Projecte Norma Civil
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Sentència de 31 d'octubre de 1991

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 31 d'octubre de 1991, núm. 14/1991 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret 
Part dispositiva 

Excmo. Sr. Presidente: Sr. José A. Somalo Giménez.

Illtmos. Sres. Magistrados: Sr. Luis M.ª Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, Sr. Luis Puig Ferriol, Sr. Joaquín Badía Tobella.

 

Barcelona a treinta y uno de Octubre de mil novecientos noventa y uno.

VISTOS por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida por los Magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona, consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos en el Juzgado de Primera Instancia num. 13 de los de Barcelona, sobre nulidad de contratos de opción de compra y compraventa, cuyo recurso fue interpuesto por X1 i X2, representados por el Procurador D. Luis A. Pérez de Olaguer Moreno bajo la dirección del Letrado D. Carlos Feliu de Travy, en el que es parte recurrida Y1, Y2 i Y3, habiendo comparecido en el recurso solamente Y1, representado por el Procurador D. Carlos Badía Martínez y defendido por el letrado D. Joan Muñoz Xancó.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. Que ante el Juzgado de Primera Instancia num. 13 de los de Barcelona, fueron vistos los autos indicados de juicio declarativo de menor cuantía a instancia de X1 y X2, contra Y1, Y2 y Y3, donde solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideraba oportunos, que se dictase sentencia estimando íntegramente la demanda se declarase lo siguiente: Que el contrato de opción de compra suscrito privadamente entre X2 y Y1 en 24 de mayo de 1976 y elevado a público mediante escritura autorizada en 31 de mayo del mismo año por el Notario D. Vicente Font Boix con el número de protocolo 1.618, así como la escritura de compraventa con pacto de retro otorgada por los mismos y dichos contratantes en la última de las indicadas fechas ante el mismo fedatario y con número de protocolo 1.619, son nulos de pleno derecho, y que asimismo son nulos de pleno derecho por traer causa de los citados contratos, basarse en los mismos o constituir modificaciones, ampliaciones o especificaciones de ellos, el contrato suscrito por X2 y X1 de una parte y Y1 de otra, en fecha 3 de abril de 1977, el acta de manifestaciones en relación a éste autorizada por el Notario D. Juan José López Burniol en la misma fecha y con número 117 de su protocolo, la escritura de renuncia al derecho de retraer autorizada en la propia fecha por el citado fedatario con número de su protocolo 116, el contrato anexo al antes referido de 13 de abril y de fecha 22 de junio de 1977 y, en fin, el contrato de compraventa relativo a la vivienda de autos o sea, la vivienda de la calle de C. núm. --, -º -ª de esta ciudad, otorgado entre Y1 de una parte, y los consortes Y2 y Y3 de otra, mediante escritura pública autorizada en 13 de noviembre de 1981 por el Notario de Barcelona D. Manuel Ocaña Campos, y se declara al propio tiempo la nulidad de las inscripciones causadas en el Registro de la Propiedad por cualquiera de los jurídicos que se declaren nulos. Y, en consecuencia, se condene a los demandados a estar y pasar en cada caso por las dichas declaraciones que respectivamente les afectan y a entregar a mi principal la finca vivienda antes dicha y objeto de los contratos que se declaran nulos, con reintegro a favor del demandado Y1 de las cantidades entregadas a tenor de los antes dichos contratos a mis representados o a cualquiera de ellos, y correlativo abono a éstos por parte del X1 del importe de los frutos de la vivienda, estimados en el precio medio de alquiler de una vivienda de tales características en esta ciudad, o bien para el caso de que no fuera posible la entrega de la cosa por estimarse que los consortes Y2 y Y3, terceros registrales de buena fe, se condene a Y1 a satisfacer a X2 la cantidad de OCHO MILLONES de pesetas, o aquella mayor o menor que se fijaren, como expresiva del valor de la vivienda de autos en la fecha de sucesión a los aludidos consortes, así como al pago de los intereses de tal cantidad y de los frutos de la cosa estimados de la forma arriba dicha, y en fin, se condene igualmente a los demandados al pago de las costas del juicio. Por medio de un otrosí, fijaba la cuantía del procedimiento en ocho millones de pesetas, valor de la finca objeto de los contratos cuya nulidad interesaba.

 

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de los demandados para que en el plazo legal comparecieran en los autos personándose en forma y contestando la demanda, lo que hicieron los mismos a través de su representación procesal, oponiéndose a la misma en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimaron pertinentes con la súplica de que se dictara sentencia desestimando totalmente la demanda interpuesta con total absolución de sus representados y con imposición de costas a la parte demandante. Y siguiendo el juicio por sus trámites se dictó sentencia el 18 de octubre de 1989, cuya parte dispositiva es: «FALLO: Que estimado parcialmente la demanda formulada por X1 y X2 contra Y1, Y2 y Y3, debo absolver y absuelvo a Y2 y a Y3 de las pretensiones contra ellos deducidas en la demanda y debo declarar y declaro el contrato de opción de compra suscrito privadamente entre X2 y Y1 en 24 de mayo de 1976 y elevado a público mediante escritura autorizada el 31 de mayo del mismo año, así como la escritura de compraventa con pacto de retro otorgada por los mismos contratantes en la última de dichas fechas son nulos de pleno derecho y asimismo son nulos de pleno derecho por traer causa de los citados contratos, el contrato suscrito por X2 y X1 de una parte y Y1 de otra, en fecha 13 de abril de 1977, el acta de manifestaciones en relación a este de la misma fecha y la escritura de renuncia al derecho de retraer y el contrato anexo al anterior de fecha 22 de junio de 1977 y debía declarar y declaraba la nulidad de las inscripciones causadas por dichos títulos en el Registro de la Propiedad y debo condenar y condeno a Y1 a estar y pasar por dichas declaraciones y a entregar a los actores la cantidad de SIETE MILLONES TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE PESETAS e intereses legales de dicha cantidad desde el 13 de noviembre de 1981 fecha de la transmisión de la finca a los codemandados en concepto de frutos, e intereses legales de dichas cantidades desde la fecha de la presentación de la demanda; condenando igualmente a dicho demandado al pago de las costas del procedimiento; con excepción de las causadas a los demandados absueltos Sres. X1 y X2 que se imponen al actor.»

 

Tercero. - Contra la citada sentencia la representación del demandado Y1, interpuso recurso de apelación que fue admitido a ambos efectos y sustanciándose la alzada la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 16 de abril de 1991 dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Y1 contra la sentencia dictada el 18 de octubre de 1989 por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de la Instancia num. 13 de Barcelona, en autos de Menor cuantía núm. 750/87 instados por X1 y X2 contra el apelante y Y2 y Y3, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la misma, desestimando la demanda y absolviendo al demandado de todos los pedimentos contenidos en la misma, imponiendo las costas de la primera instancia a los demandados y sin hacer expresa condena de las mismas a esta alzada. Y firme que sea esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento.»

 

Cuarto. - El procurador D. Luis Alfonso Pérez de Olaguer Moreno, en representación de X1 y X2 formalizó recurso de casación por infracción de normas del Derecho civil y Compilación del Derecho civil Especial de Cataluña, que basaba en los motivos siguientes:

Primero. - Al amparo del art. 1692, 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicable para resolver las cuestiones objeto del debate jurídico. Como norma jurídica infringida por aplicación indebida, cita el art. 326 de la Compilación del derecho civil Especial de Cataluña.

Segundo. - Al amparo del art. 1692, 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por no aplicación de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo por la que se establece el concepto del negocio fiduciario de «fiducia cum creditore» contenida entre otras en las Sentencias de dicho tribunal de 8 de marzo de 1957, 15 de octubre de 1964, 1 y 21 de marzo de 1969, 2 de junio de 1982 y 19 de mayo de 1982, y

Tercero. - Al amparo del art. 1692, 5º de la Ley de Enjuiciamiento civil que prohíben el pacto comisorio en los contratos de garantía real y los arts. 6.4 y 1275 del Código Civil.

 

Quinto. - Admitido el recurso y evacuado el trámite del Ministerio Fiscal y el de instrucción de las partes, se señaló para la vista el día diecisiete del actual mes de octubre en que tuvo lugar, con asistencia de los Procuradores y Letrados de las partes, informando los últimos lo que tuvieron por conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones, declarándose el recurso visto para Sentencia.

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Luis Mª. Díaz Valcárcel.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero. - Las premisas fácticas sobre las que la Audiencia construye su Sentencia no han sido impugnadas en el recurso de casación por lo que esta sala ha de considerarlas intangibles. La Audiencia, a su vez, remite al fundamento jurídico primero de la Sentencia de primera instancia en el cual, como dice, se exponen con rigor los resultados de la prueba documental practicada «medio fundamental en este pleito al plasmarse los pactos entre las partes litigantes en documentos privados y públicos» (fundamento de derecho tercero). El complejo iter negocial recorrido por X2 y por Y1, tal como aparece demostrado en autos y aceptado por las resoluciones de instancia, puede resumirse, por lo que aquí interesa, en los siguientes puntos: A) El 24 de mayo de 1976, mediante un documento privado, la X2, que es propietaria de un piso, concede al X1 el derecho de opción de compra sobre el mismo. B) el día 31 del mismo mes y año el documento privado de opción es protocolizado. C) El mismo día y en el siguiente número del protocolo el notario autoriza un contrato que denomina «compraventa con pacto de retro» por el que ejercitando la opción de compra (que no menciona el pacto de retro) la X2 vende el piso por el precio de dos millones cincuenta y cinco mil pesetas de las cuales un millón cuatrocientas cincuenta mil quedan retenidas por el comprador para hacer frente a la hipoteca que grava la finca. A virtud del pacto de retro la vendedora «se reserva el derecho de adquirir la finca que acaba de vender, por todo el plazo concedido entre el día de hoy y el día 31 de noviembre de 1977, inclusive, por el mismo precio de esta compraventa». D) El día 13 de abril de 1977 X2 otorga una escritura, que el notario rotula «de renuncia», por la que «da por anticipadamente caducado el derecho de poder adquirir la finca de referencia» y «en contraprestación a dicha renuncia, confiesa y reconoce haber recibido antes de este acto y en dinero efectivo de Y1 la suma de cien mil pesetas, firmando carta de pago» E) En la misma fecha los citados más el esposo de la X2 protocolizan un documento en el que la referida señora reconoce adeudar a Y1  un millón quinientas cincuenta mil pesetas que se obliga a reintegrar en cinco plazos. El acreedor concede a la deudora «un derecho de retracto convencional sobre la finca descrita en el antecedente y de este contrato, propiedad del X1», es decir, el piso de constante referencia. E) La deudora no pagó ninguna de las sumas a que se había obligado y el acreedor, en fecha 11 de diciembre de 1978 le notificó que daba por «resuelto de pleno derecho el retracto convencional convenido el 13 de abril de 1977». G) En enero de 1979 el X1 formuló demanda de desahucio por precario de la vivienda de autos, pleito que terminó el 17 de julio de 1981 con el lanzamiento de la X2 y familia. A su vez dicha señora interpuso querella por usura que fue sobreseída el mismo año 1981. H) El 13 de noviembre de 1981 X1 vendió el piso a los consortes C.- B. en 4.833.016 ptas. I) El 23 de julio de 1987 la señora Z. y su esposo presentaron la demanda inicial de las presentes actuaciones.

 

Segundo. - El primer motivo de casación, fundado en el num. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción, por aplicación indebida, del art. 326 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña. El examen de las actuaciones revela que el referido artículo de la Compilación no es invocado en los escritos de demanda y de contestación y no es aplicado por ninguna de las dos Sentencias de instancia, por lo que mal puede hablarse de «aplicación indebida». Es más, la sentencia recurrida en casación, elude la cuestión al expresar que, a los fines de la litis es indiferente que el negocio jurídico «se le califique de compraventa con pacto de retroventa o compraventa a carta de gracia, figuras que producen efectos diferentes en cuanto a la transmisión de la propiedad, tema que no ha sido objeto de discusión en esta alzada». Es conocida la doctrina jurisprudencial en el sentido de que no es misión de los Tribunales la de emitir dictámenes o resolver dudas de los litigantes que no estén en conexión necesaria con el thema decidendi, por lo que no procede hacer especulaciones sobre la exacta naturaleza jurídica de los negocios reseñados, cuestión ajena al presente recurso.

 

Tercero. - El primer motivo de casación, rechazado en el fundamento anterior, es considerado por el recurrente «a modo de capítulo previo y aclaratorio» del segundo que, formulado al amparo del art. 1692, 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cita como infringida por no aplicación la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que establece el concepto del negocio fiduciario en la modalidad de fiducia cum creditore contenida en las Sentencias de 8 de marzo de 1957, 15 de octubre de 1964, 1 y 21 de marzo de 1969, 2 de junio de 1982 y 19 de mayo de 1982, entre otras. La parte recurrente basa su argumentación en el contrato rotulado de «compraventa con pacto retro» celebrado el 31 de mayo de 1976 entre al X2 como vendedora y el X1 como comprador; contrato que en su opinión encubre un préstamo y no transmite al comprador la propiedad de la cosa vendida sino de un modo formal, como garantía de la devolución del mutuo. Olvida la parte en su argumentación que el contrato de referencia no es sino un eslabón en la larga cadena de negocios jurídicos celebrados entre ambos litigantes que hemos resumido cronológicamente en el fundamento jurídico primero. La Sentencia impugnada parte de la «actuación de uno y otro contratante según se desprende de las pruebas practicadas» y llega a la conclusión de que el comprador «adquirió la condición de propietario con plenas facultades». Esta Sala no comparte íntegramente la argumentación de la Audiencia pero partiendo del mismo sustrato fáctico sólidamente asentado en la prueba documental y no combatido en este recurso llega a la misma conclusión de que se operó una transmisión plena e irrevocable del dominio de la finca. No hay que olvidar, ante todo, que la primera intención de la X2 fue la de vender pura y simplemente el piso de su propiedad, como resulta del contrato privado de opción de compra protocolizado el mismo día en que fue suscrita la compraventa con pacto retro, precisamente en ejercicio del derecho de opción. Máxima importancia tiene el documento notarial de 13 de abril de 1977 por el que la vendedora «da por anticipadamente caducado el derecho de poder adquirir la finca de referencia» y «en contraprestación a dicha renuncia reconoce haber recibido del comprador «cien mil pesetas». Bien se interprete como renuncia onerosa al ejercicio del retracto, bien como enajenación del derecho de lluïr i quitar, es lo cierto que a partir de este momento el X1 deviene pleno propietario de la finca. Así, en las manifestaciones protocolizadas el mismo día, D. Miguel X1 actúa como propietario de la finca de autos y como tal dueño «concede a X2 un derecho de retracto convencional sobre la finca descrita en el antecedente y de este contrato, propiedad del X1»; derecho de retracto o, mejor, de opción de compra que no fue ejercitado por la actora. Como dice textualmente la Sentencia recurrida, el comprador «desde entonces ejercitó los derechos inherentes a la titularidad dominical y así pagó las contribuciones, impuestos y gastos, facturas de la comunidad de propietarios, promoviendo acción de desahucio contra los ocupantes». En resumen: la Audiencia estima correctamente que si bien en una primera fase del complejo negocial se instrumentó la compraventa en funciones de garantía, posteriormente ambas partes aceptaron expresamente por escrito y por sus actos coetáneos y posteriores que el pleno dominio de la finca había pasado al X1 Esto sentado, hay que concluir rechazando el segundo motivo de casación pues la doctrina jurisprudencial sobre el negocio fiduciario en su modalidad de fiducia cum creditore no es aplicable a los hechos que la Sentencia combatida estima probados.

 

Cuarto. - El tercero y último de los motivos del recurso, formulado también al amparo del art. 1692, 5º de la Ley de Enjuiciamiento civil, denuncia la inaplicación de los artículos 1858 y 1859 del Código Civil así como los artículos 6, 4 y 1275 del mismo cuerpo legal. Estima el recurrente que se ha vulnerado la prohibición del llamado pacto comisorio en virtud del cual el acreedor se apropia o dispone de las cosas dadas en prenda o hipoteca. Cabría decir, ante todo, que en el supuesto de autos no aparece celebrado ningún contrato de prenda (previsto normalmente para cosas muebles, art. 1864 del Código civil) ni el derecho real de hipoteca que requiere, de modo indispensable, que el documento en que se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad (art. 1875 del Código civil). No es correcto decir que la prohibición del comiso sea general en nuestro ordenamiento jurídico como lo fue en el romano, según ha tenido ocasión de recordar esta Sala en Sentencia de 29 de mayo pasado, siguiendo la del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1988 que en su fundamento de derecho décimo octavo y refiriéndose a los pactos de la Lex Comisoria manifiesta que «si bien es innegable que la doctrina de esta Sala los tiene admitidos para ciertos supuestos, ello no tiene un carácter general en cuanto que en otros los rechaza». Asimismo conviene recordar que en el caso que nos ocupa la finca no pasó a ser propiedad del acreedor por un acto unilateral de éste que la hiciera suya al espirar el plazo del retracto sin haber cobrado la deuda. Fue la deudora quien mediante precio, renunció anticipadamente al ejercicio del retracto reconociendo desde entonces expressis verbis al comprador su calidad de propietario sin restricciones, titularidad dominical ratificada por actos propios de ambos contratantes. Debe pues rechazarse también este último motivo del recurso toda vez que el demandado no adquirió la propiedad de la finca a virtud de un pacto comisorio prohibido por la ley, no siendo de aplicación los artículos que se reputan infringidos.

 

Quinto. - A virtud de los dispuesto en el último párrafo del art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer las costas al recurrente, sin que se haya constituido depósito.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la potestad conferida por el pueblo español

 

FALLAMOS:

 

Que se desestima íntegramente el recurso de casación interpuesto por X1 y X2, contra la Sentencia dictada por la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y uno, con expresa imposición de las costas causadas.

Líbrese a la mencionada Audiencia testimonio de la presente sentencia juntamente con los autos originales y rollo de apelación que en su día fueron remitidos a este Tribunal.

Así, por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

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