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Sentència de 23 de desembre de 1993

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  
de 23 de desembre de 1993, núm. 29/1993 (Sala Civil i Penal) 

 

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva

Excmo. Sr. Presidente: D. Luis M. Díaz Valcárcel.

Iltmos. Sres. Magistrados: D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol.

Barcelona a veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre redención de censo, seguido ante el juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona, a instancia de Y, S.A. contra Dª X, cuyo recurso fue interpuesto por la indicada demandada, representada por el procurador Dª María José Blanchar García, y defendida por el letrado D. Oriol Savall López-Reynals, contra el demandante-recurrido Y, S.A. representado por el procurador D. Carlos Testor Ibars y defendido por el letrado D. Ignacio de Ribot de Batlle.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona, fueron vistos los autos sobre juicio declarativo de menor cuantía, a instancia de Y, S.A. contra Dª X, en los que la parte actora solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos que estimó oportunos, se dictara sentencia por la que se declaren prescritos los censos de dominio directo y derechos anexos que gravan la finca registral nº ----, de la propiedad de la demandante y cuyos derechos reales figuran inscritos a favor de la misma y alternativamente, la redención de dichos censos, sin perjuicio de satisfacer a la demandada el precio de las pensiones y capital de cada uno de los censos a redimir y derechos anexos, condenando a la demandada a estar y pasar por estas declaraciones y, en su caso, a otorgar la correspondiente escritura notarial de redención y de no verificarlo voluntariamente, sea otorgada judicialmente, condenándole asimismo al pago de las costas procesales si se opusiere a la demanda.

Segundo. - Admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento de la demandada, la cual compareció oportunamente contestando la demanda, solicitando se dictara sentencia no dando lugar a las peticiones de la actora con imposición de costas a la misma. Siguiéndose el juicio por sus trámites el indicado Juzgado con fecha dieciocho de Noviembre de 1991, dictó sentencia cuya parte dispositiva, es como sigue: «FALLO: Que estimando la petición principal de la demanda promovida por el Procurador D. Carlos Testor Ibars, en nombre y representación del Y, S.A. en liquidación, declaro extinguido, por prescripción, la parte no redimida del censo de dominio directo y derechos anexos definido en el último párrafo del fundamento jurídico tercero de esta sentencia, del que es titular inscrita la demandada Dª X, representada en autos por la Procuradora Dª Mª José Blanchar García, condenando a la expresada demandada a estar y pasar por esta declaración así, como al pago de las costas procesales».

 

Tercero. - Contra la indicada sentencia la demandada interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada la sección l6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 22 de febrero de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Dª X contra la Sentencia dictada en fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno por el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente la misma con expresa imposición de las costas causadas en la presente alzada a la parte apelante».

 

Cuarto. - El procurador Dª Mª José Blanchar García en nombre y representación de Dª X, formalizó recurso de casación por infracción de normas de Derecho civil común y Derecho civil de Cataluña, cuyo recurso fundamentó en los motivos siguientes:

1. - Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil en relación con la Disposición Transitoria Sexta de la Compilación de derecho civil especial de Cataluña.

2. - Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil al haberse aplicado indebidamente los arts. 299.6 y 344 de la Compilación de derecho civil de Cataluña.

3. - Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley procesal citada, al haberse aplicado indebidamente el art. 10-2-d) de la Ley de Censos de 1990, Ley 6/90 del Parlamento de Cataluña.Llei 6/1990

4. - Lo fundamenta en el nº 4 del art. de la Ley Procesal civil indicada por aplicación indebida del art. 10-2-d) de la Ley 6/90 en relación con el art. 2,3 del Código civil.

5. - Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción del art. 1.218 del Código civil.

6. - Lo fundamenta en el nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil en relación con la infracción de la Jurisprudencia aplicable al supuesto de autos, y

7. - Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, por aplicación indebida del «Usatge Omnes Causae».

 

Quinto. - Por providencia de fecha 9 de septiembre de 1993, se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación y se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos del art. 1709 de la Ley de enjuiciamiento civil, el que las devolvió mediante escrito de fecha veinticuatro de septiembre siguiente, en el que solicitaba la admisión a trámite del recurso. Por auto de esta Sala de fecha 14 de octubre de 1993, se admitió a trámite el recurso de casación por los motivos alegados, a excepción del sexto, por no constituir doctrina legal las resoluciones del Tribunal Arbitral de Censos, concediéndose el plazo de veinte días a la parte recurrida para que formalizase por escrito su impugnación, quedando de manifiesto las actuaciones durante dicho plazo en Secretaría, lo que verificó oportunamente. Señalada la vista para el día nueve del actual, la misma tuvo lugar con asistencia de los letrados y procuradores de ambas partes, las cuales solicitaron, que se casara la sentencia de conformidad con sus respectivas peticiones.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Presidente D. José A. Somalo Giménez.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero. - El presente recurso tiene como antecedente la demanda de juicio de menor cuantía, repartida en Mayo de 1990 al Juzgado de 1ª Instancia nº 36 de Barcelona, presentada por la representación de «Y, S.A.» contra Dª X. En la citada demanda se solicitaba que se declararan prescritos dos censos inscritos a favor de la demandada y que gravan la finca propiedad de la actora sita en la calle de S nº 0 de B consistente en edificio con planta sótano, destinada a garaje, planta baja y cuatro plantas más con superficie total de 000 metros cuadrados. Subsidiariamente se solicitaba la redención de dichos censos satisfaciendo a la demandada las cantidades correspondientes para redención de pensiones y laudemios.

La sentencia dictada en primera instancia estima la pretensión principal de la demanda y la dictada en apelación por la sección 16ª de la Audiencia de Barcelona confirma íntegramente esta resolución.

 

Segundo. - El primero de los motivos del recurso se formula al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, por entender que son inaplicables al caso los arts. 299,6º y 344 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña en relación con la disposición transitoria 3ª de la misma.

La recurrente alega que la demanda se interpuso en abril de 1990 y dado que la Compilación fue publicada el 22 de julio de 1960, entre su aprobación y la presentación de la demanda no habían transcurrido 30 años. Y según la disposición transitoria 7ª de la Compilación, que se remite a las transitorias del Código civil y el art. 1939 del mismo, la prescripción comenzada antes de la publicación de la citada ley se regirá por las disposiciones anteriores a la misma. De donde resulta que la fundamentación sostenida por la entidad demandante y por las sentencias de instancia, no es de aplicación al presente caso.

Por este camino la recurrente mantiene que la normativa anterior a la Compilación no establecía que los censos enfitéutiticos en Cataluña prescribieran por impago de pensiones censuarias. Sin embargo la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconocía la prescriptibilidad de los censos en Cataluña por aplicación del «Usatge Omnes causae» y, a partir de la publicación de la Ley de Censos de 31 de diciembre de 1945, cada vez es más aceptada entre los tratadistas la tesis favorable a la citada prescriptibilidad. La progresiva tendencia liberalizadora de cargas contenida en las leyes de 1945, 1957 y 1990 está en armonía con el reconocimiento y aplicación de la prescripción extintiva de los censos tal y como se recogen en el art. 299,6º de la Compilación y 10, d) de la ley de censos de 16 de marzo de 1990.

Nada tiene de particular que las sentencias del Tribunal Arbitral de Censos no se refirieran directamente a la prescripción de que tratamos, dado que la ley que aplicaba el Tribunal se refería a la inscripción, división y redención de censos en Cataluña.

Por otro lado ningún inconveniente hay en aplicar el art. 10, d) de la mencionada Ley de 1990 o en su caso el art. 299,6º y 344 de la Compilación, si se da el supuesto que determina su aplicación, esto es, que transcurran treinta años desde que el censatario deja de pagar la pensión.

Debe, en consecuencia, desestimarse el primero de los motivos del recurso.

 

Tercero. - También al amparo del núm.  4º del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, el segundo motivo del recurso denuncia la aplicación indebida de los arts. 299,6 y 344 de la Compilación del Derecho civil en Cataluña.

La recurrente a través de este motivo señala otro argumento a la inaplicabilidad de los citados artículos de la Compilación, cual es que la propia Compilación remite a las leyes especiales de censos de 1945 y 1957 que deben ser de preferente aplicación. Pero la misma redacción del art. 44 de la ley de 1945 presupone sin lugar a dudas la prescriptibilidad de los censos. De aquí que deba asimismo desestimarse el segundo motivo del recurso.

 

Cuarto. - Con el mismo fundamento anterior (nº 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil), el tercer motivo del recurso denuncia la aplicación indebida del art. 10, d) de la ley de 16 de marzo de 1990.

Según la recurrente el legislador de 1990, ha pretendido reservar la prescripción de censos por impago de pensiones para los censos de nueva creación de manera que las causas de extinción pensadas para los censos preexistentes a la ley 1990 y reguladas en sus disposiciones transitorias, son las justas y suficientes para tales censos.

Las razones expuestas al examinar el primer motivo del recurso referentes a la aplicación de la prescripción con anterioridad a la vigencia de la ley de 1990, de la propia Compilación y de las leyes de 1945 y 1957, conducen también a la desestimación de este tercer motivo del recurso.

 

Quinto. - El siguiente motivo, con el mismo amparo que los anteriores, denuncia la aplicación indebida del art. 10, d) de la ley de 16 de marzo de 1990 en relación con el art. 2,3 del Código civil. De nuevo se insiste en la inaplicación de la ley de 1990 a situaciones amparadas por la legislación anterior. Motivo que no puede estimarse ya que se parte del supuesto indemostrado de que los censos no eran prescriptibles en la legislación anterior a 1990.

 

Sexto. - Por la vía también del nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil se denuncia, como motivo quinto del recurso, la infracción del art. 1218 del Código civil.

La recurrente indica que ninguna de las sentencias de instancia ha comentado o valorado la existencia en autos de un documento de 25 de febrero de 1988 sobre redención parcial de uno de los censos en cuestión. Dado que los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, según el art. 1218 citado, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, se pretende deducir de aquél consecuencias favorables a la persistencia de los censos o a la interrupción de la prescripción que pudiera afectarles. No obstante, en las resoluciones de instancia combatidas aparece suficientemente valorada la prueba aportada por las partes y no procede ahora, en casación, revisar los extremos que supongan alterar la apreciación probatoria de la instancia, sustituyendo el criterio del juzgador por el sustentado por el recurrente; todo ello sin aducir argumento convincente demostrativo de una infracción legal en la citada apreciación aprobatoria.

 

Séptimo. - Finalmente, como último motivo del recurso, con el mismo amparo procesal que los anteriores, se denuncia la aplicación indebida del «Usatge Omnes Causae».-

Según la recurrente no puede pretenderse aplicar el «Usatge» a una situación jurídica del año 1988 amparada en las leyes de censos de 1945 y 1957. Si se tiene en cuenta el principio de irretroactividad de las leyes y la no aplicación de los arts. 299,6º y 344 de la Compilación y 10,d) de la ley de censos de 1990, con mayor motivo debe inaplicarse el «Usatge Omnes Causae». Vuelve a insistir la recurrente en que son los preceptos específicos de las leyes de censos de 1945 y 1957 los aplicables y los no genéricos referentes a la prescripción. Y de nuevo hay que señalar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 1877 a 1956 reiteradamente admite la prescriptibilidad del derecho real de censo si el censualista dejaba transcurrir treinta años sin reclamar las pensiones, que el art. 44 de la ley de censos de 1945 admite también la prescriptibilidad estableciendo una causa de interrupción y que el art. 14 de la ley de 1957 no deroga el art. 44 antes citado, sino que se refiere a la cancelación de los censos inscritos. La prescriptibilidad a que se alude se recoge plenamente en la Compilación, en sus arts. 299,6º y 344 y en el art. 10,d) de la ley de 1990 que suponen ya la aceptación de la doctrina que considera el derecho del censualista no como un derecho de propiedad sobre la finca, sino como un derecho real de goce limitado sobre la misma.

Finalmente, la alusión a una sentencia del Tribunal Provincial del lo Contencioso Administrativo de 4 de julio de 1960, desestimatoria de las pretensiones de los hoy recurrentes y que se refiere a la impugnación de las liquidaciones de plus valía giradas por el Ayuntamiento, por razón de la adquisición de sus derechos de censo, no desvirtúa lo ya constatado por la Audiencia al resolver el recurso de apelación: que ni se han cobrado las pensiones por más de treinta años ni se ha realizado acto alguno durante igual plazo que evidencia la vigencia del censo; tan sólo, ya consumada la prescripción, existe en 1988 una actuación relativa a uno de los censos en relación a una redención parcial. Lo que conduce, por tanto, a rechazar el último motivo del recurso.

 

Octavo. - Por todo lo dicho procede desestimar el presente recurso de casación y de conformidad con lo establecido en el art. 1715.3 de la Ley de enjuiciamiento civil se imponen las costas al recurrente con pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, EN NOMBRE DEL REY Y POR LA AUTORIDAD CONFERIDA POR EL PUEBLO ESPAÑOL

 

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de casación formulado por la representación de Dª X contra la sentencia dictada por la Sección 16ª de la Audiencia de Barcelona de fecha 22 de febrero de 1993 condenando a la recurrente a las costas procesales causadas en el recurso y a la pérdida del depósito constituido. Líbrese certificación de esta resolución que se remitirá a la Sección 16ª de la Audiencia de Barcelona juntamente con el rollo y autos recibido en su día.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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