Sentència de 9 de maig de 1994

Barcelona, a nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña integrada por los Magistrados del margen, habiendo VISTO los presentes autos de recurso extraordinario de revisión, interpuesto por D. X1, mayor de edad y de esta vecindad, representado por el Procurador D. Fabián Maynó Obradors y defendido por el Letrado D. Gabriel Fuentes Núñez, interpuesto contra la sentencia firme y ejecutoria dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 7 de los de esta Ciudad en autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 664/90 seguidos a instancia de D.ª Y1, mayor de edad, soltera y de esta vecindad, aquí representada por el Procurador D. Angel Montero Brusel, bajo la dirección del Letrado D. Nicolás de Salas, contra el referido recurrente y D.ª X2 mayor de edad y de esta vecindad, representada por el Procurador D. Angel Joaniquet Ibarz y defendida por el Letrado D.ª María Aro Benet, y contra D. X2, éste incomparecido y en situación procesal de rebeldía, y cuya sentencia fue confirmada en trámite de apelación por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona; en reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - El Procurador Sr. Maymó Obradors en representación acreditada de D. X1, mediante escrito de fecha 29 de julio pasado, interpuso la demanda de recurso de revisión contra la sentencia firme dictada en los autos mencionados del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de esta ciudad, en el que son parte actora la mencionada D.ª M.ª Y1, y demandados el aquí recurrente y D.ª X2 y D. X2.

A los efectos prevenidos en el Art. 1798 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacía constar que el recurso se interponía dentro de los tres meses contados desde que se descubrió el fraude o la ocultación de la sentencia recaída en el Juzgado de lo Penal núm. 7, es decir, el mismo día en que se propone como prueba en otro procedimiento que se signe ante el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 11 juicio de menor cuantía autos núm. 0765/90 y que de haberse conocido por esta parte hubieran variado el curso de la apelación ya que la sentencia de la Audiencia se fundó en la falta de ningún signo o apariencia que con este documento hubieran quedado probados y acreditados; acompañaba resguardo acreditativo de haber efectuado el depósito previo por importe de cincuenta mil pesetas; fundamentaba la demanda en los apartados primero y cuarto del art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás concordantes en los hechos que exponía y en los fundamentos de derecho que estimaba oportunos y terminaba suplicando a la Sala que previos los trámites legales dictara sentencia dando lugar al recurso y rescindiendo en todo la impugnada, expidiéndose certificación del fallo y devolviendo los autos al Juzgado de que proceden a los efectos del Art. 1087 de la Ley Procesal; mediante el primer otrosí acompañaba el resguardo acreditativo del depósito previo; por segundo otrosí solicitaba la suspensión de las diligencias pendientes de ejecución de la referida sentencia y por un tercer otrosí interesaba el recibimiento del juicio a prueba.

Segundo. - Por providencia de esta Sala de fecha 2 de septiembre último se tuvo por presentado el escrito del recurso con los documentos acompañados y copia de todo ello teniéndose al Procurador D. Fabián Maymó Obradors por comparecido y parte legítima en nombre y representación del recurrente D. X1, entendiéndose con aquél las sucesivas diligencias y notificaciones; se unió a los autos por testimonio el resguardo del depósito previo registrándose los autos con designa de Ponente. Por providencia del mismo día se reclamaron las actuaciones del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7 de Barcelona acordándose que una vez recibidas se emplazara a cuantos hubieran litigado para que dentro del plazo de 40 días pudieran comparecer a sostener lo que a su derecho conviniera. Y en cuanto a la petición de suspensión interesada en el segundo otrosí del recurso se acordó oír al Ministerio Fiscal comunicándole los autos por el plazo de 3 días, y habiendo evacuado dicho traslado oportunamente, por auto de esta Sala de fecha 4 de octubre pasado se declaré no haber lugar a decretar la medida de suspensión de ejecución solicitada.

Tercero. - Por providencia de 23 de diciembre último se tuvieron por recibidos los autos reclamados al Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7 de esta Ciudad, uniéndose al recurso el oficio acompañatorio y disponiéndose, como trámite a seguir y conforme al párrafo 2º del Art. 1801 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se emplazara a los litigantes en dichos autos y aquí demandados, con entrega de copias y cédula oportuna, para que dentro del término de 40 días comparecieran a sostener lo que conviniera a derecho de los mismos.

Cuarto. - Oportunamente comparecieron los demandados en revisión D.ª X2 y Dª M.ª Y1, representadas por los Procuradores Sres. Joaniquet y Montero, respectivamente, quienes a la vez impugnaban el recurso de revisión contestando a la demanda en base a las alegaciones y fundamentos de derecho que exponían en sus respectivos escritos, en los que solicitaban que en su día se dictara sentencia no dando lugar a la revisión solicitada con expresa condena de las costas a la parte recurrente, haciendo por otrosís las demás manifestaciones que estimaron oportunas, a cuyos Procuradores se les tuvo por comparecidos y parte mediante las oportunas providencias entendiéndose con los mismos las sucesivas diligencias y notificaciones en su respectiva representación, acodándose proveer oportunamente en cuanto al trámite de contestación o impugnación del recurso por parte de los mismos.

Quinto. - Por providencia de 28 de febrero último y habiendo transcurrido el término del emplazamiento sin que se personase el demandado en revisión D. X2, se le declaró en rebeldía teniéndose por precluido el trámite procedente acordando notificar al mismo en los Estrados dicha providencia y las demás que recayeran. Y atendido que los otros demandados en revisión ----------- se habían personado oportunamente y formularon impugnación al recurso de revisión, se tuvo por evacuado por las mismas el trámite de contestación disponiéndose que siguieran los sucesivos conforme a lo establecido para la sustanciación de los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, recibiéndose el pleito a prueba y concediéndose el plazo de veinte días común a las partes para proponer y practicar, dentro de los cuales se llevaron a efecto las propuestas por las mismas, que se admitieron y declararon pertinentes, todo ello con el resultado que consta de los autos.

Sexto. - Que por providencia de 28 de marzo último y habiendo transcurrido el término de prueba, se mandó unir a los autos las pruebas practicadas y traerlos a la vista con citación de las partes para sentencia, y habiéndose solicitado dentro del plazo celebración de vista pública, se acordó la misma y tuvo lugar el día 14 de abril pasado en la Sala de Audiencia de este Tribunal Superior con la asistencia de los Procuradores y Letrados de las partes, informando los últimos en apoyo de sus respectivas pretensiones.

Séptimo. - Pasados los autos al Ministerio Fiscal para ser oído, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1802 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el mismo evacuó dicho trámite mediante escrito que ha quedado unido por providencia de fecha 5 de los corrientes en la que se dispone que quedaron los autos a la vista para dictar sentencia.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - Para la adecuada decisión del tema suscitado procede sentar con carácter previo la siguiente relación fáctica: Producida la ruptura en la relación de noviazgo existente entre D. X2 y D.ª X2, la Agencia Inmobiliaria Barnapis, bajo cuya denominación empresarial gira el Agente D. X1, en virtud de encargo escrito de la Sra. Z., gestionó la venta del piso sito en la calle C, n.º 00 de esta Ciudad que los citados novios habían adquirido para instalar el domicilio conyugal una vez casados. Convenida la venta con Dª Y1 que hizo entrega de la cantidad de seiscientas noventa mil pesetas en concepto de arras penitenciales, el contrato no pudo consumarse por no comparecer en la Notaría el copropietario Sr. W. el día señalado para el otorgamiento de la escritura pública. La Sra. -------- formuló el 13 de junio de 1990 demanda de devolución de arras duplicadas contra los Sres. ------------ y M. y la Sra. -------, que se tramitó en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7 de esta Capital como juicio de menor cuantía con el número 664 de 1990. El problema litigioso giró fundamentalmente en torno a si D. --------- había prestado o no autorización para las gestiones de venta del piso. La sentencia del Juzgado de fecha 17 de abril de 1991, confirmada por la de la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de 24 de octubre de 1992, estimó parcialmente la pretensión actora en el sentido de condenar a D. X1 a pagarle la cantidad de un millón trescientas ochenta mil pesetas, y absolver a los otros dos demandados. La «ratio decidendi» de dicha resolución consistió en la inexistencia de encargo, consentimiento o ratificación por parte del Sr. ------------. Paralelamente a dicho proceso civil tuvo lugar la tramitación de una causa penal iniciada en virtud de una querella formulada por el antedicho Sr. -------- contra la Sra. ------- por el delito de estafa. El procedimiento de Diligencias Previas seguido con el núm. 3538/90 por el Juzgado de Instrucción núm. 21 de Barcelona se transformó en el Procedimiento Abreviado núm. 55/92 del Juzgado de lo Penal núm. 7, el cual dictó sentencia absolutoria el 12 de junio de 1992. En esta resolución se declara probado la existencia de un acuerdo verbal entre los copropietarios del piso para proceder a su venta, y de una autorización del Sr. -----  a la Sra. ------ para gestionarla. Y precisamente con base en la existencia y declaración de esta Sentencia penal se plantea por D. X1 el presente recurso de revisión, pues entiende que la misma supone un documento recobrado determinante de la prosperabilidad de la rescisión que contempla el núm. 1º del Art. 1796 LEC y además evidencia la concurrencia de una maquinación fraudulenta del núm. 4º del propio precepto de la Ley Procesal.

Segundo. - Entiende una de las partes demandadas (recurridas) en revisión, y comparte tal criterio el Ministerio Fiscal, que la pretensión actora estaba caducada cuando fue ejercitada porque el accionante Sr. ----------- conocía desde su fecha la Sentencia penal, por Lo que en el momento de plantear la revisión ya había transcurrido el plazo de tres meses a que se refiere el Art. 1798 LEC. Y aunque la afirmación no es infundada, y existen datos con la entidad suficiente para en un juicio de raciocinio lógico llegar a tal conclusión, sin embargo como la presencia procesal del Sr. ---------- tuvo lugar en el trámite de Diligencias Previas, pero no en el de Procedimiento Abreviado cuya Sentencia definitiva no consta le hubiera sido notificada, es por eso, unido a la conveniencia de dar la mayor satisfacción posible a la petición de los justiciables de conformidad con el principio de tutela judicial efectiva, por lo que se estima más adecuado entrar a conocer del fondo, evitando así la incertidumbre que podría generar sobre las razones del recurso una eventual exclusión del mismo con base en una argumentación carente de plena solidez o consistencia.

Tercero. - Es evidente que no concurre la causa de revisión n.º primero del Art. 1796 LEC. Es más, no concurre ninguna de las exigencias del precepto. No se recobra ningún documento, porque la Sentencia penal es posterior a la del Juzgado Civil. No se halla detenido por fuerza mayor, ni por obra de la parte en cuyo favor se haya dictado la Sentencia impugnada. Debe advertirse que el pleito civil se seguía entre la Sra. ---------- por una parte como (demandante), y los Sres. -------- y M. y Sra. ------- (como demandados) por otro lado. No había pleito entre los Sres. ------ y -----. y la Sra. ---------., y por ende no cabía plantear las discordancias que pudieran existir entre ellos. Y por último, el documento no tiene el carácter de decisivo, pero, sin necesidad de entrar a valorarlo (elementos de prueba que el juzgador penal tomó puntualmente en consideración para sentar su conclusión), es de señalar que la Sentencia penal absolutoria no vincula al juez civil, salvo cuando declara la inexistencia del hecho de que la acción civil hubiese podido nacer (Art. 116, p. primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Por todo ello, debe desestimarse el recurso articulado vía «documento recobrado», que en realidad no supone más que la tentativa de buscar un nuevo enjuiciamiento de una cuestión ya discutida en el pleito, que ni esta Sentencia puede volver a examinar, ni una apreciación «ad hoc» de una Sentencia penal absolutoria podría en ningún caso cambiar.

Cuarto. - La misma suerte desestimatoria debe correr la fundamentación del recurso en la causa de maquinación fraudulenta del núm. 4º del Art. 1796 LEC. El recurrente no parece tener en cuenta que la Sentencia que impugna no resuelve directamente los problemas que pueda tener con los copropietarios del piso Sr. -------- y Sra. --------., sino de todos ellos con la Sra. --------. Y no es de ver entonces cuál ha podido ser el artificio o ardid empleado por la actora Sra. -------- para impedir o dificultar la defensa del Sr. ------- y ganar el pleito. Es conocida la doctrina jurisprudencial, que excusa de cita, que vedaba la legitimación para recurrir contra un codemandado. Pero además, no consta ninguna maquinación de los Sres. ------- y ------; ni es deducible de la Sentencia Penal. El que el juzgador dé esta orden, a diferencia del juzgador civil (por cierto, con más elementos de juicio), haya apreciado un acuerdo verbal para vender, no permite crear la existencia de una confabulación determinante de la situación fraudulenta que el recurrente en revisión se imagina.

Quinto. - El promovente del recurso debe ser condenado al pago de las costas procesales causadas en este juicio, y a la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en el art. 1809 de la LEC. En nombre del Rey y en virtud de la autoridad conferida por el pueblo

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de revisión formulado por la representación procesal de D. X1 por el que pretendía la rescisión de la Sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7 de esta Ciudad el 17 de abril de 1991, y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas en este juicio y pérdida del depósito constituido. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Devuélvanse los antecedentes al Juzgado de procedencia, y dése a esta Sentencia la publicidad legalmente establecida.