Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 20 d'octubre de 1992

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 20 d'octubre de 1992, núm. 11/1992 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret 
Part dispositiva 

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

Ilmos. Sres. Magistrados: D. Luis Ma. Díaz Valcárcel, D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol, D. Joaquín Badía Tobella.

Barcelona, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y dos.

VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Girona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia num. 1 de La Bisbal sobre declaración de derechos, cuyo recurso fue interpuesto por el demandante X, que ha estado representado por la Procuradora Da. Elizabeth Hernández Vilagrasa, bajo la dirección del letrado D. Jordi Salgas Rich, contra Y, representado por el Procurador D. Jaime Bordell Cervelló y defendido por el letrado D. Miquel Palet Masó.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Ante el Juzgado de Primera Instancia núm 1 de La Bisbal fueron vistos autos a instancia de X contra Y; la parte actora formalizó demanda arreglada a las prescripciones legales en la que solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimaba oportunos, que se dictara sentencia declarando que el actor es propietario de las cuatro fincas que se describían en el hecho primero de la demanda y condenando al demandado al pago de las costas; por otrosí señalaba la cuantía del procedimiento y también por medio de otrosí interesó la anotación preventiva de tal demanda en el Registro de la Propiedad.

Segundo. - Admitida la demanda a trámite se dispuso el emplazamiento del demandado para que en el término legal compareciera en los autos personándose en forma lo que hizo oportunamente en súplica de que se dictara sentencia desestimando la demanda con imposición de costas a la actora, y formulando reconvención en súplica de que la sentencia contuviera los pronunciamientos siguientes: 1º) Que el justo precio de la compraventa entre el actor y el demandado reconvencionales mediante documento privado de fecha 2 de mayo de 1988, sea de cincuenta y cinco millones de pesetas o la menor o mayor cantidad que resultara de la prueba a practicar; 2º) Que se rescinda el mencionado contrato de compraventa por haber sufrido el enajenante lesión en más de la mitad del justo precio, salvo que los demandados lleguen a pagar oportunamente el justo precio declarado, más los intereses desde la firma de aquel contrato; 3º) Que como consecuencia de la rescisión, caso de optarse por ella, las partes se devuelvan sus respectivas prestaciones, debiendo abonar la parte cedente los gastos que justifiquen los demandados y correspondan legalmente; 4º) Que la devolución, en su caso, a efectuar, se haga en período de ejecución de sentencia, para lo cual las partes deberán acreditarlo en forma, y 5º) Que se condene a los demandados a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos con imposición de las costas que se causen si no se allanaren a la demanda.

El pleito siguió por sus trámites, con la contestación a la reconvención, recepción a prueba y práctica de la admitida, todo ello con el resultado que consta de los autos.

El Juzgado dictó sentencia en 5 de Septiembre de 1991, cuya parte dispositiva es: «FALLO: Que desestimando la demanda presentada por la representación procesal de X y estimando la demanda reconvencional presentada por la representación procesal de Y; declaro la rescisión del contrato de fecha 2 de mayo de 1988 suscrito entre ambas partes por haber sufrido el vendedor lesión en más de la mitad del justo precio, devolviéndose las partes sus respectivas prestaciones en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia y especialmente aquéllas que el Sr. X. haya abonado por liquidaciones giradas por el Ayuntamiento de L. a cargo del Sr. Y. por razón de las obras de urbanización que se ejecutan en la zona industrial de L.. No hago expresa condena en costas. Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación».

Tercero. - Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos a la representación del actor, y sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Girona, con fecha 13 de abril de 1992, dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación formulado por el Procurador D. José Pérez Rodeja en nombre y representación de X, contra la sentencia de 5/9/91 y auto aclaratorio 7/9/91, dictada por el Juzgado de Primera Instancia num. 1 de La Bisbal, en los autos de menor cuantía num. 49/89 de los que este rollo dimana CONFIRMAMOS íntegramente el fallo de la misma con imposición al apelante de las costas de esta alzada. Contra esta sentencia y a tenor de lo dispuesto en los arts. 1.697 1º y 1.694 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe recurso de casación ante la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, el cual podrá prepararse en el plazo de diez días ante esta Audiencia Provincial».

Cuarto. - La Procurador de los Tribunales Da. Elizabeth Hernández Vilagrasa en representación de X interpuso recurso de casación que basó en los siguientes motivos: 1º) Al amparo del art. 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del art. 323, 2º de la Compilación catalana, y de la Jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de febrero de 1990 y 20 de diciembre de 1990 y del Tribunal Supremo de 24 de Enero de 1988 y de 22 de diciembre de 1969. 2º) Al amparo del art. 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del art. 1.214 del Código civil y de la jurisprudencia contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1.874 y de 10 de mayo de 1.960. 3º) Al amparo del art. 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del art. 1.462, primer párrafo del Código civil y de la jurisprudencia contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1970 y de 25 de octubre de 1924. 4º) Al amparo del art. 1.692-4º de a Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del art. 609 del Código civil. 5º) Al amparo del art. 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del art. 1.280 del Código civil. 6º) Al amparo del art. 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del art. 1.461 del Código civil. 7º) Al amparo del art. 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento civil, infracción del art. 324 de la Compilación catalana y del art. 1.295 del Código civil, y 8º) Al amparo del art. 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1989, 23 de marzo de 1990, 9 de febrero de 1990 y 28 de marzo de 1990.

Quinto. - Por providencia de uno de junio de 1992 se tuvo por interpuesto el recurso de casación pasando las actuaciones al Ministerio Fiscal quien evacuó el trámite a que se refiere el art. 1.709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recayendo resolución el quince del mismo mes por la que se admitió a trámite el referido recurso, pasando las actuaciones a las partes personadas para instrucción, y evacuados estos trámites se señaló para la vista el día ocho de los corrientes en que tuvo lugar con la asistencia de los letrados y procuradores de ambas partes litigantes, que alegaron los hechos y fundamentos que estimaron oportunos, en súplica de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - Para la adecuada decisión del presente recurso procede dejar consignados los antecedentes siguientes: 1º) El 17 de febrero de 1989 X formuló demanda contra Y solicitando se le declare propietario de las cuatro fincas descritas en el hecho primero de la demanda,  2º) Formados autos con el núm. 49 de 1989 del Juzgado de 1ª Instancia de La Bisbal, el demandado se opuso a la demanda negando la condición de propietario del actor, porque si bien el 2 de mayo de 1988 se celebró en documento privado la compraventa de las fincas, sin embargo no tuvo lugar la tradición y formuló reconvención ejercitando acción de rescisión por lesión «ultradimidium» con los siguientes pronunciamientos: primero que el justo precio de la compraventa referida sea de cincuenta y cinco millones de pesetas, o la mayor o menor cantidad que resulta de la prueba a practicar; segundo: que se rescinda el contrato por haber sufrido el enajenante lesión en más de la mitad del justo precio, salvo que los demandados lleguen a pagar, oportunamente, el justo precio declarado, más los intereses desde la firma del contrato suscrito por las partes el 2 de mayo de 1988; tercero: que como consecuencia de la rescisión, caso de optarse por ella, las partes se devuelvan sus respectivas prestaciones, debiendo abonar la parte cedente los gastos que justifiquen los demandados (sic) y correspondan legalmente; y, cuarto: que la devolución, en su caso, a efectuar, se haga en período de ejecución de sentencia, para lo cual las partes deberán acreditarlo en forma; 3º) El 29 de mayo de 1989 X formula nueva demanda contra Y en la que suplica los siguientes pronunciamientos: I: Se condene al demandado Sr. Y. a otorgar, como parte vendedora, escritura pública de compraventa, en la que el actor Sr. X. será parte compradora, de la plena propiedad de las fincas registrales num. -----, -----, ----- y del 37,80 % indiviso de plena propiedad de la finca registral num. -----, todas ellas descritas en el hecho primero de esta demanda, por el precio de veinte millones de pesetas, de cuyo precio el comprador tiene ya abonados diez millones de pesetas, y el resto deberá abonarlo en el mismo momento de atorgarse la indicada escritura pública, caso de no haberlo abonado con anterioridad, en cuya escritura deberá consignarse que todos los gastos e impuestos (incluidos IVA y plusvalía municipal  serán a cargo del comprador; II: Para el supuesto de entenderse que el actor no tiene la posesión de aquellas fincas, se condene al demandado Sr. S. a entregar al actor Sr. X. la posesión de las fincas de referencia; y, III: Y para el supuesto de que se rescinda el contrato por estimarse la acción de rescisión por lesión «ultra dimidium» se condene al demandado Sr. Y. a abonar al actor Sr. X. la suma de seis millones trescientas seis mil noventa y siete pesetas, más todas aquellas otras sumas que en el curso del presente pleito o en el trámite de ejecución de Sentencia se acredite que el Sr. X. ha abonado por liquidaciones giradas por el Ayuntamiento de L. a cargo del demandado Sr. Y. por razón de las obras de urbanización que se ejecuten en la Zona Industrial de L.; 4º Formados autos con el número 175 de 1989 del propio Juzgado, por Auto de 14 de Marzo de 1990 se acordó la acumulación al número 49 antes reseñados, y en trámite de contestación, por el demandado se puso de relieve la existencia del planteamiento de la acción rescisoria del contrato y las diferentes consecuencias que podría determinar su estimación o desestimación; 5º) El 5 de Septiembre de 1991 el Juzgado dictó Sentencia en la que desestimando la demanda presentada por D. José R. y B. y estimando la reconvención formulada por Y, declara la rescisión del contrato de fecha 2 de mayo de 1988 suscrito entre ambas partes por haber sufrido el vendedor lesión en más de la mitad del justo precio devolviéndole las partes sus respectivas prestaciones en la cuantía que se determine en ejecución de Sentencia, y especialmente aquellas que el Sr. X. haya abonado por liquidaciones giradas por el Ayuntamiento de L. a cargo del Sr. Y. por razón de las obras de urbanización que se ejecuten en la zona industrial de L. Presentado recurso de aclaración por Y, el día 7 de septiembre recayó Auto complementario del siguiente tenor: «debo aclarar y aclaro la sentencia dictada en el sentido de añadir a la parte dispositiva de la misma que el valor de la finca asciende a setenta y tres millones seiscientas sesenta y cuatro mil ochenta pesetas, declaración que se realiza a los efectos de lo dispuesto en el art. 325 de la Compilación de Derecho de Cataluña, pudiendo la parte contraria evitar la rescisión mediante pago al enajenante del complemento del precio lesivo»; 6º) Formulada apelación por X, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Girona dictó sentencia el 13 de abril de 1992, en la que se confirma íntegramente el fallo de la instancia; y 7.º) Contra esta segunda Sentencia se formalizó por el Sr. Y recurso de casación articulado en ocho motivos que serán objeto de análisis individualizado en los fundamentos jurídicos siguientes.

Segundo. - En el primer motivo del recurso se denuncia, la infracción del art. 1692, cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (reformado por Ley 10/ 1992, de 30 de abril), infracción del art. 323, párrafo segundo, de la Compilación Catalana, y de la jurisprudencia contenida en las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de febrero y 20 de diciembre de 1990 y del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1988 y 22 de diciembre de 1969. El motivo debe ser rechazado porque lo que realmente pretende la parte recurrente es suscitar de nuevo en este recurso la valoración de la prueba pericial apreciada por los juzgadores de instancia (la Audiencia confirma y complementa los razonamientos del Juzgado), y ello es así porque cuestiona los diversos elementos que al Perito Da. Maria Orriols tomo en consideración para formular dictamen, e incluso compara dicho informe con el emitido por el también perito D. Germán Palomino, con olvido de que tal planteamiento no es viable en casación so pena de convertir el recurso en una tercera instancia, lo que rechazan la doctrina y la jurisprudencia. Es claro que cabe plantearse la infracción de normas concretas del ordenamiento jurídico probatorio, pero en el caso no se ha invocado ninguna de las relativas a la prueba pericial, ni siquiera, dentro de su limitadísimo alcance casacional, el art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se ha aducido infracción del párrafo segundo del art. 323 de la Compilación, y en torno a él se centra el motivo, aunque luego se extralimite el razonamiento, pero tal precepto no permite una nueva valoración de la prueba, ni un completo examen de los elementos en que se basó el perito para extraer su conclusión, sino simplemente comprobar si se respetaron los aspectos que la norma contempla: «per tal d´apreciar l'existència de la lesió hom s'atindrà al preu just o sia al valor de venda que les coses tinguessin al temps d'ésser atorgat el contracte en relació amb d'altres d'iguals o d'anàlogues circumstàncies a la respectiva localitat, baldament el contracte es consumés després». Y ocurre en el caso que esta preceptiva legal no ha sido en absoluto vulnerada, pues se ha fijado el valor en venta al tiempo de la perfección del contrato, es decir, no se ha contemplado el precio de adquisición por el vendedor, el valor en venta, o un valor real o hipotético, como podría ser el de la afección, sino el valor de mercado en el tiempo y en la localidad; y sin que quepa confundir, como enseña la doctrina más autorizada, el criterio de valoración del objeto, al que deberá ajustarse el juzgador para determinar si ha habido o no lesión, con la determinación concreta de ese valor, pues solo el primero integra cuestión de derecho susceptible de recurso de casación por el cauce elegido, todo ello con independencia de que nada hay de absurdo, ni de ilógico, en las circunstancias tomadas en consideración, que si no se examinan con detenimiento e individualización es para evitar desvirtuar el correcto ámbito del recurso. Se afirma también en el desarrollo del motivo que no se ha respetado el precepto de la Compilación en lo que se denomina aspecto confrontativo, esto es en cuanto hace referencia a atender para la fijación del precio justo a otras fincas «de iguales o análogas circunstancias de la respectiva localidad». Dejando a un lado que nos hallamos ante un criterio orientativo, a modo de elemento interpretativo normativo, y que de ninguna manera cabe convertirlo en exigencia de concurrencia inexcusable, so pena de hacer imposible la aplicación del precepto cuando no se dé el elemento de confrontación, ocurre en el caso que los pretendidos supuestos de cotejo o comparación no son idóneos al efecto, porque si bien es verdad que se han verificado ventas de fincas de similares características a la de autos, y además sitas en la misma zona, por precios más en consonancia con el de la escritura de compraventa de 2 de mayo de 1988 que con el que se fija en la resolución recurrida, sin embargo tal circunstancia carece de la significación pretendida por el recurrente, toda vez que en la Sentencia del Juzgado, se declara probado que los propietarios vendieron presionados y por un precio que consideraban muy bajo, y tal apreciación, confirmada en la Sentencia de la Audiencia, quedó incólume en casación ( con independencia de revelarse con meridiana claridad de lo actuado hasta el punto de ser noticia periodística). Por lo que no se da infracción del precepto legal, ni de la doctrina jurisprudencial, pues las sentencias citadas del Tribunal Supremo y de esta Sala en modo alguno sientan la conclusión de que el aspecto confrontativo constituye una exigencia valorativa inexcusable en cualquier caso, sino únicamente una guía o pauta de la que, cuando hay posibilidad de comparación, no se puede prescindir como criterio valorativo sin una adecuada justificación o explicación.

Tercero. - El segundo motivo del recurso en el que se denuncia, al amparo del art. 1692, cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del art. 1214 del Código civil y de la jurisprudencia contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1874 y de 10 de mayo de 1960, que se refieren a que corresponde al vendedor que reclama la rescisión la prueba de la lesión. El motivo debe perecer porque se hace supuesto de la cuestión, al partirse de una situación a falta de prueba, en contradicción con la clara apreciación probatoria de las Sentencias de instancia. Y mal se puede considerar infringido el art. 1214 del Código civil, si se advierte que el mismo atiende, en alguna medida, a resolver el problema del «onus probandi», es decir, «para quién se han de producir las consecuencias desfavorables de la falta de prueba», vulnerándose cuando se establece una inversión de la carga sin fundamento jurídico y sucede que, en el caso, no se da la situación fáctica para la operatividad del efecto afirmado.

Cuarto. - En los motivos tercero y cuarto, al amparo del número cuarto del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil se alega infracción del art. 1461, primer párrafo, del Código civil y de la jurisprudencia contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1970 y de 25 de octubre de 1924, e infracción del art. 609 del Código civil. Ambos motivos deben seguir el mismo criterio desestimatorio de los anteriores. Es evidente que en el derecho español rige la doctrina del título y el modo para la adquisición contractual de la propiedad (arts. 609 y 1095 del Código civil), y que una de las modalidades de tradición es la real (art. 1462, párrafo primero del Código civil), que se produce por la entrega material o toma de posesión de la cosa, empero ocurre en el supuesto objeto de enjuiciamiento que la resolución recurrida declara probado que tal aspecto de orden fáctico no ha tenido lugar, y ello resulta definitivo para esta casación, en la que no cabe valorar, como pretende el recurso, la prueba testifical de la parte actora (declaración de los testigos Sres. A. y B.), ni la deducción que pretende extraer de la petición del demandado al formular reconvención.

Quinto. - El motivo quinto del recurso, (en el que se denuncia infracción del art. 1280 del Código civil por no condenarse al demandado al otorgamiento de la escritura pública, mejor sería decir elevación del documento privado a escritura pública), debe ser también rechazado, porque la petición objeto del mismo se hace únicamente para el caso de que se declarase no procedente la rescisión por lesión, lo que no es así; siendo de observar que aún cuando es cierto que cabría todavía la posibilidad de que el comprador optase por cubrir la diferencia del precio, en tal caso no procedería tampoco lo interesado en el motivo, no sólo por la razón procesal de falta de planteamiento, sino sobretodo porque el demandado no contradijo la eventualidad, mostrándose totalmente dispuesto a cumplir, entonces, tal obligación, por lo que al faltar la oposición no habría interés para accionar.

Sexto. - En el sexto motivo del recurso se aduce infracción del art. 1461 del Código civil, por la misma vía procesal del apartado cuarto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El motivo tampoco puede ser acogido porque tal entrega solo sería oportuna en el caso de que el recurrente optase por cubrir la diferencia de precio a que se refiere el art. 325 de la Compilación; y además de que nada se dijo al respecto, ha de tenerse en cuenta que el vendedor no expresó ningún tipo de objeción a cumplir su obligación en el caso de que la contraparte cumpliese con la suya, por lo que al no haber resistencia, y ser correspectivas las dos prestaciones, resulta obvia la improcedencia de la condena.

Séptimo. - Se fundamenta también el recurso, séptimo motivo, y con carácter subsidiario para el caso de estimarse la rescisión por lesión del contrato de compraventa de fecha 2 de mayo de 1988, en la infracción de los artículos 324 de la Compilación y 1295 del Código civil, por no tenerse en cuenta la solicitud de condena del demandado a abonar al actor la suma de siete millones trescientas seis mil noventa y siete pesetas, en concepto de pagos efectuados por el actor de liquidaciones giradas por el Ayuntamiento de L. por razón de obras ejecutadas en las fincas objeto de aquel contrato; tratándose de cuatro liquidaciones, de fecha 9 de noviembre de 1988, a cuyo pago se obligaba el actor según el pacto segundo de aquel contrato. Y con la misma finalidad se articula el último motivo, en el cual se aduce infracción de las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1989, y 9 de febrero, 20 y 28 de marzo de 1990 sobre prohibición del enriquecimiento injusto. Los motivos carecen de consistencia porque claramente se establece en la Sentencia de Primera Instancia, confirmada por la de la Audiencia, que deberán devolverse las partes sus respectivas prestaciones en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, «y es especialmente aquellas que el Sr. R. haya abonado por liquidaciones giradas por el Ayuntamiento de L. a cargo del Sr. Y. por razón de las obras de urbanización que se ejecutan en la zona industrial de L.», pronunciamiento que no deja lugar a dudas sobre que se comprende la cantidad expresada por el recurrente, es más, el fallo se ajusta más a lo pedido por el actor cual es de ver en la súplica de la demanda de 29 de mayo, por lo que ni siquiera la falta de especificación de la cantidad es relevante, que por lo demás en su caso, debió haberse interesado por medio de aclaración, lo que excluye la casación; y con independencia de que la vía procesal correcta para plantear una eventual omisión de pronunciamiento, (que es cosa distinta de su denegación), no sería la utilizada, sino la de incongruencia por defecto, en sede de los artículos 359 y 1692, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Octavo. - Por todo lo expuesto, y matizando que la confirmación de la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Girona de 13 de abril de 1992 supone la confirmación íntegra del fallo de primera instancia integrado por el de la Sentencia de 5 de septiembre de 1991 y parte dispositiva del Auto aclaratorio de 7 de septiembre siguiente del Juzgado de la Instancia num. 1 de La Bisbal, en el cual se resuelve sobre las dos demandas acumuladas del actor X y la reconvención formulada por el demandado Y, de conformidad con lo establecido en el art. 1715, último párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen al recurrente las costas causadas en la casación y se le condena a la pérdida del depósito constituido al que se le dará el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo.

 

FALLAMOS:

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procurador Da Elizabeth Hernández Vilagrasa en representación procesal de X contra la Sentencia dictada por la Sección la de la Audiencia Provincial de Girona el 13 de abril de 1992 (razón Rollo 235 de 1991), la que confirmamos íntegramente, todo con imposición de las costas causadas en esta casación a la parte recurrente, y pérdida del depósito constituido.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente y practíquese la devolución de los autos y del rollo enviados en su día a la Sala.

Por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda