Sentència de 25 d'octubre de 1993

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

Iltmos. Sres. Magistrados: D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol.

Barcelona a veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres.

VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre declaración de derecho de retención y otros extremos cuyo recurso fue interpuesto por los demandantes D. X, Dª X2 y D. X3, representados por el procurador D. Arturo Cot Montserrat y defendidos por el letrado Vicente Martí Ollé, en el que ha sido parte recurrida D. Y y D. Y2, representados por el procurador D. Jaime Bordell Cervelló y defendidos por el letrado D. Antonio París Bou.

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia de Valls fueron vistos autos de juicio declarativo de menor cuantía a instancia de D. X, Dª X2 y D. X3, contra D. Y y D. Y2, en la que solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos que estimó oportunos que se dictara sentencia en la que: 1º Se declare el derecho de D. X, Dª X2 y de su hijo D. X3, a ser reembolsados indistintamente del importe de las mejoras de las fincas descritas en el hecho séptimo de la demanda, es decir, parcelas -- y -- del Polígono - del Catastro, y al mayor valor que tengan estas fincas a consecuencia de tales mejoras, condenando a los demandados conjunta y solidariamente al pago de los importes. 2º Se declare que los demandados conjunta y solidariamente, deben pagar indistintamente a los actores en virtud del pedimento anterior la cantidad de 5.120.000 ptas. más las sumas que se acrediten por los conceptos indicados en el pedimento primero a partir de 31 de octubre de 1985, condenando a los demandados conjunta y solidariamente a pagar estas cantidades a determinar en trámite de ejecución de sentencia. 3º Se declare el derecho de retención a favor de los demandantes de las fincas descritas en el hecho séptimo del escrito de la demanda hasta que los demandados hayan abonado las cantidades que correspondan por mejoras e incrementos del valor de las fincas debido a las mismas, y 4º Se impongan las costas a la parte contraria.

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de los demandados, lo que verificaron oportunamente, formulando al propio tiempo reconvención, en la que solicitaban se dictase sentencia desestimando la demanda y estimando la reconvención se condene a los actores a pagar a los reconvinientes la cantidad de 250.000 ptas. o aquella otra que estime ser más justa el Juzgado y condenar asimismo a los actores al pago de las costas. Seguido el juicio por sus trámites el indicado Juzgado con fecha 5 de setiembre de 1990, dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que, desestimando la demanda de D. X, Dª X2 .y D. X3 contra D. Y y D. Y2, debo absolver y absuelvo a éstos de todos los pedimentos de la demanda y, estimando la reconvención interpuesta por los demandados, debo condenar y condeno a los actores a pagar a los demandados el producto líquido de la cosecha de cebada recogida en junio de 1988 en la finca registral ---- de esta litis, a determinar en ejecución de sentencia, con el límite máximo de 250.000 ptas., imponiendo todas las costas de este pleito a los actores.»

Tercero. - Contra la indicada sentencia los demandantes interpusieron recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada, la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 25 de enero de 1992, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. X, Dª X2 . y D. X3, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado-Juez de Primera Instancia nº1 de Valls, en fecha 5 de septiembre de 1990, debemos confirmar y confirmamos la mentada resolución en todos sus extremos y pronunciamientos; ello, con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a los nombrados apelantes.».

Cuarto. - El procurador D. Arturo Cot Montserrat, en nombre y representación de los demandantes D. X, Dª X2 y D. X3, formalizó recurso de casación por infracción de normas de Derecho civil común y Derecho civil de Cataluña, cuyo escrito presentó su compañero D. Eduardo Morales Price, en el Tribunal Supremo, y que basaba en los motivos siguientes:

1.- Al amparo del apartado 3º del art. 1692 de la Ley de Procedimiento civil, por infracción del art. 120.3 de la Constitución Española y en relación con el art. 24. 1. de la misma.

2.- Se fundamenta en el apartado 5º del art. 1692 de la Ley de Procedimiento civil, por infracción del art. 1445 del Código civil.

3.- Se fundamenta en el apartado 5º del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción del art. 453 del Código civil.

4.- Se fundamenta en el apartado 5º del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción del art. 1475 del Código civil.

5.- Se fundamenta en el apartado 5º del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción del art. 278 de la Compilación catalana.

6.- Se fundamenta en el apartado 5º del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción del art. 453 del Código civil.

7.- Al amparo del apartado 5º del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción del art. 452 del Código civil.

8.- Se fundamenta en el apartado 4ª del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción del principio y doctrina jurisprudencial del llamado enriquecimiento injusto, y

9.- Se fundamenta en el apartado 4º del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por error en la apreciación de prueba.

Quinto. - Recibidos de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, los autos originales del Juzgado de 1ª Instancia de Valls, rollo de apelación de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y rollo de casación del Tribunal Supremo, todo ello por haberse declarado incompetente dicho Tribunal a favor de esta Sala civil, se tuvo por personado en tiempo y forma al procurador Sr. Cot Montserrat, y se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos del art. 1709 de la Ley de enjuiciamiento civil, quien las devolvió mediante su escrito de fecha catorce de mayo del corriente año, en el que solicita la admisión del recurso por los motivos expuestos a excepción del 1º y 9º Por auto de esta Sala de fecha tres de junio último, se acordó admitir a trámite el recurso por los motivos, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, y se declaró su inadmisión por el motivo 1º, concediéndose el plazo de veinte días a la parte recurrida, si se personara, para que formalizase por escrito su impugnación. Por providencia de esta Sala de fecha cinco de julio último, habiendo transcurrido el plazo concedido a la parte recurrida sin haberse producido el escrito de impugnación se acordó la celebración de votación, para el día nueve de septiembre próximo pasado. Por proveído de fecha veintiséis de julio último, se tuvo por comparecido y personado en el presente rollo de casación, en nombre y representación de los recurridos D. Juan y D. Y2, el procurador D. Jaime Bordell Cervelló, concediéndose audiencia a las partes por el plazo de dos días a los fines del art. 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que se verificó oportunamente por la parte recurrente. Por auto de fecha veintinueve de julio último, se acordó dejar sin efecto la providencia de fecha cinco del mismo mes y se acordó la celebración de vista, señalándose al efecto el día siete de octubre actual. Por proveído de fecha treinta y uno de julio último, se tuvieron por formuladas las alegaciones contenidas en el escrito presentado por el procurador Sr. Bordell en representación de los recurridos, y se estuvo a lo dispuesto en el auto del día veintinueve en el que se señalaba día para la vista, la cual tuvo lugar en el día y la hora señalados, con asistencia de los letrados y procuradores de ambas partes, solicitando la parte recurrente que se dicte sentencia de conformidad con lo solicitado y la parte recurrida que no se diera lugar al recurso, condenando en costas al recurrente.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Presidente D. Jose A. Somalo Giménez.

Primero. - El origen de las presentes actuaciones está en el proceso seguido con el nº 254/84 por el Juzgado de Primera Instancia de Valls en el que los ahora demandados, recurridos en el presente recurso de casación, ejercitaron la acción reivindicatoria sobre determinadas fincas detentadas por los hoy actores recurrentes, solicitando, así mismo, la nulidad de ciertas escrituras públicas y la cancelación de las correspondientes inscripciones en el Registro de la Propiedad. Las pretensiones deducidas por los hoy demandados D. Y y D. Y2 se estimaron por Sentencia de 18 de diciembre de 1985, confirmada posteriormente en apelación.

A la vista del resultado del anterior proceso, los actores recurrentes en este actual recurso de casación, D. X, Dª X2 y D. X3 presentan en catorce de junio de 1989 demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Valls, seguida por los trámites del juicio de menor cuantía, solicitando ser reembolsados de las mejoras efectuadas en las fincas número ---- y ---- del Registro de la Propiedad de L. (parcelas -- y -- del Polígono - del Catastro) concretándose la cantidad a pagar por este concepto en 5.120.000 ptas. más las sumas que se acrediten a partir del 31 de diciembre de 1985 a determinar en trámite de ejecución de sentencia, solicitando igualmente que se declare el derecho de retención sobre las citadas fincas hasta que sean abonadas aquellas cantidades.

La mencionada demanda fue desestimada por sentencia de 5 de septiembre de 1990, confirmada en la Audiencia de Barcelona (Sección Décimo Cuarta) por sentencia de 25 de enero de 1992 y contra la cual se formula el presente recurso de casación fundado en nueve motivos que a continuación se examinan, a excepción del primero de ellos inadmitido por Auto de esta Sala de 3 de junio de 1993.

Segundo. - Con fundamento en el apdo. 5º (actual 4º) del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil se formula el segundo motivo del recurso alegándose la infracción del artículo 1445 del Código civil por entender los recurrentes que mediante escritura de compraventa de 21 de setiembre de 1983, luego anulada, adquirieron de los vendedores de las fincas la totalidad de derechos que éstos tenían, incluído el derecho a reclamar las mejoras. Mejoras, se dice, que la propia sentencia de 1ª Instancia en su fundamento de derecho 4.º, como fundamento fáctico, reconoce en los siguientes términos: «la parcela nº -- del polígono -.º del catastro (registral ----) no presenta mejora alguna en tanto la nº -- (registral ----) fue objeto de mejoras en los años 1979 a 1981 por parte de los Sres. F. (vendedores de las fincas de 1983 a favor de los recurrentes) por un importe no inferior a 500.000 ptas. y no superior a 2.406.350 ptas.».

No obstante, el motivo ha de desestimarse porque el artículo 1445 del Código civil, definitorio de la compraventa, resulta insuficiente en el presente caso por sí solo para fundamentar el recurso de casación. La legitimidad para reclamar el abono de mejoras a que aluden los recurrentes debe ampararse en algún otro precepto que justifique la petición cuyo origen está en la enunciada y anulada venta de 21 de septiembre de 1983.

Tercero. - Por la vía del último apartado del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil se denuncia, como tercer motivo del recurso, la infracción del art. 453 del Código civil. Según los recurrentes la sentencia combatida, que es realmente la de 1ª instancia, al aceptar y ratificar la de la Audiencia todas las argumentaciones de ésta, infringe el citado artículo 453 «ya que mezcla este precepto con el condicionamiento a la evicción» tratándose de instituciones diferenciadas que no se condicionan entre sí. Si ciertamente las mejoras reclamadas están hechas por los que vendieron las fincas a los recurrentes, aquéllos, por la venta efectuada en 1983, les trasladaron a éstos el derecho que ahora ejercitan.

Sin embargo, aparte de que la sentencia de instancia aludida no señala más que un camino posible, el de evicción a los vendedores de los recurrentes para reclamar las mejoras realizadas, no es el art. 453 del Código civil el aplicable al supuesto planteado. Las mejoras reclamadas como gastos útiles a los que se refiere el artículo se abonan a un poseedor que efectivamente las ha realizado, en concepto distinto del del dueño. Y la prueba practicada en la instancia demuestra que no es éste el supuesto producido ni son los recurrentes los que efectuaron las mejoras; lo que conduce a desestimar el tercero de los motivos del recurso.

Cuarto. - Igual suerte ha de recaer en el siguiente motivo formulado también al amparo del nº 5 del art. 1692 y en el que se denuncia la infracción del art. 1475 del Código civil. Se insiste en los argumentos ya expresados al fundar el motivo anterior, entendiéndose que la sentencia combatida condiciona la reclamación por mejoras al pleno ejercicio de la acción por evicción cuando no es este el fundamento sustancial del juzgador de instancia. No se concreta el problema planteado a un supuesto de evicción sino a reclamar unos gastos respecto de quien pueda estar obligado a satisfacerlos.

Quinto. - Los motivos 5.º y 6.º del recurso que se refieren al ejercicio del derecho de retención, denuncian la infracción de los arts. 278 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña y 453 del Código civil.

Por lo que se refiere a este último artículo, también infringido según alegan los recurrentes en el motivo tercero al incluir las mejoras entre los gastos útiles a abonar al poseedor, resulta aquí también inaplicable pues, según aparece de las actuaciones, la posesión de las fincas en cuestión ya la perdieron los recurrentes en fecha 20 de junio de 1898. Por lo que mal puede retenerse lo que ya no se tiene. Y si bien es cierto que la pérdida posesoria se produjo por la ejecución del proceso 254/84 seguido ante el Juzgado de Valls, y que en la demanda de instancia origen de este recurso, presentada el 14 de junio de 1989, se solicitó la suspensión de las actuaciones en el citado proceso 254/84, esta solicitud fue desestimada tanto por el Juzgado como por la Audiencia. Y en cuanto al art. 278 de la Compilación, su aplicación al presente caso, y su consiguiente petendida infracción, no puede admitirse dado que el supuesto sobre el que descansa la misma para que se pueda ejercer el derecho de retención es la edificación, plantación, siembra o roturación en suelo ajeno, circunstancia que no se produce en el presente caso, pues no estamos ante un supuesto de accesión sino pérdida de la posesión. Aparte de que lo más indicado hubiera sido plantear esta cuestión como incidental en el pleito inicialmente aludido en el que se ejecutó el desplazamiento posesorio.

Sexto. - En el siguiente motivo del recurso y por la misma vía de los anteriores se denuncia la infracción del art. 452 del Código civil.

Según los recurrentes la cosecha de cereales plantada, cultivada y recogida por aquellos debe ser por ellos percibida o bien repartida en la forma en que establece el citado art. 452. Si la sentencias de instancia presumen la buena fe de los actores, deben tener derecho al importe del valor de los frutos de la finca en el año en que se perdió la posesión de la misma.

En la contestación a la demanda los demandados formularon reconvención por el producto líquido de la cosecha recogida por los actores recién recobrada la posesión de las fincas por los Sres.  Y y Y2, reconvención que ha sido estimada en las sentencias de instancia.

Frente a los anteriores motivos del recurso, el presente no se formula teniendo en cuenta el contrato de compraventa mencionado de 1983 que legitima a los actores para ejercitar unos derechos que pertenecían originariamente a los vendedores de las fincas, sino que se contempla en forma directa la relación entre los actores-recurrentes y los demandados-recurridos. Aquellos como poseedores de las fincas hasta el mes de junio de 1989 y cultivadores de la cosecha de ese año y éstos como repuestos, desde aquella fecha, en su titularidad dominical. En ese contexto el art. 452 del Código civil establece una regla referente a los frutos naturales o industriales si éstos se hallaren pendientes al tiempo en que cesare la buena fe del poseedor: éste tendrá derecho a los gastos que hubiere hecho para su producción y a la parte del producto líquido de la cosecha proporcional al tiempo de la posesión, salvo que el propietario de la cosa conceda al poseedor de buena fe la facultad de concluir el cultivo y la recolección de los frutos pendientes.

En consecuencia, reconocida a los recurrentes la posesión con fundamento en la compraventa de 1983 y discutida judicialmente aquélla hasta junio de 1989, la reconvención formulada por los demandados no puede aceptarse sin la reserva expresa a los recurrentes de los gastos hechos en la producción de la cosecha y del producto líquido de la misma proporción al tiempo de su posesión; por lo que, con estos condicionantes que se determinarán en el período de ejecución de sentencia, procede la estimación del 7.º motivo del recurso.

Séptimo. - Por el siguiente motivo del recurso y por igual vía que los anteriores, se denuncia la infracción del principio y doctrina jurisprudencial de enriquecimiento injusto.

Aún prescindiendo de los requisitos exigidos por la doctrina jurisprudencial para que prospere en casación un motivo con fundamento en la infracción de tal principio, cuales son, el apoyo en precepto legal o su doctrina jurisprudencial (sólo se cita expresamente una sentencia del T.S.), en la demanda no se alega como planteamiento específico refiriéndose a él muy superficialmente, lo que induciría a considerarlo ahora como cuestión nueva no admisible en casación.

Pero aún y todo el motivo decae porque los requisitos necesarios para la apreciación del enriquecimiento injusto, enumerados por los concurrentes, relativos al aumento patrimonial del enriquecido, correlativo al emprobrecimiento del actor, falta de causa que justifique el enriquecimiento e inexistencia del precepto legal que impida la aplicación del principio, no se dan en el presente caso puesto que, como ocurre con los anteriores motivos rechazados, no son los recurrentes sino los vendedores que les transmitieron las fincas los que realizaron las mejoras años antes de efectuada la venta.

Octavo. - Finalmente, el último de los motivos se formula al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, vigente antes de la reforma de la ley de 30 de abril de 1992, y se refiere al error en la apreciación de la prueba.

Sabido es que el precepto invocado exigía que el error se basara en documentos obrantes en autos que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. El primero, por tanto, de los requisitos exigidos es que se trate de un error en la apreciación de documentos. Así el Tribunal Supremo en sents. 1-5-88 y 22-6-88 recuerda que no son documentos los informes periciales y que la prueba pericial... «dado como se deduce con toda claridad del art. 632 de la Ley de enjuiciamiento civil, es de estimación discrecional, según las reglas de la sana crítica, no constantes ni previstas en ninguna norma valorativa de prueba y, por tanto, sin eficiencia para fundamentar recurso de casación ... ».

Los recurrentes sin señalar ningún documento demostrativo de la equivocación del juzgador, se limitan a valorar según su propio criterio la prueba pericial practicada en las actuaciones intentando sustituir al juzgador de instancia en su facultad de apreciación e interpretación de la prueba, tarea que queda al margen del recurso de casación. Lo que conduce a la desestimación del último motivo del recurso.

Noveno. - De acuerdo con lo previsto en el art. 1715 en relación con el 523 de la Ley de enjuiciamiento civil, estimándose parcialmente el recurso cada parte satisfará las costas que le correspondan al presente recurso de casación y los actores abonarán la causadas en las instancias con relación a la demanda principal, y sin hacer especial mención en cuanto a las causadas en la reconvención, en la que no se hace condena en costas.

VISTAS las disposiciones citadas y las demás aplicables.

En nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso de casación formulado por el procurador D. Eduardo Morales Price en nombre y representación de D. X, Dª X2 y D. X3, contra la sentencia dictada por la Sección 14ª de la Audiencia de Barcelona (rollo de apelación 662/90) en fecha 25 de enero de 1992, disponemos que la reconvención estimada en las sentencias de instancia deberá aceptarse con expresa reserva a favor de los recurrentes del importe de los gastos hechos en la producción de la cosecha recogida en junio de 1989 y del producto líquido de aquélla en proporción al tiempo de posesión de la finca, cantidades que serán tenidas en cuenta en ejecución de sentencia en la fijación y liquidación del importe de la reconvención, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el art. 452 en relación con el 932 y sigs. de la Ley de enjuiciamiento civil. Y desestimando también en parte el recurso se confirma en los demás extremos la sentencia impugnada. No se hace especial mención de las costas causadas en la casación y en cuanto a las causadas en las instancias se confirma la condena en costas a los actores en cuanto a la demanda principal y no se hace mención en cuanto a las causadas en la reconvención. Devuélvase el depósito a los recurrentes y líbrese a la sección 14ª de la Audiencia de Barcelona certificación de la presente resolución, junto con los autos y rollos que en su día fueron remitidos a este Tribunal. Dése la publicación legalmente establecida a la presente sentencia.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.