Sentència de 30 de novembre de 1992

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 30 de novembre de 1992, núm. 15/1992 (Sala Civil i Penal)

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

Ilmos. Sres. Magistrados: D. Luis Mª. Díaz Valcárcel, D. Joaquín Badía Tobella.

Barcelona, a treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Vic, sobre declaración heredero fideicomisario cierto y libre en la herencia fideicomitida del causante, cuyo recurso fue interpuesto por los demandados recurrentes D. X1, Dª. X2, Dª. X3 y Dª. X4, representados por el Procurador D. Ramón Barbany Pons y asistidos por el Letrado D. Ignacio de Ribot, contra D. Y, representado por el Procurador D. Narciso Ranera Cahis, y defendido por el Letrado D. José Pintó Ruiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Vic, fueron vistos autos a instancia de D. Y, contra herencia fideicomisa de Z, Z2 y Z3 y contra D. X1, Dª. X2 y Dª. X3 y Dª. X4; la parte actora formalizó demanda arreglada a las prescipciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos que estimó aplicables al caso, que se dictara sentencia declarando: Que D. Y como sustituto fideicomisario de su tío Z3, en su calidad de sustituto vulgar de su difunto padre Z1, es el único heredero fideicomisario cierto y libre de la herencia fideicomitida de Z1, sin estar, en su consecuencia obligado de restitución fideicomisaria, ni soportar gravamen alguno por razón de dicho tracto sucesorio. Y en su consecuencia, se condene a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración y al pago de las costas del juicio si se opusieren. por su temeridad y mala fe.

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de los demandados para que en el término legal comparecieran en los autos, personándose en forma y contestando aquélla D. X1, Dª. X2 y Dª. X3 y Dª. X4, lo cual verificaron oportunamente evacuando el trámite de contestación a la demanda con las prescripciones legales. El resto de los demandados no comparecieron.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 31 de enero de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que debo desestimar íntegramente la demanda interpuesta y declarar que Y como sustituto fideicomisario de su tío Z3 en su calidad de sustituto vulgar de su padre Z5, es heredero fideicomisario de su abuelo Z1 y está gravado de sustitución si falleciese sin hijos o con ellos que no lleguen a la edad de testar, haciendo tránsito los bienes en el modo y forma ordenado en el heredamiento preventivo ordenado por Z1 el 19 de febrero de 1890 según el cual será libre su hijo o descendiente que siendo heredero, muera dejando algún hijo en edad de testar. Procede imponer al actor las costas causadas en el presente procedimiento».

Tercero. - Contra dicha sentencia se interpuesto recurso de apelación por D. Y, el cual fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada por la Sección l5a de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 12 de septiembre de 1991, dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por D. Y contra la sentencia dictada por el Juzgado de la Instancia núm. 1 de Vic, cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente resolución y REVOCÁNDOLA estimamos la demanda interpuesta por el expresado recurrente contra la herencia fideicomisa de D. Z1, D. X1, Dª X2 y Dª X3, Dª X4  y Dª. Z3, declaramos que D. Y, como sustituto fideicomisario de su tío D. Z3, en su calidad de sustituto vulgar de su difunto padre D. Z5, es el único heredero fideicomisario cierto y libre en la herencia fideicomitida de D. Z1, sin estar, en su consecuencia, obligado a restitución fideicomisaria, ni soportar gravamen alguno por razón de dicho tracto sucesorio. No ha lugar a la imposición de las costas causadas en ninguna de las dos instancias».

Cuarto. - El Procurador D. Ramón Barbany Pons, en representación de D. X1, Dª. X2 y Dª. X3 y Dª. X4, formuló recurso de casación, por infracción de normas, que basa en los motivos siguientes:

1.º Lo fundamenta en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico al amparo del art. 1692, apartado 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no aplicación del art. 780 del Código Civil.

2.º Al amparo del núm. 5º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por no aplicación de las normas interpretativas de los testamentos y contratos o vulneración de dichas normas, y

3.º Al amparo del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, apartado 4º, por error en la apreciación de la prueba basada en documentos que obran en autos.

Quinto. - Admitido el recurso, y formado el presente rollo de casación, se evacuó el traslado conferido al Ministerio Fiscal y el de instrucción a las partes, señalándose para el acto de la vista el día doce de noviembre actual, en cuyo día tuvo lugar la misma con asistencia de los letrados y procuradores de ambas partes, los cuales solicitaron, el primero que se casara la sentencia recurrida y el segundo que no se diere lugar al recurso, condenando en costas al recurrente.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Mª. Díaz Valcárcel.

Primero. - En la demanda inicial de las presentes actuaciones el actor Y pretende la declaración de que, como sustituto fideicomisario de su tío Z3, en su calidad de sustituto vulgar de su difunto padre Z5, es el único heredero fideicomisario cierto y libre en la herencia fideicomitida de Z1 sin estar, en su consecuencia, obligado de restitución fideicomisaria, ni soportar gravamen alguno por razón de dicho tracto sucesorio. Los demandados, opuestos a la pretensión inicial, solicitan la declaración de que el actor, como heredero fideicomisario de su abuelo Z1 y sustituto de su padre premuerto Z5, está gravado de restitución si falleciere sin hijos o con ellos que no lleguen a la edad de testar, haciendo tránsito los bienes en el modo y forma que establece el heredamiento preventivo ordenado por Z1, de fecha 19 de febrero de 1890, por lo que será libre el hijo o descendiente de Z1 que, siendo heredero, muera dejando algún hijo que llegue a la edad de testar.

La sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de Vic el 31 de enero de 1990 desestima íntegramente la demanda y es revocada por la de 12 de septiembre de 1991 pronunciada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia de Barcelona, que da lugar a la pretensión actora.

Debe destacarse que prácticamente no existe controversia sobre los aspectos fácticos de la litis, por lo que el debate queda centrado en la interpretación armónica de tres negocios jurídicos que, citados en orden inverso a su antigüedad son: el testamento notarial otorgado por Z5, padre del actor, el 25 de junio de 1956; las capitulaciones matrimoniales autorizadas el 19 de mayo de 1928 en las que, mediante heredamiento, Z1 instituye heredero a su hijo que contrae matrimonio Z3, tío del actor; los capítulos matrimoniales otorgados el día 19 de febrero de 1890 en los que los futuros contrayentes Z1 , abuelos paternos del demandante, ordenaban un heredamiento preventivo para el supuesto de fallecer sin haber otorgado testamento u otra declaración de última voluntad, como efectivamente ocurrió.

Segundo. - De lo dicho se infiere que el motivo de casación que debe examinarse en primer lugar es el formulado al amparo del antiguo epígrafe quinto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por supuesta infracción de las normas sobre interpretación de testamentos y contratos, habida cuenta de que las capitulaciones matrimoniales tienen una doble vertencia contractual y de disposición de última voluntad.

Es doctrina jurisprudencial reiterada y sobradamente conocida que la interpretación de los negocios jurídicos es materia reservada a los Tribunales de instancia y sólo puede ser combatida en casación cuando la propuesta contravenga las leyes de la razón y de la lógica o infrinja preceptos legales concretos. De entre las sentencias más recientes podemos citar la de 18 de julio de 1991 en la que leemos: «Es doctrina consolidada de esta Sala, como pone de relieve, entre otras, la sentencia de 3 de noviembre de 1989, la que es preferente siempre la voluntad del testador sobre la estrictamente literal, constituyendo un deber del intérprete indagar y revelar la voluntad verdaderamente existente en el ánimo del causante en el momento en que efectuó el acto de disposición; pero esta actividad es quehacer de la soberana incumbencia del Tribunal de instancia, respetable en casación mientras se mantenga dentro de criterios racionales y no desemboque en lo arbitrario, al extremo de tergiversar manifiestamente el texto de la disposición testamentaria». La sentencia de 25 de junio de 1991 nos enseña que es reiterada doctrina de esta Sala, cuya notoriedad excusa una cita pormenorizada, la de que la interpretación de los contratos es función propia del Tribunal de Instancia, cuyo resultado hermenéutico ha de ser mantenido y respetado en casación, a no ser que el mismo llegue a conclusiones ilógicas, desorbitadas, erróneas o que conculquen preceptos legales, nada de lo cual es predicable de la labor exegética llevada a cabo por la Sala. Quiere decirse con ello que no debe pedirse a esta Tribunal Superior, a virtud del recurso de casación, que elija entre la interpretación que hace el Juez de Primera instancia y la de la Sala de apelación o entre cualquiera de las propuestas por los cuatro eximios juristas que han dictaminado en autos de forma divergente. La interpretación de la Audiencia es vinculante, salvo que aquí quede demostrado que choca frontalmente con las leyes positivas o con las inderogables de la razón y de la lógica.

Tercero. - La corrección de la labor hermenéutica de la Audiencia queda patentizada si rehacemos el itinerario lógico de los documentos mencionados en el primero de los fundamentos jurídicos.

a) El testamento otorgado el 25 de junio de 1956 por Z5 instituye heredero universal «a sus libres voluntades» a su hijo, aquí demandante.

b) Capitulaciones matrimoniales de 19 de mayo de 1928. En ella Z3 (tío del actor) adquiere la condición de heredero contractual de su padre -heredero capitular o heredatario- sujeto a gravamen de sustitución fideicomisaria si sine liberis decesserit. Don -- falleció efectivamente sin hijos y sin haber otorgado disposiciones de última voluntad. En tal caso los bienes «pasarán a aquel a quien corresponda en virtud del heredamiento preventivo establecido en los mencionados capítulos otorgados con ocasión del matrimonio del donador; pudiendo, no obstante, en este caso, disponer Don Z3, libremente y a sus voluntades, de la cantidad de treinta y siete mil quinientas pesetas sobre dichos bienes».

c) Capitulaciones matrimoniales de 19 de febrero de 1890. Documento al que per relationem se remite el anterior para la determinación de quien sea el fideicomisario. Por su importancia transcribimos la cláusula octava que dice así: "Los mismos venideros consortes Don Z1 y Doña Z2 para el caso de fallecer sin haber otorgado testamento ni hecho elección de herederos en otra forma preventivamente, heredan, o el de que los dos así muera, hereda y llama a la sucesión de sus respectivos bienes al hijo varón primogénito que tuvieren de su matrimonio. Y si no fuese heredero o siéndolo falleciere en la impubertad o después sin hijos legítimos y naturales o con tales, pero que ninguno entonces o después llegare a la edad de testar, en dichos casos le substituye el hijo segundo varón. A éste substituyen en los mismos casos el tercero y así sucesivamente con los demás del mayor al menor. Al último de sus hijos varones y también en defecto de ellos, substituyen en los casos expresados la primera hija y a ésta las demás, también una después de otra por orden de primogenitura y en los casos arriba fijados. Quieren no obstante que los hijos de los premuertos sucedan en el lugar y derecho de sus respectivo padre o madre en el modo y forma que éstos hubiesen dispuesto y, en defecto de tal disposición, por el propio orden y bajo las mismas reglas y condiciones fijadas para los hijos de los otorgantes, y por último es también su voluntad que cualquiera de sus hijos o descendientes que sea heredero o muera dejando algún hijo que llegue a la edad de testar, pueda disponer en los bienes a su libre voluntad».

En la cláusula transcrita pueden distinguirse tres partes. Una primera en la que hace una serie de llamamientos sucesivos condicionando la entrada de los distintos herederos fiduciarios al hecho de carecer de hijos los llamados con anterioridad. A continuación dispone que los hijos de los premuertos «sucedan en el lugar y derecho de su respectivo padre o madre en el modo y en la forma que éstos hubiesen dispuesto». Finalmente, los venideros consortes manifiestan ser su voluntad «que cualquiera de sus hijos o descendientes que sea heredero y muera dejando algún hijo que llegue a la edad de testar, pueda disponer en los bienes a su libre voluntad».

Cuatro. - La interpretación coherente de los documentos resumidos, a la luz del principio in dubio contra fideicomissum, recogido implícitamente en el art. 165.1 de la Compilación de 1960 (hoy arts. 187, 190 y concordantes del Codi de Successions), indica, en síntesis, que los hijos de los premuertos sucedan a sus padres «en el modo y en la forma que éstos hubiesen dispuesto», es decir, en el caso que nos ocupa, «a sus libres voluntades». El inciso final de la cláusula octava de las Capitulaciones de 1890 no contradice esta interpretación. Su alcance está circunscrito a los descendientes que mueran con algún hijo en edad de testar, pero nada dice de los que estén en el caso contrario. Si el heredamiento hubiese querido privarlos de la libre disposición de sus bienes lo hubiera dicho así, verbigracia indicando que solamente los que tengan hijos gozarán de tal libertad. No es verosímil que un documento notarial tan minucioso y detallista adolezca aquí de omisión.

La interpretación del heredamiento de 1928 a la luz del testamento de 1956 y de las Capitulaciones de 1890 que hemos resumido supra, y que con mayor lujo argumental desarrolla la sentencia recurrida, podrá ser discutida pero en modo alguno es contraria a la ley o a las normas del buen criterio y, por tanto, debe mantenerse en casación.

Quinto. - También al amparo del antiguo motivo quinto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte recurrente denuncia la infracción por no aplicación del art. 780 del Código Civil, de las Leyes 74, libro 30 y 77 Par 5 del Libro 33 del Digesto, y Par 4 y 9, Libro 6, Título 51 del Código de Justiniano: de los arts. 164 y 171 de la Compilación de Derecho civil vigente en Cataluña, de 21 de julio de 1960, así como de la doctrina jurisprudencial y científica que los aplica e interpreta. Ciertamente este motivo podría prosperar si hubiese prevalecido la exégesis propuesta por los demandados de los documentos que determinan los derechos hereditarios del actor. Mantenida la interpretación de la Sala por las razones antes expuestas, los preceptos legales invocados no son de aplicación y por ello no han sido aplicados.

No se infringe el art. 780 del Código civil ni el Derecho romano en que se inspira pues, si bien es cierto que el sustituto queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al instituido, no es menos cierto que a continuación el mismo precepto excepciona «a menos que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario, o que los gravámenes o condiciones sean meramente personales del instituido». Tampoco la sentencia dictada por el Tribunal de Cassació de Catalunya el 13 de julio de 1936, transcrita íntegramente en el escrito de recurso, constituye precedente aplicable aquí, pues en el supuesto de hecho contemplado en la misma falta una cláusula como la analizada precedentemente según la cual los hijos de los premuertos suceden en el lugar y derecho de sus respectivos padre o madre «en el modo y en la forma que éstos hubiesen dispuesto». Sólo en defecto de tal disposición sucederán por el propio orden y bajo las mismas reglas y condiciones que los hijos de los otorgantes. Finalmente, no hay infracción de los arts. 164 y 171 de la Compilación de 1960 pues, si bien es cierto que el fideicomisario llamado que premuere no transmite nada a sus herederos, ello no obsta a que el heretant haya dispuesto una sustitución vulgar in fideicomisso en virtud de la cual el sustituto ocupa el lugar del fideicomisario premuerto.

Sexto. - Como tercer y último motivo de casación, el recurrente, al amparo del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, apartado cuarto, denuncia error en la apreciación de la prueba basada en documentos que obran en autos y que demuestran la equivocación evidente del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Cita como tales documentos las escrituras de Capitulaciones matrimoniales autorizadas el día 19 de febrero de 1890 y el día 18 de mayo de 1928. La Ley 10/1992, de 30 de abril (B.O.E. de 5 de mayo) de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, en su art.1º - 120 da una nueva redacción al art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que elimina el motivo de casación invocado. La disposición transitoria segunda, en su parte bastante, ordena que los motivos en que se funde el recurso de casación serán los determinados por la legislación vigente en el momento de la interposición del recurso. La disposición final quinta prevé que «esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado». Si bien el recurso fue «preparado» antes de la reforma, fue «interpuesto» después (el día 23 de junio del corriente año) y, por tanto, debió ser inadmitido en cuanto al tercero de sus motivos, inadmisión que, en el presente momento procesal, se transforma en causa de desestimación.

Séptimo. - De acuerdo con lo dispuesto por el art. 1715,3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer al recurrente las costas del recurso.

Por lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad que nos ha sido conferida por el pueblo.

FALLAMOS:

Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente el recurso de casación interpuesto por el procurador D. Ramón Barbany Pons en nombre y representación de D. X1, Dª. X2 y Dª. X3 y Dª. X4, contra la sentencia dictada el 12 de septiembre de 1991 por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (rollo 104/90) resolviendo en apelación el Juicio Ordinario de Menor cuantía (autos 76/89) promoviendo ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Vic por D. Y; con expresa imposición de las costas del recurso a la parte recurrente.

Líbrese a la mencionada Sección los autos y rollo que en su día fueron remitidos a esta Sala, junto con el testimonio de esta resolución.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.