Sentència de 22 de desembre de 1993

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva

Excmo. Sr. Presidente: D. Luis M. Díaz Valcárcel.

Iltmos. Sres. Magistrados: D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol.

Barcelona a veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre acción declarativa de un contrato de aportación y otros extremos, cuyo recurso fue interpuesto por el demandante D. X representado por el procurador D. Juan Rodés Durall y defendido por el letrado D. Enrique Fabregat Ricart, en el que ha sido la parte recurrida Dª Y, Dª Y2, «Y3, S.A.» y «Y4, S.A.», representados por el procurador D. Ángel Quemada Ruiz y defendidos por el letrado D. Jesús Condomines Pereña.

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Barcelona, fueron vistos autos de juicio declarativo de menor cuantía a instancia de D. X contra «Y3, S.A.», «Y4», Dª Dª Y2 y Dª Y, en la que solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia condenando a la parte demandada a dar cumplimiento al contrato celebrado en fecha 1º de Agosto de 1987, declarando la existencia de las obligaciones de las demandadas a cambio del pago del precio convenido: 95.000.000 ptas. y que se condene a las demandadas a la pública transmisión del inmueble sito en la calle G, nº 00 de B y al desalojo del mismo, siendo deducible del precio a pagar las responsabilidades hipotecarias y la cantidad que debe satisfacerse a JZ para la resolución de su contrato de arrendamiento del semisótano, con expresa imposición de costas a las demandadas.

Segundo - Que admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de los demandados, lo que verificaron oportunamente, oponiéndose totalmente a la demanda y tras los fundamentos de derecho termina suplicando se desestime la demanda, formulando al propio tiempo reconvención en el sentido de declarar que el precio pactado es lesivo en más de la mitad del justo precio y condenar asimismo al actor al pago de costas. Seguido el juicio por sus trámites el indicado Juzgado con fecha 4 de junio de 1991, dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que, desestimado la demanda de D. X debo absolver y absuelvo de la misma a los demandados Dª X, Dª Dª Y2, Y4; S.A. y Y3, S.A. con devolución al demandante por las demandadas de los 10.000.000 de ptas. percibidas.

Que asimismo debo declarar no haber lugar a la reconvención ejercitada por las demandadas Dª X, Dª Dª Y2 y Y3, S.A. por no poderse entrar en la reconvención por lesión por estimarse la nulidad del contrato de compraventa de 1º de agosto de 1987 suscrito por las reconvenientes y el demandante.»

Tercero. - Contra la indicada sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y por Dª Y2 y Y3, S.A. y admitidos los mismos en ambos efectos y sustanciándose la alzada, la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 26 de abril de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que estimando el recurso deducido por el Procurador D. Ángel Quemada Ruiz en representación de Dª María Núria F. y otros, y rechazando el interpuesto por el Procurador D. Juan Rodés Durall, en representación de D. X, con revocación de la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Barcelona, de fecha 4 de junio de mil novecientos noventa y uno, estimación parcial de la demanda reconvencional y desestimación de la deducida por D. X, debemos declarar y declaramos:

a) Que el precio pactado en la venta que tiene por objeto el inmueble litigioso excluida la parte ya adquirida por al actora, es lesivo en más de la mitad del justo precio.

b) Que la venta ha de quedar rescindida, facultándose al actor por satisfacer el importe de doscientos treinta y un millón trescientas noventa y seis mil trescientas noventa y seis (231.296.396 ptas.) en el plazo de treinta días a contar desde la firmeza de la presente resolución, de los cuales deberán deducirse las sumas de 10.000.000 de pesetas ya entregadas así como las de las sumas de 30.000.000 de pesetas por hipoteca, 5.000.000 de pesetas por resolución del contrato de arrendamiento, y

c) Para el caso de que no se optara por satisfacer dicho importe, se deberá devolver la suma de 10.000.000 Ptas. ya recibidas por parte de las codemandadas, y

d) No se realiza especial pronunciamiento en orden a las costas de primera instancia, mientras que las de la alzada, corresponden y son de cuenta de la actora, las referidas a la apelación principal, siendo a cargo de las codemandadas, las correspondientes a la interlocutoria del auto de desistimiento que expresamente se rechaza, confirmándose el auto de desistimiento.»

Cuarto. - El procurador Juan Rodés Durall, en nombre y representación del demandante D. X, formalizó recurso de casación por infracción de normas de Derecho civil común y Derecho civil de Cataluña, que basaba en los motivos siguientes:

1. - Al amparo del art. 1692,3º, se alega el quebrantamiento de las formas esenciales del Juicio, por infracción de normas procesales, produciendo indefensión.

2. - Se fundamenta en el mismo apartado 3º del art. 1.692 de la LEC, al haberse infringido las normas reguladoras de la Sentencia.

3. - Se fundamenta en el apartado 4º del art. 1.692 por haberse infringido las normas del ordenamiento jurídico al rescindirse un contrato de venta.

4. - Al amparo del art. 1.692, 3º. Infracción de las normas que regulan las sentencias, al hacerse en la recurrida imposición de costas del recurso principal o de alzada a la actora.

Quinto. - Por providencia de fecha 2 de septiembre último, se tuvo por comparecido al procurador Sr. Juan Rodés Durall en la representación acreditada de D. X por interpuesto el recurso y pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos del art. 1709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual mediante escrito de fecha diecisiete de septiembre último, solicitó la admisión a trámite del recurso. Por auto de fecha dieciocho de octubre último, se admitió a trámite el recurso de casación y se acordó entregar copia del mismo a la parte demandada y personada para que formalizase por escrito su impugnación en el plazo de veinte días, lo que verificó oportunamente. Por providencia nueve de noviembre pasado se señaló para la celebración de la vista el día dos de diciembre actual a las doce de la mañana, la cual tuvo lugar en el día y hora indicados, con asistencia de los letrados y procuradores de ambas partes, solicitando la parte recurrente que se dicte sentencia de conformidad con lo solicitado y la parte recurrida que no se diera lugar al recurso, condenando en costas al recurrente.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

Primero. - El primer motivo del recurso debe ser desestimado porque incurre en la defectuosa técnica procesal de no concretar en el encabezamiento del motivo la norma que afirma quebrantada, la cual sólo es dable conocer después de un examen del cuerpo (parte reservada al razonamiento sobre la pertinencia y fundamentación), por lo que, lejos de todo formalismo, falta la claridad y precisión necesarias para considerar correctamente formulado un recurso de casación. Además, no es de ver como la Audiencia ha podido vulnerar el art. 340, tercero, de la Ley de enjuiciamiento civil, porque si aplica el precepto, no se puede dar falta de aplicación, y si lo hace correctamente, por reputar «necesaria» la diligencia pericial que luego toma en consideración en la Sentencia, no cabe hablar de aplicación indebida. Y, por último, si bien es cierto que las diligencias para mejor proveer deben ser utilizadas como una cierta moderación, evitando suplantar la negligencia, inactividad o pasividad de los litigantes (entre las Sentencias más recientes del Tribunal Supremo, las de 8 de octubre de 1990, 21 de septiembre y 8 de noviembre de 1991, 30 de abril de 1992), a fin de no ir, como dice la citada sentencia de 8 de noviembre de 1.991, contra los principios del impulso procesal de parte, de la rogación y del principio dispositivo, en absoluto cabe apreciar, en el caso, que se produjo un abuso de la iniciativa probatoria de oficio; y ello tanto en la perspectiva doctrinal dominante que, al atribuirle un carácter de complementariedad, sólo excluye su utilización cuando existe una falta absoluta de prueba respecto del dato concreto, como desde la óptica de la más rigurosa exigencia jurisprudencial, pues es obvio que la parte solicitó prueba pericial con la finalidad de acreditar el hecho básico de su pretensión de rescisión por lesión «ultradimidium», cual es el precio del objeto de la compraventa, sin que obste que haya indicado al efecto unas u otras circunstancias o aspectos, y que el Tribunal, en la diligencia por él acordada, haya precisado particulares sobre los que habría de versar el informe con el fin de clarificar totalmente lo que aparecía oscuro o confuso; y sostener que con ello se rebasa el ámbito propio de las diligencias supondría tanto como condenarlas a la práctica inanición. Por otro lado, a lo dicho es de añadir que el órgano jurisdiccional que acuerda el proveído para mejor juzgar goza de las facultades necesarias para designar la persona que reputa más idónea y apta para la realización del informe (SS. 31 de octubre 1963, 2 de abril 1982, 6 de junio 1991, 30 de abril y 16 de julio 1992).

Segundo. - La misma suerte desestimatoria debe correr el segundo motivo. El recurso vuelve a incurrir en la misma anomalía técnica del supuesto anterior, consistente en no especificar en el encabezamiento cual es la norma procesal, en este caso reguladora de la sentencia, que se ha podido infringir. Cierto es que luego en el cuerpo del motivo indica el art. 632 de la Ley de enjuiciamiento civil, pero este precepto no contiene ninguna norma reguladora de la sentencia sino que establece el sistema de libre valoración judicial con relación a la prueba pericial, por lo que mal cabría apreciar la vulneración por el cauce utilizado. Cierto también que la infracción del precepto del art. 632 de la Ley de enjuiciamiento civil (aunque por otra vía procesal) la del actual número cuarto del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil) puede tener un acceso excepcional a la casación, porque si bien no cabe en el recurso extraordinario combatir la libre valoración probatoria del Tribunal de instancia, sin embargo la doctrina jurisprudencial ha admitido la prosperabilidad del recurso cuando conste que se ha faltado de modo harto patente a las reglas de la sana crítica, que no son otras que las del raciocinio lógico. Y es que aun cuando no es dable sustituir el criterio de la instancia con base en ser dudoso, discutible o adolecer de certidumbre, sí es factible impugnarlo cuando sea ilegal, arbitrario, manifiestamente contrario a los dictados de la razón lógica, o notoriamente equivocado o incorrecto. Sin embargo nada de esto ocurre en el presente caso.

Y por ello no es aceptable en casación discurrir en torno a las dos cuestiones que constituyen la fundamentación del motivo que se examina: eventual prevalencia entre dictámenes por ser uno de los peritos dictaminante de superior titulación a la de otro, y estado (bueno, o desgastado y obsoleto) de la construcción, cuyo valor en venta es relevante para resolver el pleito de rescisión por lesión «ultradimidium».

Tercero. - Asimismo debe ser desestimado el motivo tercero, y no sólo ya porque se vuelve a repetir el defecto técnico, sino sobre todo porque basta contemplar su contenido para comprobar su cabal improcedencia. Se denuncia con «base en el apartado cuarto del art. 1692 haberse infringido las normas del ordenamiento jurídico al rescindirse un contrato de venta, por declararse probado, sin serlo, que el precio global de la finca vendida se cifró, en ciento veintitrés millones de pesetas» (sic), y no se tiene en cuenta: que no se indica que norma del ordenamiento jurídico se ha vulnerado; se pretende una nueva valoración probatoria que está vedada en el recurso extraordinario (el cual no constituye una tercera instancia); y aún cuando excepcionalmente el error de derecho en la valoración de la prueba tiene acceso a la casación, es preciso citar el precepto infringido, (que, además, lo habrá de ser de prueba legal o tasada, o en otro caso el supuesto excepcional de concurrir una patente o palmaria contradicción de las reglas del raciocinio lógico, tal y como se expresó en el fundamento jurídico anterior). Por todo ello, no resulta posible efectuar ningún tipo de análisis respecto de las diversas cuestiones suscitadas en el cuerpo del motivo en relación con gastos y prestaciones que, según alega la parte recurrente, encarecen la compra beneficiando a las vendedoras (impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos, indemnización por desalojo de arrendatario, impuesto sobre beneficios), tanto más que en fase de aclaración de informe no se formuló observación alguna. Al final del cuerpo del motivo se alude a que se han infringido los arts. 321 y 323 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, pero para sostener tal infracción, que parece hacerse consistir en que no se da la lesión del duplo («en més de la meitat del preu just», según la dicción legal), se hace supuesto de la cuestión, pues se dice «ya que el contrato que en la sentencia se declara rescindido no tiene el precio de ciento veintitrés millones de pesetas, sino otro muy superior y, por supuesto, muy superior a la mitad del total valor de la finca vendida, aún tomando como tal el valor determinado por la pericia o valoración practicada (sin proceder) para mejor proveer» (sic), y es claro que con tal alegación se parte de una solución distinta a la que resulta de la valoración probatoria y conclusión fáctica efectuada por el Tribunal de instancia, sin haber conseguido alterar ésta, con lo que se atenta al principio de que si falta el antecedente no se da el subsiguiente (consecuente).

Cuarto. - El cuarto motivo, aunque no ha sido planteado con la precisión deseable, debe ser estimado, y ello es así porque si bien no se da infracción del art. 359 de la Ley de enjuiciamiento civil en la perspectiva de congruencia, si se conculca el art. 873 de la propia Ley de enjuiciamiento civil, (la de ambos preceptos tiene su cauce procesal en el ordinal tercero elegido), en cuanto que dicha norma exige un párrafo segundo para la aplicación en apelación del principio del vencimiento objetivo atenuado en materia de costas que la sentencia confirme o agrave la apelada (precepto que aunque previsto para el juicio de mayor cuantía, tiene igual contenido que el párrafo segundo del art. 710 previsto para el juicio de menor cuantía), y en el caso no se dio en puridad tal situación jurídica, o al menos no se dio en términos que justifiquen acudir a tal principio de vencimiento. Para explicar este particular es oportuno indicar los siguientes antecedentes: a) En la demanda entablada por D. X contra Dª Y2 y otros pretendía en síntesis, se diera cumplimiento a un contrato de compraventa y desalojo de la finca vendida (entre otros pronunciamientos); b) Las demandadas Dª Y, Dª Y2 y la entidad mercantil «Y3 S.A.», aparte de la oposición, formularon reconvención en la que postularon la rescisión por lesión «ultradimidium» de la compraventa referida; c) En la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de fecha 4 de junio de 1991 se declara la nulidad (que se acoge de oficio) del contrato de compraventa de 1º de agosto de 1987, y se desestiman la demanda principal y la reconvencional, sin imposición de costas; contra cuya resolución formularon recurso de apelación el actor y las reconvinientes (éstas además del recurso contra la Sentencia, acumularon una apelación interlocutoria contra un auto de 5 de abril de 1989); y d) La Sección 14ª de la Audiencia Provincial de esta ciudad en su sentencia de 26 de abril de 1993 declara válido el contrato de compraventa (con base en que el hipotético supuesto de nulidad no lo sería en la modalidad de absoluta o radical, sino de anulabilidad lo que para su acogimiento habría exigido invocación de parte que no hubo), y al considerar que el precio pactado es inferior en la mitad al precio «común» de venta de mercado en el lugar y tiempo en que se realizó el contrato, acoge la rescisión por lesión y decide la litis estimando el recurso principal de Dª Y2 y otros y desestimando el de D. X , con los siguientes pronunciamientos: declara que el precio pactado en la venta es lesivo en más de la mitad del justo precio; que la venta ha de quedar rescindida, facultándose al actor para satisfacer la cantidad de..., y en caso de optar por no satisfacer dicho importe deberá devolver la suma de diez mil ptas. ya recibidas por parte de las codemandadas; y en materia de costas no se realiza especial pronunciamiento en orden a las de primera instancia, mientras que las de la alzada, «corresponden y son de cuenta de la actora, las referidas a la apelación principal, siendo a cargo de las codemandadas, las correspondientes a la interlocutoria del Auto de desistimiento que expresamente se rechaza, confirmándose el auto de desestimiento». Examinado el fundamento jurídico relativo a las costas en el particular de que se trata se limita a decir que «se imponen las costas de la alzada del recurso principal a la parte actora por rechazarse su recurso y estimarse el de las codemandadas». Si se toma literalmente el fallo de la Sentencia de la Audiencia existe una apariencia de razón, pero es sólo una apariencia, porque la contemplación de las costas de la alzada ha de hacerse en atención no tanto a la perspectiva de la posición procesal de la primera instancia, como a la de la actitud procesal y consecuencias del recurso. La sentencia de primera instancia contiene una decisión para el actor que es más gravosa que la que cabría derivar de una eventual acogida de la oposición de las demandadas, o incluso de la estimación de la reconvención. Y ello es así porque de haberse acogido la rescisión por lesión «ultradimidium», al actor (comprador-reconvenido) le sería factible hacerse con la cosa (aún a costa de tener que pagar un precio muy superior al pactado), y, en cambio, la decisión del juez declarando nulo el contrato le vedaba toda posibilidad de hacer suya la cosa. Por ello, al apelar, y conseguir que el órgano «ad quem» deje sin efecto la declaración de nulidad, está obteniendo parte de lo que quería (cuando menos la posibilidad de hacer suya la cosa comprada); y aunque no consigue todo (habría sido preciso que se estimara la pretensión o pretensiones formuladas en la demanda), sin embargo no se puede decir que se ha confirmado o agravado la resolución recurrida, que es el presupuesto exigible por la Ley (arts. 710, párrafo segundo, y 873, párrafo segundo) para que se pueda aplicar el principio del vencimiento objetivo. Es de advertir que no se entra en si la solución de la Audiencia es correcta en cuanto a las costas de la primera instancia, ni tampoco en cuanto a los recursos (principal e interlocutorio) de la otra parte, sino sólo se contempla el tema de las costas correspondientes al recurso de apelación de D. X . Por otro lado, no cabe argumentar que la apreciación de la Audiencia dejando sin efecto la nulidad de la compraventa es una consecuencia del recurso de la parte reconviniente (postulante de la rescisión por lesión), pues una apreciación de tal índole no se acomoda al orden normal de suceder de las cosas. Y es que el principal interesado en contradecir, y dejar sin efecto la declaración de nulidad del contrato, es el Sr. X , pues las reconvinientes habrían recuperado la finca lo mismo con la nulidad que con la rescisión, e incluso tendrían más libertad para disponer (vender) en el primer caso, que en el segundo, explicándose procesalmente su recurso, precisamente, para cubrir una eventual acogida del de su contrario, con imposibilidad de examen judicial del tema de la rescisión, por falta de planteamiento («tantum devolutum, quantum apellatum», y prohibición de la «reforma in peius»).

Quinto. - La petición de la parte recurrente -«in voce» en el acto de la vista de la casación- de que por esta Sala se proceda a efectuar una serie de aclaraciones que se dicen necesarias y suficientes para la ejecución de la sentencia (concreción cantidad, momento de hacer la opción, etc.) no puede ser atendida, porque supondría desvirtuar la naturaleza de la casación y ello, en su caso, debió pedirse sin que quepa sustituir la aclaración por la casación; y aún cuando es cierto que en ocasiones en la sentencia dictada en el recurso extraordinario se han recogido datos complementarios, singularmente idóneos para la ejecución (en materia de rescisión por lesión «ultradimidium»), ello ha sido en supuestos en que se ha estimado algún motivo, o al menos se ha entrado a analizarlo y por razones de oportunidad y de economía procesal, lo que no es el caso.

Sexto. - Al acogerse un motivo con casación parcial de la sentencia de la Audiencia procede declarar no haber lugar a imponer las costas de este recurso (art. 1715, último párrafo, «a contrario sensu»); y sin que sea preciso pronunciamiento alguno en relación con el depósito al no haberse constituido por no ser coincidentes (conformes de toda conformidad) las Sentencias recaídas en primera y segunda instancia (art. 1703 de la Ley de enjuiciamiento civil).

En nombre del Rey y por la autoridad que nos viene conferida por el pueblo.

FALLAMOS:

Que estimando en parte el recurso de casación formulado por la representación procesal de D. X contra la Sentencia dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 26 de abril de 1993 declaramos no haber lugar a hacer expresa mención en las costas causadas en la alzada respecto del recurso de apelación entablado por el Sr. X, en cuyo único particular rectificamos la Sentencia aquí recurrida; y la cual confirmamos en todo lo restante, desestimando en cuanto a ello el recurso de casación objeto de enjuiciamiento. No se hace expresa imposición en las costas de la casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas. Líbrese certificación de esta resolución, que se remitirá a la Audiencia con devolución de los autos y rollo de Sala correspondiente; y dése a esta Sentencia la publicidad ordenada por la Ley.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.