Sentència de 6 de juliol de 1992

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 6 de juliol de 1992, núm 8/1992 (Sala Civil i Penal)

Excmo. Sr. Presidente: Sr. José A. Somalo Giménez.

Ilmos. Sres. Magistrados: Sr. Luis Ma. Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, Sr. Luis Puig Ferriol, Sr. Joaquín Badía Tobella.

Barcelona, a seis de julio de mil novecientos noventa y dos.

VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 355/90, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Barcelona, sobre declaración de paternidad extramatrimonial, cuyo recurso fue interpuesto por X1 y X2, representados por el Procurador D. Santiago Puig de la Bellacasa y defendidos por la Letrado Da Rosario Ucar Esteban, contra Y, representado por el Procurador D. Jordi Pich Martínez y asistido por el Letrado D. José Antonio San Martín Prats, en cuyo recurso ha sido parte recurrente el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Barcelona, fueron vistos autos a instancia de Y contra X1 y X2 y el Ministerio Fiscal; la parte actora formalizó la demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho oportunos, que se dictara sentencia en la que se declara que Y es el padre del niño X2, el cual deberá mientras sea menor de edad, ostentar el primer apellido del demandante en primer lugar y como segundo apellido el primero de la madre, procediéndose en consecuencia a la modificación de la inscripción registral. Por medio de otrosí, interesaba la adopción de medidas provisionales y régimen de visitas.

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de los demandados para que en el término legal comparecieran en los autos, personándose en forma y contestando aquella, lo cual verificaron oportunamente evacuando el trámite de contestación a la demanda con arreglo a las prescripciones legales y terminando suplicando al Juzgado se dictara sentencia no dando lugar a la demanda de reconocimiento de filiación, no ostentando derecho alguno inherente a la patria potestad y negándose el derecho a modificar la inscripción en el Registro Civil, condenando al demandante en las costas. Por medio de otrosíes, solicitaba el recibimiento a prueba y ampliaba la contestación.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 16 de abril de 1991, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Desestimo la demanda formulada por Y, contra X1  y X2, a quienes absuelvo. Esta sentencia se notificará también al Ministerio Fiscal, parte institucional en proceso. Condeno al actor al pago de las costas procesales. Cabe apelación en plazo de cinco días hábiles».

Tercero.- Contra dicha sentenciase interpuso recurso de apelación por Y, el cual fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 28 de Noviembre de 1991, dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que estimando el recurso interpuesto por la representación procesal de Y contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 10 de Barcelona, en los autos de menor cuantía núm. 355/90, de fecha 16 de abril de 1991, debemos REVOCAR y REVOCAMOS dicha resolución y en su lugar estimando la demanda por aquél interpuesta, debemos declarar: Primero - Que Y es padre extramatrimonial por naturaleza del menor llamado X2 Segundo - Se acuerda se practique en el Registro Civil de Barcelona la rectificación de los apellidos del menor que se llamará Z Tercero - Que en ejecución de sentencia, con audiencia de ambos progenitores y del Ministerio Fiscal se fije el régimen de visitas en su caso, a favor del padre, sin efectuar expresa imposición de costas en ninguna de las dos instancias.»

Cuarto. - Que el Procurador D. Santiago Puig de la Bellacasa en nombre y representación de X1 y X2, interpuso recurso de casación que lo fundaba en los núms. 4º y 5º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por error en la apreciación de prueba basado en documentos obrantes en autos y basaba en los motivos siguientes:

Primero. - Por infracción del artículo 1253 del Código Civil en relación al enlace entre los hechos demostrados y aquél que se deduce, al amparo del art. 1692, 4º y 5º.  

Segundo. - Por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto del litigio, en relación con la falta de realización en este procedimiento de las pruebas biológicas relativas a la filiación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1692-5º de la Ley de Ritos, y

Tercero. - Lo fundamente en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico Civil Especial de Cataluña. Violación del Art. 11 y de las Disposiciones la y 3a de al Ley 7/1991 de 27 de abril, de Filiación que deroga los artículos 4 y 5 de la Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña. -  Lo fundamente en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico Civil Especial de Cataluña. Violación del Art. 11 y de las Disposiciones la y 3a de al Ley 7/1991 de 27 de abril, de Filiación que deroga los artículos 4 y 5 de la Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña.  

Quinto. - Admitido el recurso y formado el presente rollo de casación, se evacuó el traslado conferido por el Ministerio Fiscal y el de instrucción por las partes y señalándose para el acto de la vista el día veinticinco de Junio último, en que tuvo lugar la misma con asistencia del Procurador de la parte recurrente y Letrado y Procurador de la parte recurrida, así como el Ministerio Fiscal, solicitando el primero que se casara la sentencia recurrida y los segundos que no se diera lugar al recurso, condenando en costas al recurrente.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Ma. Díaz Valcárcel.

Primero. - El orden lógico aconseja examinar en primer lugar el tercero y último de los motivos de casación articulados, que dice así: «por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico civil especial de Cataluña. Violación del artículo 11 y de las disposiciones 1ª y 3ª de la Ley 7/1991, de 27 de abril de Filiación que deroga los artículos 4 y 5 de la Compilación de Derecho civil especial de Cataluña». Ante todo hay que decir que, tal como viene formulado, adolece de una doble imprecisión. No expresa el motivo conforme a la enumeración que de los mismos hace el art. 1692 de la Ley procesal requisito que -como dice la Sta. del T.S. de 18 de diciembre de 1985- no es baladí ni puro formalismo sino ciertamente necesario para ser congruente con las reglas del art. 1715 que determina el contenido de la resolución según la clase o especie de motivo que se cite como fundamento del recurso. En el caso que nos ocupa cabe inferir de la redacción transcrita que la parte recurrente invoca el motivo quinto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cita asimismo como infringidas «las disposiciones 1ª y 3ª» de la Llei de Filiacions. También aquí cabe suplir la omisión entendiendo que las disposiciones supuestamente infringidas son la primera y la última de las transitorias de la Ley.

Segundo. - La demanda de juicio ordinario de menor cuantía por la cual Y pretende ser reconocido como padre del menor X2, nacido el -- de --- de 1982, fue presentada el 26 de marzo de 1990 y la sentencia recaída en primera instancia lleva fecha 16 de abril de 1991 hallándose, por tanto, vigente el Título primero (de la filiación) del Libro primero (de la familia) de la Compilación del Derecho civil de Cataluña, texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/ 1984, de 19 de julio. Si bien algún autor estima que «en materia de acciones de filiación la Compilación de Cataluña es autosuficiente» lo cierto es que de la parca regulación de los arts. 4 y 5 se ha pasado a los veintiún artículos de la Ley de 27 de abril de 1991 cuya exposición de motivos niega paladinamente el carácter autosuficiente de la Compilación en esta materia al decir que «la filiació mereix i exigeix un desenvolupament legislatiu que li doni dins l'ordenament jurídic catalá una regulació autònoma i autosuficient que avui no té». De ahí que este Tribunal Superior haya integrado la defectiva legislación compilada en materia de acciones de filiación -entendidas en su más amplio sentido, tanto las que competen al hijo como las de los progenitores - tomando en consideración las leyes, las costumbres, la jurisprudencia y  doctrina que constituyen la tradición jurídica catalana, de acuerdo con los principios generales que inspiran el ordenamiento jurídico de Cataluña; recurriendo al derecho supletorio cuando era preciso. La sentencia de este tribunal de fecha 18 de febrero de 1991, tras advertir que el art. 4 de la Compilación sólo regula las acciones que competen al hijo y, excepcionalmente, a sus descendientes, dice: «sin embargo, esta acción del hijo para la búsqueda de su filiación, tasada y limitada a su favor por la ley como tal sujeto activo de derecho, no impide, en si misma, reconocer otra acción de igual naturaleza a favor del progenitor en el también propio ejercicio de su condición de padre, porque la relación paterno-filial, jurídica y teleológicamente es recíproca, con dos protagonistas, o sujetos de derechos y deberes diversos y correlativos. El hijo y el padre son igualmente importantes en su condición humana y deben tener el mismo derecho a buscarse desde sus respectivas aunque diferentes posiciones... Estas consideraciones, favorables a la admisión de la acción del padre, se basan fundamentalmente en el principio de la libre investigación de la paternidad, admitido desde siempre en Cataluña, y en la hermenéutica que dispone el párrafo segundo del artículo primero del texto legislativo catalán». La Sentencia de 22 de julio de 1991 insiste en que «la tradición jurídica catalana y los principios generales de su ordenamiento han sido siempre favorables a la libre investigación de la paternidad y de la maternidad con admisión de toda clase de pruebas en pro de alcanzar y proclamar la veracidad del hecho generativo y para hacer coincidir, en todo caso, la situación jurídica formal con la real y biológica... el padre debe tener el mismo derecho que el hijo al reconocimiento de su condición, porque tanto uno como otro deben estar igualmente protegidos en la facultad de obtener la declaración del hecho generativo que les vincula.»

Tercero. - En materia de investigación de la relación paterno-filial o materno-filial el principio que debe prevalecer es el de veracidad material en su vertiente de verdad biológica, procurando hacer coincidir la filiación jurídica con la real, si bien el legislador puede introducir alguna atemperación por atendibles razones de seguridad jurídica y paz familiar. Una vez determinada la generación, cuestión eminentemente fáctica, entra en juego el segundo gran principio regulador de la materia: el del  favor filii. Con la aplicación del principio de favor filii los Tribunales deben impedir que la constatación del hecho biológico produzca al hijo mas inconvenientes que los inevitables que en ocasiones puede acarrear la mera declaración de maternidad o paternidad. A la luz de todo lo expuesto, la posición de esta Sala respecto a la posibilidad de que, bajo la vigencia del derogado art. 14º de la Compilación, el padre biológico pudiera solicitar de los Tribunales el reconocimiento del hecho de la paternidad, puede resumirse así: a) El repetido artículo 4 no preveía tal posibilidad, pero tampoco la negaba; lo cual permitió que algún relevante autor afirmase que no podía negarse al progenitor la acción de reclamación, colmando la laguna legal con los principios generales de Derecho Catalán. b) No parece ofrecer duda que el ordenamiento jurídico familiar en Cataluña viene inspirado por criterios de amplitud en la búsqueda de la verdad material. Basta la cita de BORRELL I SOLER, quien resumiendo doctrina anterior, escribía el año 1944: «en Cataluña es práctica admitida de tiempo inmemorial, fundada más o menos rigurosamente en el Derecho canónico, la investigación de la paternidad, no sólo natural sino de las demás ilegítimas». Es, precisamente, este principio el que ha permitido integrar los silencios del texto compilado, armonizándolo con la «práctica inmemorial» de que habla BORRELL de la forma que hemos visto en las dos sentencias de este Tribunal reseñadas supra. c) Cabe decir también que la libre investigación del lazo paterno-filial está en plena sintonía con la Constitución vigente cuyo art. 39 determina que «la ley posibilitará la investigación de la paternidad»; precepto que obliga por igual al legislador y a los intérpretes del ordenamiento jurídico. d) Finalmente, es imprescindible consignar que la Ley del Parlament de Cataluña 7/1991, de 27 de abril, reconociendo la «práctica inmemorial», consagra expresamente el principio de la libre investigación de la paternidad y la maternidad como general e informador en materia de filiación. Y en su art. 11.3 concede legitimación al padre y a la madre para cualquier acción de reclamación de paternidad o maternidad no matrimonial, en nombre e interés propio, con los condicionamientos que veremos.

Cuarto. - La parte recurrente estima que la Sentencia de la Audiencia ha violado el art. 11 de la Llei de Filiacions en relación con las disposiciones transitorias 1ª y 3ª de la misma por cuanto, si bien estima correcta la aplicación retroactiva del art. 11.3 de la Llei, lo que no cabe hacer es aplicar el precepto de forma segmentaria. En efecto, el artículo mencionado concede acción al padre según la naturaleza, pero condiciona su ejercicio al supuesto de que «su reconocimiento no haya resultado eficaz por defecto de consentimiento del hijo o de la aprobación Judicial». Y no consta en autos que el actor hubiese intentado en algún momento reconocer al hijo demandado.

Ante todo hay que decir que la Sentencia recurrida, en el primero de sus fundamentos de derecho, justifica la legitimación del actor con base en la doctrina de esta Sala tal y como ha quedado expuesta. A lo cual añade, como argumento de refuerzo, que la repetida doctrina ha sido ratificada de forma explícita por la «Ley 9 del 27 de abril de 1991, promulgada por el Parlamento de Cataluña sobre filiación». Y termina indicando que el art. 11 de la Ley es aplicable al supuesto litigioso habida cuenta de lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera y tercera.

Esta última afirmación debe matizarse. Es cierto que las disposiciones transitorias 1ª y 3ª de la Llei 7/1991 establecen una retroactividad fuerte, cualquiera que sea la fecha en que se haya determinado la filiación, y que puede afectar, incluso, a sentencias firmes dictadas al amparo de los derogados arts. 4 y 5 de la Compilación. Pero no es menos cierto que la legitimación procesal activa queda referida al momento de presentación de la demanda y a virtud del principio de perpetuo legitimationis -reafirmado una vez más por el Tribunal Supremo en Sta. de 15 de marzo de 1991- no puede ser alterada en el curso del proceso. Por ello, en al caso de autos, no opera la conditio juris que el art. 11.3 establece para el ejercicio de la acción de paternidad.

Quinto. - El primero de los motivos de casación se articula, como dice textualmente, «por infracción del art. 1253 del Código civil en relación al enlace entre los hechos demostrados y aquel que se deduce, al amparo del art. 1692, 4º y 5º. La mención del número cuarto del art. 1692 -se entiende, de la Ley de Enjuiciamiento Civil - es aquí inoperante por cuanto no se cita ningún documento obrante en autos que demuestre la equivocación del juzgador. Por lo que respecta al enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano entre los hechos demostrados y el que se trata de deducir (art. 1253 del Código civil) hay que precisar que este último no es el de la certeza de relaciones sexuales entre la madre del menor X2 y quien pretende ser declarado padre, ni tampoco la simple posibilidad de que las relaciones hubiesen existido, sino la razonable probabilidad de tales contactos. A este respecto, basta la lectura del segundo fundamento de derecho de la sentencia impugnada para cerciorarse que las pruebas obrantes en autos demuestran la convivencia de actor y codemandada bajo un mismo techo así como su mutua atracción y, en frase de la Audiencia, «la oportunidad de acceso carnal en las fechas en que se cifra la concepción». Como ha dicho reiteradamente la jurisprudencia, para que pueda alegarse vulneración del art. 1253 es necesario que el resultado obtenido en la apreciación deductiva del Tribunal sea absurdo, lógico o inverosímil, es decir, que en la formulación del nexo o relación entre el hecho básico y su consecuencia se haya prescindido de las reglas de un prudente criterio llegando a conclusiones reñidas con la recta razón (Sta. de 9 de enero de 1985). Especialmente aplicable al caso que nos ocupa es la sentencia de 21 de marzo de 1991 cuando dice que «puede censurarse en casación el uso que en la instancia se haya hecho de la prueba de presunciones, bien dirigiéndose contra el hecho base, demostrando el error de hecho padecido en su establecimiento, con infracción del art. 1249 del Código civil, ya impugnando el razonamiento que sirvió de puente lógico a la presunción y alegando como infringido el art. 1253, por no ser ajustada la inferencia a las reglas del criterio humano; pero descartando la mezcla de ambos motivos en uno solo (lo prohíbe el art. 1701 de la Ley de Enjuiciamiento civil)».

Sexto.- Por último el recurso denuncia infracción de la jurisprudencia aplicable en relación con la falta de realización en este procedimiento de las pruebas biológicas relativas a la filiación, a tenor de lo dispuesto en el art. 1692, 5º de la Ley de Ritos. Dice también el escrito de recurso que a la supuesta negativa de la recurrente para la verificación de las pruebas a que nos referimos «se le ha dado el valor de ficta confessio y a posterior¡ se ha buscado encubrir tal valoración».

La sentencia de instancia sustenta la doctrina correcta cuando afirma que las pruebas biológicas no pueden ser impuestas obligatoriamente y contra su voluntad a ningún ciudadano; que quien se niegue o no las permita aunque sea sin causa justificada no incurre en la ficta confessio que el art. 593 de la Ley de Enjuiciamiento civil autoriza para supuestos distintos; que sólo tiene valor indiciario, debiendo completarse con otras pruebas que puedan producir el convencimiento de la paternidad que se reclama. También está en lo cierto cuando afirma que las pruebas biológicas llegan a la certeza en el aspecto negativo y son casi exactas en el positivo. Y añade: por lo que la Sala en el caso concreto estima que fue precisamente el conocimiento de la exactitud de tales pruebas lo que condujo a la demandada a oponerse a las mismas y a que no pudieren practicarse por causa a ella imputable, «valorando su negativa como indicio de la certeza de la paternidad solicitada». Indicio reforzado con los restantes datos que la sentencia analiza y que conducen a la estimación de la demanda, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal.

La sentencia de instancia no infringe, antes bien sigue fielmente la doctrina jurisprudencial, nutrida y matizada, sobre el valor que deba darse en los procesos sobre filiación a la negativa u obstrucción de las pruebas biológicas. Ciñéndonos a las más recientes de las publicadas podemos citar la sentencia que lleva fecha 3 de diciembre de 1991 en la que el Tribunal Supremo reitera su doctrina de que la negativa a someterse a las pruebas médicas adecuadas para la investigación de la paternidad, aún teniendo presente el alto grado de fiabilidad de los resultados, no cabe equipararla pura y simplemente a una ficta confessio. Y añade: «ahora bien, este indicio, en sí mismo, tiene un valor cualificado, dado según se ha dicho el elevado índice de exactitud que el estado actual de la ciencia confiere a les pruebas en cuestión por lo que, en cualquier supuesto, la negativa merece ser seriamente ponderada en el conjunto de elementos tácticos y probatorios del caso para atribuirle el significado correspondiente. No cabe soslayar que en procesos de esta naturaleza, en los que el interés privado se une a la trascendencia social y pública de las circunstancias relativas a la filiación, el carácter dispositivo del proceso civil se impregna de tintes inquisitivos que exigen una profundización más aguda en reglas procesales tales como la buena fe de las partes (artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) o en deberes de rango constitucional como prestar la colaboración requerida por los Jueces y tribunales en el curso del proceso (art. 118 de la Constitución). La Sta. de 25 de enero de 1992 precisa que «si bien el no sometimiento a dichas pruebas heredo-biológicas no es significativo de ficta confessio, sí, unido a los demás elementos probatorios aportados al proceso, es significativo de un serio indicio conducente al reconocimiento de la filiación reclamada, según tiene reiteradamente declarado esta Sala, y de ello son exponentes, entre otras, las recientes sentencias de 24 de marzo, de 18 y 28 de mayo, de 20 de julio y 26 de noviembre de 1990, ya que el derecho a la intimidad constitucionalmente reconocido, no es determinante de no posibilitar la prestación de elementos probatorios que, de serlo, perjudicarían el derecho de otra persona».

Séptimo. - De acuerdo con el artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil in fine , la sentencia que declare no haber lugar al recurso impondrá las costas al recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos ha sido conferida.

FALLAMOS:

Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Santiago Puig de la Bellacasa en nombre y representación de X1  y X2, contra la Sentencia dictada el 28 de noviembre de 1991 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona (rollo num. 474/91), resolviendo en apelación el juicio de menor cuantía (autos num. 355/90) promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia num. 10 de Barcelona por Y; con expresa imposición a la parte recurrente de las costas causadas.

Líbrese a la Audiencia testimonio de la presente resolución juntamente con los autos y rollo de apelación originales que en su día fueron remitidos a este Tribunal.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.