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Sentència de 3 de juliol de 1993

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 3 de juliol de 1993, núm. 13/1993 (Sala civil i penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret
Part dispositiva 

Excmo. Sr. Presidente: D. Luis M . Díaz Valcárcel. Iltmos. Sres. Magistrados: Jesús E. Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol

Barcelona a tres de julio de mil novecientos noventa y tres.

VISTOS por la Sala de la civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, los presentes autos de recurso (demanda) de revisión de la sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de S, en autos de juicio incidental de resolución de contrato de local de negocio nº 196/91, seguidos a instancia de D. X contra Dª Y y Dª Y2, cuyo proceso se promovió ante esta Sala por la referida litigante Dª Y, mayor de edad, viuda, maestra nacional jubilada y vecina de L., que ha estado representada por el Procurador D. Francisco Moyá Oliva y defendida por el letrado D. Jaime Alonso-Cuevillas y Sayrol, contra el referido D. X, mayor de edad, separado, administrativo y de la misma vecindad, representado por el procurador D, Eusebio Lasala Palá y defendido por el letrado D. Antonio Creus Alfonso, y contra la mencionada Dª Y2, incomparecida y en situación procesal de rebeldía.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. - El referido procurador Sr. Moyá Oliva en la representación indicada de Dª Y interpuso ante esta Sala proceso de revisión para que se rescindiera la sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de S, en los autos indicados, alegando al efecto los hechos que estimaba oportunos y como causa de la revisión la prevista en el núm. 40 del art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, más concretamente, por haberse ganado injustamente en virtud de maquinaciones fraudulentas de la actora, exponía los antecedentes fácticos y fundamentos de derecho en que basada la demanda para terminar suplicando tuviera por interpuesto en nombre de su mandante proceso de revisión en impugnación de la referida sentencia, se admitiera a trámite por la Sala llamando a sí a todos los antecedentes del pleito y mandando emplazar a cuantos en él hubieren litigado, para, tras los trámites pertinentes, dictar sentencia por lo que se rescindiera en todos sus extremos la sentencia firme impugnada, por medio de primer otrosí solicitaba el recibimiento a prueba del juicio y por un segundo otrosí solicitaba la adopción de medidas cautelares: y aportaba documento justificativo de haberse hecho el depósito previo conforme al art. 1799 de la Ley de Enjuiciamiento civil por importe de cincuenta mil pesetas.

 

Segundo. - Por providencia de fecha dos de diciembre pasado se tuvo por presentado el escrito de demanda de proceso de revisión con los documentos acompañados, formándose autos, previo registro, en los que se tuvo por comparecido y parte al procurador D. Francisco Moyá Oliva en nombre y representación que acreditaba de Dª Y, acordando entender con el mismo las sucesivas actuaciones y notificaciones, quedó testimoniado en autos el resguardo de ingreso acompañado y con designa de ponente pasaron al mismo las actuaciones para instrucción y sometimiento a deliberación de la resolución procedente. Y por auto de esta Sala de fecha catorce del mismo mes se admitió a trámite la demanda interpuesta acordándose reclamar del Juzgado de Instancia los autos tramitados, y sin esperar a su llegada se dispuso el emplazamiento de D. X y Dª Y2, para que dentro del plazo de cuarenta días comparecieran a sostener lo que a su derecho conviniera, librándose al efecto los despachos oportunos; respecto de las medidas cautelares solicitadas se decretó la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad nº 2 de L, previa prestación de fianza por importe de cien mil pesetas, y también mediante prestación de fianza por el mismo importe para responder de la indemnización de daños y perjuicios que pudiera causar y ambas a prestar en cualquiera de las formas admitidas en derecho excepto la personal, se acordó requerir al demandado Sr. X para que se abstuviera de arrendar o ejecutar, por sí o representado cualesquiera actos que pudieran frustrar la efectiva virtualidad práctica de la sentencia que en su día pudiera recaer en este proceso, y para durante el mismo respecto del local de negocio litigioso.

 

Tercero. - Por providencia de veinticuatro de diciembre último se admitieron las fianzas constituidas por la parte recurrente por los importes exigidos disponiéndose la práctica de las medidas decretadas librándose al efecto los oportunos despachos, habiendo comparecido oportunamente el demandado D. X y en su nombre y representación el procurador D. Eusebio Lasala Palá, se le tuvo por personado mediante providencia de fecha veinte de febrero pasado y en otra de once de marzo, habiendo transcurrido el término del emplazamiento sin que compareciera la otra demandada Dª Y2, se la declaró en rebeldía, disponiendo la notificación de dicha providencia y de las demás que recayeran en los estrados de la Sala y dando impulso al procedimiento se dispuso que los trámites sucesivos se siguieran conforme a lo establecido para la substanciación de los incidentes, y así, se confirió traslado al recurrido personado Sr. X para que contestara en término de seis días, trámite que efectuó oportunamente, oponiéndose a dicho recurso de revisión alegando al efecto los hechos que estimaba oportunos y consignando los fundamentos de derecho legales, para terminar suplicando a la Sala tuviera por contestado el recurso de revisión, con oposición al mismo y en su día, previos los trámites legales se dictara sentencia desestimado dicho recurso en todas sus partes y absolviendo libremente al demandado-recurrido de todas las peticiones de la recurrente, condenándola a la pérdida del depósito constituido con reserva de las acciones legales de resarcimiento e indemnización a su representado y con imposición de las costas a la parte adversa; por otrosí solicitaba el recibimiento a prueba del presente juicio y por medio de otrosí en base a cuanto exponía solicitaba que la recurrente diera fianza o aval bancario en la cuantía de dos millones de pesetas en el supuesto de haberse acordado la anotación preventiva de la presente demanda o de un millón de pesetas por la prohibición impuesta al demandado.

Por providencia de veintiséis de marzo pasado se tuvo por contestada la demanda de revisión por el procurador Sr. Lasala en la representación acreditada y habiendo solicitado ambas partes el recibimiento a prueba del incidente, se acordó el mismo fijándose el plazo de veinte días como término común para proponer y practicar y en cuanto a las peticiones formuladas por el demandado en el segundo otrosí de su escrito de contestación en relación a las medidas cautelares decretadas se acordó señalar que ya se habían establecido, y prestado garantías pecuniarias por importe total de doscientas mil pesetas, suma que en principio se consideraron suficientes para responder adecuadamente de las consecuencias previstas en el apartado final del art. 1803 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y máxime habida cuenta el alcance limitado de las mismas.

 

Cuarto. - Previa su declaración de pertinencia y con citación contraria se llevaron a efecto dentro del período fijado las pruebas siguientes: a instancia de la parte actora la documental aportada al escrito de demanda de revisión y la reclamada al Ayuntamiento de S; confesión en enjuicio de D. X que absolvió bajo juramento indecisorio las posiciones que se declararon pertinentes del pliego aportado y testifical de los testigos propuestos a tenor de las preguntas y repreguntas formuladas y declaradas pertinentes, admitiéndose asimismo la documental aportada en período probatorio. A instancia de la parte demandada, confesión en juicio de la recurrente Dª Y y de la codemandada Dª Y2, quienes absolvieron bajo juramento indecisorio las posiciones que se declararon pertinentes de los pliegos de posiciones formulados; documental consistente en los documentos aportados por la recurrente en cuanto a los que relacionaba y de los autos remitidos por el Juzgado y en la reclamada a la Delegación Territorial de Barcelona Comarques, del Ayuntamiento de L. y de la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, reclamándose de la Delegación Provincial de Hacienda de Barcelona la propuesta en período probatorio. Las pruebas practicadas con el resultado que es de ver de los autos.

Por providencia de fecha seis de mayo último, se acordó unir a los autos las pruebas practicadas y traerlos a la vista para sentencia con citación de las partes, y habiéndose solicitado dentro de plazo celebración de vista pública se acordó la misma y tuvo lugar en la Sala audiencia de este Tribunal el día veinte de mayo pasado con la asistencia de los procuradores y letrados de las partes informan de los últimos en apoyo de sus respectivas pretensiones.

 

Quinto. - Por providencia de veinticuatro de mayo último, de conformidad con lo prevenido en el art. 1802 de la Ley de Enjuiciamiento civil se acordó oír al Ministerio Fiscal antes de dictar sentencia acerca de si había o no lugar a la admisión del recurso, pasándole a dichos fines las actuaciones que fueron devueltas con escrito de fecha diecisiete del pasado mes de junio en el que el Ministerio Fiscal considera improcedente la estimación del recurso extraordinario de revisión interpuesto por entender que no concurre en el caso de autos y en la actuación del actor D. X ninguna de las circunstancias que enumera el mencionado nº 4 del art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y por providencia de veintiocho del mismo mes ha quedado unido a los autos el referido escrito, teniéndose por evacuado el trámite acordado y quedando los mismos a la vista para dictar la presente resolución.

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero. - Dª Y, en concepto de arrendataria celebró con D. Z, en su carácter de propietario, que actuó por medio del administrador de fincas D. Z2, tres contratos de arrendamiento respecto de los locales sitos en calle C1., 00, tienda tercera, XXX, y calle C2, 000, chaflán con calle C1., sótanos, de L., los que se formalizaron en los respectivos documentos timbrados de fechas 1 de octubre de 1966, 1 de setiembre de 1968 y 1 de octubre de 1968. Los locales son contiguos y están interiormente conectados y comunicados, y en los mismos, a modo de una unidad, instaló la arrendataria un centro de enseñanza primaria denominado «E». Fallecidos D. Z2 y D. Z3 (este último el 14 de enero de 1982), en la actualidad la administración la lleva la hija del anterior Dª Z4 y la titularidad respectiva de los locales ha pasado por título hereditario a Dª Z5 (el primero), D. X(el segundo) y D. Z6 (el tercero). El 16 de diciembre de 1991 D. X, a la sazón dueño del local sito en los números 22-24 (actualmente 24, antes 22) de la calle C, formuló contra Dª Y y Dª Y2 demanda de resolución del contrato de arrendamiento antes aludido de fecha 1 de setiembre de 1968, con base en las causas segunda, quinta, séptima y undécima en relación con la tercera del art. 62, del art. 114 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que dio lugar a los autos de juicio incidental nº 196 de 1991 del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de S. Intentado el emplazamiento personal el 21 de enero de 1992 resultó negativo (en la diligencia se hace constar que «según manifestaciones de los vecinos era una Academia y hace más de seis años que está cerrado y que ignoran el actual paradero»), por lo que a instancia del actor se efectuó el edictal, y ante la incomparecencia de las demandas se decretó su rebeldía por Providencia de 30 de marzo, que no resultó afectada por la nulidad parcial acordada por Auto del 11 de abril siguiente. Las demandadas fueron citadas para absolver posiciones también por edictos fijados en el tablón de anuncios y en el B.O.P. del XX de XXX; y el 15 de junio de 1992 recayó Sentencia en la que se acoge la causa de resolución arrendaticia undécima del art. 114 en relación con la tercera del art. 62, ambos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (no uso durante más de seis meses en el curso de un año), resolución que igualmente fue comunicada a las demandas por el sistema edictal (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de XX de XX de XXXX). A instancia de la parte actora el Juzgado dicta el 23 de setiembre de 1992 providencia en la que declara firme la sentencia referida y de conformidad con el art. 1597 de la Ley de Enjuiciamiento Civil decreta el lanzamiento, el cual tiene lugar el día señalado al efecto, 20 de octubre de 1992, en el que después de descerrojar la puerta se procede a extraer del local los objetos que se expresan en la diligencia extendida al efecto. El 25 de noviembre de 1992 Dª Y comparece en los autos e interesa se le facilite fotocopia de lo actuado, y el día 30 del propio mes plantea la demanda de revisión, aquí objeto de conocimiento, que fundamenta en la ocultación maliciosa del domicilio que determina maquinación fraudulenta del nº 4º del art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

 

Segundo. - A la petición de rescisión de la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de S el 15 de junio de 1992 en los autos incidentales 196/91 se opone el demandado (recurrido en la terminología legal) D. X aduciendo que la Sentencia referida cuando fue conocida por la Sra. Y no era firme y no la recurrió en apelación, y que, por consiguiente, al no apelarla no está legitimada para la revisión. Parte de la base de que la revisión requiere como presupuesto imprescindible que la Sentencia haya ganado firmeza; y en consideración al dato fáctico de que la resolución recaída en el proceso arrendaticio se publicó en el BOP el XX de XXX de XXXX, sostiene la conclusión de que el término de audiencia según el art. 777 no vencería hasta el 10 de setiembre de 1993, y que por lo tanto hasta entonces no ganaría firmeza, Añade que «tomando como fecha inicial la de presentación por la Sra. M. del escrito de 25 de noviembre del propio año, los cinco días para interponer el recurso de apelación vencían el 1º de diciembre, o el 3 de diciembre de 1992, precisamente con posterioridad a la fecha de la demanda de revisión», y concluye que no son admisibles los recursos extraordinarios sin haber agotado la posibilidad de los ordinarios. A los denominados impedimentos procesales agrega el escrito de contestación del Sr. X alegaciones de fondo encaminadas a destruir la pretensión adversa de maquinaciones fraudulentas.

 

Tercero. - De las pruebas practicadas claramente se deduce que si bien los tres locales que sirven de sede a la E (sin prejuiciar la utilización efectiva de cada uno, inciso que se formula a los efectos del párrafo segundo del art. 1807 LEC) constituyen objetos de contratos de arrendamiento distintos, con cabal autonomía subjetiva y objetiva (rentas independientes), sin embargo, además de contiguos, están interiormente intercomunicados, y el acceso desde el exterior ha venido teniendo lugar desde hace muchos años atrás por las puertas de los locales uno y tres (el del nº 00 de la calle C1, y el de la calle C2), lo que significa que la puerta del local de autos (número dos) no era utilizada y ha venido permaneciendo cerrada, de ahí que el intento de contactar personalmente o tener comunicación oficial (mediante Notario o judicialmente) a través de la misma resultara vana. Por otro lado, el material probatorio (singularmente documental y testifical) claramente revela y demuestra que la posibilidad de contactar con la Sra, Y., o de conocer su domicilio real en el que intentar el emplazamiento en persona, no ofrecía dificultad alguna, y habría sido sencillísimo con solo proponérselo, ora mediante la Administradora o el intento directo a través de las puertas de acceso a la Academia por los locales uno y tres, o bien con la consulta de la guía telefónica o de la estadística municipal, tanto más si se tiene en cuenta que el Sr. X trabaja en el Ayuntamiento de L, aunque lo haga en la Sección de Archivo.

 

Cuarto. - El argumento de índole procesal expuesto en el escrito de contestación es totalmente erróneo, porque si bien es cierto que el recurso de revisión sólo cabe contra Sentencias firmes y exige como presupuesto que se hayan agotado los recursos ordinarios (S.S. 10 febrero 1993, 12 julio 1988, 19 julio, 4 octubre y 21 mayo de 1991), ocurre sin embargo que en el caso de autos de Sentencia había ganado firmeza y contra ella no podía al tiempo de conocerla interponer la demanda Sra. Y el recurso de apelación, ni ningún otro ordinario, cualidad ésta (de ordinario) que no lo tiene el recurso de audiencia al rebelde, cuya posibilidad no impide la firmeza, y sin que en absoluto sea preciso agotar dicha audiencia antes de la revisión cuando menos en el caso en que, como el de autos, no cabría otorgar la audiencia por no darse el presupuesto fáctico-jurídico de la ausencia del pueblo a que se refiere el art. 777 LEC, tal y como recientemente ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de febrero de 1993. Cosa distinta hubiera sido, pero no es el caso, que el demandante en el juicio arrendaticio Sr. X., antes de declararse la firmeza aparte de la notificación edictal, hubiera interesado la notificación en persona, en cuyo supuesto habría creado la expectativa del recurso de apelación, pero no lo hizo. No se preocupó del posible domicilio de la demandada ni para llamarla a juicio, ni para confesar, ni para hacerle saber la sentencia, ni siquiera para un aviso de lanzamiento. La Sentencia dictada por el Juzgado de S el 15 de junio de 1992 ganó firmeza a los cinco días de su publicación edictal, sin que en ello influya el conocimiento posterior del notificado. El art. 777 se refiere al recurso de audiencia al rebelde, y la pendencia de éste en nada obsta a la firmeza de la resolución correspondiente (arts. 773 en relación a los 769 a 772, 774, 777, 778, 779, 781, 785 y 787). Todo resulta tanto más evidente si se tiene en cuenta que fue el propio actor Sr. X. el que solicitó la declaración de firmeza y ésta tuvo lugar por providencia de 23 de setiembre de 1992, bastante antes de que el pleito llegara a conocimientos de la demandada Dª Y.

 

Quinto. - De lo actuado se deduce que la parte actora en el juicio arrendaticio se aprovechó de la situación de no utilización de la puerta del local del que es titular para conseguir tramitar aquél en rebeldía de la demandada, ocultación del proceso que al extenderse a los actos de la confesión y de la notificación de la Sentencia, colocó a la Sra. Y en una situación técnica de indefensión material (no meramente formal o procesal), que pudo ser evitada por el actor mediante una mínima diligencia, ya que lo era sumamente factible, y constituía por ende un deber jurídico, conocer el domicilio de la antes mencionada e intentar su llamada a la causa mediante el emplazamiento personal, careciendo totalmente de consistencia las excusas de que se desconocía la intercomunicación interior a los locales y que se creía suficiente el intento de emplazamiento en el número de policía municipal expresado en el contrato. Es por ello que concurre con claridad meridiana el supuesto de revisión (rescisión) previsto en el número cuarto del art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de maquinación fraudulenta, de conformidad con reiterada doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En diversas declaraciones de evidente aplicación al caso enjuiciado ambos Tribunales tienen dicho en resoluciones muy recientes: que el emplazamiento y las notificaciones edictales son medios supletorios a utilizar sólo como remedio último para la comunicación del órgano jurisdiccional con las partes, y que únicamente cuanto o es posible acudir a otros medios más efectivos que aseguren en mayor grado la recepción por el destinatario de la correspondiente cédula cabe utilizar el sistema edictal (S.S. del Tribunal Constitucional 2 diciembre 1988, 17 octubre 1991, 12 noviembre 1990 y 28 setiembre 1992, entre otras); que bajo el término de maquinación fraudulenta cabe comprender todas aquellas actividades de la actora que vayan dirigidas a dificultar u ocultar al demandado la iniciación del juicio con objeto de obstaculizar su defensa, asegurando el éxito de la demanda (S.S. del Tribunal Supremo de 3 marzo y 7 abril 1987, 6 noviembre 1990, 7 mayo y 3 octubre 1991 y 3 abril 1992); y que concurre tal supuesto de revisión cuando la parte demandante tiene conocimiento del domicilio de la parte demandada (S.S. 19 julio 1988, 13 mayo y 16 diciembre 1991, y 25 enero 1992) o de su Director Gerente (S. 10 julio 1989), o con un esfuerzo o diligencia mínima, haciendo adecuadas gestiones, hubiera sido posible localizar a la demandada (S.S. T.S. 18 marzo y 31 octubre 1989, 20 marzo, 25 junio y 7 diciembre 1990, -conocimiento del Administrador-; 18 enero 1991, -por el padrón y otras fuentes-; 21 enero 1992 y 12 enero 1993, -inscripción registral-, 8 junio 1992, entre otras).

 

Sexto. - Estimada la demanda de revisión procede acordar la rescisión de la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de S el 15 de junio de 1992 mandando expedir certificación de este fallo, con devolución de los autos al órgano jurisdiccional de que proceden, para que las partes usen de su derecho según les convenga en el juicio correspondiente, de conformidad con lo prevenido en los artículos 1806 y párrafo primero del 1807 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del juicio y ordenando la devolución a los recurrentes del depósito constituido, cual se deduce «a sensu contrario» del art. 1809 de la propia Ley. Asimismo procede dejar sin efecto las medidas cautelares acordadas por Auto de 14 de diciembre de 1992 cancelado las fianzas prestadas y anotación practicada, con libramiento de los oportunos despachos.

 

FALLAMOS

Que estimando procedente el recurso (demanda) de revisión entablado por el procurador D. Francisco Moyá Oliva en representación procesal de Dª Y decretamos la rescisión de la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Santa Coloma de Gramanet en los autos de juicio arrendaticio nº 196 de 1991 seguido a instancia de D. X contra Dª Y y D.ª Y2, por causa de maquinación fraudulenta, y mandamos expedir certificación de este fallo con devolución de los autos al órgano jurisdiccional de que proceden, para que las partes usen de su derecho según les convenga, en el juicio correspondiente, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del juicio, y con devolución del depósito a la parte recurrente. Se dispone también dejar sin efecto las medidas cautelares acordadas por esta Sala por Auto de 14 de diciembre de 1992, con cancelación de la anotación practicada y fianzas prestadas.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que determina la Ley.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno, salvo, en su caso, el denominado de aclaración.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, y mandamos y firmamos.

 

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