Projecte Norma Civil
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Sentència de 31 de juliol de 1991

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  
de 31 de juliol de 1991, núm. 9/1991 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva

Excmo. Sr. Presidente: D. José Antonio Somalo Giménez.

Illmos. Sres. Magistrados: D. Luis M.ª Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, D. Lluís Puig Ferriol, D. Joaquín Badía Tobella.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida por su Presidente y Magistrados que figuran al margen, en virtud de la potestad jurisdiccional que le reconoce la Constitución, ha dictado la siguiente:

 

En Barcelona a treinta y uno de Julio de mil novecientos noventa y uno.

En el Recurso Extraordinario de Revisión formulado ante esta Sala por D. X , mayor de edad, casado y vecino de Castelldefels, representado por el Procurador D. Manuel Gramunt de Moragas bajo la dirección del Letrado D. Óscar Farré Sala, al amparo del apartado primero del art. 1.796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto a la sentencia firme dictada en grado de apelación por la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 21 de Junio de 1990, Rollo 570/89, en autos de juicio declarativo de menor cuantía del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de los de Sant Boi de Llobregat, núm. 264/88, sobre resolución de contrato de arrendamiento, seguidos a instancia de D.ª Y, mayor de edad, viuda, jubilada y vecina de Castelldefels, que ha estado representada por el Procurador D. Ángel Joaniquet Ibarz y defendida por el Letrado D. Augusto Rodríguez Sánchez. Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. - Por el referido Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Sant Boi de Llobregat y en los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos a instancia de D.ª Y contra D. X, dictó sentencia con fecha 10 de mayo de 1989, cuya parte dispositiva, dice: «FALLO: Que desestimando las excepciones de falta de competencia y legitimación activa formuladas por la demanda y estimando íntegramente la demanda formulada por D.ª Y contra D. X, debo declarar y declaro resuelto por término el contrato de arrendamiento de industria correspondiente a la actividad de Bar-Restaurante «Z», sito en el término de C, P, entre los mojones M-00 y M-00, condenando al demandado a estar y pasar por esta declaración y a que deje libre y a disposición de la actora la mencionada industria, y al pago de los daños y perjuicios en la cuantía de la renta hasta que se lleve a efecto dicha entrega con expresa imposición de costas al demandado».

 

Segundo. - La Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado, dictó con fecha 21 de Junio de 1990 la sentencia cuya parte dispositiva dice: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el demandado D. X, contra la sentencia dictada el diez de mayo de mil novecientos ochenta y nueve por el Ilmo. Sr. Juez de 1.ª Instancia n.º 1 de Sant Boi de Llobregat, en autos de menor cuantía n.º 624/88 promovidos por D.ª Y contra el recurrente, debemos confirmar y la confirmamos íntegramente, haciendo expresa condena de las costas de esta alzada al apelante.»

 

Tercero. - La representación del litigante D. X, mediante escrito de fecha 24 de octubre de 1990 presentado en la Secretaría de esta Sala el 30 del mismo mes, formuló demanda de juicio o recurso extraordinario de revisión, respecto de dicha sentencia firme, amparando la acción revisoria en el art. 1.796, apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber aparecido, con posterioridad a la notificación de la sentencia de apelación indicada, documento de nueva noticia, que había llegado a conocimiento de dicha representación el pasado 4 de septiembre de 1990, y por el cual la Administración niega que la en su día demandante tenga, ni haya tenido nunca, concesión administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre en el término de Castelldefels, apoyando su pretensión en los hechos y fundamentos que son de ver de dicho escrito al que acompañaba los documentos que estimaba oportunos, así como el resguardo justificativo de haber depositado en el establecimiento destinado al efecto la cantidad exigida por la Ley, suplicando que previos, los trámites necesarios, se dictara sentencia dando lugar al mismo con la consiguiente rescisión total de la sentencia impugnada, declarando no haber lugar a lo solicitado por la actora por su falta de legitimación activa, y reintegro a esa parte del depósito constituido, expidiéndose certificación del fallo y devolviendo los autos al órgano jurisdiccional de procedencia.

 

Cuarto. - Por providencia de 30 de Octubre de 1990 de esta Sala se tuvo por presentado el anterior escrito con los documentos y copias acompañados, formándose autos en los que tuvo por comparecido y parte al Procurador D. Manuel Gramunt de Moragas en nombre y representación de D. X y por interpuesto el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de que se trataba, quedó unido por testimonio el resguardo del depósito aportado por importe de doce mil pesetas cuyo resguardo quedó bajo la custodia del Secretario de Sala, designándose Ponente al Magistrado Ilmo. Sr. Don Jesús Corbal Fernández.

 

Quinto. -Comunicadas las actuaciones al Ministerio Fiscal para que informara acerca de la competencia y procedimiento, con traslado del escrito presentado, formuló escrito evacuando dicho trámite en el que manifestaba que consideraba procedente la admisión a trámite del recurso extraordinario de revisión interpuesto. Acordada la competencia de esta Sala por resolución de la misma de fecha 20 de Diciembre de 1990, para conocer de la tramitación y resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto, y admitido el mismo a trámite, se acordó reclamar los antecedentes del pleito y recibidos que fueron y unidos a los autos, de conformidad con lo prevenido en el párrafo segundo del art. 1801 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dispuso emplazar a la actora en los autos D.ª Y y al demandado en los mismos D. X , para que dentro del término legal de cuarenta días comparecieran en el presente recurso a sostener lo que conviniera al derecho de los mismos, bajo apercibimiento de ser declarada su rebeldía. Comparecidas ambas partes, por el demandado recurrente se reiteró lo manifestado en sus anteriores escritos. Admitido a trámite el recurso para sustanciarlo conforme a las más establecidas para los incidentes, se confirió traslado a la parte recurrida personada, con entrega de copias, para que contestara en término de seis días, trámite que evacuó oportunamente contestando y oponiéndose al recurso en base a cuanto expone en el escrito oportuno en el que suplicaba que en su día se dictara sentencia en la que se declarara no haber lugar al recurso de revisión interpuesto y con expresa condena de costas al recurrente.

 

Sexto. - Recibido el incidente a prueba se llevaron a efecto las propuestas y admitidas a las partes, consistentes en las documentales reclamadas y aportadas a los autos con el resultado que es de ver de los mismos.

 

Séptimo. - Finalizado el período de prueba y unidas a los autos las practicadas, se acordó traer los mimos a la vista para sentencia, y habiéndose solicitado dentro de plazo la celebración de vista pública se acordó y tuvo lugar en la sala de audiencia de este Tribunal el día veintinueve de los corrientes con la asistencia de los Procuradores y Letrados de ambas partes, informando los últimos, en apoyo de sus respectivas pretensiones.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero. - Para facilitar la comprensión de la decisión a adoptar en el presente recurso procede exponer los antecedentes siguientes: a) El día 1 de octubre de 1983 Dª. Y arrendó a D. X el negocio de bar-restaurante denominado Z instalado en una caseta de obra ubicada entre los mojones M-00y M-00 de la Playa de C, lindando con el P n.º 00; b) El 10 de Mayo de 1989 se dictó sentencia por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Sant Boi de Llobregat en el juicio de menor cuantía n.º 264 de 1988 en la que estimando la demanda entablada por D.ª Y contra D. X declaraba resuelto el contrato de arrendamiento de industria correspondiente a la actividad de Bar-Restaurante «Z»; c) Formulado recurso de apelación por el demandado, la antedicha resolución judicial fue confirmada por la sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de Junio de 1990; y, d) El 30 de Octubre de 1990 D. X formula recurso de revisión con base, por un lado, en que la Sra. Y carecía de legitimación activa para accionar dado que el restaurante-bar litigioso está ubicado en zona marítimo-terrestre y la mencionada no tiene título alguno para su uso por cuanto no ostenta la calidad de concesionaria (a lo que se ha añadido en la vista de la alzada que tampoco en otro caso podría arrendar), y, por otro lado, que de dicho hecho se tuvo conocimiento al ser incorporado al procedimiento penal Diligencias Previas n.º --- de 1987 del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Sant Boi una certificación de la Demarcación de Costas de Cataluña, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en la que se hace constar que D.ª Y no es concesionaria de ninguna zona de dominio público marítimo-terrestre en Castelldefels, cuyo documento (que lleva fecha de 3 de Noviembre de 1988 y del que se afirma que pese a haberse solicitado el 10 de Octubre de 1988 no llegó a la causa penal hasta el 14 de agosto de 1990 y no fue conocido por el Letrado que interviene en la misma hasta primeros de septiembre) se califica como de nueva noticia, fundamental para la decisión, y, por ende, incardinable en el número primero del art. 1.796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Segundo. - Resulta incuestionable la improcedencia del recurso planteado porque fundamentándose la revisión que se pretende en el número primero del art. 1.796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el precepto exige para su prosperabilidad que «después de pronunciada una sentencia firme se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor, o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado», y en el caso ocurre que el documento que se menciona al efecto no consta que estuviere detenido por fuerza mayor o malicioso proceder de la parte favorecida por la sentencia impugnada, requisito de inexcusable concurrencia como enseñan entre otras las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1983, 2 de julio de 1985, 21 de junio y 14 de julio de 1986, y cuya prueba corresponde al recurrente como declara la sentencia de 18 de abril de 1987; además no tiene la condición de documento recobrado, ya que no cabe aplicar tal consideración a los que el recurrente tuvo a su disposición durante la tramitación del juicio (sentencias de 16 de julio y 25 de octubre de 1986, 3 de marzo y 23 de octubre de 1987 y 21 de octubre de 1989), y obviamente se tienen a disposición, cual sucede con el de autos, si se pueden obtener de un Registro u Oficina Pública (artículo 504, párrafo tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y sentencias de 21 de junio de 1986, 18 de abril, 25 de septiembre y 15 de diciembre de 1987), sin que obste en modo alguno el olvido de la parte (sentencia de 24 de octubre de 1988), ni siquiera en su caso la dificultad en la localización (sentencia 12 de junio de 1967); y, por último, ni siquiera el documento sería decisivo para resolver el pleito, pues sólo es decisivo el documento que puede ser eficaz para alterar el fallo y no parcialmente su fundamentación (sentencias de 27 de abril de 1954 y 22 de septiembre de 1986), y es claro que sin hacer una nueva exégesis del pleito, absolutamente innecesaria, basta decir que el planteamiento del Sr. P. G. no tiene ninguna consistencia ni en la perspectiva de la doctrina de la posesión, ni de la equidad, ni de la buena fe, siendo incontestable la existencia del arrendamiento y la legitimación «ad causam» de la Sra. Y para ejercitar la acción resolutoria, con independencia de si la misma gozaba o no de la titularidad de la concesión administrativa; a todo lo que sólo cabe añadir que el denominado en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil recurso de revisión, sea un remedio excepcional, un recurso extraordinario o un nuevo proceso o juicio jurisdiccional, al implicar una restricción del principio de la cosa juzgada, y como consecuencia del de la seguridad jurídica que ésta conlleva, es de interpretación restrictiva, tanto en el número taxativo de motivos, como en la determinación del alcance de cada uno de ellos, de tal modo que no cabe imaginar una función genérica de corrección de errores, enmienda de infracciones de preceptos procesales o sustantivos, o de concesión de la posibilidad de utilizar nuevos argumentos o pruebas, fuera de los estrictos casos previstos, que precisamente por su rigidez y restrictividad suponen la exigencia de un riguroso tecnicismo en la formulación del escrito de impugnación.

 

Tercero. - De conformidad con lo establecido en el art. 1.809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se condena a la parte recurrente en todas las costas y a la pérdida del depósito.

Por todo lo expuesto, EN NOMBRE DEL REY Y POR LA AUTORIDAD CONFERIDA POR EL PUEBLO ESPAÑOL.

 

FALLAMOS:

 

Que declaramos improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Procurador D. Manuel Agramunt de Moragas en nombre y representación procesal de D. X, y condenamos al recurrente al pago de las costas y a la pérdida del depósito, sin que contra esta sentencia quepa recurso alguno. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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