Sentència de 21 de desembre de 1992

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 21 de desembre de 1992, núm. 17/1992 (Sala Civil i Penal)

Excmo. Sr. Presidente: D. Luis Ma. Díaz Valcárcel

Ilmos. Sres. Magistrados: D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol.

Barcelona, a veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida por los Magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos en el Juzgado de Primera Instancia num. 4 de los de Barcelona, sobre formalización de la correspondiente escritura pública de transmisión en cumplimiento de contrato de compra venta, cuya rescisión por lesión «ultra dimidium» se solicitó por vía reconvencional, cuyo recurso fue interpuesto por D. X, que ha estado representado por el Procurador D. Angel Joaniquet Ibars, bajo la dirección del Letrado D. Jaime Alonso-Cuevillas y Sayrol, y en el que es parte recurrida Da. Y, representada por la Procuradora Da. Elizabeth Hernández Vilagrasa y defendida por el letrado D. José Ma. Cuscó Musté.

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos a instancia de D. X contra Da. Y, en los que se solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho oportunos, que se dictara sentencia condenando a la demandada a que en cumplimiento del contrato de compra-venta de fecha 7 de mayo de 1987 otorgara a favor del actor la correspondiente escritura pública de transmisión, bajo apercibimiento de que caso de no verificarlo en el plazo prudencial que al efecto se le señalara, se otorgaría de oficio por el Juzgado, así como al pago de las costas.

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de la demandada para que en el plazo legal compareciera personándose en forma y contestara a la demanda, lo cual verificó oportunamente mediante escrito arreglado a las prescripciones legales en el que suplicaba se dictara sentencia desestimando la demanda absolviéndola de la misma, con expresa imposición de costas al actor y por vía de reconvención suplicaba que la sentencia declarara rescindido por lesión ultra dimidium el contrato privado de compra-venta suscrito entre las partes, referido a la C núm. -- de esta ciudad, con las demás declaraciones que solicitó; y seguido el juicio por sus trámites, recayó sentencia con fecha 10 de julio de 1990, cuya parte dispositiva es: «FALLO: Que desestimando la demanda principal formulada por D. X contra Da. Y, debo absolver y absuelvo a dicha demandada de la pretensión contra ella formulada y con imposición de costas a la parte actora. Asimismo, estimado en parte la demanda reconvencional formulada por Da. Y contra D. X, debo declarar y declaro la rescisión por lesión ultra dimidium del contrato privado de compra-venta suscrito entre las partes del presente juicio el 7-5-87 respecto de la finca de la C, núm. -- de esta ciudad, condenando, en consecuencia, al demandado reconvencional a rendir cuentas al actor reconvencional desde el 1-4-89 con entrega a esa parte de la documentación correspondiente a dicha finca, condenándole a estar y pasar por dicha declaración y sin hacer expresa imposición de costas».

Tercero. - Contra la indicada sentencia el demandante interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 23 de marzo de 1992 cuya parte dispositiva dice: «FALLAMOS: Que desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. X contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona, en los autos de menor cuantía núm. 63/89, de fecha 10 de julio de 1991, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución con imposición al recurrente de las costas de esta alzada».

Cuarto. - El Procurador Sr. Joaniquet en representación de D. X formalizó el recurso de casación por infracción de normas del Derecho civil común y Derecho civil de la Compilación de Cataluña, recurso que basó en los motivos siguientes:

1. - Amparado en el num. 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuciamiento Civil, por infracción del art. 1279 del Código civil en relación con el 1280-1º del mismo Código, al haberse desestimado la pretensión articulada en la demanda principal relativa a la elevación a escritura pública del contrato privado suscrito entre las partes.

2. - Amparado en el núm. 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 323-2º de la Compilación del derecho civil de Cataluña y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta en relación con el art. 321 del propio cuerpo legal, en lo relativo a la determinación del justo precio para apreciar la existencia de la lesión.

3. - Amparado en el num. 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los arts. 321 y 323-2º de la Compilación del Derecho civil de Cataluña, en relación con los hoy derogados por la Llei 6/1990 de 16 de marzo de Censos, artículos 296 a 319 de la Compilación vigentes al tiempo de celebrarse el contrato de 7-5-87, así como con los hoy también derogados preceptos de la Ley de 31 de diciembre de 1945 y doctrina jurisprudencial que los interpreta, y

4. - Amparado en el num. 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 325 de la Compilación del Derecho civil de Cataluña, y la doctrina jurisprudencial que lo interpreta, en lo relativo a la facultad del adquirente para evitar la rescisión del contrato lesivo.

Quinto. - Admitido el recurso previo el trámite conferido al Ministerio Fiscal, y evacuado el de impugnación por la parte recurrida, se señaló para la vista el día tres de los corrientes en que tuvo lugar con la asistencia de los Procuradores y Letrados de las partes, informando los últimos lo que tuvieron por conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones, declarándose el recurso visto para sentencia.

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

Primero. - Por D. X se formuló demanda en la que solicita se condene a Da Y en cumplimiento del contrato de compraventa de la finca sita en la C num. 10 de Barcelona otorgado el 7 de mayo de 1987, a formalizar, en favor del actor, la correspondiente escritura pública de transmisión, con apercibimiento de que en caso de no verificarlo en el plazo prudencial que al efecto se señale, se otorgará de oficio por el Juzgado. En el escrito de contestación, la demandada Sra. Y formula reconvención interesando se declare rescindido por lesión «ultra dimidium» el contrato privado de compraventa referido, con rendición de cuentas desde el mes de mayo de 1987 y entrega de toda la documentación correspondiente a dicha finca de la C. En la Sentencia del Juzgado de la Instancia de 10 de julio de 1990 se desestima la demanda principal y se estima la reconvencional declarando la rescisión por lesión «ultra dimidium» del contrato privado de 7 de mayo de 1987 y condenando, en consecuencia, al demandado a rendir cuentas al actor reconvencional desde el 1-4-89 (sic) con entrega a esa parte de la documentación correspondiente a la Finca. La Sección Cuarta de la Audiencia provincial de esta Ciudad dicta Sentencia el 23 de marzo de 1992 en la que desestima el recurso de apelación entablado por D. X; contra cuya resolución se formalizó por el mismo el recurso de casación que es objeto de examen, el cual se configuró en torno a cuatro motivos, todos ellos bajo el amparo del ordinal cuarto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que se denuncia: Infracción del art. 1279 en relación con el art. 1280 primero, del Código Civil, al haberse desestimado la pretensión articulada en la demanda principal relativa a la elevación a escritura pública del contrato privado suscrito entre las partes; infracción del art. 323, segundo, de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña y la doctrina jurisprudencial que lo interpreta, en relación con el art. 321 de aquella Compilación, en lo relativo a la determinación del justo precio para apreciar la existencia de la lesión; infracción con los -hoy derogados por la «Llei 6/1990 de 16 marzo, dels Censos» arts. 296 a 319 de la Compilación vigentes al tiempo de celebrarse el contrato de 7 de mayo de 1987, así como los -hoy también derogados- preceptos de la Ley de 31 de diciembre de 1945 y doctrina jurisprudencial que los interpreta; e infracción del art. 325 de la Compilación y la doctrina jurisprudencial que lo interpreta, en lo relativo a la facultad del adquiriente para evitar la rescisión del contrato lesivo.

Segundo. - El primero de los motivos del recurso debe ser desestimado por ser completamente correcto el argumento de las Sentencias de instancia de condicionar la prosperabilidad de la pretensión principal de elevación a escritura pública del documento privado de 7 de mayo de 1987 al resultado de la pretensión reconvencional toda vez que es notoria la incompatibilidad de pronunciamientos, pues no resulta comprensible, ni es lógico, simultanear la condena a la consumación de un contrato, de cuyo sinalagma funcional forma parte la elevación del documento privado a instrumento público, y la declaración de rescisión del vínculo contractual que obviamente suponga su extinción. Y aunque cabe la posibilidad de que al optar el vendedor por la facultad de cubrir la diferencia lesiva, como previene el art. 325 de la Compilación, subsista el vínculo y tenga que otorgarse la escritura notarial, tal evento no pasa de ser una hipótesis que requiere la expresa voluntad del ejercicio, y que por ende no puede ser contemplada en términos de condena en tanto no se produzca. Pero es que, además (y el propio recurrente es consciente de ello, como se deduce cuando alude a términos de «a mayor abundamiento» y se remite al cuarto motivo de casación), se trata de dos cuestiones distintas, ya que una cosa es la pretensión principal, con autonomía propia y excluyente de la rescisión por lesión, y otra distinta son los efectos que se pueden derivar de la estimación de una situación jurídica de «lesión ultradimidium» como lo demuestra que, de ejercitarse la facultad de complementar el precio del art. 325, para poder obtener el otorgamiento de escritura pública no sólo sería precisa la clara declaración de voluntad optativa, sino además la efectiva consignación del complemento de precio o valor lesivo, porque no cabe exigir de la otra parte contractual el cumplimiento sin el cumplimiento previo, o al menos simultáneo, por parte del reclamante, a salvo, claro está, las previsiones legales o convencionales en otro sentido, que no es el caso. Y de todas maneras, la escritura pública habría de ser otorgada por el precio declarado justo, y no por el expresado en el documento privado, por lo que no sería posible la mera elevación de éste a instrumento notarial.

Tercero. - En el segundo motivo del recurso de casación se articulan tres submotivos que para mayor claridad en la exposición se habrán de examinar con independencia. Se dice, en el primer subapartado, que la Sentencia recurrida vulnera el art. 323, párrafo segundo, de la Compilación por haber tomado en consideración no el valor en venta de la finca, sino su valor-renta. Acierta el recurrente en cuanto señala que el art. 323 contempla como criterio determinativo de la existencia de la lesión el del valor en venta («per tal d'apreciar l'existència de la lesió hom s'atindrà al preu just o sia al valor de venda que les coses tinguessin al temps d'ésser otorgat el contracte en relació amb altres d'iguals o d'anàlogues circumstàncies a la respectiva localitat, baldament el contracte es consumés després»), y también acierta cuando añade que la determinación del precio justo para apreciar la existencia de la pretendida lesión es obviamente una cuestión de hecho, pero que la opción entre uno u otro criterio determinado (valor-venta o valor-renta) es una cuestión de derecho. Resulta incuestionable que tal doctrina es la correcta en el plano legal y en el de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y de este Tribunal Superior. Pero se equivoca el recurrente en cuanto entiende que la Sala de instancia infringió tal doctrina. Bien al contrario, la resolución recurrida fija en diez millones quinientas cuarenta y siete mil ochocientas sesenta y seis pesetas el valor en venta -valor de cambio o valor de mercado- y no resulta de recibo reproducir razonamientos parciales para desvirtuar una clara conclusión deducible del contexto. Cosa diferente es que para concretar el valor en venta se tome el valor en renta. Dice la Audiencia: «la Compilación mandaba y manda estar «al valor en venta» de la cosa, esto es a su valor económico en cambio o a lo que por ella se ofrece en el mercado, en función de lo que se ofrezca por otras de similares características, dada la relación entre ofertas y demanda, por lo que deben ser desechados otros valores para apreciar la justicia del precio, entre ellos, uno habitual en otros órdenes, como es el valor en renta, resultado de capitalizar lo pagado, también se reconoce que cual aquí acontece, puede resultar útil en el caso de que la finca vendida se halle arrendada, pues entonces el valor-venta se obtiene con la deducción del minus valor económico consecuente con la capitalización de la renta pagada por el arrendatario ... ». Cabría discutir hipotéticamente si el criterio pericial, acogido por los juzgadores de instancia, era o no el más conveniente para el caso, pero resulta incontrovertible que lo que se fija es el valor en venta; y el tomar para ello el valor en renta no supone infracción del art. 323, párrafo segundo de la Compilación, ni de la Jurisprudencia que lo aplica. Por otro lado, el discutir la conveniencia del criterio determinado, o su sustitución por otro, habida cuenta que tampoco consta el elemento confrontativo legal (al que se refiere el propio párrafo segundo del art. 323), conlleva discutir el «quantun» del valor EN VENTA fijado como precio justo, y ello es claro que no cabe en casación. En resumen, el juzgador debe acoger el valor en venta y no el valor en renta (cuando son distintos), pero nada obsta a que coincidan, ni nada impide que se acoja el segundo (sistema de capitalización) para especificar el primero. Es cierto que en el discurso judicial del fundamento de derecho tercero de la Sentencia de la Audiencia Provincial se alude a la posibilidad de que el precio de mercado pudiera ser superior al de capitalización de la renta, pero aparte de que se trata de un razonamiento dialéctico en relación con las delegaciones de la parte apelante, además de a mayor abundamiento, con mera eficacia de «obiter dicta», y efectuado de modo presuntivo, o en el terreno hipotético, resulta evidente, y de ello es consciente la Sala «a quo», que aún en el caso de que fuera superior el precio de mercado, el mismo no podría tomarse en consideración, ni siquiera con base probatoria, por el principio que veda «la reformatio in peius». Pues, de ninguna manera cabría pensar que la supuesta duda acerca de si el valor en venta coincide con el valor en renta, o es superior, pueda determinar una casación de la sentencia, con rechazo de la pretensión rescisoria por lesión «ultradimidium» por falta de prueba suficiente. El segundo submotivo se refiere a que no ha quedado probado el valor en venta de la finca, ni acreditada por ende la existencia de la lesión. Basta la lectura del planteamiento para comprobar su improcedencia sin más razonamiento, al plantearse en casación un tema de apreciación o valoración probatoria sin ningún fundamento legal adecuado, porque obviamente no puede servir de base para ello el párrafo segundo del art. 323 de la Compilación. A lo dicho sólo procede añadir que la referencia efectuada por la parte recurrente a «otros contratos iguales o de análogas circunstancias en la respectiva localidad», al que como elemento confrontativo para determinar el justo precio de venta alude el precepto antes mencionado, no es en absoluto acertada, porque, además de que tal elemento de comparación sólo constituye un criterio orientativo, no determinativo, del que obviamente no cabe prescindir sin una explicación razonable, la aportación a autos no es una exigencia imperiosa o imprescindible para el postulante de la rescisión; ni siquiera cabe atribuirle una carga probatoria respecto de su existencia o inexistencia, sino únicamente un elemento de aportación por parte del interesado en sus consecuencias, por lo que mal cabe imputar aquí a la parte vendedora reconveniente las consecuencias de una carga probatoria respecto de su existencia o inexistencia, sino únicamente un elemento de aportación por parte del interesado en sus consecuencias, por lo que mal cabe imputar aquí a la parte vendedora reconveniente las consecuencias de una carga que no tenía, y máxime todavía si se considera que no consta haya habido contratos que puedan servir de elemento confrontativo, y que habida cuenta las modernas doctrinas en materia de «onus probandi» (por lo demás con clara repercusión jurisprudencial), como las de la facilidad probatoria y proximidad o cercanía a las fuentes de prueba, podrían incluso crear acaso una carga probatoria para el demandado, dada su condición de administrador de fincas. El tercer submotivo denuncia infracción del art. 323, segundo, de la Compilación en relación con el art. 1232 del Código Civil por haber reconocido la demandada que el precio concertado era el correspondiente al valor de mercado de la propia finca, al (ser) éste el precio máximo que le había sido ofertado por terceros. El subapartado debe correr la misma suerte desestimatoria que los anteriores. Con tal planteamiento no se tiene en cuenta que no cabe intentar destruir en casación una valoración probatoria poniendo en cuestión uno de sus elementos; por otro lado, la confesión bajo juramento indecisorio (salvo cuando es prueba única) no es prueba legal y no es superior a los demás medios probatorios, y menos todavía en relación con la pericial cuando se trata de un tema técnico, o en el que destacan las máximas de experiencia especializadas, cual ocurre con la determinación de un precio justo; y, además, en todo caso, de la absolución de la posición de que se trata (la decimocuarta, fs. 98 y 95), no se deduce la conclusión que extrae la recurrente, pues el hecho de que se pretendiera vender la finca con anterioridad a otra persona (o existiera una oferta de compra por parte de ésta) por el mismo precio, no significa que el importe sea el justo, o el de valor en el mercado, ni obviamente habría obstado a que se hubiera podido ejercitar la acción rescisoria contra el adquirente.

Cuarto. - En el tercer motivo del recurso se denuncia la infracción de diversos preceptos legales (ya indicados en el fundamento de derecho primero de esta resolución) referidos al censo enfitéutico, en los cuales se pretende fundamentar la omisión de no haberse tomado en consideración el gravamen del censo con dominio existente sobre la finca a efectos de fijar, mediante la deducción del importe de la eventual redención, el precio justo de la cosa vendida. El motivo no tiene la más mínima consistencia por diversas razones. En primer lugar, el planteamiento es defectuoso porque la cuestión suscitada es de índole probatoria y sin embargo se aduce la infracción de preceptos sustantivos no procesales que no contienen reglas valorativas de prueba. En segundo lugar, se incurre en fraude procesal porque lo que realmente se denuncia, como es de ver por la fundamentación del motivo, es que el dictamen pericial y, como consecuencia de su acogimiento, las Sentencias de instancia, han incurrido en una defectuosa apreciación de las circunstancias fácticas a tener en cuenta para determinar el adecuado valor de mercado, lo que obviamente no es susceptible del control casacional, o cuando menos no lo es con las normas de cobertura invocadas. Y en tercer lugar, es de advertir que la alegación y prueba de las circunstancias que producen disminución en el valor en venta de una cosa corresponde al interesado en su apreciación, que es el comprador, de tal modo que no cabe invertir la carga de la prueba sobre la parte contraria haciendo recaer sobre el vendedor las consecuencias de que no se hayan tomado en consideración; y en el caso ocurre además que el interesado ni siquiera planteó la incidencia en el escrito de ampliación del objeto de la pericia, limitándose a preguntar al perito en el momento de aclaración del informe si había tenido en cuenta la carga, actuación obviamente insuficiente; aparte de que aunque hubiera habido una omisión pericia] improcedente, la vía de impugnación judicial (tanto en las instancias como en la casación) sería la que regula el control de la actividad probatoria, que nada tiene que ver con la normativa aducida en el motivo. Y todo ello sin necesidad de entrar a considerar las alegaciones efectuadas en las actuaciones en relación con el desconocimiento de la existencia de la carga registral que son ciertamente candorosas, y aparte de que no se ha acreditado la vigencia del censo tal y como se ha razonado en la instancia.

Quinto. - En el cuarto y último motivo se aduce infracción del art. 325 de la Compilación y se indica que tiene por objeto «se declare de forma precisa el precio justo estimado de la finca confiriéndose asimismo de forma expresa al adquirente la facultad para evitar la rescisión mediante pago del complemento en dinero del precio o valor lesivos, fijándose en su caso un plazo determinado para el ejercicio de tal facultad». La oportunidad de la reproducción literal del objeto del motivo obedece a que en el mismo se recogen dos cuestiones diferentes que precisan de análisis independientes. La primera petición hace referencia a que se declare de forma precisa el precio justo de la finca. Su rechazo es claro, porque, aunque plateada con carácter subsidiario del segundo motivo, hace supuesto de la cuestión. Como ya se dijo, la sentencia recurrida especifica de forma indubitada el precio justo de la finca -valor en venta o de mercado - (señala el fundamento de derecho cuarto: «partiendo de lo anteriormente expuesto, y acudiendo a la prueba pericial ha de reputarse como justo precio el valor de diez millones quinientas cuarenta y siete mil ochocientas sesenta y seis pesetas en la fecha de celebración del contrato ... »). La segunda parte del motivo tampoco puede ser acogida, porque si bien es cierto que el art. 325 de la Compilación concede al comprador la facultad de impedir la ruptura del vínculo completando la diferencia de precio, «-el comprador o adquirent demandat podrà evitar la rescissió mitjançant el pagament en diners al venedor o alienat del complement del preu o valor lesius, amb els interessos, a comtar des de la consumició del contracte»-, sin embargo la resolución recurrida no desconoce el precepto sino antes bien explícitamente declara su aplicabilidad en el fundamento de derecho quinto, donde lo que se razona es algo distinto de lo que manifiesta el recurrente, al indicarse «pues en ningún momento se ejercitó la facultad conferida, sin perjuicio de que pueda hacerse en ejecución». Y si bien nada obsta a que explícitamente se haga constar en la parte dispositiva de la Sentencia la «facultas solutione», aunque el adquirente no haya mostrado su específica voluntad de ejercitarla, no obstante se equivoca el recurrente en cuanto pretende que la consignación tiene carácter preceptivo y que su falta vicia el fallo de la sentencia; y ello es así porque el derecho potestativo lo concede la ley; y no la sentencia, y es conocida la doctrina de que las reservas judiciales no crean ni quitan derechos por lo que su expresión en los pronunciamientos judiciales, aunque en ocasiones sea de evidente interés aclaratorio (que no es el caso), carece de transcendencia formal y práctica. Resumiendo, la facultad de que se trata no requiere un pronunciamiento expreso, al no formar parte de una pretensión procesal concreta, y se entiende implícitamente incluida en la declaración rescisoria, pudiendo hacerse efectiva en ejecución de sentencia, en cuyo momento procesal, en el que en su caso habría de tener lugar la retroacción de prestaciones, el juzgado acordará lo procedente concediendo el plazo que, con plena libertad de criterio estime más oportuno.

Sexto. - De conformidad con lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil en el art. 1715, apartado dos, párrafo segundo, «si no se estimase procedente ningún motivo, la Sentencia declarará no haber lugar al recurso, con imposición de las costas al recurrente y la pérdida del depósito constituido».

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo.

FALLAMOS:

Que desestimando el recurso de casación formulado por la representación procesal de D. X contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 23 de marzo de 1992 (confirmatoria en apelación de la dictada por el Juzgado de la Instancia num. 4 de la misma Ciudad el 10 de julio de 1990) confirmamos íntegramente la resolución recurrida, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas y pérdida del depósito al que se le dará el destino legal.

Líbrese a la mencionada Sección los autos y rollo de apelación que en su día fueron remitidas a esta Sala, junto con la certificación de la presente resolución para su cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.