Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 28 de desembre de 1993

Anterior Amunt

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  
de 28 de desembre de 1993, núm. 30/1993 (Sala Civil i Penal) 

 

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva

Excmo. Sr. Presidente: D. Luis M. Díaz Valcárcel.

Iltmos. Sres. Magistrados: D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Lluis Puig Ferriol.

Barcelona a veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre acción declarativa de propiedad de terreno y otros extremos cuyo recurso fue interpuesto por la demandada D. X, representada por el procurador D. Jorge Solá Serra y defendida por el letrado D. Alvaro Espinós Borrás de Quadras, en el que ha sido parte recurrida D. Y, representado por el procurador D. Carles Arcas Hernández y defendido por el letrado D. Jaime Nualart Serrats.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Feliu de Llobregat, fueron vistos autos de juicio declarativo de menor cuantía a instancia de D. Y contra Dª X, en la que solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos que estimó oportunos que se dictara sentencia en la que: 1) Se declare que el Sr. Y es propietario del terreno situado en el término municipal de L., constituido por la agrupación de las fincas registrales nº ---- y nº --- del Ayuntamiento de C, y de la casa construida sobre el citado terreno, actualmente la nº 00 de la calle S, que es la finca nº ---- del citado Ayuntamiento. 2) Subsidiariamente se declare que el Sr. Y es propietario de la parte de terreno constituido por la finca nº ----, y, por mor de la accesión invertida, de la casa referida construida en parte sobre dicha finca. 3) También con carácter subsidiario, por si no se admite ninguna de las precedentes peticiones y se entiende que la totalidad del terreno de propiedad de la Sra. X, se declare que por accesión invertida, ya que el valor de la casa construida en él es muy superior, el terreno accede a lo edificado, debiendo abonar el Sr. Y a la Sra. X el valor actual de dicho terreno. 4) Se ordena la cancelación de las inscripciones registrales que se opongan a cualquiera de los precedentes pronunciamientos, y la práctica de las inscripciones correspondientes en su caso. 5) Subsidiariamente si se entiende que lo edificado accede al terreno, se declare que la Sra. X tiene que satisfacer al Sr. Y el valor actual de la casa, que sin el terreno, se estima prudencialmente en 20.000.000 de ptas, sin perjuicio de la cantidad que se fije de manera definitiva en ejecución de sentencia. 6) Se condene a la demandada a estar y pasar por lo que disponga en la sentencia, y se le impongan las costas del litigio.

 

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento del demandado, lo que verificó oportunamente y en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando al Juzgado que se dictara sentencia en la que se le absuelva de todos los pedimentos de la demanda, con expresa imposición de las costas al actor. Seguido el juicio por sus trámites el indicado Juzgado con fecha de 9 de junio de 1993, dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Pere Martí Gell en nombre y representación de D. Y contra Dª X, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a la Sra. X de las pretensiones contra ella ejercitadas; con expresa imposición de las costas de esta instancia al Sr. P..».

 

Tercero. - Contra la indicada sentencia el demandante interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada, «la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 3 de abril de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por la representación del Sr. Y contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Juzgado numero cuatro de San Feliu de Llobregat cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de esta resolución. Mantenemos el pronunciamiento que desestima las cuatro primeras peticiones de la demanda. REVOCAMOS EN PARTE la sentencia y estimamos parcialmente la demanda interpuesta por el citado demandante contra la Sra. X condenamos a ésta a pagar al demandante el precio actualizado de la mitad de los materiales y los jornales invertidos en la construcción de la casa, que se determinará en ejecución de sentencia, o la mitad del aumento del valor de la finca, que se fija en 11.655.000 ptas. (once millones seiscientas cincuenta y cinco mil pesetas). No se imponen las costas de ninguna de las instancias.».

 

Cuarto. - El procurador Sr. Jorge Solá Serra, en nombre de la demandada D. X, formalizó recurso de casación por infracción de normas de Derecho civil común y Derecho civil de Cataluña, que basaba en los motivos siguientes:

1. - Infracción por inaplicación de los artículos 12, 21 y 22 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña y los arts. 1250 y 1251 del Código civil.

2. - Violación del art. 278 de la Compilación y la jurisprudencia que lo interpreta.

3. - Por infracción de los arts. 1214 y 1253 del Código civil y la jurisprudencia que los interpreta.

4. - Por infracción por inaplicación del art. 344 de la Compilación y los arts. 1932-1.II i 1961 del Código civil y de la doctrina jurisprudencial que los interpreta.

5. - Por infracción por aplicación indebida del art. 1973 del Código civil y la jurisprudencia que lo interpreta, concretamente la sentencia de 20 de enero de 1971 y por inaplicación del art. 455 del Código civil.

6. - Por violación por inaplicación del art. 632 de la Ley de enjuiciamiento civil.

 

Quinto. - Por providencia de 23 de septiembre pasado, se tuvo por interpuesto el recurso de casación y pasaron la actuaciones al Ministerio Fiscal a los fines del art. 1709 de la Ley de enjuiciamiento civil, el cual mediante escrito de fecha 4 de octubre último, solicitó la admisión a trámite del recurso en base al art. 1730, 1º del indicado cuerpo legal, en su redacción dada por la Ley 19/1992 de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma procesal y en base al art. 73 párrafo primero letra a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio. Por auto de fecha 19 de octubre último, se admitió el recurso de casación interpuesto y se concedió un plazo de 20 días para que la parte contraria formalizara escrito de impugnación, lo cual tuvo lugar. Por providencia de fecha 18 de noviembre último se señaló votación y fallo para el día 9 de diciembre de los corrientes.

Ha sido ponente el Ilmo. Magistrado D. Luis M. Díaz Valcárcel.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero. - Con objeto de fijar con precisión los términos de la presente contienda que, por razones de congruencia, determinarán las sucesivas resoluciones judiciales, es preciso dejar sentados los siguientes hechos: 1º La demanda inicial fue interpuesta por don Y contra doña X; ambos contrajeron matrimonio el 26 de octubre de 1946 y se separaron legalmente treinta y ocho años después, por sentencia firme de 2 de abril de 1984. 2º Constante matrimonio fue adquirido un solar en la localidad de C, escriturado a nombre de la esposa. Años después sobre el solar se edificó una casa compuesta de dos plantas y garaje que lleva el nº -- de la calle de S. El año 1983, la señora Y. procedió al otorgamiento de escritura pública de declaración de obra nueva y constitución de la casa en propiedad horizontal. 3º La demanda contiene como petición principal que se declare que el Sr. X. es propietario del terreno mencionado y de la casa construida sobre el mismo. Con carácter subsidiario solicita la declaración de que es propietario de parte del terreno y, por accesión invertida, de la referida casa, o bien, si se entiende que todo el terreno es propiedad de la esposa, se declare que el terreno -por su menor valor- accede a lo edificado, debiendo abonar el Sr. Y a la Sra. X el valor actual de dicho terreno. En relación de subsidiariedad respecto a las anteriores peticiones y para el caso de entender que lo edificado se incorpora el suelo, el marido pide a la esposa el importe del valor actual de la casa sin solar. 4º La sentencia de primera instancia estima probado que el terreno es propiedad de la esposa, niega la posible aplicación al caso de la denominada accesión invertida y, consiguientemente, desestima en su integridad la demanda «siendo en su caso, el Sr. Y titular de los derechos personales y obligaciones no determinados (por no ser objeto del presente pleito)» (Autos, folio 162). 5º La sentencia de segunda instancia parte también de considerar que el terreno es propiedad de la esposa y que el marido ha construido en terreno ajeno. En el fundamento jurídico noveno indica que la posición mantenida por ambos litigantes impone analizar la cuestión litigiosa desde el punto de vista de la accesión. Revocando, en parte, la sentencia apelada, la Sala condena a doña X a pagar al actor el precio actualizado de la mitad de los materiales y de los jornales invertidos en la construcción de la casa, que se determinará en ejecución de sentencia, o la mitad del aumento del valor de la finca.

 

Segundo. - El examen del material fáctico sucintamente resumido en el fundamento jurídico precedente indica que nos hallamos ante un supuesto muy frecuente: el matrimonio que a lo largo de una dilatada vida conyugal y con aportación del trabajo y el dinero de ambos esposos, han ido constituyendo un patrimonio cuyo principal activo es la casa en que habitan. En el presente caso concurre una circunstancia infrecuente: el matrimonio al alcanzar los umbrales de la vejez, se separa legalmente, lo que obliga a un reparto de los bienes que hasta aquel momento han disfrutado en común. Todo ello apunta a la existencia de una comunidad de intereses que, por las razones expuestas, debe ser disuelta, lo que no plantea grandes dificultades teóricas pues la legislación ofrece reglas para determinar la cuota de los partícipes y la división del patrimonio común. No obstante, el planteamiento de la demanda y del recurso de apelación han llevado la litis por los cauces artificiosos de la construcción extralimitada con posible aplicación de la doctrina de la accesión invertida o de la construcción en terreno ajeno y sus distintos efectos según la buena o mala fe del dueño del suelo y del edificante. Planteamiento cuyas consecuencias alcanzan al presente recurso de casación, según tendremos ocasión de ver en le examen pormenorizado de los distintos motivos.

 

Tercero. - Con fundamento en el ordinal cuarto del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil denuncia el recurrente la inaplicación de los artículos 12, 21 y 22 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña y de los artículos 1250 y 1251 del Código civil, por cuanto la sentencia recurrida admite que el demandante sufragó -en parte- obras de construcción en un terreno propiedad de la esposa constante matrimonio y, sin embargo, no aplica la presunción contenida en el art. 12 de la Compilación en el sentido de que aquella construcción integra un negocio jurídico de carácter gratuito. A ello cabe decir que una presunción, en sentido estricto, supone un hecho básico, otro derivado y un enlace preciso y directo entre ambos según las reglas del criterio humano. El art. 12 de la Compilación al establecer que los cónyuges podrán celebrar entre sí durante el matrimonio actos y contratos a título onerosos o gratuito y que «en caso de impugnación judicial la prueba de carácter oneroso corresponde a los demandados», no establece propiamente una presunción sino una regla de asignación probatoria. Por ello la doctrina más autorizada ha podido decir que el principal efecto de este precepto es de orden procesal y consiste en la inversión de la carga de la prueba de la onerosidad, de tal manera que alegada la gratuidad serán los cónyuges los que deberán demostrar que realmente existe causa onerosa. Por otra parte, la presunción de gratuidad establecida por el art. 12 de la Compilación no está pensada para que pueda ser esgrimida por un cónyuge frente al otro sino para facilitar la reclamación de los acreedores cuando los esposos simulan enajenaciones onerosas para crear ficticias situaciones de insolvencia. Así se deduce del tenor literal del precepto que habla en plural de «los demandados», es decir, ambos cónyuges que son objeto de reclamación de un tercero. Y así lo entiende la doctrina que sitúa la presunción de gratuidad del art. 12º y la presunción de donación del art. 23 entre las medidas arbitradas por el ordenamiento jurídico catalán para la protección de los acreedores de los cónyuges.

 

Cuarto. - Con carácter subsidiario, y con fundamento en el mismo artículo y ordinal de la Ley de enjuiciamiento civil, la parte recurrente denuncia la violación por interpretación errónea del art. 278 de la Compilación y de la jurisprudencia que lo interpreta. Estima, concretamente, que la expresión «reintegrar» -que es la usada por el legislador- ha de ser interpretada con criterio nominalista y no como deuda del valor. Lo que en el caso de autos significa que la mujer deberá pagar al marido la mitad de la cantidad que éste invirtió en jornales y materiales los años 1955 y 1963 y no, como dice la Audiencia, «el precio actualizado de la mitad de los materiales y jornales invertidos en la construcción de la casa». La mera lectura del precepto no permite decantarse por una u otra interpretación por el sencillo motivo de que el art. 278 deriva directamente del usatge Si quis in alieno que por razones cronológicas evidentes no podía plantearse los problemas económicos y jurídicos creados por la depreciación de la moneda fiduciaria. La sentencia de instancia se sitúa en el punto de vista correcto cuando interpreta la norma atendiendo a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada, contemplando fundamentalmente el espíritu y finalidad de aquélla, siempre que tal interpretación no choque con el sentido propio de las palabras de la ley en relación con el contexto y los antecedentes. La expresión «reintegrar el precio» debe entenderse de acuerdo con la finalidad claramente indemnizatoria del precepto de modo que el desembolso realizado en su día por el constructor y la cantidad que le pague el dueño del terreno tengan idéntica capacidad adquisitiva. En tal sentido se ha pronunciado esta Sala en sentencia de 25 de abril de 1992 y, últimamente, en la de 1 de marzo de 1993, las cuales sientan el criterio de que, de conformidad con los principios que informan el artículo 278 de la Compilación catalana, la indemnización que puede exigir el que edificó se ha de calcular actualizando el valor de los materiales y jornales que se emplearon realmente, pero sólo hasta el límite que supone el valor real de las construcciones en el estado en que se encuentran hoy.

 

Quinto. - El tercer motivo de casación denuncia la infracción de los art. 1214 y 1253 del Código civil; el primero por inaplicación y el segundo por aplicación indebida. La parte recurrente apoya el motivo en la frase con que finaliza el fundamento jurídico octavo de la sentencia impugnada, y que dice así: «Eso nos lleva a concluir que, a falta de otros datos, estas obras hay que entenderlas sufragadas por mitad»; lo que, a juicio del recurrente, desconoce las normas sobre carga de la prueba (art. 1214) y presunciones (art. 1253). La falacia del impugnante estriba en desconectar la oración entrecomillada del resto del párrafo. La lectura íntegra del fundamento de derecho octavo revela que el Tribunal de instancia procede en él a valorar el material probatorio, lo que no sólo está dentro de sus facultades sino que, además, es inatacable en casación. La Sala parte de las alegaciones de la demanda, examina pormenorizadamente el resultado de la prueba testifical así como la confesión en juicio del actor y llega a la conclusión de que las obras fueron sufragadas por el marido sólo en cuanto a la mitad. Es decir, que el demandante no ha conseguido demostrar íntegramente sus afirmaciones pero sí en parte, lo que no vulnera ni las reglas del onus probandi ni las que disciplinan la prueba de presunciones de la que el tribunal no hace uso.

 

Sexto. - Los motivos cuarto y quinto del recurso pueden estudiarse juntamente por tratar ambos de la prescripción extintiva que la sentencia recurrida no admite y que el impugnante estima consumada habida cuenta del dies a quo del cómputo y de la ausencia de interrupción, sin que exista controversia en cuanto al plazo, que es el treintañal del art. 344.2 de la Compilación. De nuevo hemos de decir -aunque sea a título incidental- que la cuestión no hubiera surgido si en lugar de plantearse artificiosamente la litis como la reclamación de un constructor de buena fe contra el propietario del terreno que resulta ser su cónyuge, se hubiese partido de una situación de comunidad de intereses que surge entre los esposos y cesa con la separación. Pero, cerrado el paréntesis, diremos que -de acuerdo con la sentencia de instancia- el día inicial para el cómputo de la prescripción de los derechos del constructor en terreno ajeno «es el momento en que se produce la incorporación de los materiales al suelo» (fundamento jurídico decimoquinto), extremo que es explícitamente asumido por el recurrente quien dice que en el momento en que los materiales se incorporan al suelo se produce la accesión «según la Ley y su pacífica interpretación.» Ahora bien, las obras se prolongan desde el año 1955 al 1963, según estimamos en ejercicio de la facultad integrativa del factum, y la demanda inicial fue presentada ante el juzgado de Sant Feliu de Llobregat el 18 de septiembre de 1991, con lo que la acción no había prescrito si se entiende que el cómputo empieza cuando terminan las obras. Pero la parte recurrente sostiene literalmente que «no puede mantenerse que el demandante no pudiese ejercitar la acción por razones subjetivas, ni tampoco objetivas, desde el mismo momento en que se produjo la accesión de cada uno de los materiales que se fueron incorporando a lo largo de los años.» (rollo, folio 9). No estimamos correcta la tesis del recurso pues el art. 278 de la Compilación habla de edificación como resultado de una actividad y hasta que la actividad no cesa no podemos saber que es lo edificado y cual su valor. Parece contrario a las normas de la lógica, y, desde luego, no se compadece con la buena fe que el constructor decida reclamar contra el dueño del suelo pero no cese en su actividad y continúe aportando materiales y jornales. Pero aún admitiendo arguendi gratia la tesis expuesta, no se dice que parte de la obra es anterior a septiembre de 1961, habiendo prescrito la acción para reclamarla, y que parte es posterior y no ha prescrito. La jurisprudencia más reciente viene insistiendo en que el instituto de la prescripción extintiva tiene su base en una presunción de abandono del derecho y debe ser interpretado restrictivamente. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1992, que cita a anteriores, expresa «que esta institución, en su aspecto extintivo, ha de ser tratada restrictivamente en cuanto quiebra el normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas y la dinámica consecuente de los derechos derivados, pues no se basa en razones de justicia intrínseca, sino que actúa legitimadora al ejercicio tardío de los derechos. Razones de seguridad jurídica son las que avalan su aplicación, cuando efectiva y de manera clara, es de procedencia legal». No cabe apreciar la prescripción de la acción ya que entre el acabamiento de la edificación realizada, parcialmente, por el marido en el solar de la mujer y la presentación de la demanda de aquél contra ésta no han transcurrido treinta años. Ello hace innecesario entrar en el examen del quinto motivo de casación que ataca una supuesta interrupción de la prescripción.

 

Séptimo. - El sexto y último motivo de casación estima violado por inaplicación el art. 632 de la Ley de enjuiciamiento civil, toda vez que la Sala no ha tenido en cuenta un dictamen pericial caligráfico sobre el documento aportado como número cinco con la demanda. A ello cabe decir que el artículo inaplicado hace referencia a cómo debe apreciarse la prueba pericial, pero no a que tal prueba deba necesariamente ser apreciada por el Tribunal. Y no tiene porque serlo si versa sobre un documento privado y el juzgador obtiene su convencimiento de diversas fuentes probatorias como, en el caso que nos ocupa, la testifical y otra documental (nº 4 de los unidos a la demanda).

 

Octavo. - De acuerdo con lo dispuesto en la último párrafo del art. 1715 de la Ley de enjuiciamiento civil si no se estima procedente ningún motivo, la Sala declarará no haber lugar al recurso, con imposición de las costas al recurrente.

En nombre del Rey y por la autoridad concedida.

 

FALLAMOS

Declarando no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador Sr. D. Jorge Solá Serra en nombre y representación de Doña X, contra la sentencia pronunciada en apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el día 3 de abril de 1993; con imposición de las costas causadas en este recurso al promotor.

Líbrese certificación de esta resolución que se remitirá a la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, juntamente con el rollo y autos recibidos en su día

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda