Sentència de 6 de juliol de 1993

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 6 de juliol de 1993, núm. 14/1993 (Sala civil i penal)

Excmo. Sr. Presidente: D. Luis Mª Díaz Valcárcel.

Iltmos. Sres. Magistrados: D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol.

Barcelona a seis de julio de mil novecientos noventa y tres.

VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña integrada por los magistrados del margen el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Girona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Girona, sobre acción declarativa de dominio sobre un camino, cuyo recurso fue interpuesto por el demandante D. X, representado por el procurador D. Eusebio Lasala Palá y defendido por el letrado D. Josep M. Congost Colomer, en el que ha sido parte recurrida el demandado Y, representado por el procurador D. Jorge Solá Serra y defendido por el letrado D. Joan X. Vidal i Ginjaume.

1º- Que ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Girona, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía a instancia de D. X, contra el Y, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos que estimó oportunos, que se dictara sentencia condenando al demandado a estar y pasar por las declaraciones que detallaba, así como al pago de las costas por imperativo legal.

2º- Admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento de la parte demandada, lo que verificó oportunamente contestando la demanda y suplicando se dictara sentencia en la que apreciando las excepciones de incompetencia de jurisdicción y litisconsorcio pasivo necesario se desestimase la demanda absolviendo libremente a su representado con imposición de costas a la parte actora por su temeridad. Siguiéndose el juicio por sus trámites el indicado Juzgado en fecha 13 de abril de 1992 dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por D. X contra Y, debe absolver y absuelvo al demandado de los pedimentos del actor. Se imponen las costas al demandante.»

3º - Contra la indicada sentencia el indicado demandante interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Girona, dictó sentencia con fecha 9 de diciembre de 1992, cuya parte dispositiva es la siguiente: «FALLAMOS: Con estimación parcial al recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Martí Regás Bech de Careda en nombre y representación de X contra la sentencia 13-4-92, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Girona en los autos de menor cuantía nº 507/89, de los que este rollo dimana, revocamos parcialmente la meritada resolución, al efecto de desestimar la demanda y absolver a la parte demandada del pedimento primero del suplico de la demanda, ratificándose la absolución en la instancia respecto de los pedimentos 2º y 3º del suplico, así como la imposición de las costas de la primera instancia, y sin hacer especial pronunciamiento de las de la alzada.»

4º - El procurador Sr. Lasala Palá en representación de D. X, formalizó recurso de casación por infracción de normas de Derecho civil común y de la Compilación de Derecho civil de Cataluña, cuyo recurso fundamentó en los motivos siguientes:

1. - Al amparo del art. 1692, 4.º de la Ley de Enjuiciamiento civil por inaplicación del art. 342 de la Compilación de Derecho civil especial de Cataluña.

2. - Al amparo del art. 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento civil, por inaplicación del art. 344 de la Compilación de derecho civil de Cataluña.

3. - Al amparo del art. 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento civil por interpretación errónea de los art. 348 y 609 del Código civil, en relación con el art. 8.4 del Decreto de 27-5-1955 y el art. 21.2 del Decreto 326/88 de 17 de octubre de la Generalitat de Catalunya.

4. - Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil por interpretación errónea del art. 349 del Código civil y 124 y 125 de la Ley de Expropiación Forzosa.

5. - Por providencia de fecha 19 de abril del corriente año, se tuvo por interpuesto el recurso de casación y se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal a los efectos del art. 1709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las que devolvió mediante escrito de fecha veintiséis de abril último, en el que solicitaba la admisión a trámite del recurso. Por auto de fecha tres de mayo de último se admitió a trámite el recurso de casación y se acordó entregar la copia del recurso a la parte recurrida y personada para que formalizase su impugnación en el plazo de veinte días, lo que verificó oportunamente solicitando que se desestimase íntegramente la sentencia de apelación y se condene al recurrente al pago de las costas del presente recurso. Señalada la vista para el pasado día diecisiete de junio, la cual tuvo lugar con la asistencia de los letrados y procuradores de ambas partes solicitando la parte recurrente que se dicte sentencia de conformidad con lo solicitado y la parte recurrido que no se diera lugar al recurso condenando en costas al recurrente.

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

Primero. - Para la más adecuada comprensión y decisión del presente recurso de casación resulta especialmente oportuno consignar el petítum de la demanda que centró el objeto del proceso y la parte dispositiva de la Sentencia de la Audiciencia que constituye el objeto de la casación. En la demanda formulada por D. X contra el Y se suplicó la declaración de: 1º) que el camino o paso pretendidamente municipal mediante el que lindan las fincas regístrales números 000 («C»), pertenecientes al actor e inscritas en el Registro de la Propiedad de L., al Tomo ----, libro - de ---, a los folios ----, tienen el carácter de camino entre fincas y constituye parte integrante de las mismas; 2º), que el Y debe reponer a su anterior ser y estado el camino o paso de autos, realizando cuantas obras sean precisas o necesarias para evitar que en el futuro las fincas de D. X puedan resultar afectadas por inundaciones, desmoronamientos y cualquiera otro daño derivado de la ampliación del paso o camino; y, 3º), que igualmente el Y debe abonar los daños y perjuicios causados al demandante y que resulten acreditados en período de prueba o en ejecución de la sentencia. En la Sentencia dictada por la Audiencia el 9 de diciembre de 1992, con revocación parcial de la del Juzgado de 1ª Instancia (la que había apreciado para todas las cuestiones suscitadas en la demanda la excepción de incompetencia de jurisdicción), mantiene la falta de competencia para los pedimentos segundo y tercero del suplico de la demanda, y entrando a conocer del pedimento primero lo desestima absolviendo al Ayuntamiento demandado.

Segundo. - Antes de entrar a analizar los motivos de casación formulados por D. X, en respuesta a la alegación efectuada «in voce» en el acto de la vista por la representación procesal del Y consiste en que debería desestimarse de plano el recurso por no alcanzar la cuantía el mínimo legal exigible con arreglo a lo establecido en el art. 1687, primero c) de la Ley de Enjuiciamiento civil, y con independencia de que una cuestión de tal índole sería examinable de oficio por tener la norma procesal correspondiente carácter público indisponible, procede decir que el planteamiento carece de todo fundamento porque, sin necesidad de más razonamientos, la parte olvida que en la segunda instancia se suscitó el incidente procesalmente adecuado, de conformidad con lo previsto en el art. 1694, párrafo segundo, de la LEC, que la Sala resolvió, con base en los dictámenes periciales practicados, por Auto de 2 de marzo de 1993 fijando la cuantía del pleito en siete millones ochocientas cuatro mil ciento sesenta y ocho pesetas, que rebasa notoriamente el mínimo exigible para la casación; resolución por cierto, que fue consentida por el Y al no formular recurso de súplica.

Tercero. - En el primer motivo del recurso, al amparo del número cuarto (edición actual) del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia que «la sentencia recurrida infringe, AL NO APLICARLO DEBIENDO HACERLO, el art. 342 de la Compilación de Derecho Civil Especial (sic) de Catalunya». La argumentación del motivo padece de una cierta logomaquia (juego de palabras) pues se acusa que no se aplicó un precepto legal que regula la usucapión y al tiempo se alega que no procedía la aplicación de la usucapión regulada en dicho precepto legal (por lo que, en la tesis de la recurrente, obviamente no cabría aplicar el precepto legal que se denuncia como no aplicado). El enigma puede aclararse entendiendo que lo que quiere plantear es que no se observó -no se aplicó correctamente- el Derecho que rige la usucapión comprendido en el art. 342 de la Compilación que exige el tiempo de treinta o más años para la prescripción adquisitiva de inmuebles. El motivo perece con solo pensar que, según su propia fundamentación, la Sentencia recurrida reconoce que el camino litigioso es de titularidad municipal por el transcurso de los años y por haberse utilizado desde tiempo inmemorial. La resolución impugnada establece una conclusión plenamente coherente (sentencia 11 julio 1989 y los que cita) con la base fáctica en que se apoya: deduce la titularidad municipal de una afectación al uso público o uso inmemorial, por su utilización pública desde antiguo (y otros argumentos de apreciación probatoria), y aunque no cita ningún artículo concreto, (ni siquiera las disposiciones en materia de Régimen Local) no comete la infracción denunciada en el recurso. Sin embargo lo realmente pretendido en el motivo no es la infracción del precepto sustantivo, sino impugnar la base fáctica. Basta contemplar su razonamiento básico. Se dice: «frente a ello (se alude al contenido del art. 342 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña), la sentencia recurrida, prescinde de las pruebas obrantes en autos, que bien claramente ponen de manifiesto que no han transcurrido los treinta años para justificar la adquisición por usucapión del paso o camino por parte del Ayuntamiento demandado», y a continuación analiza diverso material probatorio en sentido distinto a la apreciación de la resolución de instancia. El planteamiento efectuado, como fácilmente es de ver, contradice la técnica casacional y resulta improcedente. Pretende realizar una nueva valoración de la prueba utilizando como apoyo la infracción de un precepto que no contiene regla probatoria (precepto sustantivo civil), lo que es inadecuado. No tiene en cuenta que la apreciación de la posesión y del tiempo para la usucapión, así corno la determinación de si una vía es pública o privada por usucapión, uso inmemorial o afectación (S.S. 11 diciembre de 1963, 11 julio 1989, 10 febrero 1981), son cuestiones de hecho cuya determinación constituye facultad privativa del juzgador «a quo». Se pretende partir de una premisa fáctica diferente a la sentada por la resolución recurrida, lo que implica hacer supuesto de la cuestión que está vedado en casación. Y sobre todo resulta cabalmente incorrecto tratar de sustituir la valoración probatoria efectuada por la Audiencia con olvido que la casación no es una tercera instancia, y que no cabe denunciar el error de derecho en la valoración probatoria sin citar el precepto procesal sustantivo que haya podido resultar infringido. Todos estos argumentos hacen innecesarios otros posibles razonamientos desestimatorios en relación con la ambigüedad y confusión de lo verdaderamente pretendido en el punto principal de la demanda y naturaleza jurídica de los denominados caminos vecinales.

Cuarto. - La misma suerte desestimatoria debe correr el segundo motivo en el que bajo el mismo casacional que el anterior se denuncia que la sentencia recurrida infringe al no aplicarlo, debiendo hacerlo, el art. 344 de la Compilación de Derecho Civil Especial (sic) de Cataluña. A través del mismo se pretende una nueva valoración de la prueba documental que con tal fundamentación legal no es dable contemplar en ocasión; aparte de que se vuelve a hacer supuesto de la cuestión y que la desestimación del primer motivo acarrea «per se» la del presente, al ser evidentemente subsidiario de aquel porque se viene a plantear el no haberse extinguido por la prescripción extintiva de los treinta años la acción dominical que se dice ostentar, y no es de ver como podría subsistir la acción reivindicatoria o declarativa de propiedad respecto de un bien adquirido por usucapión por otra persona.

Quinto. - En el motivo tercero se afirma al amparo del número 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la sentencia recurrida infringe, al interpretarlos erróneamente, los arts. 348 y 609 del Código Civil en relación con el art. 8.4 del Decreto de 27 de mayo de 1955 y el art. 21.2 del Decreto 326/1988, de 17 de octubre, de la Generalitat de Catalunya. Con independencia del carácter genérico de los dos preceptos sustantivos indicados y por lo tanto la complicada articulación autónoma en casación, en cualquier caso el motivo no puede ser acogido porque insiste en hacer supuesto de la cuestión, lo que, como se dijo, no es admisible en este tipo de recurso extraordinario, según declara reiterada doctrina del Tribunal Supremo (ad exemplum, Sentencias 24 julio, 15 octubre, 10 y 13 noviembre de 1992). Y ello es así porque, sin contradecirla por vía oportuna al efecto, se parte de una base fáctica distinta a la tomada en consideración por la resolución judicial objeto del recurso, como ya quedó claramente consignado en los motivos anteriores. Sentar una conclusión como la que pretende el recurrente supondría cambiar toda la valoración probatoria de la Sala «a quo», y además por una mera apreciación genérica o en conjunto, convirtiendo a la casación en una tercera instancia, lo que resulta inimaginable según constante jurisprudencia de ociosa cita.

Sexto. - En el cuarto y último motivo del recurso, por el cauce procesal del ordinal cuarto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la infracción por interpretación errónea de los arts. 349 del Código Civil y 124 y 125 de la Ley de Expropiación Forzosa. El motivo adolece de defectuoso planteamiento y carece de consistencia. Lo primero porque la vía procesal adecuada para dejar sin efecto la apreciación de la excepción de falta de jurisdicción no es la del nº 4º, sino la de defecto jurisdiccional del nº 1º del art. 1692 LEC, y por otro lado se mezclan cuestiones heterogéneas como son las de titularidad dominical y el contenido de los pedimientos segundo y tercero del suplico de la demanda, que además al no venir las cuestiones adecuadamente determinadas en la fundamentación correspondiente ni siquiera sería factible deslindar su análisis mediante la técnica de los submotivos. Pero sobre todo debe rechazarse el motivo por la falta de consistencia. Y ello es así porque, con independencia de si el planteamiento jurídico es o no acertado, se parte de un dato fáctico falto de veracidad. Se dice que no ha tenido lugar el pago a consignación del justo precio de la expropiación, y con tal alegación se contradice la afirmación en contrario de las sentencias de instancia, sin adecuada impugnación para ello. Por lo demás es claro que las acciones ejercitadas están en relación con la regularidad de una actuación administrativa expropiatoria que no corresponde controlar a este orden jurisdiccional civil (entre otras S.S. 18 abril 1963, 19junio 1970, 17 abril 1985 y 22 diciembre 1987), todo ello en el buen entendimiento de que no se considera ejercitada acción derivada de culpa extracontractual o aquiliana al no configurarse una «causa petendi» que pudiera servirle de soporte.

Séptimo. - Las costas procesales del recurso deben imponerse a la parte recurrente por aplicación de lo establecido en el último párrafo del art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procediendo la devolución del depósito que no debió ser constituido al no ser totalmente coincidentes las Sentencias de primera y segunda instancia de conformidad con lo establecido en el art. 1703 de la propia Ley Procesal.

En nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Que desestimando el recurso de casación entablado por la representación procesal de D. X contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona el 9 de diciembre de 1992, confirmamos íntegramente esta resolución con imposición a la recurrente de las costas causadas en el recurso. Devuélvase el depósito a la parte recurrente al no ser exigible su constitución por ser discordantes las Sentencias del Juzgado y de la Audiencia.

Líbrese a la mencionada Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Girona certificación de la presente resolución, junto con los autos y rollo que en su día fueron remitidos a este Tribunal. Dese la publicación legalmente establecida de esta Sentencia.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.