Sentència de 18 de març de 1994

Barcelona a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

VISTO por la Sala civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen, el recurso extraordinario de revisión, interpuesto por el procurador de los Tribunales D. Josep Maria Puig Olivet Serra, en nombre y representación de D. X1 y D.ª X2, defendido por el letrado D. Ramon Fontdevila i Font, contra D.ª Y1, representada por el procurador D. Carlos Ram de Viu y de Sivatte y defendida por el letrado D. Ramon M.ª Rodon Ginjoan, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia mira. 5 de Reus en el Juicio de cognición núm. 120/90.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - El procurador D. Josep Maria Puig Olivet Serra en representación de D. X1 y D a X2 mediante su escrito de fecha 13 de septiembre de 1993, formuló demanda de juicio o recurso de revisión, al amparo de lo que establecen los arts. 1796 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil contra la sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Reus de fecha 6 de marzo de 1992, en el que son partes interesadas la actora Dª Y1 y los aquí recurrentes en calidad de demandados. A los efectos prevenidos en el art. 1798 de la Ley de enjuiciamiento civil, hacía constar que la demanda o recurso se interpone antes del plazo de 5 años desde la fecha de publicación de la sentencia y dentro de los 3 meses desde que tuvo conocimiento de la misma, tras el requerimiento notarial realizado a los hoy recurrentes el día 16 de junio de 1993; acompañaba resguardo acreditativo de haber efectuado el depósito previo con importe de 50.000 Pts.; fundamentada la demanda revisoria en el motivo 4 del art. 1796 de la Ley de enjuiciamiento civil, por haberse ganado injustamente en virtud de maquinación fraudulenta, y la fundaba en los hechos que exponía y en los fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminaba suplicando a la Sala que se tramitara el recurso con arreglo a derecho para dictar en su día sentencia dando lugar a la rescisión de la resolución firme impugnada, devolviéndose el depósito, constituido a esta parte y los autos al Juzgado de primera instancia, con certificación del fallo, a fin de que pudieran los solicitantes, usando su derecho en el juicio de cognición interpuesto, con expresa condena en costas a la parte contraria. Por otrosí solicitaba el recibimiento, a prueba y por otro segundo otrosí solicitaba la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada.

Por providencia de esta Sala de fecha 16 de septiembre último se tuvo por presentado el escrito de demanda de proceso de recurso de revisión, teniéndose por parte al procurador Sr. Puig Olivet Serra en la representación que acreditaba de los actores D. X1 y Dª X2, designándose ponente y teniendo por constituido el depósito previo cuyo resguardo quedó testimoniado en autos.

Segundo. - Por providencia del 20 del mismo mes se acordó reclamar del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Reus los autos de juicio de cognición mira. 120/90 seguido entre las partes, y en cuanto a la petición de suspensión interesada en el segundo otrosí de la demanda, se acordó oír al Ministerio Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el art. 1803 de la Ley de enjuiciamiento civil, comunicándole al efecto las actuaciones por el plazo de 3 días. Evacuado el traslado, esta Sala por auto de fecha 4 de octubre último, declaró no haber lugar a decretar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada.

Tercero. - Que recibidos del Juzgado de primera instancia núm. 5 de Reus los autos reclamados y dando impulso al procedimiento se acordó emplazar a la actora en los mismos Dª Y1 con entrega de copias y cédula oportuna para que dentro del término de 40 días compareciera a sostener Lo que conviniera a su derecho. Oportunamente compareció en autos la referida demandada en revisión, representada por el procurador D. Carlos Ram de Viu y de Sivatte que a la vez contestada la demanda en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, para terminar suplicando que en su día se dictara sentencia desestimando el recurso de revisión entablado de adverso por inexistencia en la recurrida de conducta alguna calificable de fraudulenta como nexo para la obtención de una sentencia injusta, y en caso ser la propia conducta de los recurrentes, calificable como mínimo de negligente, la que ha podido dar lugar a una rebeldía no buscada por esta parte, y todo ello con expresa imposición de costas a los recurrentes.

Cuarto. - Por providencia de 10 de enero último, se tuvo al procurador Sr. Ram de Viu por comparecido y personado en tiempo y forma en el presente proceso de revisión en nombre y representación de la demandada Dª Y1; y contestándose a la demanda del recurso en el escrito de personación, se tuvo por evacuado dicho trámite disponiéndose seguir los sucesivos conforme a lo establecido para la sustanciación de los incidentes en la Ley de enjuiciamiento civil; de conformidad con lo solicitado por ambas partes se recibió a prueba el incidente y se concedió el plazo de 20 días común a las mismas para proponer y ejecutar la prueba, llevándose a efecto las admitidas, todo ello con el resultado que consta en los autos.

Quinto. - Por providencia de 7 de febrero pasado se acordó unir a los autos las pruebas practicadas y que se trajeran a la vista para sentencia con citación de las partes, sin que ninguna de ellas, dentro de plazo, solicitara celebración de vista pública. Y por providencia de 15 del mismo mes y conforme al art. 1802 de la Ley de enjuiciamiento civil, se acordó oír al Ministerio Fiscal acerca de si había o no lugar a la admisión del recurso comunicándole las actuaciones a tales fines y habiendo evacuado oportunamente el traslado, en otro proveído del día 3 de los corrientes se dispuso que quedaran los autos a la vista para dictar sentencia.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

Primero. - El presente recurso de revisión formulado al amparo del núm. 4.º del art. 1796 LEC con base en la causa de maquinación fraudulenta debe ser estimado porque del examen de las actuaciones (documental acompañada con la demanda de revisión y autos del juicio declarativo) resulta incuestionable que en el procedimiento de cognición seguido en el Juzgado de 1ª Instancia núm. 5 de Reus con el núm. 120 de 1990 a instancia de Y1 contra los cónyuges D. X1 y D.ª X2, y en el que recayó Sentencia el 6 de marzo de 1992, la llamada al proceso de estos demandados no se efectuó en forma legal al incurrirse en importantes deficiencias en el acto de comunicación correspondiente, y como consecuencia de ello se produjo el desconocimiento del proceso que colocó a los aquí recurrentes en una situación de indefensión material, con trascendencia constitucional, en el sentido de privarles de la oportunidad real de alegar y probar en defensa de los derechos e intereses legítimos (Stas. del T.C. 1/83, 48/86, 35/89, 289/93), hasta el punto incluso de prolongar la ocultación de la Sentencia definitiva a momento procesal en que sólo esta revisión (aparte el amparo) era posible, con lo que se privó a los demandados de ejercitar los recursos correspondientes (Sta. T.S. 12 julio 1993).

Segundo. - Las graves deficiencias en la llamada al proceso antes aludidas se manifiestan en los aspectos siguientes: a) No se realizó el emplazamiento personal en forma correcta. Efectivamente, se trataba de un juicio de cognición en el que, con arreglo al art. 38 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, se aplican las normas generales. Pues bien, a pesar de que en la demanda se señala como lugar para la práctica del acto de comunicación la finca propiedad de los demandados (Partida Capella, Distrito 2.º, parcela 24 a), no se observa la existencia de un emplazamiento personal conforme al art. 261, párrafo cuarto LEC, ni que en el intento de práctica del mismo haya intervenido funcionario legalmente autorizado conforme al art. 262, ni que se haya ido a dicho lugar como exige el art. 268. La documentación obrante en los autos (los que lamentablemente no están foliados) no es en absoluto adecuada ni bastante en relación con la trascendencia del acto, pues no cabe admitir como suficientes unas hipotéticas citaciones en que con firmas ilegibles (y una de ellas del Agente Judicial) se dice simplemente «desconocidas», sin que conste si se fue a la finca, ni quién fue, ni si estaba habitada, ni si hay vecinos, ni quién hizo la manifestación de desconocidos, ya que obviamente no es lo mismo «desconocidos» que «ausentes», todo lo que además se agrava por el hecho de que la «diligencia» extendida en los autos «para hacer constar que remitidas citaciones a la parte demandada han sido devueltas por ser desconocidos en el domicilio que obra en autos, comuníquese a la parte actora, para su conocimiento, doy fe» se halla SIN FIRMAR, por lo que carece de valor procesal alguno. Y estos defectos son imputables tanto al Juzgado, como a la parte actora del juicio de cognición, la que sin velar por sus intereses procurando que en la llamada al proceso de los demandados se observasen las mínimas exigencias legales, interesó el emplazamiento por edictos, con olvido de que cuando no se encuentra nadie en la finca (lo que por otro lado, como ya se dijo, no consta) debe intentarse el emplazamiento por medio de vecino; b) Pero es que, además, aunque la actuación procesal de intento de emplazamiento personal (por cédula) hubiere sido correcto, igualmente se aprecia una conducta por parte de la actora (o de su representación, que para el caso es lo mismo) no conforme a derecho, pues la misma no ignoraba que (entonces) en la finca solfa hallarse el padre de la demandada D.ª ------ (D. ------), y trabajaba el encargado de aquélla (D. -------), como asimismo sabía de un domicilio en Badalona de una hija del matrimonio demandado, en el que solían estar los aquí recurrentes o en el que podían dar razón de los mismos; y, c), Por último, a mayor abundamiento, tanto informándose en el Ayuntamiento como en la Policía Local, se pudo adquirir conocimiento del domicilio de L. para intentar una llamada al proceso con posibilidades de efectividad, que obviamente integra el mínimo de diligencia exigible para la localización de los demandados, de modo que su omisión da lugar a fraude procesal, y priva de eficacia al emplazamiento edictal. Sin que ni siquiera quepa argüir la eventualidad de una residencia en el extranjero, que no seria óbice a la primacía del emplazamiento personal mediante el correspondiente despacho o comisión rogatoria.

Tercero. - Lo expuesto en el fundamento anterior integra un supuesto de ocultación de domicilio (además de emplazamiento defectuoso) que justifica el efecto rescisorio interesado en esta demanda de revisión, en plena consonancia con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina del Tribunal Constitucional, las que expuestas en apretada síntesis consideran que por maquinación fraudulenta, como causa fundamentadora del recurso de revisión, se ha de entender todo artificio, realizado personalmente o con auxilio extraño por la parte que haya obtenido la sentencia deseada, o por quienes le representen, que implique una conducta o actuación maliciosa llevada a cabo mediante falacia o engaño por el litigante vencedor, con consciente y voluntario aprovechamiento de actos directos o inmediatos que provocan una grave situación de irregularidad procesal (Stas. T.S. 24 julio, 6 y 18 octubre 1993), pudiendo comprenderse dentro de la misma aquellas actividades de la actora dirigidas a dificultar u ocultar al demandado la iniciación del juicio con objeto de obstaculizar su defensa, asegurando así el éxito de la demanda (Stas. 7 mayo 1991, 8 junio 1992, 24 julio y 6 octubre 1993); y es que si bien la notificación por edictos es una de las formas previstas en el ordenamiento jurídico (art. 269 LEC) para llamar a los demandados a  juicio, ha de utilizarse cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser emplazada o por haberse mudado de habitación se ignore su paradero, haciéndose constar así por diligencia, y habida cuenta su carácter supletorio y excepcional sólo puede tener lugar cuando no sea posible recurrir a otros medios más efectivos, lo que supone, por un lado, que el acuerdo o resolución judicial de tener a la parte como persona en ignorado paradero se halle fundada en criterios de razonabilidad que llevan a la convicción o certeza de la inutilidad de cualquier otra forma de citación (S.T.C. 216/92, de 6 de diciembre y S.T.C. 24 julio 1993), y, por otro lado, que la parte actora ha de desplegar una mínima diligencia de localización de los demandados (Stas. T.S. 27 julio y 14 septiembre 1993), pues una de las manifestaciones más claras de maquinación consiste en manifestar desconocer el domicilio del demandado, no obstante tener constancia del mismo, interesando el emplazamiento por edictos, a fin de que se sustancie el juicio en rebeldía, para que no comparezca a defender sus posibles derechos (S.T.S. 29 marzo 1993 y cita). A lo dicho sólo cabe añadir que numerosas Sentencias del TC. ponen de relieve la necesidad de que las notificaciones del art. 268 LEC reúnan los requisitos y condiciones mínimas que exige dicho artículo y que constituyen garantía del real conocimiento por el interesado del acto o resolución que se le notifica, asegurando su derecho a intervenir en el proceso desde tal momento y a interponer los recursos procedentes (Stas. 116/88, 195/90, 326/93, entre otras); sin que se aprecie en el caso pasividad o negligencia de los interesados, o que hayan tenido conocimiento de la existencia del proceso de otra forma, lo que determinaría, de concurrir, la exclusión de indefensión material, y de la posibilidad de la demanda rescisoria (Stas. TC. 166/89, 167/92, 103, 113 y 334/93, entre otras); y sin que tampoco quepa hacer ningún tipo de comentario sobre el fondo del asunto, que resulta inapropiado para este recurso (Stas. TS. 19 octubre 1990, 22 marzo 1991, 6 octubre 1993).

Cuarto. - Habida cuenta la estimación del recurso de revisión procede acordar de conformidad con lo establecido en los arts. 1806 y 1807 LEC, sin hacer especial mención de las costas causadas por no existir precepto específico (el art. 1809 se refiere sólo a cuando se declare improcedente la revisión), no ser de aplicación el art. 523, p. primero, LEC, (que sólo lo es para la primera instancia de los juicios declarativos), y no apreciarse temeridad o mala fe en la oposición de la demandada en este recurso; y asimismo debe ordenarse la devolución del depósito a los recurrentes («a contrario sensu» del art. 1809 LEC).

EN NOMBRE DEL REY Y POR LA AUTORIDAD CONFERIDA POR EL PUEBLO,

Que estimamos el recurso de revisión formulado por D. X1 y Dª X2 contra Dª Y1 y decretamos, por causa de maquinación fraudulenta, la rescisión total de la sentencia dictada el 6 de marzo de 1992 por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 5 de Reus en el juicio de cognición núm. 120 de 1990, seguido a instancia de la Sra. ------ contra los cónyuges mencionados, ambos en rebeldía, y acordamos expedir certificación del fallo, con devolución de los autos al Juzgado de que proceden para que las partes usen de su derecho, según convenga, en el juicio correspondiente. Asimismo disponemos devolver a los recurrentes el depósito constituido, no hacer especial mención de las costas causadas en el recurso, y dar a esta resolución la publicación legal, sin que contra la misma quepa recurso alguno (salvo en su caso el de amparo constitucional).