Sentència de 30 de desembre de 1992

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 30 de desembre de 1992, núm. 19/1992 (Sala Civil i Penal)

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez. Ilmos. Sres. Magistrados: D. Luis Mª. Díaz Valcárcel, D. Luis Puig Ferriol.

Barcelona, a treinta de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida por los Magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Girona, consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Girona, sobre nulidad de compraventa por simulación y subsidiariamente la de rescisión por lesión, cuyo recurso fue interpuesto por Dª. X, representada por el Procurador D. Francisco Javier Manjarín Albert, y defendida por el Letrado D. Antonio Arderiu Freixas, y en el que es parte recurrida D. Y1 y Y2, S.A. representados por el Procurador D. Manuel Sugrañes Perotes y asistidos por el letrado D. José Mª. Pou de Avilés.

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Girona fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos a instancia de Dª. X contra D. Y1 y la entidad Y2, S.A., en los que se solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho oportunos, que se dictara sentencia condenando a los demandados a lo solicitado en el suplico de su demanda, así como al pago de las costas.

Segundo. - Admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento de los demandados para que en el plazo legal comparecieran personándose en forma y contestaran la demanda, lo cual verificaron oportunamente mediante escrito arreglado a las prescripciones legales en el que suplicaban se dictara sentencia en la que se desestimasen las pretensiones de la actora absolviendo a la parte demandada y con expresa imposición de costas a la actora, y seguido el juicio por sus trámites, con fecha 9 de diciembre de 1991, por el indicado Juzgado se dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que estimando la demanda formulada por Doña X representada por el Procurador Don Martí Regás Bech de Careda contra la entidad «Y2, S.A,» y contra Don Y1, representados por el Procurador D. Carlos Javier Sobrino Cortés, debo declarar y declaro: A) Que el contrato de compraventa celebrado entre D. Z y la entidad «Y2, S.A» representada por D. W, formalizado en escritura pública el día 4 de octubre de 1989, es nulo por falsedad de la causa. B) Que es válido y eficaz la permuta encubierta entre Don Z y D. W a tenor de la cual el primero entrega la finca sita en la C núm. 00 a cambio del piso ático, la vivienda ubicada en el piso sexto, toda la planta baja y dos plazas de aparcamiento en el edificio a construir. C) Que el asiento de inscripción de la compraventa de la finca ----, Tomo ---, libro --- del Registro de la Propiedad nº uno de esta Capital es nulo y, en consecuencia, se acuerda su cancelación. Con expresa imposición de costas a los demandados.»

Tercero. - Contra la indicada sentencia los demandados interpusieron recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y, sustanciándose la alzada, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Girona con fecha 4 de mayo de 1992, dictó sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente: «FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación formulado por el Procurador D. Carlos-Javier Sobrino Cortés en nombre y representación de D. Y1 y Y2, S.A., contra la sentencia 9-12-91, dictada por el Juzgado de la Instancia núm. 6 de Girona, en los autos de mayor cuantía núm. 402/90, de los que este rollo dimana, la revocamos en su integridad y en su virtud desestimamos íntegramente la demanda interpuesta por Dª. X, ordenando alzarse la anotación preventiva de la demanda acordada en primera instancia, y ello con imposición de costas de primera instancia, a la aquí apelada y actora en primera instancia y sin mención sobre las causadas en este recurso.»

Cuarto. - El Procurador D. Francisco Javier Manjarín Albert en representación de Dª. X formalizó recurso de casación por infracción de normas, que basó en los motivos siguientes: 1º Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692, 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. 2º Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción por errónea interpretación de los arts. 1276 en relación con el 1261 del Código Civil e infracción por falta de aplicación de la Jurisprudencia aplicable. Y Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por inaplicación de lo dispuesto en el art, 2 de la Ley 8/90 del Parlamento de Cataluña de modificación de la regulación de la legítima, en relación con el art. 140 de la Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña en su redacción anterior a la Ley 8/90. 4º Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692, 4º de la Ley de Enjuciamiento Civil por infracción por errónea interpretación de lo dispuesto en el art. 140 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña (en su anterior redacción) en relación con el art. 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2º, con el 159 y 160 de la misma e inaplicación de la doctrina aplicable. 5º Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción por errónea interpretación de los arts. 1261 del Código civil en relación con los 1275, 1276 y 1302 del mismo Código y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que indicaba, y 6º Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692, 4º, infracción por errónea interpretación de lo dispuesto en el art. 140 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña en relación con el art. 129, lo del mismo cuerpo legal.

Quinto. - Admitido el recurso previo el trámite conferido al Ministerio Fiscal, y evacuado el de impugnación por la parte recurrida se señaló para la vista el día diez de diciembre actual en que tuvo lugar con la asistencia de los Procuradores y Letrados de las partes, informando los últimos en el sentido de que se casara la sentencia recurrida de conformidad con lo solicitado con el escrito interponiendo el recurso y por la parte recurrida se solicitó que no se diera lugar al recurso imponiendo las costas al recurrente, declarándose el recurso visto para sentencia.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Presidente D. José Antonio Somalo Giménez.

Primero. - El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona con fecha cuatro de mayo de este año, estimatoria del recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Y1 y «Y2, S.A.», contra la sentencia dictada por el Juzgado de la Instancia núm. 6 de Girona. Esta sentencia estimaba la demanda formulada por el procurador de Dª. Carmen A. C. declarando nulo el contrato de compraventa celebrado por su padre el 4 de octubre de 1989 con la citada entidad demandada «Y2, S.A.» por falsedad de la causa y declarada válida la permuta encubierta en aquel contrato, así como nulo el asiento de inscripción de aquella compraventa acordando su cancelación.

La sentencia de la Audiencia ahora impugnada, por el contrario, al estimar la apelación, desestima la demanda formulada por la actora.

Segundo. - Como cuestión previa al análisis de los motivos del recurso debe examinarse la posibilidad de su inicial desestimación por entenderse, como supone la parte recurrida en su impugnación al recurso, que éste fue indebidamente admitido al incumplirse lo dispuesto en el art. 1694 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Efectivamente, en 30 de mayo de 1992, se presenta por el recurrente un escrito en que simplemente se indica que se interpone recurso de casación contra la sentencia impugnada por no encontrarla ajustada a derecho. Y teniéndose inicialmente por preparado el recurso en providencia de la Audiencia de Girona de 26 de mayo de 1992, por otra posterior de 10 de junio siguiente, dictada tras recurso formulado por la parte ahora recurrida, se otorga un plazo de tres días para subsanar el defecto de la inadecuada preparación del recurso.

No obstante, la pretensión actual planteada en la impugnación al recurso no puede prosperar porque, si bien es cierto que aquél se preparó de forma incompleta, la Sala de apelación de la Audiencia ofreció a la recurrente la posibilidad de subsanar los defectos del escrito, posibilidad aprovechada por aquella presentando nuevo escrito ajustado a los requisitos exigidos en el art. 1694 antes mencionado sin que, por otro lado, la parte recurrida se opusiera a esta subsanación impugnando la providencia que la concedía.

En consecuencia, admitido y consentido por la parte a quien pudiera perjudicar el escrito de preparación del recurso presentado, ya sin defecto legal alguno, no podía esta Sala de casación aplicar el art. 1710, 1. 2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, declarando la inadmisión del recurso, cuando los requisitos del art. 1694 citado ya se habían completado y cumplido. Ni puede ahora, siguiendo el mismo razonamiento, desestimar «ab initio» y sin examen previo todos los motivos del recurso por haber sido éste indebidamente admitido.

Tercero. - Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692, 3º de la Ley Procesal civil, se formula por la recurrente el primero de los motivos del recurso alegando la infracción de las normas reguladoras de la sentencia. En su escrito de contestación a la demanda, la parte demandada «formuló allanamiento» al primer «petitum» de los contenidos en la demanda. Por lo que, se insiste, el allanamiento debió recogerse en la sentencia imponiendo las costas a la parte allanada. Se ha infringido así lo dispuesto en los arts. 359 y 1541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la sentencia recurrida debió también recoger el allanamiento expresado por la demandada.

Sin embargo, entendido el allanamiento como figura procesal consistente en la declaración de voluntad del demandado aceptando la pretensión del actor y aceptando, en consecuencia, que se dicte sentencia en los términos solicitados por aquél, difícilmente puede admitirse su existencia en el caso que ahora contemplamos. La expresión contenida en la contestación a la demanda con la denominación de allanamiento, no tiene el sentido que la doctrina científica más seguida atribuye a este instituto. Los demandados aluden al allanamiento después de una negación general de la demanda y después de formular expresamente la excepción formal de inadecuación del procedimiento y la de falta de legitimación activa de la demandante. Sólo si no se aceptaran las excepciones anteriores los demandados se allanan «en cuanto a los siguientes extremos: a) que el negocio subyacente es un contrato de permuta y b) que la contraprestación a percibir por la propiedad es de: bajos, piso 611, piso ático y dos plazas de aparcamiento, tal y corno se refleja en los dos ejemplares originales del contrato privado de fecha 1-8-88 que se acompañan ... », oponiéndose totalmente al resto de las pretensiones de la demanda.

Ante estas expresiones hay que deducir, como acertadamente se argumenta en la sentencia de instancia, que «en modo alguno cabe denominarse allanamiento al comportamiento procesal de los demandados, que se oponen abiertamente a todo el contenido del «petitum», tanto por cuestiones de forma como de fondo». «En la contestación no se hace otra cosa que admitir o reconocer unos hechos y, además, parcialmente, reconocimiento que no produce otro efecto que eximir de la carga de probar los datos fácticos en él incluidos (art. 565 LEC)».

La sentencia de instancia, por otro lado, no recogió el allanamiento en su parte dispositiva; por lo que consentida y no impugnada por la actora recurrente no puede ahora en casación volver a plantear esta cuestión debiendo, en consecuencia, desestimarse el primero de los motivos del recurso.

Cuarto. - Los siguientes motivos del recurso inciden ya directamente sobre la cuestión de fondo alegándose en ellos, sucesivamente, con fundamento en el num. 4 del art. 1692 de la Ley Procesal civil, la infracción por errónea interpretación del art. 1276 en relación con el 1261 del Código civil e inaplicación del art. 2 de la Ley 8/90 del Parlamento de Cataluña sobre el Derecho de Sucesiones en relación con el art. 140 de la Compilación; la infracción por interpretación errónea de este mismo artículo, en relación con los arts. 533, 159 y 160 de la Ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia dimanante de la Sents. del T.S. que se citan; la infracción por errónea interpretación del art. 140, en relación con el 129, 1º de la Compilación antes mencionada. Motivos todos ellos susceptibles de tratamiento unificado ya que todos se refieren a la posible o no legitimación «ad causam» de la actora recurrente y la consiguiente adecuación o inadecuación del procedimiento seguido en las presentes actuaciones.

La contestación a la demanda produjo el efecto procesal consistente en reducir el pleito a una sola de la pretensiones deducidas: el ejercicio de la acción de simulación por la demandante, con las consecuencias derivadas de la misma, eliminándose la acción subsidiaria ejercitada referente a la rescisión por lesión «ultra dimidium» de la compraventa impugnada.

La existencia demostrada documentalmente y por reconocimiento expreso de los demandados del contrato disimulado de permuta bajo la apariencia de la compraventa otorgada en 4 de octubre de 1989 entre el padre causante de la actora y la entidad «Y2, S.A.», reduce la cuestión a examinar si la actora está o no legitimada para impugnar la enajenación mencionada dada la repercusión que aquélla puede tener en la posible merma de sus derechos legitimarios.

La recurrente insiste reiteradamente que está ejercitando una acción de nulidad como cualquier persona a quien perjudique el contrato nulo, acción que tiene carácter previo y tiende a la integración del caudal hereditario.

En testamento otorgado por D. Z en 4 de marzo de 1983 instituye heredero universal a su hijo Y1, legando a sus hijas Z2 y X1 «lo que por legítima corresponda conforme a la legislación civil catalana, a satisfacer en metálico o en bienes de la herencia, a elección del heredero».

Ninguna duda ofrece que estamos ante una legítima causada en sucesión abierta con anterioridad a la nueva ley catalana de sucesiones 8/90 de 30 de diciembre de 1990 y que, en consecuencia, debe regirse por lo dispuesto en los arts. 122 y siguientes de la Compilación de 1960 modificada en 1984. Y dentro de esta normativa el legitimario es un acreedor del heredero a una «pars valoris bonarum» sin perjuicio de las garantías que para el pago de su legítima establece el art. 140 de la Compilación. Pero sólo en este contexto de reclamación de la legítima tienen sentido las garantías para la cumplida obtención de aquélla y dentro de él se explica y justifica el interés del legitimario en que su «quantum», sobre los bienes relictos que le corresponde, no quede disminuido por negocios jurídicos que puedan mermar el valor total del caudal hereditario.

La simulación relativa como figura jurídica entraña mayor complejidad que la simulación absoluta pues junto a un contrato aparente con causa falsa subyace otro contrato que puede ser perfectamente válido, si se demuestra que está fundado en causa verdadera y lícita como señala el art. 1276 del Código civil. La actora en su demanda pretende destruir la falsa apariencia del contrato simulado y desvelar el contrato realmente celebrado. Y a partir de la contestación a la demanda conoce y es reconocido por los demandados que lo realmente querido por los contratantes es permutar unos bienes por otros. Con lo que ninguna evasión de determinados bienes hereditarios se va a producir cuando deban valorarse en la reclamación de la legítima.

Sin embargo la actora recurrente elude expresamente la acción de reclamación de legítima sin que, al parecer, tampoco extrajudicialmente haya solicitado el heredero la valoración y el pago de la misma. Sólo al legitimario se le considerará tercero interesado que resulta afectado por la simulación cuando ejercita la acción dentro del procedimiento reclamatorio antes indicado. De lo contrario, como sucede en el presente caso, su interés y posible perjuicio sólo es perceptible en el terreno de la hipótesis ya que tampoco es descartable la valoración a satisfacción de la actora, incluso extrajudicial, de los bienes permutados una vez iniciada la reclamación de la legítima. Fuera de este procedimiento no está legitimada la actora para defender los bienes, como ella dice, de la comunidad hereditaria, ya que no es coheredera ni se aplica a la legítima catalana lo dispuesto en el art. 806 del Código civil.

Por todo lo cual habiéndolo entendido así la Sala de instancia, procede, con la desestimación de los restantes motivos y del recurso, la confirmación de la resolución recurrida.

Quinto. - En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1715. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen las costas causadas en el recurso a la parte recurrente.

En nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Que desestimamos el recurso de casación formulado por el procurador D. Francisco Javier Manjarín Albert, en representación de Dª. X contra la Sentencia dictada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Girona de 4 de mayo de 1992, y confirmando la resolución impugnada condenamos a la parte recurrente al pago de las costas del recurso y devolución del depósito innecesariamente constituido.

Líbrese a la mencionada Audiencia testimonio de la presente resolución juntamente con los autos originales y rollo de apelación que en su día fueron remitidos a este Tribunal.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legistativa, la pronunciamos, mandamos y firmamos.