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Sentència de 3 de setembre de 1992

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 3 de setembre de 1992, núm. 10/1992 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret 
Part dispositiva 

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

llmos. Srs. Magistrados: D. Luis Ma. Díaz Valcárcel, D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Lluís Puig Ferriol, D. Joaquín Badía Tobella.

Barcelona a tres de Septiembre de mil novecientos noventa y dos.

VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Barcelona sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por el demandante X, representado por el Procurador D. Antonio Pueyo Font y asistido del Letrado D. Juan José González Martín, en el que es recurrido Y, representado por el procurador D. Francisco Lucas Rubio Ortega y asistido del Letrado D. Pío Augusto Gomariz Verdú.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Barcelona fueron vistos autos a instancia de X contra Y; la parte actora formalizó demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: Que se condenase al demandado a entregar al demandante la cantidad que corresponda, como legítima que le toca con cargo a los bienes relictos de su difunta madre Z, bien cediéndole la parte que le corresponda bien su valor en dinero, así como los frutos e intereses, ambos en su caso a computar a partir de la muerte del causante, con expresa condena e imposición de las costas de este juicio.

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento del demandado para que en el término legal compareciera en los autos personándose en forma y contestara la demanda, lo cual efectuó basando la contestación en los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, y terminando suplicando se dictara sentencia en la que se acojan algunas de las excepciones planteadas, sin entrar en el fondo del asunto, o en su caso se absuelva de la totalidad de los pedimentos formulados de contrario, con expresa imposición de costas. El pleito continuó por sus trámites, con el recibimiento y práctica de prueba, todo ello con el resultado que obra en autos.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 1 de octubre de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Condeno a Y a que entregue a X la cantidad de 7.637.500 ptas., como legítima que le corresponde con cargo a la herencia de su difunta madre Z con sus intereses legales desde el 1 de julio de 1983; bien cediéndole bienes suficientes del «as» hereditario, bien en dinero. Y al pago de las costas procesales».

Tercero. - Contra dicha sentencia se interpuso recurso por el demandado Y, de apelación, admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada, la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en fecha 4 de noviembre de 1991, cuya parte dispositiva dice: «FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación instado por el Procurador Sr. Rubio en nombre y representación de Y y aceptando la excepción procesal de litisconsorcio pasivo necesario y sin entrar en el fondo del litigio debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al demandado de la pretensión procesal instada por X representado por el procurador Sr. Pueyo sin hacer expresa imposición de costas en ninguna de las instancias».

Cuarto. - Por el procurador Sr. Pueyo Font, en representación de X, formalizó el recurso de casación, que funda en los siguientes motivos:

I. - Lo ampara en el num. 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en la infracción de los preceptos reguladores de la herencia y la legítima en la Compilación civil del Derecho civil de Cataluña, concretamente los artículos 122, 137, 139, 140, 237 y 260 de la Compilación, así como la doctrina jurisprudencial dictada al respecto, y

II. - Lo fundamente en el número 5º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en la infracción de la doctrina Jurisprudencial sobre litisconsorcio pasivo necesario.

Quinto. - Admitido el recurso y evacuado el trámite del Ministerio Fiscal y el de instrucción de las partes, se señaló para la vista el día dieciséis de julio último, en que tuvo lugar con asistencia de los Letrados y los Procuradores de las partes.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús E. Corbal Fernández.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - El supuesto fáctico-jurídico sobre el que se configura el pleito es el siguiente: Z, de vecindad civil catalana y fallecida el 30 de junio de 1983, dejó ordenada su sucesión mortis causa en testamento abierto notarial otorgado el 11 de marzo de 1981 en el que designa heredero a su esposo Y y lega a los hijos del matrimonio X y Z2 lo que por legítima les corresponde da en su herencia. X plantea demanda contra el heredero Y en reclamación de su parte de legítima, -pide se condene al demanda do a que haga entrega de la cantidad que como legítima le toca con cargo a los bienes relictos por su difunta madre Z, bien cediéndole la parte que le corresponde, bien su valor en dinero, así como los frutos e intereses, a computar a partir de la muerte del causante. El demandado se opuso a la pretensión actora aduciendo falta de legitimación pasiva por no haber aceptado la herencia (tema que quedó zanjado en la primera instancia), falta de liticonsorcio pasivo necesario por no haber sido vocado al proceso el otro legitimario Z2, y por razones de fondo -no formar parte del haber hereditario los bienes y derechos a que se refiere el actor-. La Sentencia del Juzgado estima la demanda y condena a Y a que entregue a X la cantidad de siete millones seiscientas treinta y siete mil quinientas pesetas, como legítima que le corresponde con cargo a la herencia de su difunta madre Z, con sus intereses legales desde el 1 de julio de 1983, bien cediéndole bienes suficientes del «as» hereditario, bien en dinero. Formulada apelación por el condenado, la Sección 1a de la Audiencia Provincial de esta Ciudad en su Sentencia de 4 de noviembre de 1991 revoca la recurrida y acuerda la absolución del demandado (implícitamente en la instancia) al acoger la excepción procesal de litisconsorcio pasivo necesario. Frente a este Sentencia se interpone por X el presente recurso de casación con base en los dos motivos siguientes: infracción de los preceptos reguladores de la herencia y la legítima en la Compilación de Derecho civil de Cataluña, concretamente los artículos 122, 137, 139, 140, 237 y 260, así como de la doctrina jurisprudencial dictada al respecto; e infracción de la doctrina jurisprudencial sobre litisconsorcio pasivo necesario.

Segundo. - Por obvias razones lógicas procede examinar en primer lugar si es apreciable en el caso una situación de falta de litisconsorcio pasivo necesario, ya que la estimación de esta excepción (más bien objeción o defensa) supondría sin más la confirmación de la resolución recurrida, en tanto que la no concurrencia implicaría la anulación de la Sentencia y la necesidad de entrar a analizar el fondo del asunto en virtud del efecto positivo jurisdiccional que en este punto rige en nuestro Derecho. El litisconsorcio necesario tiene lugar cuando por razón de lo que sea objeto del juicio, la resolución haya de afectar directamente al derecho de varios sujetos, de tal manera que todos ellos habrán de demandar o ser demandados conjuntamente como litisconsortes. El fundamento se halla en la naturaleza de la relación jurídico-material debatida, y ello bien porque existe una norma expresa que lo impone (litisconsorcio necesario propio), o bien por la indivisibilidad o inescindibilidad de la situación jurídica concreta (litisconsorcio necesario impropio). No se trata de una cuestión de mero oportunismo, conveniencia o mayor utilidad (beneficio), sino de necesidad, indispensabilidad -habida cuenta la naturaleza de la relación jurídica en la que se encuentran interesados varios sujetos, puede ser indispensable que la resolución a dictar en el proceso TENGA QUE SER IGUAL para todos-. El concepto básico en que se apoya la doctrina jurisprudencial para valorar la concurrencia de la figura litisconsorcial necesaria o forzosa es el del interés directo o afectación directa (entre otras Sentencias recientes las de 7 febrero, 26 marzo, 21 y 25 junio, 26 septiembre, 7 octubre y 21 de noviembre de 1991 y 3 marzo 1992). Aplicando la anterior doctrina al caso de autos, y teniendo en cuenta la naturaleza de la legítima catalana y su institución en el supuesto objeto de enjuiciamiento, en el que el heredero puede hacerla efectiva en dinero o en bienes con arreglo al art. 137 de la Compilación (de concreta aplicación por razones de derecho transitorio), no se da la base fáctica para que pueda operar el óbice procesal. Z2, que no fue llamado al proceso, es titular de un derecho sucesorio (y por lo tanto de una eventual pretensión contra el heredero) igual al del en autos actor, pero tal derecho es autónomo, ejercitable con autonomía, del que le corresponde a éste. No existe una relación jurídica-material única de los legitimarios con el heredero, sino que cada uno de ellos tiene una relación jurídica independiente (no hay interdependencia alguna). Es cierto que se da una cierta apariencia unitaria; la reclamación de legítima supone la previa fijación del «quantum», y al existir varios legitimarios parece darse una situación en que deberían estar todos presentes para que la legítima sea igual en su importe. Sin embargo, se trata de un mero caso de oportunismo o conveniencia, pero no de necesidad o indispensabilidad. Falta el interés directo, no hay afectación directa para el no presente en el proceso, y por lo tanto no se da un supuesto litisconsorcial forzoso.

En definitiva, no cabe hablar de «inutiliter data» (típico fundamento de la figura en las sentencias de condena), porque la Sentencia es perfectamente ejecutable; ni de quebrantamiento del principio constitucional de audiencia, pues no tiene por que ser oído quien no va a resultar afectado por el fallo; ni en modo alguno se infringe la doctrina de la cosa juzgada material (por lo demás, como sostiene un sector doctrinal, de discutible conjugación en la materia), ya que el pronunciamiento que se dicte no es extendible, -no vincula- al legitimario no litigante; ni tampoco se puede dar la eventualidad de sentencias contradictorias, toda vez que en el hipotético caso de que Z2 litigase en otro proceso con el heredero y se dictase una resolución concediendo una legítima de cuantía distinta es claro nos hallaríamos ante Sentencias de contenido diferente, pero ello no significa sean contradictorias, al poder desplegar sus efectos con total autonomía, y es que lo contradictorio, en el terreno en que se manifiesta el discurso, hace referencia a la incompatibilidad de soluciones, es decir, cuando resulta imposible la eficacia, al tiempo, de dos pronunciamientos diferentes, por no ser susceptibles de subsistir sin estorbarse u obstaculizarse recíprocamente. No es de aplicación al supuesto de autos de doctrina jurisprudencial recogida en las Sentencias de 15 de marzo de 1976 y 6 de diciembre de 1970, la primera de ellas porque la apreciación en el caso del óbice procesal se halla en relación con la concreción de un «donatum» (hecho al legitimario no llamado al proceso), y otra cosa habría sido, sin duda, si se tratase únicamente de fijar el «relictum» (valor de los bienes menos las deudas), y en cuanto a la segunda porque, además de no existir (y no ser posible) con tal data, de cualquier manera la doctrina que se cita por la propia parte alegante revela que se alude a un tema de partición, juicio divisorio, (S.S. 30 de marzo 1985, 15 julio 1988 y 16 marzo 1990) que supone una perspectiva fáctico-jurídica totalmente diferente a la de la cuestión planteada en el presente caso.

Tercero. - Sin necesidad de proceder a analizar toda la problemática que plantea la técnica casacional en supuestos como el de autos en que se anula la resolución recurrida por estimarse equivocada la apreciación de falta de litisconsorcio necesario, simplemente basta decir que tal anulación no acarrea el efecto negativo de remisión de los autos al Tribunal de Instancia, sino el positivo jurisdiccional de entrar a conocer del fondo, (ad. ex. Sent. T.S. 17 febrero de 1992), como expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1988, ejercer la función de juzgar con facultades plenas, incluso en la apreciación de las pruebas, Y en tal sentido, esta Sala después de examinar minuciosamente las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, considera cabalmente correcta y adecuada al caso la valoración efectuada por la Sentencia de Primera Instancia con la que coincide plenamente, y ello tanto en cuanto a la inclusión en el activo hereditario del importe de venta del vehículo BMW ----------- y acciones núms. 0 a 00 del R, S.A. ------ transmitidas por su titular Z a su esposo Y el 11 de julio de 1981, como en lo que se refiere a la cuantía hereditaria y legitimaría, y sin que frente a lo dicho quepa oponer que aquella transmisión lo fue a título oneroso y no a título gratuito como entendió la Sentencia del Juzgado, pues abonan la solución judicial no solo las potísimas razones aducidas en tal resolución, sino también el argumento incuestionable de que incumbiría la carga de probar la onerosidad al demandado -y aquí recurrente- que hace la alegación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 (de aplicación por razones de derecho intertemporal) de la Compilación. Y sin que tal apreciación suponga ninguna dislate procesal pues no se trata de hacer declaración alguna de rescisión o nulidad por simulación, ni menos todavía con alcance de cosa juzgada para terceros, sino simplemente de determinar que caudales, bienes y derechos integran realmente la herencia a fin de ser computados para la determinación de la legítima y con efectos exclusivos para el proceso de que se trata; como tampoco cabe hablar de incongruencia productora de indefensión, porque las cuestiones que se resuelven fueron suscitadas, debatidas y objeto de prueba en el pleito, y forman parte del objeto procesal, sin que sean admisibles las objeciones en torno a las diligencias de prueba practicadas, pues ni concurren contradicciones relevantes en la testifical, ni por lo demás resulta trascendente la falta de una prueba pericial. Por lo que procede dictar nuevo pronunciamiento con contenido sustancialmente igual al de la Sentencia de Primera Instancia y con base jurídica en los arts. 122, 124, 129, 137 y 139 y concordantes de la Compilación.

Cuarto. - En cuanto a las costas, se imponen las de primeras instancia al demandado por aplicación de la doctrina del vencimiento objetivo atenuado del art. 523, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin apreciación de especial temeridad o mala fe, y por lo que respecta a las de los recursos no se hace especial imposición. Al no haber constituido depósito por ser disconformes las Sentencias de las instancias, huelga todo comentario sobre el particular.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo.

 

FALLAMOS:

Que declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Antonio Pueyo Font, en representación procesal de X contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona el 4 de Noviembre de 1991, reponiendo la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia num. 10 de esta Ciudad el 1 de Octubre de 1990, en la que con estimación de la demanda formulada por el mencionado X se condena al demandado Y a que pague al actor la cantidad de SIETE MILLONES SEISCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTAS PESETAS, -7.637.500 ptas.-, como legítima que le corresponde con cargo a la herencia de su difunta madre Z, con sus intereses legales desde el 1 de julio de 1983, bien cediéndole bienes suficientes del «as» hereditario, bien en dinero. Asimismo condenamos a Y al pago de las costas causadas en la primera instancia, y sin hacer expresa mención de las de los recursos de apelación y casación .

Líbrese a la mencionada Audiencia testimonio de la presente resolución con devolución de los autos y rollo de apelación que en su día fueron remitidos.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 


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