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Sentència de 22 de juliol de 1991

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  
de 22 de juliol de 1991, núm. 7/1991 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret 
Part dispositiva 

Excmo. Sr. Presidente: D. José Antonio Somalo Giménez.

Illmos. Sres. Magistrados: D. Luis M.ª Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, D. Lluís Puig Ferriol, D. Joaquín Badía Tobella.

Barcelona a veintidós de Julio de mil novecientos noventa y uno.

VISTOS por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía n.º 50/88 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Berga, sobre deslinde de fincas y otros extremos, cuyo recurso fue interpuesto por D. X, representado por el Procurador D. Jaime Guillem Rodríguez y defendido por el Letrado D. José Prat Benlloch, en el que son también parte recurrente los demandados D. Y1 y Da. Y2, representados por el Procurador D. Jordi Fontquerni Bas, bajo la dirección del letrado D. Valentí Calderer Torrescasana.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia de Berga, fueron vistos a instancia de D. X autos de juicio declarativo de menor cuantía promovidos contra D. Y1 y Da. Y2 ; la parte actora formalizó su demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimaba oportunos, que se dictara sentencia en la que se declarara que los demandados practicaran el deslinde de la finca a que se refería en la demanda con la del actor, que también describía, fijando la línea de separación entre ambas y se condena a los demandados a reconocer y respetar el dominio justificado por el actor en la total superficie y linderos que acreditaba su título, reintegrando al demandante en la posesión de la porción de ---- metros cuadrados de la que indebidamente y de mala fe se posesionaron los demandados, y se procediera a la demolición de la edificación efectuada en dicho terreno, reponiendo las cosas a su estado primitivo a costa de los demandados, fijándose la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, todo ello con expresa condena en costas.

 

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de los demandados para que en término legal comparecieran en los autos personándose en forma legal y contestaran a la demanda, lo que así verificaron oportunamente mediante el oportuno escrito redactado con arreglo a las prescripciones legales y en súplica de que se desestimara la demanda y estimando la excepción que alegaban de falta de litis consorcio positivo necesario, y para el caso de no estimarlo así, dictar sentencia no dando lugar a la demanda en todas sus partes y subsidiariamente, para el supuesto de así no acordarlo y estimar que las naves de la granja de sus representados, o parte de las mismas, hubieran sido construidas sobre terreno de finca vecina, declarar que sus representados debían abonar a quien resultare propietario de tales terrenos, el importe de los mismos, de conformidad a la superficie estimada y al valor de compra de aquellos terrenos a determinar en ejecución de sentencia, y en todos los casos, condenar al actor al pago de las costas del juicio.

Por el Juzgado se dictó sentencia el 26 de junio de 1989, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que estimando en parte como estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de D. X , contra D. Y1 y D.ª Y2, debo declarar y declaro que el linde entre la finca "F." propia del actor y las de propiedad de los demandados transcurre en la zona de tangencia por el límite de las parcelas catastrales núms. --- y ---2 del polígono n.º -- de Cardona, correspondiendo al actor el pleno dominio de la parcela ---2 y en consecuencia, debo condenar y condeno a dichos demandados a que reintegren al actor la porción de aquella parcela catastral que indebidamente ocupan, y a perder en favor del actor, lo en ella edificado, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.»

 

Tercero. - Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de los demandados, que fue admitido en ambos efectos y, sustanciándose la alzada, la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia el día 3 de diciembre de 1990, cuya parte dispositiva dice: «FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso interpuesto por la representación procesal de los demandados D. Y1 y Da. Y2 y con revocación parcial de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Berga, declaramos que el actor D. X , es propietario de la finca descrita en el hecho primero de la demanda cuya línea perimetral de colindancia con la finca de los demandados transcurre del modo determinado en el catastro de Riqueza Rústica, correspondiente al término municipal de Cardona, polígono n.º - de las fincas señaladas con los núms. --- y ---2, pertenecientes respectivamente la primera al actor y la segunda a los demandados. Asimismo declaramos que la finca del actor ha sido invadida por los demandados, quienes han edificado en aquel terreno, dejando para el trámite de ejecución de sentencia la determinación y concreción de la superficie ocupada así como si lo edificado se construyó en parte sobre el terreno propio de edificante o en su totalidad en terreno del actor, teniendo en el primer caso el dueño de las edificaciones un derecho a adquirir la parte invadida mediante el pago de su precio y en el segundo el dueño del terreno tendrá el derecho de opción previsto en el art. 361 del Código civil. No se hace expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias.»

 

Cuarto. - Por la representación procesal de ambas partes, litigantes se formalizaron recursos de casación, respectivamente, por infracción de normas de Derecho civil común y de Derecho civil de la Compilación de Cataluña, fundándolo el demandante recurrente en los siguientes motivos: 1.º) Al amparo del n.º 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por aplicación indebida del apartado 1.º y 2.º del art. 364 del Código civil. 2.º) Al amparo del n.º 5 del art. 1.692, por infracción por aplicación indebida del art. 361 del Código civil. 3.º) Lo fundamentaba al amparo del n.º 5 del mismo artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por no aplicación del apartado 1.º y 2.º del art. 1.º de la Compilación de Derecho civil de Cataluña, y 4.º) Al amparo del n.º 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por no aplicación del art. 278 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña.

Por la representación de los demandados recurrentes, el recurso de casación se fundaba en los siguientes motivos. 1.º) Que ampara en el n.º 4.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil. 2.º) Que amparaban en el n.º 5 del mismo art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por estimar infringidos los artículos 348, 349 y 350 del Código civil. 3.º) Al amparo del n.º 5.º del propio art. 1.692, por estimar infringidos los arts. 205 y 207 de la Ley Hipotecaria y el 298 de su Reglamento. 4.º) Lo amparaban en el n.º 5.º del mismo art. 1.692 de la Ley Procesal, por infracción del art. 7 del Código civil. 5.º) Lo amparaban en los n.º 4.º y 5.º del referido art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por considerar mal aplicados el art. 1.248 del Código civil y el 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido al valor probatorio que las sentencias recurridas estiman a los testigos de la parte actora. 6.º) Lo amparaban en los n.º 4.º y 5.º del mismo art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 660 en relación con el 39 de la misma Ley y el art. 1.248 del Código civil, y 7.º) Que amparaban en el n.º 3.11 del citado artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de lo dispuesto por los arts. 516 y 517 de la misma Ley, o sea, falta de entrega de copia de documentos.

 

Quinto. - Admitidos los recursos, formado el presente rollo de casación en el que fue evacuado oportunamente el trámite previsto del Ministerio Fiscal y el de instrucción por las partes, se señaló para la vista el día once de los corrientes, en que tuvo lugar, con asistencia de los Procuradores y Letrados de las partes, informando los últimos en apoyo de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Presidente D. José A. Somalo Giménez.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero. - La demanda origen del presente recurso se presenta en el Juzgado de Primera Instancia de Berga, por D. X que solicita: el deslinde de una finca rústica de su propiedad, sito en el término municipal Cardona; que se fije la línea de separación con la de los demandados, D. Y1 y D.ª Y2 ; y que se reintegre al actor en la posesión de una porción de ---- metros cuadrados que indebidamente poseen aquellos. Asimismo se solicita la demolición de la edificación construida en suelo ajeno.

La sentencia de primera instancia estima en parte la demanda, declarando que el linde entre la finca denominada «F.», propiedad del actor y las de propiedad de los demandados «transcurren en la zona de tangencia por el límite de las parcelas catastrales núms. --- y ---2 del polígono n.º - de Cardona», correspondiendo al actor el pleno dominio de la parcela --- y se condena a los demandados al reintegro de la porción indebidamente ocupada y a perder en favor del actor lo en ella edificado.

Por su parte la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 3 de diciembre de 1990, estima en parte el recurso de apelación interpuesto por los demandados, y si bien reconoce que el lindero discutido es el determinado en el catastro en la línea colindante de las fincas --- y ---2 antes mencionadas, declara que la finca del actor ha sido invadida por los demandados, edificando en terreno de aquél, dejando para ejecución de sentencia la determinación de la superficie ocupada, así como si lo edificado se construyó en todo o en parte en terreno del actor, variando en uno u otro caso los derechos del edificante del dueño del terreno.

Contra esta sentencia ambas partes formularon recurso de casación, solicitando en él, el demandante recurrente, que se resuelva de conformidad con los pedimentos aceptados en parte en primera instancia; y los demandados, también recurrentes, que se case y anule la sentencia impugnada con los pronunciamientos necesarios.

 

Segundo. - Analizando en primer lugar el recurso interpuesto por los demandados, Sres. Y1 y Y2, debe examinarse con prioridad el último de los motivos formulados por serlo al amparo del núm. 3 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dadas las consecuencias procesales que, según el art. 1715 de la misma Ley, se producirían en el supuesto de que procediera su estimación.

Se alega por los mencionados recurrentes la infracción de lo dispuesto en los arts. 516 y 517 de la Ley procesal citada en cuanto a la falta de entrega de copias de documentos, concretamente los números 6 y 7 de los acompañados con la demanda. Y si bien es cierto que los demandados, antes de contestar a la demanda, denunciaron esta irregularidad en escritos de 2 de julio de 1988, solicitando a su vez se suspendiera el plazo para la contestación a la demanda, las deficiencias fueron subsanadas por providencias de 8 de julio y 16 de julio de 1988. Aparte de que ni en el escrito de proposición de pruebas de 20 de julio de 1988 ni en el de resumen de las mismas de 28 de noviembre de 1988 se pone de manifiesto por los demandados la falta ahora denunciada, y a la que tampoco se alude en la proposición de prueba formulada en apelación a través del escrito dirigido a la Sala en 21 de octubre de 1989. Si a ello se añade que queda constatado en autos el conocimiento, examen y valoración de esos documentos por parte de los demandados (V. folio 194 girado de los autos de 1.ª instancia), se llega a la conclusión de que no existieron las deficiencias e irregularidades alegados ni, en consecuencia, la indefensión de parte que exige el núm. 3 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que conduce a la desestimación del motivo.

 

Tercero. - Con fundamento en el núm. 4 del art. 1692 de la Ley Procesal civil los demandados, a través de los motivos 1.º, 5.º y 6.º, estiman que existió error en la apreciación de la prueba, concretamente en lo que hace referencia a la determinación de los linderos de las fincas, a la documentación del catastro (motivo primero); y al valor probatorio que las sentencias de instancia conceden a los testigos de la parte actora, incluidos los que fueron tachados (motivos 5.º y 6.º); considerando además, en los motivos quinto y sexto, amparados también en el núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aplicaron indebidamente los artículos 659, 660 de esta Ley y del art. 1248 del Código civil. Motivos que han de ser rechazados por cuanto ni siquiera se alude a documentos que obren en autos, demostrativos del error en la apreciación de la prueba, de la equivocación del juzgador. Los recurrentes se limitan a hacer una valoración subjetiva de la prueba testifical rechazando la realizada por el juzgador de instancia. Y en cuanto a la determinación de los linderos, tampoco señalan un documento que «per se» revele lo contrario de lo apreciado en la instancia; sólo se critica la deducción contenida en la sentencia impugnada. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo es constante y reiterada en este extremo. Así la sentencia de 23 de octubre de 1990, señala que «no cabe dentro del ámbito extraordinario de este recurso, hacer un nuevo proceso valorativo del conjunto probatorio examinado en las instancias; no es correcto basar las motivaciones del recurso en razonamientos fundados en apreciaciones personales del alcance que a la parte le merecen unos concretos elementos de prueba». En el mismo sentido se pronuncian las sentencias de 12 de noviembre de 1990, 14 de noviembre de 1990, y 5 de diciembre de 1990.

 

Cuarto. -Finalmente, al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los demandados, en los motivos 2.º 3.º y 4.º del recurso, estiman que se han infringido los arts. 348, 349 y 350 del Código civil, los arts. 205 y 207 de la Ley Hipotecaria y 298 del Reglamento para su aplicación, así como el art. 7 del Código civil.

La infracción de los citados arts. 348 a 350 del Código Civil, referentes a la definición y extensión del derecho de propiedad pretende justificarla los demandados recurrentes, sobre la base de alterar las circunstancias fácticas de la sentencia impugnada, lo que no se ha conseguido por la vía del núm. 4.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se insiste, a través del motivo 2.º del recurso, en afirmar que la granja de los Sres. ---- no se ha edificado sobre parte de los terrenos del demandante, volviendo a hacerse una nueva valoración de la prueba relativa al deslinde, practicada en la instancia, prueba que no ha sido desvirtuada en el presente recurso.

Por otro lado, se alega la infracción de los preceptos de la legislación hipotecaria mencionados, referentes a la inmatriculación de títulos públicos por exceso de cabida, partiendo del supuesto, no demostrado, de que el exceso de cabida inscrito en el Registro, sin perjuicio de tercero hasta pasado dos años, conforme dispone el art. 207 de la Ley Hipotecaria, afecta directamente al límite de las fincas de los litigantes establecido en la resolución impugnada.

La supuesta existencia de abuso de derecho, y la consiguiente infracción del art. 7.º del Código civil, se intenta justificar en el recurso aludiendo al comportamiento del actor que compra en 1983 una finca por 125.000 ptas. y pretende ahora que le indemnicen al menos con cinco millones de pesetas para resolver el asunto, como reconoció en prueba de confesión. Pero la actitud de abuso de derecho a que se refieren los demandados recurrentes se basa en la supuesta mala fe del dueño del terreno, circunstancia que escapa al control de un recurso extraordinario como el presente y que fue debidamente valorada en la sentencia recurrida. A este respecto el Tribunal Supremo en sentencias de 30-11-81 y 29-4-86 señala que «la estimación de la buena o mala fe es una cuestión de hecho reservada a la soberana resolución del Tribunal sentenciador cuyas declaraciones, como resultado y apreciación de la prueba practicada han de prevalecer frente al más interesado criterio de la parte». No debe olvidarse, por otro lado, que esta cuestión no se planteó en la instancia y que, en principio, no abusa de sus derechos quien intenta definirlos contra el que edifica en su terreno. Lo que conduce a la desestimación de los últimos motivos examinados y, consecuentemente, de todo el recurso presentado por los demandados los consortes D. Y1 y D.ª Y2.

 

Quinto. - Por su parte, el demandante recurrente D. X fundamenta su recurso en cuatro motivos amparados en el núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refiriéndose el primero de ellos a la aplicación indebida del art. 364 del Código civil. Según el recurrente, la aplicación de este artículo que convierte en actuantes de buena fe al edificante y al dueño del terreno cuando se demuestra la mala fe de ambos, es incompatible en el precepto expreso del art. 278 de la Compilación del Derecho civil de Cataluña.

No obstante, como seguidamente se dirá, la incompatibilidad no se produce y la aplicación del art. 364 del Código civil en Cataluña viene avalada por la doctrina de los autores más significativos que, al tratar esta materia, consideraban que la eventual mala fe del constructor queda enervada en el supuesto de que la edificación se hiciera a la vista del dueño del terreno invadido sin que éste se opusiera, entendiéndose que hacía donación de la facultad de edificar. Pero este criterio, los autores modernos, con referencia al Derecho actual, lo consideran artificioso debiéndose aplicar el art. 364 del Código civil.

No ha habido, pues, aplicación indebida del precepto antedicho y no puede prosperar el primer motivo del recurso.

 

Sexto. - Los siguientes tres motivos del recurso, alegados por el actor, están tan íntimamente relacionados que deben examinarse al tiempo ya que, sucesivamente, denuncian la aplicación indebida del art. 361 del Código civil (motivo 2.º), la no aplicación del art. 1.º de la Compilación del Derecho civil de Cataluña (motivo 3.º) y la no aplicación del art. 278 de la Compilación (motivo 4.º).

Uniendo en un solo argumento los razonamientos repartidos por el recurrente en los tres motivos comentados, aquél entiende que las disposiciones del Derecho civil de Cataluña son de preferente aplicación a las del Código civil y, en consecuencia, es el art. 278 de la Compilación y no el 361 del Código civil el que debe regular el supuesto discutido de edificación en suelo ajeno, tanto de buena como de mala fe.

Pero inalterados, al ser combatidos sin éxito, los hechos que fundamentan la sentencia recurrida, hay que partir, por un lado, de que la finca del actor ha sido invadida por la de los demandados en la parte en que son colindantes las fincas señaladas con los números --- y ---2 del Polígono n.º - del catastro de la Riqueza Rústica correspondiente al término municipal de Cardona y, a su vez, que la edificación, por la compensación de comportamientos a que se refiere el art. 364 del Código civil, se ha realizado de buena fe. Con lo que estas circunstancias, unidas a la no probanza en la 1.ª y 2.ª instancia de la concreta superficie ocupada por la edificación en suelo ajeno, condicionan la aplicación que se hace del art. 361 citado o la que debió hacerse del art. 278 de la Compilación.

La sentencia impugnada, que deja para el trámite de ejecución de sentencia la concreción de la superficie ocupada antes aludida y si lo edificado en un todo o sólo parcialmente se sitúa en terreno del actor, aplica correctamente el art. 361 del Código civil en los casos de accesión invertida, cuando la invasión del suelo ajeno es parcial, esto es, en las llamadas «construcciones extralimitadas». En estos supuestos el principio de «superficie sólo cedit» se sustituye por el de «accessorium sequitur principale», atribuyendo la calidad de principal a lo construido cuando su importancia y valor superan al de la parte del suelo, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1981. Esta sentencia junto con las anteriores de 30-6-23, 31-5-49, 17-6-71, 23-10-73, 27-11-84, 12-11-85 y 19-4-88 señalan como requisitos de la accesión invertida los siguientes: a) que el instituto de la accesión viene regulado en función directa de la cosa principal, en cuyo favor ha de ceder la accesoria; b) que en materia de construcción extralimitada debe reputarse como principal lo edificado y como accesorio la porción de terreno invadida; c) que conjugando criterios armónicos de equidad, sentido social de la propiedad y económico de la edificación debe respetarse siempre la indivisibilidad de la construcción; y d) que al dueño del suelo invadido asiste un indudable derecho a una compensación económica justa por la intromisión que ha de soportar como consecuencia de los principios anteriores y como obligado tributo a una relación de vecindad entre fundos.

Esta doctrina aplicada para los casos de edificación parcial de buena fe en suelo ajeno, tanto en territorios de aplicación directa del Código civil como en Cataluña, justifica la decisión tomada por la sentencia recurrida «si lo edificado se construyó en parte sobre terreno propio del edificante» teniendo, en este caso, el dueño de lo edificado derecho a adquirir la parte invadida mediante el pago de su precio y la justa compensación a que se alude en el punto d) antes referido.

Pero si la ejecución de sentencia demostrara que la edificación se hizo «en su totalidad en terreno del actor», el Derecho civil de Cataluña, en el art. 278 de la Compilación ha de aplicarse con preferencia el 361 del Código civil pudiendo, el que haya edificado de buena fe, retener la edificación hasta que el dueño le reintegre, afiance o comunique judicialmente el precio de los materiales y de los jornales de los operarios, en la cuantía que declare quien pretenda la retención sin perjuicio de las comprobaciones posteriores.

Y al no haberlo hecho así la sentencia recurrida debe estimarse parcialmente el motivo 2.º y totalmente los motivos 3.º y 4.º examinados; y, consiguientemente, procede la estimación parcial del recurso del actor en los términos que se determinan en la parte dispositiva de la presente resolución.

 

Séptimo. - Por aplicación de lo dispuesto en los arts. 1715, en relación con el 523 y 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se hace especial condena en las costas causadas en las instancias inferiores. Se imponen las del presente recurso a los demandados recurrentes por haber sido el suyo totalmente desestimado. Y en cuanto al recurso del actor no se hace especial pronunciamiento sobre las costas al haber sido estimado parcialmente.

Por todo lo expuesto, EN NOMBRE DEL REY Y POR LA AUTORIDAD CONFERIDA POR EL PUEBLO ESPAÑOL:

 

FALLAMOS:

 

Que se desestima el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Jordi Fontquerni Bas en nombre y representación de D. Y1 y D.ª Y2 contra la sentencia dictada por la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona el 3 de diciembre de 1990; y estimamos parcialmente el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Jaime Guillem Rodríguez en nombre y representación de D. X contra la citada resolución, en el sentido de sustituir, casando en este particular la sentencia impugnada, el pronunciamiento referente a que el dueño del terreno tendrá el derecho de opción previsto en el art. 361 del Código civil si la construcción se hiciere totalmente en su terreno, por el de que el dueño del terreno y los que realizaron la edificación tendrán los derechos que les concede el art. 278 de la Compilación del Derecho civil de Catalunya, manteniendo en su integridad el resto del fallo combatido.

Y en cuanto a las costas no se hace especial condena de las causadas en la instancia y, en relación con las del presente recurso, se imponen a los demandados al haber sido para ellos desestimado, no haciéndose especial pronunciamiento respecto a las del demandante recurrente. Líbrese certificación de esta resolución, que se remitirá a la Audiencia Provincial de Barcelona, juntamente con el rollo y autos enviados en su día.

Así por esta nuestra Sentencia, que se anotará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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