no se aplicó por la Sentencia recurrida, sin embargo ello es lógico porque para tal aplicación sería preciso que se hubiese admitido la rescisión, lo que obviamente no sucedió.

 

Cuarto. - El motivo quinto hace referencia a la pretensión ejercitada en la demanda con carácter subsidiario y que se fundamenta en el enriquecimiento injusto. Su desestimación por la Sentencia recurrida se impugna en casación, a través del cauce procesal del número cuarto del art. 1692, como infracción del art. 1º del Código civil que contiene las fuentes de derecho, entre las que figura, según se afirma, el principio general de derecho de que nadie puede enriquecerse torticeramente en perjuicio de otro, acogido y desarrollado en la doctrina jurisprudencial que se cita. Con independencia de si tal doctrina ha de suscitarse en casación mediante la fundamentación elegida, o mejor con base en la amplia fórmula del art. 1887 del Código civil, en la que también suele incardinarse como, modalidad atípica de figura cuasi-contractual, lo cierto es, como ya antes se dijo, que el Tribunal a quo no sólo no la desconoce, sino que incluso la aplica con total corrección, pues no cabe hablar de enriquecimiento injusto o torticero cuando hay una causa que justifica el desplazamiento patrimonial, y el Tribunal Supremo viene declarando reiteradamente que no se da tal situación cuando la adquisición tiene su base en preceptos legales concretos (SS. 30 septiembre 1993 y 24 febrero 1994, y las que citan), y tampoco puede producirse a causa de una resolución judicial definidora de derechos entre las partes (Ss. 30 marzo 1988, 21 mayo 1993 y 24 febrero 1994). Y es obvio que el derecho de retracto ejercitado en el caso responde a una previsión legal - la Sentencia 16 febrero 1994 claramente excluye la aplicación del enriquecimiento injusto a los derechos de adquisición preferente ejercitados correctamente y ateniéndose a la normativa aplicable -, y además ha sido reconocido y efectivizado mediante una resolución judicial. Aparte de lo dicho, y como mera razón ex abundantia, cabe añadir que tampoco es advertible cuál ha podido ser el empobrecimiento de la accionante, pues por virtud de la subrogación retractual ha recuperado el precio satisfecho y gastos habidos como consecuencia de la compraventa del piso, sin que puede referirse aquél al beneficio que el uso del piso, o una eventual reventa, le puedan proporcionar.

 

Quinto. - De conformidad con lo establecido en el art. 1715, último párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil se declara no haber lugar al recurso, con imposición de las costas causadas al recurrente y a la pérdida del depósito.

EN NOMBRE DEL REY Y EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD CONCEDIDA POR EL PUEBLO ESPAÑOL,

 

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación entablado por el procurador D. Narciso Ranera Cahís en representación procesal de D. X contra la Sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de esta Ciudad el 20 de octubre de 1994, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en este recurso y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal. Notifíquese esta resolución y publíquese con arreglo a la Ley; y devuélvanse las actuaciones y rollo recibido con testimonio de esta resolución, al Tribunal de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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