Sentència de 25 d'abril de 1992

Sentència del Tribunal superior de Justícia de Catalunya
de 25 d'abril de 1992, núm 5/1992 (Sala Civil i Penal)

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

Ilmos. Srs. Magistrados: D. Luis Ma. Díaz Valcárcel, D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Lluís Puig Ferriol, D. Joaquín Badía Tobella.

Barcelona a veinticinco de Abril de mil novecientos noventa y dos.

VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Berga, sobre falta de legitimación para ocupación de fincas, cuyo recurso fue interpuesto por X, representado por el Procurador Da. Alicia Barbany Cairó y asistido por el Letrado Da. Margarita Camós Ramió, en el que es recurrida Y1 y Y2, representados por el Procurador D. Eusebio Lasala Palá y defendido por el Letrado D. Climent Fernández Forner.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia num. 1 de Berga fueron vistos autos a instancia de Y2 y Y1, contra X; la parte actora formalizó demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimaba oportunos, que se dictara sentencia con los pronunciamientos siguientes: Que se declare judicialmente que el demandado carece de título o legitimación para poder continuar ocupando y utilizando las fincas de los actores, y la obligación del mismo de desalojar y dejar libres, vacuas y expeditas a disposición de los demandantes, el piso ---, escalera -- en donde anteriormente había estado establecido el domicilio conyugal, y la totalidad de las tierras, granjas e instalaciones que ocupa y disfruta, condenándole a poner todo ello a disposición de los actores, y con expresa imposición de costas al demandado, sin la limitación en este caso del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por medio de otrosíes, solicitaba el recibimiento a prueba y fijaba la cuantía del procedimiento en indeterminada.

Segundo. - Admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento del demandado, el cual en tiempo y forma compareció y se opuso a la demanda en base a las consideraciones que dejaba expuestas. Se siguió el juicio por los trámites legales y con fecha 13 de Marzo de 1991 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente: «FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por Y1 y Y2, contra X, declaro que el demandado X carece de título para poder ocupar íntegramente las fincas de los actores descritas en el hecho segundo de la demanda y le condeno a desalojar y dejar libres y a disposición de los actores el piso ---, escalera -- y la totalidad de las tierras, granjas e instalaciones que ocupa y disfruta, poniéndolo a su disposición e imponiendo las costas al demandado».

Tercero. - Contra dicha sentencia la representación del demandado Sr. X, interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 18 de septiembre de 1991, dictó sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente: «FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la Sentencia dictada en las actuaciones de menor cuantía num. 88/90 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Berga, hemos de revocar y revocamos en parte dicha sentencia y, en consecuencia, hemos de declarar y declaramos el derecho del demandado a retener las fincas objeto de este procedimiento hasta que no sea indemnizado por el equivalente al tercio del valor de los cobertizos y establos allí existentes y al precio del momento de su edificación, retención que no se extiende al piso que fue hogar conyugal, habiendo de confirmar como confirmamos, la Sentencia recurrida en todos los demás pronunciamientos, sin imposición de costas ni de primera instancia ni de apelación, por imperativo legal».

Cuarto. - El Procurador Sra. Barbany en representación del Sr. X, interpuso recurso de casación por infracción de Ley y de doctrina legal, que fundamentó en los motivos siguientes:

1º- Lo fundamenta al amparo del primer inciso del ordinal 3 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantar la sentencia recurrida las normas y en especial el artículo 359 de la LEC.

2º- Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por cuanto la sentencia infringe por no aplicación los artículos 1.231 y 1.232 del Código Civil, y

3º- Al amparo del ordinal 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por interpretación errónea del art. 278 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña.

Quinto. - Admitido el recurso y evacuado el trámite del Ministerio Fiscal y el de instrucción de las partes, se señaló para la vista el día diecinueve de marzo último, en que tuvo lugar, si bien con fecha veintitrés de marzo último se dictó auto por esta Sala, en el que se acordó, que con suspensión del plazo para dictar Sentencia y por término de ocho días se oyera a las partes a los efectos prevenidos en el art. 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual verificaron en sus respectivos escritos. Por auto de fecha nueve del actual se tuvo por evacuado el traslado y se acordó no haber lugar a decretar la nulidad de actuaciones y quedó levantada la suspensión para dictar sentencia.

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Luis Ma. Díaz Valcárcel.

Primero. - El primer motivo de casación invoca el ordinal tercero del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que ha existido infracción de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente del artículo 359 de la propia Ley, en cuanto reclama congruencia no sólo con la demanda sino también con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Alega el recurrente que la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona reconoce el derecho del demandado a ser indemnizado por el equivalente a una tercera parte del valor de los cobertizos y establos existentes en las fincas objeto del proceso; pero nada dice respecto a la indemnización por las obras de mejora consistentes en explanaciones y supresión de márgenes, a pesar de que el resarcimiento por tales conceptos fue también solicitado por vía reconvencional implícita en el escrito de contestación a la demanda. La Sentencia de instancia, en su parte dispositiva, comienza diciendo que «estima en parte» el recurso interpuesto por la representación procesal de la parte demandada y, en su virtud, «revoca en parte» la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Berga y concede al referido demandado un derecho de retención (no cuestionado en el presente recurso) y un derecho a ser indemnizado en la cuantía de un tercio del valor de las edificaciones arriba reseñadas. Recientemente la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1991 resume la doctrina jurisprudencial en relación con el tema de la congruencia en las sentencias. Así, la apreciación de los elementos fácticos que haga el Tribunal no puede provocar una incongruencia, ni bajo la rúbrica de este vicio in iudicando debe atacarse dicha apreciación, reemplazándola por la propia y particular del recurrente (Sentencia de 28 de octubre de 1970). No se produce incongruencia por el cambio del punto de vista del Tribunal respecto al mantenido por los interesados, siempre que se observe por aquél el absoluto respeto para los hechos, que son los únicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposición de las partes, si bien con la facultad del juzgador de fijar los alegados de modo definitivo según el resultado de las pruebas (Sentencia de 13 de diciembre de 1985). En el caso que nos ocupa no hay incongruencia defectiva u omisiva sino, simplemente, estimación parcial de las pretensiones reconvencionales implícitas, lo cual supone, necesariamente, desestimación de los restantes pedimentos del demandado. Ello resulta claro del cotejo entre la parte dispositiva de la Sentencia -única impugnable- y las peticiones subsidiarias contenidas en el «suplico» del escrito de contestación a la demanda. Asimismo se deduce del fundamento cuarto de la Sentencia cuando la Sala estima probado que las obras de los cobertizos y establos fueron costeadas al menos en parte, con fondos provinentes del propio demandado; convicción que el Tribunal a quo no hace extensiva a todas las obras de mejora realizadas en las fincas y, concretamente, a las de explanación y supresión de márgenes.

Segundo. - El segundo motivo de casación, al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la infracción por inaplicación de los artículos 1.231 y 1.232 del Código civil en cuanto disponen que la confesión judicial que recaiga sobre hechos personales del confesante hace prueba contra su autor. Alega el recurrente que los actores confiesan que el demandado realizó algunas obras de mejora en los campos, especialmente explanaciones y supresión de márgenes, y que tales mejoras «fueron también costeadas por el Sr. X quien igualmente trabajó personalmente en su realización». Como puede verse en el examen de las actuaciones, el Sr. R. no confiesa lisa y llanamente las posiciones que se le formulaban al respecto; antes bien, sus respuestas son extensas y matizadas, negando concretamente que fue el demando Sr. X quien costeare las obras. Ello significa que los artículos del Código civil que se mencionan como inaplicados son realmente inaplicables por no darse el supuesto de hecho que contemplan, a saber, la confesión en sentido estricto. Como dice la jurisprudencia interpretativa del invocado artículo 1.232 la confesión ha de ser clara, precisa y contundente y, aún así, tampoco sería decisiva por si sola, dada su perdida condición de reina de las pruebas (Sentencias de 21 de mayo de 1982 y 3 de diciembre de 1985). En nuestro sistema procesal de libre apreciación de prueba la confesión no es prueba plena, salvo en el caso que se preste bajo juramento decisorio, sin que el juzgador esté obligado a seguirla en su resultado, sin perjuicio de valorarla en relación con las demás probanzas practicadas pero sin exclusividad prevalente (Sentencias de 4 y 25 de noviembre de 1983). La confesión judicial ni es superior a los demás medios de prueba, ni tiene por sí virtualidad y eficacia suficiente para que se estimen demostradas las alegaciones (Sentencia de 27 de noviembre de 1985). Últimamente la Sentencia de 15 de marzo de 1991 insiste en que si la Sala a quo hace una apreciación conjunta de la prueba teniendo en cuenta no sólo la de confesión sino las demás practicadas no procede invocar la infracción del art. 1.232 del Código civil pues la Sala aquilata el valor de la confesión judicial combinándola con los demás elementos probatorios, y deduce de todos ellos los efectos que procede dar a la misma; sin que sea lícito dividirla contra el que la hace, y su fuerza probatoria ha de referirse al conjunto armónico de las respuestas dadas sobre un mismo hecho.

Tercero. - Al amparo del ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se articula el tercero y último de los motivos de casación por entender que existe interpretación errónea del art. 278 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña en cuanto la Sentencia declara que el valor de las mejoras en que debe ser indemnizado el actor reconvencional se calculará de acuerdo con los precios vigentes en el momento en que fueron realizadas. Al mismo tiempo el recurrente considera infringido el principio general que prohíbe el enriquecimiento sin causa, así como el art. 3.1 del Código civil, según el cual las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

Con carácter previo al examen de este motivo del recurso conviene precisar: 1º- En el caso que nos ocupa la persona que reclama indemnización por las mejoras realizadas es el yerno de los actores, las fincas mejoradas son propiedad de los suegros y eran explotadas por una comunidad familiar integrada por los citados así como por la hija de los actores y esposa del demandado, legalmente separada del mismo desde el año 1989. 2º.- No obstante lo dicho, la Sentencia recurrida en casación aplica al supuesto de autos los principios generales sobre accesión y, más concretamente, el art. 278 de la Compilación que recoge parcialmente las prescripciones del «usatge» si quis in alieno incluido en el Libro VII de las «Constitucions i altres drets de Catalunya». Extremo que no ha sido combatido en casación por lo que, en aras de la congruencia, nada cabe decir. 3º- La parte dispositiva de la Sentencia ordena que el demandado sea indemnizado por el equivalente al tercio del valor de los cobertizos y establos existentes en las fincas «a precios del momento de su edificación». Esta última precisión sobre el cálculo del resarcimiento no aparece razonada en la Sentencia ni consta en el texto del art. 278, aunque se pronuncia en tal sentido alguna Sentencia de la extinta Audiencia Territorial de Barcelona (Sala Segunda, sta. de 25 de setiembre de 1979).

Cuarto. - La diferencia entre calcular el importe de la indemnización con criterios meramente nominalistas (cantidad de pesetas efectivamente desembolsadas) o con criterios realistas (valor actual de los materiales y jornales empleados) no tenía trascendencia en los tiempos en que el poder adquisitivo de la moneda se mantenía constante y por ello la cuestión no aparece planteada en los textos clásicos. Pero en épocas en que la depreciación monetaria se produce mes tras mes y alcanza elevadas cotas, el pago en pesetas actuales de una cantidad desembolsada cuando el dinero tenía un valor muy superior resulta inicua salvo que se introduzca algún factor de corrección; máxime cuando, como sucede en el presente caso, entre un momento y otro pueden haber transcurrido más de veinte años con lo que el teórico derecho a ser indemnizado resultaría en la práctica irrisorio si se aplican criterios nominalistas. Por otra parte, la equidad exige también contemplar la situación de los actores, dueños del suelo quienes para levantar el derecho de retención resultante de la aplicación del art. 278 de la Compilación deberían comprar unas construcciones que quizá actualmente no les reporten utilidad.

Parece pues equitativo que la indemnización al demandado se compute actualizando el valor de los materiales y jornales realmente empleados, pero sólo hasta el límite que supone el valor real de los cobertizos y establos en el estado en que hoy se encuentran. La solución expuesta no sólo resulta de una interpretación del art. 278 a la luz de la realidad inflacionaria para conseguir que la aplicación de la norma no vulnere la equidad (art. 3 del Código civil) sino que además tiene precedentes jurisprudenciales, como la Sentencia de 4 de marzo de 1892 que sienta el criterio de que «la indemnización debida al poseedor de buena fe que edificando de nuevo o de cualquier otro modo mejorase la finca ajena, no está determinado por el coste de la obra sino en tanto en cuanto siendo la misma obra necesaria o útil, se conserve sin menoscabo y exista al tiempo de entrar el verdadero dueño en posesión, porque de otra manera podría aquél enriquecerse indebidamente en perjuicio de éste». El criterio adoptado tampoco es extraño al derecho civil catalán. Así, el art. 215 del novísimo Codi de Successions per causa de mort (Llei 40/1991, de 30 de desembre) prevé que las mejoras introducidas en los bienes fideicomitidos se estimarán por el aumento de valor que los bienes han experimentado, sin que pueda exceder del precio de coste actualizado. Y el art. 1.425 del Código civil, referente al régimen de participación, dispone que los bienes constitutivos del patrimonio final se estimarán según el estado y valor que tuvieron en el momento de la terminación del régimen; criterio aplicable en Cataluña para los supuestos de asociación a compras y mejoras (art. 53.2 de la Compilación).

Quinto. - De acuerdo con la regla 4.ª del artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cada parte satisfará las costas que hayan ocasionado en el recurso.

FALLAMOS:

Que estimando el tercero de los motivos del recurso de casación interpuesto por la representación de X contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona el día 18 de septiembre de 1991 (rollo 348/91) resolviendo en apelación el juicio de menor cuantía planteado en el Juzgado de Primera Instancia de Berga (88/90) por Y1 y Y2, casamos parcialmente la referida sentencia en cuya parte dispositiva la frase «i a preus del moment de la seva edificació» será sustituida por «actualizando el valor de los materiales y jornales realmente empleados de acuerdo con la depreciación experimentada por la peseta, y sin que la indemnización pueda exceder de una tercera parte del valor de los cobertizos y establos en el momento actual, ni ser inferior a la que resultaría aplicando el criterio de la Audiencia, para evitar la reformatio in peius», todo ello sin hacer especial imposición de las costas del recurso.

Líbrese a la mencionada Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, certificación de esta Sentencia, juntamente con el rollo y autos que en su día fueron remitidos.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.