Sentència de 2 de setembre de 1993

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

Iltmos. Sres. Magistrados: D. Luis Mª Díaz Valcárcel, D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol, D. Joaquín Badía Tobella.

Barcelona a dos de setiembre de mil novecientos noventa y tres.

VISTOS por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, los presentes autos de recurso (demanda) de revisión de la sentencia firme y ejecutoria dictada en fecha 22 de enero de 1991 por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de los de Sabadell, en los autos de proceso de cognición nº 308/90, sobre resolución de contrato de arrendamiento por necesidad de la vivienda, seguidos a instancia de Dª X, contra Dª Y y posteriormente en trámite de apelación, confirmada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (rollo 193/91), según sentencia de fecha 26 de noviembre de 1991. Por la litigante Dª Y, mayor de edad, casada, vecina de L con domicilio en Calle C, nº 0, que ha estado representada por la procuradora Dª Ana María Moleres Muruzábal y defendida por el letrado D. E. Fontanet, se promovió recurso de revisión contra la referida Dª X, mayor de edad, casada y vecina de L, calle C nº 00, representada por la procuradora Dª Ana María Pujol Gimeno y Mendida por el letrado D. Enrique Rubio Navarro.

Primero. - La referida procuradora Sra. Moleres Muruzábal en la representación indicada de Dª Y, interpuso ante esta Sala recurso de revisión, respecto de la sentencia firme y ejecutoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de los de Sabadell, alegando que dicha sentencia dio lugar a la resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en L, Calle C, nº 0, propiedad de Dª X como arrendadora, resolución que se fundó en la necesidad de ser ocupada la vivienda arrendada, única que poseía la propietaria por la hija de la misma Dª Z, que había contraído matrimonio con D. Z2, a efectos de establecer en la misma su domicilio conyugal; en trámite de apelación por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona fue confirmada dicha sentencia, exponiendo los antecedentes y fundamentos de derechos en que basaba la demanda, para terminar suplicando se tuviera por interpuesto, proceso de revisión, y tramitado con arreglo a la Ley, dictar sentencia, dando lugar al mismo y rescindiendo en todo la sentencia impugnada; por segundo otrosí se solicitó la adopción de medidas cautelares consistentes en suspender la diligencia de ejecución de la sentencia y en tercer otrosí, solicitaba el recibimiento a prueba.

Segundo. - Por providencia de fecha siete de octubre de 1992, se admitió a trámite la demanda de proceso de revisión, formándose autos, designándose ponente, acordando el emplazamiento de la demandada y en cuanto al segundo otrosí, se acordó oír al Ministerio Fiscal, a los fines establecidos en el art. 1803 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Tercero. - Por auto de 26 de octubre de 1992, previamente oído al Ministerio fiscal, se acordó la suspensión de la diligencia de ejecución previamente constituir la fianza exigida. En providencia de 26 de abril de 1993 y habiendo transcurrido el plazo concedido sin que la demandada haya contestado a la demandada, se tiene por precluido dicho trámite y seguido los autos su curso por la actora recurrente se acuerda recibir el incidente a prueba por término de veinte días común a las partes para proponer y practicar, las cuales se llevaron a efecto, previa declaración de pertinencia y con citación contraria, y cuyo resultado es de ver de los autos.

Cuarto. - Transcurrido el término de prueba se acordó unir a los autos las practicadas y traerse a la vista para sentencia con citación de las partes, sin que se solicitase por ninguna de ella la celebración de vista, acordándose por proveído de 28 de junio último, para mejor proveer, y con suspensión del plazo para dictar sentencia la confesión en juicio de la demandada en revisión D.ª X a tenor de las posiciones formuladas, que se declararon pertinentes, así como la testifical propuesta por la parte actora en cuanto a la testigo incomparecida, cuyo resultado es de ver de autos, lo cual se puso de manifiesto a las partes por el plazo de tres días para alegar lo que a su derecho conviniese, habiéndolo efectuado únicamente la representación de D.ª X mediante su escrito de 22 de julio último.

Quinto. - Por providencia de veintinueve de junio pasado y de conformidad con lo dispuesto en el art. 1802 de la Ley de enjuiciamiento civil se acordó oír al Ministerio Fiscal, pasándole las actuaciones, que las devolvió con su escrito de dos del siguiente mes de julio, en el que consideraba procedente la estimación del recurso extraordinario de revisión interpuesto, acordándose alzar la suspensión del plazo para dictar sentencia y quedando los autos a la vista a tales fines.

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

Primero. - Para la adecuada decisión de la cuestión litigiosa es preciso dejar sentados los antecedentes siguientes: 1º- El día 20 de setiembre de 1990 Dª X, en concepto de arrendadora de la vivienda sita en la Calle C nº 0 de L, formuló demanda contra Dª Y, en concepto de arrendataria, solicitando la resolución del contrato verbal de arrendamiento por causa de necesidad (arts.62, uno, 63, dos, tercero y 114, undécimo, de la Ley de Arrendamientos Urbanos), para que fuera ocupada como domicilio conyugal por el matrimonio formado por Dª Z3, a la sazón hija de la arrendadora, y D. Z2, los que según la actora carecían de vivienda propia y residían en la de un hermano de la Sra. Z llamado D. Z4, careciendo, tanto la demandante, como el matrimonio necesitado, de toda otra vivienda; 2º- Dicha demanda dio lugar a los autos de juicio de cognición arrendaticio nº 308 de 1990 del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Sabadell en el que recayó Sentencia de 22 de enero de 1991 estimatoria de la pretensión resolutoria ejercitada, la que en grado de apelación fue confirmada por la Sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de noviembre de 1991, recaída en el Rollo 193/91; 3º- El 5 de octubre de 1992 Dª Y formula demanda (recurso) de revisión con base en las causas normativas primera y cuarta del art. 1796 de la LEC y con base fáctica en que los esposos D. Z2 y Dª Z habían comprado la vivienda que ocupaban en la calle C nº 00 de L al matrimonio formado por D. Z4 y Dª Z5 por escritura pública de 26 de enero de 1989, acompañando al efecto copia simple del documento, y afirmando que había tenido conocimiento de su existencia dentro del plazo de tres meses de acudir a los Tribunales para instar la revisión; 4º- Admitido a trámite el recurso (demanda), por Auto de esta Sala de 26 de octubre de 1992 se decretó la suspensión de la ejecución de la Sentencia recaída en el juicio arrendaticio, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, prestándose por la parte actora (recurrente) la fianza de cincuenta mil ptas, que le fue exigida como requisito de la medida cautelar adoptada; 5º- Habiendo solicitado la actora en revisión Dª Y el beneficio de justicia gratuita, tramitado el procedimiento correspondiente se le reconoció por Sentencia de esta Sala de 29 de marzo de 1993; 6º- En el juicio incidental de revisión, la demandada Dª X compareció solicitando designa de postulación (procurador y abogado) de oficio, y designado un primer letrado renunció por no lograr contactar con la cliente y considerar por el mero examen de los documentos y actuaciones insostenible la oposición, y nombrado un segundo letrado no formuló contestación en el plazo legal por lo que se tuvo por precluido el trámite correspondiente; y 7º- En trámite de prueba no comparecieron, pese a ser citadas legalmente, Dª X a absolver posiciones, y Dª Z como testigo propuesto por la parte demandante; y acordadas dichas pruebas para mejor proveer tampoco comparecieron el día que les fue señalado enviando unos certificados médicos para justificar la imposibilidad de asistencia; y habida cuenta la importancia de la confesión de la demandada y que el cuadro médico relatado en el informe referido era leve (permanecía en el domicilio tres o cuatro días), se reiteró la citación para confesión, compareciendo el día 19 de julio, y siendo significativas las respuestas a las posiciones cuarta y sexta en las que niega la existencia de la compraventa, afirmando que entre Dª Z y D. Z2 «sólo se había hecho un trato para comprarle la vivienda, pero que no pasó de ello, es decir, de un mero trato que no se llevó a efecto porque no le interesó a su yerno» (con referencia a D. Z2, esposo de Dª Z), y a la posición quinta en la que se niega que la vivienda de la calle C 00 estuviera libre, afirmándose que «vivían el hijo de la confesante (D. W.) y su esposa».

Segundo. - Con independencia de los errores deslizados en algunas indicaciones en el escrito de demanda de revisión, que no pasan de ser meros «lapsus calami» que no afectan al fondo de la cuestión al ser plenamente identificables los datos básicos necesarios para comprender y resolver la litis, y con independencia también de si la vivienda de la calle C, nº 000 al tiempo del juicio arrendaticio era compartida por los dos matrimonios (el de D. Z2 y D.ª Z  y D.ª Z5), como se sostuvo por D.ª X, o estaba ocupado en exclusiva por el primero de los mencionados, como parece deducirse de la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de 22 de enero de 1991 (recaída en el proceso de cognición 308/90) cuando en el fundamento quinto, apartado III, dice «que ambos esposos al contraer matrimonio fijaron su residencia en la c/ C nº 00 de L (absolución por Z de la posición primera formulada por la parte demandada), vivienda propiedad de uno de los hijos de la actora, D. Z4, residiendo este último en la actualidad tras regresar de la vecina localidad de S, en otra vivienda sita asimismo en esta Ciudad, Avda. A nº 0 (propiedad de D. Z7) ... », tema que en realidad no afecta sustancialmente a este juicio de revisión, pero que es revelador de la trama urdida; pues bien, con independencia de todo ello, resulta incuestionable que al tiempo de instarse el proceso arrendaticio, el matrimonio para cuya supuesta necesidad se formulaba la pretensión resolutoria arrendaticia, a la que aquella situación servía de base, eran titulares de la vivienda que ocupaban (o compartían) por haberla adquirido por contrato de compraventa formalizado en escritura pública, título y documento que se ocultó en el proceso arrendaticio, y con creación de una situación artificiosa engañando a la otra parte y al juzgador, pues resulta obvio que de ser conocida la existencia de tal contrato la demandada lo habría esgrimido al ser incompatible con la necesidad argüida y el juzgador no habría accedido a la demanda resolutoria. La realidad de la compraventa resulta innegable, tanto porque no se ha impugnado el documento acreditativo (efecto procesal de la incontestación de la demanda de revisión), como porque no consta que haya sido dejado sin efecto, siendo por lo demás evidente su conocimiento por la actora arrendaticia, resultando ingenua su valoración como un «mero trato», en el sentido de simple conversación o tratos preliminares sin efectivización contractual, lo que se contradice de modo harto palmario con la realidad preconstituida. La conducta observada (extraprocesal, con trascendencia al proceso), nucleada en la ocultación del documento y de la situación de titularidad de un piso, integra la causa normativa de revisión del número cuarto del art. 1796 de maquinación fraudulenta, sin que en cambio sea incardinable en la del número primero relativa a documentos recobrados o detenido por no concurrir todos los requisitos que el carácter excepcional e interpretación restrictiva del precepto exige, apareciendo como predominante una conducta creadora de una situación artificiosa y totalmente mendaz de necesidad de vivienda para una hija con la única finalidad de lograr el desalojo de un arrendatario de una vivienda, lo que implica una treta o artimaña a todas luces censurable e ilícita, que el más elemental sentido de justicia repudia y la ley sanciona, y ello tanto más si se tiene en cuenta que se trata de burlar un derecho cuya protección legal responde a un interés eminentemente social. Con lo dicho no se trata de realizar un nuevo análisis del supuesto objeto del juicio arrendaticio, obviamente excluido de la revisión (ad exemplum, S.S. 19 de julio, 29 setiembre y 24 diciembre 1990, entre otras), y lo que habría ocurrido de tener que examinarse datos fácticos del juicio hipotético normativo determinantes del efecto resolutorio contractual, sino que se contempla la consideración de una situación artificiosa extraprocesal ideada con el fin de producir un engaño procesal -maquinación fraudulenta-.

Tercero. - No se hace especial imposición de las costas causadas en este juicio. En nombre del Rey y en virtud de la autoridad conferida por el pueblo.

FALLAMOS

Que estimando el recurso de revisión entablado por la procurador Dª Ana María Moleres Muruzábal en representación procesal de Dª Y rescindimos la Sentencia dictada el 22 de enero de 1991 por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Sabadell en autos de juicio arrendaticio de cognición nº 308 de 1990 y confirmada por Sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de 26 de noviembre de 1991, recaída en el Rollo 193/91, sin hacer especial mención de las costas causadas. Devuélvanse los autos al Juzgado de que proceden con certificación de esta Sentencia a los efectos prevenidos en el art. 1807 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Devuélvase a la recurrente la fianza prestada, y no ha lugar a pronunciamiento alguno en relación con el depósito por no haber sido constituido dada la situación de justicia gratuita de Dª Y, reconocida en Sentencia de esta Sala de 29 de marzo de 1993.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.