Sentència de 15 de juny de 1994

Barcelona a quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

VISTO por la Sala civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, el recurso extraordinario de revisión, interpuesto por el procurador de los Tribunales D. Ernesto Huguet Fornaguera, en nombre y representación de D. X1, defendido por el letrado Dª Pilar Fortuño Souto, contra Dª Y1, representada por la procurador Dª Ascensión Riba Roca y defendida por el letrado D. José Jové Montaver, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 39 de Barcelona en el juicio de cognición núm. 994/92-5 seguidos a instancia de Dª Y1 contra D. X1 y D. x2.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - El procurador D. Ernesto Huguet Fornaguera en representación de D. X1, mediante su escrito de fecha 11 de octubre de 1993, formuló demanda de juicio o recurso de revisión, al amparo, de lo que establece el art. 1796.4 de la Ley de enjuiciamiento civil contra la sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 39 de Barcelona de fecha 3 de junio de 1993, en el que han sido partes la demandante Dª Y1 y el aquí recurrente en calidad de demandado.

A los efectos prevenidos en el art. 1798 de la Ley de enjuiciamiento civil, hacía constar en la demanda o recurso se interpone antes del plazo de 5 años desde la fecha de publicación de la sentencia y dentro de los 3 meses contados desde que descubrió el fraude, que fue el 30 de septiembre de 1992, fecha en que el ahora recurrente encontró por debajo de la puerta del local la providencia de lanzamiento; acompañaba resguardo acreditativo de haber efectuado el depósito previo por importe de 50.000 Pts.

Después de alegar los hechos y fundamentos que estimaba oportunos, terminaba suplicando a la Sala se tuviera por interpuesto el recurso de revisión contra la indicada sentencia, y previos los trámites legales, se dicte sentencia dando lugar a la rescisión de la resolución firme impugnada; por medio de un primer otrosí interesaba el recibimiento a prueba del expediente; por un segundo otrosí, la suspensión de la ejecución de sentencia impugnada, es decir el lanzamiento previsto; a la mayor urgencia posible.

Segundo. - Por providencia de esta Sala de fecha 18 de octubre de 1993, se tuvo por presentado el escrito de demanda de proceso de recurso de revisión, teniéndose por parte al procurador Sr. Ernesto Huguet Fornaguera en la representación que acreditaba de D. X1, designándose ponente y teniendo por constituido el depósito previo cuyo resguardo quedó testimoniado en autos. Por providencia de 28 de octubre del mismo año y en cuanto a lo interesado en el segundo otrosí, se acordó oír al Ministerio Fiscal a los efectos del art. 1803 de la Ley de enjuiciamiento civil, comunicándole al efecto las actuaciones por el plazo de 3 días. Evacuado el traslado, el Ministerio Fiscal manifestó oponerse a la suspensión que se solicitaba.

Tercero. - Por providencia de 11 de noviembre de 1993 se reclamaron telefónicamente las actuaciones al Juzgado de 1ª Instancia núm. 39 de esta Ciudad. Por auto de fecha 22 del mismo mes, esta Sala decretó cautelarmente la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, así como que el recurrente en revisión D. X1 prestara fianza de cien mil pesetas. Por providencia de fecha 25 de noviembre de 1ª Instancia núm. 39 de esta Ciudad y disponiéndose como trámite a seguir y conforme al párrafo segundo del art. 1801 de la Ley de enjuiciamiento civil el emplazamiento de la actora Dª Y1 aquí recurrida y al demandado D. x2, para que en el término de cuarenta días comparecieran a sostener lo que a su derecho conviniere, con entrega de copias y cédulas oportunas. Oportunamente compareció en autos la referida demandada en revisión, representada por el procurador Dª Ascensión Riba Roca que a la vez contestaba a la demanda en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, para terminar suplicando que una vez practicadas las pruebas pertinentes se dictara sentencia confirmando en todas sus partes la sentencia impugnada.

Cuarto. - Por proveído de fecha 14 de abril de 1994, se declaró en rebeldía al demandado en visión D. x2 por haber transcurrido el término del emplazamiento sin que éste haya comparecido; se tuvo por comparecido al procurador Sr. Huguet Fornaguera por comparecido en tiempo y forma en el presente proceso de revisión en nombre y representación de la demandada Dª Y1; y contestándose a la demanda del recurso en el escrito de personación, se tuvo por evacuado dicho trámite disponiéndose seguir los sucesivos conforme a lo establecido para la sustanciación de los incidentes en la Ley de enjuiciamiento civil; de conformidad con lo solicitado por las partes personadas, se recibió a prueba el incidente y se concedió el plazo de 20 días común a las mismas para proponer y ejecutar la prueba, formándose a cabo las propuestas por ambas partes que se admitieron y declararon pertinentes, con el resultado que es de ver de los autos.

Quinto. - Por providencia de 12 de mayo último se señaló vista para el día 9 de junio a las 11 horas de su mañana, por haberlo así solicitado ambas partes. Celebrada la vista en el día y hora señalados con asistencia de los letrados y procuradores de ambas partes, solicitando la parte recurrente la rescisión de la sentencia recurrida de conformidad con lo solicitado en el escrito interponiendo el recurso, y la parte recurrida que no se diera lugar al recurso, condenando en costa al recurrente.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - En el presente juicio de revisión civil se plantea el que en abstracto constituye el supuesto más frecuente: tramitación de un procedimiento (en el caso, juicio de cognición de resolución de contrato de arrendamiento de local de negocio por no uso) en rebeldía del arrendatario demandado, al que se emplazó por edictos, y en esta modalidad de comunicación se le notificó también la Sentencia estimatoria de la demanda. La doctrina del Tribunal Constitucional a propósito del acto de comunicación edictal, y la del Tribunal Supremo, tanto en la perspectiva de la pureza del procedimiento, como desde la óptica de la incidencia en el recurso de revisión (es decir, incardinación en la causa de maquinación fraudulenta del núm. 4º del art. 1796 Ley de Enjuiciamiento Civil), son bien conocidas. La llamada edictal exige que se cumpla la previsión del art. 269 de la Ley de enjuiciamiento civil de que no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada o por haber mudado de habitación se ignore su paradero, pero, además se trata de un último remedio, una actuación de carácter subsidiario para cuando no sea factible la posibilidad de cualquier otra modalidad de comunicación. La buena fe y la lealtad procesal, unido a la necesidad de evitar la indefensión (que tiene carácter constitucional), exigen adoptar una cierta actitud activa encaminada a evitar el emplazamiento edictal. Si la actora conoce un domicilio, o lugar, en el que se pueda contactar judicialmente con el demandado, o en el que pueda ser avisado, o desplegando una normal diligencia puede llegar a conocerlo, y no lo hace, y se limita a aprovechar que el local arrendado está cerrado (temporal, ocasional, o permanentemente), se incurre en fraude, y se produce la situación prevista en el inciso final del nº cuarto del art. 1796 de la Ley de enjuiciamiento civil. Y esto es precisamente lo que ocurrió en el caso, como es de ver de la apreciación fáctica que se expone en los ordinales siguientes.

Segundo. - En primer lugar, antes de seguir, es de señalar que si bien en el juicio arrendaticio se intentó un emplazamiento personal en la modalidad de comunicación al vecino, y ante la respuesta de la persona con quien se entendió, dueña de un bar próximo al local litigioso, de que éste «se abre de tarde en tarde, en horario poco regular y durante pocos minutos», se optó por el emplazamiento edictal, sin embargo en el presente recurso no se cuestiona la regularidad del emplazamiento, personal intentado, por lo que no se plantea un problema de nulidad de actuaciones, y como consecuencia deviene superfluo analizar si un tema de tal naturaleza es o no ventilable en el juicio de revisión. Pero en cualquier caso es de tener presente la manifestación expresada como reveladora de que el arrendatario no había desaparecido, porque cuando menos con intermitencias pasaba por el local arrendado, lo que se ratifica por empleados del mismo, aunque mantienen una versión de mayor asiduidad.

Tercero. - Sin embargo, lo verdaderamente trascendente para considerar que la actora del juicio de cognición arrendaticio no observó la diligencia precisa en el particular de la llamada a juicio de la parte demandada, y que se limitó a aprovechar una aparente situación de desconocimiento del paradero del arrendatario (con base en la tentativa del emplazamiento en vecino, antes expuesto) para evitar su comparecencia, y obtener un juicio en rebeldía sin posibilidad de oposición por parte de aquél, se deduce una serie de circunstancias reveladas por la prueba practicada en este proceso de revisión. Como argumento primordial destaca el hecho de que la administración de la finca no ignoraba que el arrendatario tenia su negocio en otro local de esta Ciudad; por lo demás de fácil localización mediante la consulta de la guía telefónica o del padrón municipal. Pero es que además, cuando le interesó, contactó con él mediante llamada telefónica, tal y como se deduce del testimonio de la Sra. Z, de cuya verosimilitud no hay por qué dudar, aún constando su condición de empleada del recurrente. Asimismo abunda en el criterio que se mantiene la importante consideración de que el local litigioso venía operando como almacén (apreciación que se efectúa a los exclusivos efectos de este juicio revisorio), lo que era sabido por la parte arrendadora, cuya administración por lo demás, reconoció que la comunicación se hacía a través de correspondencia enviada por correo al local. Si ello era así, y así era, nada obstaba a haber intentado una llamada mediante correo, pues frente a la posible insuficiencia «per se» para entender legalmente (y en abstracto) cumplimentado el trámite procesal, no había inconveniente en acudir al complemento formal del emplazamiento edictal. Se quiere significar que lo que verdaderamente importa de la llamada al proceso no es tanto su aspecto formal. -que también interesa respetar en la perspectiva de la pureza del trámite, para eludir el vicio de la indefensión procesal o formal como su posible efectividad. Y es lógico pensar que si se manda continuamente la correspondencia referente a la relación contractual a un local es porque la misma llega al arrendatario, y si tal es el sistema que se utiliza para obtener el cumplimiento de las exigencias contractuales (salve, el pago de la renta que tenía lugar mediante domiciliación bancaria), no se ve razón que impida adoptarlo en la comunicación procesal, sin perjuicio claro está de lo dicho en la perspectiva formal. Podría ser suficiente al efecto la remisión de una carta con la llamada al proceso garantizándose su envío con la fe pública del Secretario. Aparte de practicarse también el emplazamiento, edictal. Con tal comportamiento se agotarían las posibilidades de actuación, y además de quedar en entredicho la eventual alegación de indefensión MATERIAL por parte del demandado (llamado), ni teniendo en cuenta la naturaleza del pleito (resolución arrendataria por no uso), quedarían a salvo, la lealtad y la buena fe procesales (auténtica directriz del procedimiento, corno indica la Sentencia de 21 de septiembre de 1993), de singular importancia en la perspectiva de la posibilidad de concurrencia del fraude del núm. 4 del art. 1796 de la Ley de enjuiciamiento civil, en cuya apreciación pesa más el aspecto subjetivo de la consciencia de la situación que se produce y susceptibilidad de ser evitada, que el objetivo de las males circunstancias del caso en relación con las posibilidades de que el acto de comunicación a utilizar sea efectivo. Con ello se daría puntual observancia a la doctrina constitucional que enseña que es preciso interpretar las normas procesales que integran alguna vía rescisoria de Sentencias firmes en el sentido más favorable para permitir la tutela en fase jurisdiccional de los derechos fundamentales, singularmente el derecho a no padecer indefensión (Sentencias del Tribunal Constitucional 185/90 y 310/93 de 25 de octubre).

Cuarto. - En materia de costas, habida cuenta que no es de aplicación el art. 523 de la Ley de enjuiciamiento, civil, que rige solamente para los juicios declarativos en primera instancia, y tampoco el art. 1809 que si bien establece el principio del vencimiento objetivo puro, lo es en exclusiva para el supuesto de desestimarse el recurso, procede observar la doctrina general subsidiaria de la temeridad, y como no se aprecia la misma en la conducta observada por la recurrida en este juicio, es por lo que no se considera oportuno hacer una expresa imposición de las causadas en el presente juicio. En cuanto al depósito constituido por la parte recurrente debe acordarse su devolución a la misma, de conformidad con lo previsto «a contrario sensu» en el art. 1809 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Por último, es de indicar que esta resolución no es susceptible de recurso alguno (art. 1810 de la Ley de enjuiciamiento civil).

En nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo

Que estimamos el recurso de revisión entablado por la representación procesal de D. X1 y decretamos la rescisión de la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 39 de esta Ciudad en el juicio cognitorio arrendaticio núm. 994/92 el día 3 de junio de 1993; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en este juicio. Se acuerda devolver al recurrente el depósito constituido, y se declara que contra esta resolución no cabe ningún recurso. Procédase a devolver al Juzgado las actuaciones remitidas en su día con certificación de esta Sentencia, y dése a la misma la publicidad legalmente prevista.