Sentència de 25 de gener de 1993

Primero. - La presente litis se inicia mediante demanda en la que la actora solicita la declaración de que el demandado es padre de la menor Z nacida el 13 de febrero de 1979 y la consiguiente condena al pago de una pensión alimenticia. La sentencia de primera instancia da lugar a la demanda fundándose en que la «relación de noviazgo» que según varios testigos existía en aquel entonces entre los hoy litigantes, unida a la negativa reiterada del demandado a la práctica de la prueba biológica solicitada por la actora y por el Ministerio Fiscal, pueden reputarse «indicios bastantes para considerar probada la paternidad». El Tribunal de apelación, en una nueva valoración del material probatorio, estima que los testigos suministrados por la madre -todos ellos «con aducida razón de ciencia en amistad con la actora»- no concretan la relación, limitándose a decir que «les parece que salían juntos», concluyendo «la nula fiabilidad de tal prueba» con la consiguiente revocación íntegra de la sentencia combatida.

Segundo. - El recurso de casación interpuesto por la actora, madre de la menor Z se articula en un único motivo que al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denuncia infracción de una reiterada doctrina jurisprudencial «tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues en numerosas sentencias ambos Tribunales señalan que la existencia de una relación sentimental probada entre las partes unida a la negativa reiterada a la práctica de las pruebas biológicas tendentes a la determinación de la paternidad es suficiente para estimar la reclamación de paternidad solicitada». Cita las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de febrero y de 8 de julio de 1986; de 26 de julio, 6 y 14 de noviembre de 1987; de 11 y 18 de marzo, 24 de julio y 5 de diciembre de 1988, 20 de julio de 1990 y 14 de abril de 1991. Así como las Sentencias dictadas por este Tribunal Superior el 18 de febrero y el 22 de julio de 1991.

El planteamiento de la recurrente obliga, en primer lugar, a precisar el verdadero alcance de la doctrina jurisprudencial que estima infringida para, a continuación, ver si la sentencia impugnada se ajusta a la misma. Lo que no puede hacer este Tribunal es constituirse en tercera instancia y proceder a una nueva valoración de la prueba practicada que, prácticamente, se reduce a la declaración de seis testigos propuestos por la actora y uno del demandado.

Tercero.- Las consecuencias jurídicas que deben seguirse a la negativa del hipotético progenitor a someterse a las pruebas biológicas sobre determinación de la paternidad han sido objeto de numerosas sentencias del Tribunal Supremo que, si bien con matizaciones, siguen un criterio uniforme desde la de 14 de octubre de 1985 hasta las últimas publicadas. Como expone claramente la sentencia de 20 de julio de 1990 con abundante cita jurisprudencial, la negativa a someterse a pruebas biológicas, a fines de investigación de paternidad, solamente tiene un valor indiciario, todo lo valioso que se quiera; para darle valor definitivo a efectos de reconocimiento de filiación, necesita estar unido a otras pruebas que pueden producir el convencimiento de la paternidad que se reclama, según añade la sentencia de 27 de junio de 1987, doctrina ésta que por su abundancia puede entenderse consolidada, y en la que, en cualquier caso, se excluye la ficta confessio, como ponen de manifiesto las sentencias de 7 de febrero y 8 de julio de 1986, 27 de junio y 12 y 14 de noviembre de 1987. Más adelante, la misma sentencia precisa que la paternidad no cabe deducirla de situaciones meramente dudosas y que la negativa a dejarse practicar la prueba biológica entra en el grupo de las meramente presuntivas, insuficiente por si sola «salvo que esta obstrucción venga complementada por otros medios probatorios claramente reveladores, sin duda alguna, de relación sexual entre la madre y el pretendido padre al tiempo de la concepción del menor afectado por la filiación reclamada».

Últimamente, la sentencia de 30 de abril de 1992 reafirma la doctrina jurisprudencial de la que -dice- «cabe extraer como esencia fundamental, que tal negativa a la colaboración del presunto padre no puede considerarse como ficta confessio y por ello ha de estar relacionada con las demás pruebas para obtener la convicción indispensable en orden a la estimación de la demanda por la vía probatoria de los indicios obrantes en el litigio, pero ello lleva consigo en la búsqueda de la verdad material, que este indicio probatorio que comporta la negativa del demandado a prestarse a la práctica de las pruebas biológicas ha de estar acompañada en forma incontrovertible de otras pruebas absolutamente definidas, que conduzcan directamente al juzgador al convencimiento de la paternidad, como puede ser cierta posesión de estado, relación epistolar que acredite ciertos sentimientos de la relación afectiva, información testifical y de documentos gráficos, directos, personales y no ambiguos en su constatación de las relaciones extramatrimoniales existentes; en fin, un bagaje definido, inequívoco, no susceptible de meras conjeturas».

Cuarto. - Las sentencias de este Tribunal Superior que se citan por la recurrente están en la línea de la doctrina jurisprudencial analizada; como no podía ser menos ya que se trata de una cuestión general que afecta a la eficacia de los medios de prueba y no interfiere en la regulación de las acciones relativas a la filiación en el Derecho civil de Cataluña.

La sentencia de 18 de febrero de 1991, en su cuarto fundamento jurídico dice textualmente: «la reiterada resistència del Sr. J-R. D.F. a la práctica de la prova pericial biológica, de notòria importància per a l’aclariment de la qüestió litigiosa, acordada en primera instància i reproduïda en apel·lació, no és apreciada per la Sala com a ficta confessio sinò simplement i encertadament com a indici provatori segons la lògica i bon criteri i d'acord amb la doctrina establerta pel T.S. en la seva sentència de 14 d'octubre de 1985». El fundamento jurídico quinto de la sentencia de 22 de julio de 1991 insiste en la doctrina jurisprudencial de que la obstinada resistencia a la práctica de la prueba biológica es un indicio, aunque de especial relevancia y cita cinco sentencias del Alto Tribunal. Finalmente, es interesante destacar aquí que la sentencia de 21 de diciembre de 1992 señala que la posesión de estado es una situación presuntiva especialmente idónea para declarar la existencia de una paternidad siempre que no sean posibles probanzas de mayor rango o eficacia respecto a la verdad biológica.

Quinto. - El Tribunal a quo no infringe la doctrina jurisprudencial antes resumida ni desconoce la actitud obstruccionista del demandado que se niega «sin causa justificada a someterse a pruebas hematológicas», como dice al final del segundo fundamento jurídico. Lo que ocurre es que la Sala, en uso legítimo de sus atribuciones, valora la prueba practicada de modo distinto a como lo hizo la juez de primera instancia y no encuentra en tal prueba -básicamente de testigos, como queda dicho- corroboración de que actora y demandado hubieran mantenido relaciones sexuales al tiempo en que fue concebida la menor Z. A este respecto conviene recordar en primer lugar -como hace la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 1991- que el Tribunal de apelación no está en modo alguno sujeto a las apreciaciones del Juez de primer grado y puede según su libre y prudente arbitrio apreciar las pruebas como considere que en justicia procede. En segundo lugar, ni la valoración de la prueba que la Sala realiza ha sido expresamente impugnada aquí, ni este Tribunal puede reexaminarla ya que la casación no es una tercera instancia sino un recurso extraordinario.

No obstante, si cabe decir ex abundantia, que la prueba obrante en autos es claramente insuficiente para demostrar no ya la posibilidad de acceso carnal entre actora y demandado, pues la mera posibilidad por su carácter amplísimo nada prueba, sino una razonable probabilidad de que existió cohabitación. El planteamiento de la prueba testifical es ambiguo. En el interrogatorio de preguntas se habla de «salir juntos», de «noviazgo» y de «relación sentimental» cuando lo que interesa saber es si entre ambos hubo intimidad física completa idónea para procrear. Las respuestas de los testigos son aún más imprecisas en cuanto al tiempo y al tipo de relación. «Que salían juntos, que fuera la relación de novios o no eso no lo sabe con seguridad» (folio 86); «que salieron ocho o nueve meses juntos, según se interprete para cada persona lo de ser novios o amigos» (folio 168); «que mantenían una relación de pareja» (folio 172); «que no es cierto que fuese del dominio público que mantuvieron una relación amorosa de la que nació la pequeña Miriam» (folio 171 en relación con el 80). Sin necesidad de más argumentación, es indudable que estas declaraciones testificales no constituyen «las pruebas absolutamente definidas que conduzcan directamente al juzgador al convencimiento de la paternidad... bagaje definido, inequívoco, no susceptible de meras conjeturas» a que se refiere la sentencia de 30 de abril de 1992.

Sexto. - En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer a la parte recurrente las costas del recurso.

En nombre del Rey y por la autoridad que nos ha sido conferida.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Francisco F. A. en representación de doña X contra la sentencia dictada el 25 de mayo de 1992 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona; confirmando la resolución recurrida y condenando a la parte recurrente al pago de las costas del recurso.

Líbrese a la mencionada Sección testimonio de la presente sentencia, juntamente con los autos originales y rollo de apelación que fueron remitidos en su día a este Tribunal.