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Sentència de 29 de maig de 1991

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 29 de maig de 1991, núm. 5/1991 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret 
Part dispositiva 

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

Illmos. Sres. Magistrados: D. Luis M.ª Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol, D. Joaquin Badía Tobella.

 

En la ciudad de Barcelona a veintinueve de Mayo de mil novecientos noventa y uno.

VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 11 de Barcelona, cuyo recurso fue interpuesto por D. X., representado por el Procurador D. Angel Montero Brusell y asistido por los letrados D. Manuel Fernández de Villavicencio, D. Marius Miró i Gili y D. Felipe Portabella Cornell contra D. Y , representado por el Procurador D. José Joaquín Pérez Calvo y asistido por el letrado D. José Marcet Soler.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. - Que ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 11 de los de Barcelona, fueron vistos autos a instancia de D. X contra D. Y ; la parte actora formalizó demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimaba oportunos, que se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: Que se dictara sentencia declarando la nulidad de la escritura de compraventa otorgada entre el actor y el demandado, declarando que se trata de un préstamo y que la parte actora tiene la obligación de devolver al actor la suma de treinta y tres millones de pesetas, incrementada en un 18 % anual hasta el treinta de junio pasado, descontando de la cantidad que resulte, la de 1.485.000 ptas. por haberlas ya percibido el actor. Y subsidiariamente y para el improbable supuesto de que no prosperase la anterior acción, dar lugar a la de rescisión por lesión, prevista en la Compilación de derecho civil de Cataluña, declarando alternativamente o la condena al demandado a que satisfaga al actor la suma de 57.502.739 ptas. incrementada en sus intereses legales desde la trasmisión del inmueble, o que se le condene a devolver el piso al actor previo pago por parte de éste de la suma de 29.303.511 ptas., así como de los gastos justificados que hubiera por razón del inmueble tenido, condenándole asimismo al pago de las costas, si se opusiere a los pedimentos del actor.

 

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento del demandado para que en el término legal compareciera en los autos personándose en forma, lo que así verificó oportunamente, mediante la presentación de escrito de contestación a la demanda arreglado a las prescripciones legales, en el que solicitaba se desestimase la petición del actor, continuando el juicio por sus trámites, acordándose realizar varias pruebas para mejor proveer, las cuales se llevaron a la práctica con el resultado obrante en autos.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 25 de julio de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que desestimando totalmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Montero Brusell en representación de D. X contra D. Y representado por el Procurador Sr. Pérez Calvo, debo absolver y absuelvo al demandado D. Y de dicha demanda; condenando a la parte actora al pago de las costas procesales».

 

Tercero. - Contra dicha sentencia se interpuso por la parte demandante recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada, la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en fecha 23 de noviembre de 1990, cuya parte dispositiva dice: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Ángel Montero Brusell en nombre y representación de D. X, contra la sentencia dictada en fecha 25 de julio de 1990 por el Juzgado de Primera Instancia n.º once de Barcelona, en autos de menor cuantía n.º 702/89, de que dimana este rollo, debemos CONFIRMARLA Y LA CONFIRMAMOS íntegramente, sin hacer expresa condena de las costas de esta alzada. Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento».

 

Cuarto. - Por el Procurador Sr. Montero Brusell en representación de D. X, se formalizó el recurso de casación que funda en los motivos siguientes: Primero.- Al amparo del ordinal quinto del art. 1.692 de la L.E.C. por infracción de los arts. 1.281 y 1.282 del Código civil , al calificar la sentencia el contrato como de compraventa y no como préstamo con garantía (fiducia cum creditore). Segundo.- Al amparo del ordinal quinto del art. 1.692 de la L.E.C. por inaplicación de la jurisprudencia relativa al contrato de fiducia cum creditore. Tercero.- Al amparo del ordinal quinto del art. 1.692 de la L.E.C. por infracción de los arts. 1.274 y 1.276 del Código Civil e inaplicación de la jurisprudencia relativa al negocio simulado. Cuarto.- Al amparo del ordinal quinto del art. 1.692 de la L.E.C. por infracción del art. 1.859 del Código civil prohibitivo del pacto comisorio. Quinto.- Al amparo del ordinal quinto del art. 1.692 de la L.E.C., por infracción de los arts. 1.249 y 1253 al no aplicar las sentencias de instancia la prueba de presunciones al caso debatido. Sexto.- Al amparo del ordinal quinto del art. 1.692 de la L.E.C. por inaplicación de los arts. 1.º, 2.º, 3.º, 8.º y 9.º de la Ley de 23 de julio de 1908 (Ley Azcarate o de represión de la usura) sobre nulidad de los contratos de préstamo usurarios. Séptimo.- Subsidiariamente, para el caso de no ser estimado ninguno de los anteriores motivos se articula el presente, al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 de la L.E.C., consistente en error en la apreciación de la prueba basado en la escritura pública de hipoteca otorgada ante el Notario de Barcelona D. José Luis Gasch Ruidor a 11 de noviembre de 1982, obrante en autos en la certificación expedida por el Registro de la Propiedad n.º 15 de Barcelona (inscripción 7.ª), que demuestra la equivocación del Juzgador y no resulta contradicho por otros elementos probatorios, en relación a los documentos n.º 2 de la demanda y doc. n.º 9 de la proposición de prueba de la demandada.

 

Quinto. - Admitido el recurso y evacuado el trámite del Ministerio Fiscal y el de instrucción por las partes, se señaló para la vista el día dieciséis del actual, en que tuvo lugar la misma.

Ha sido Ponente el Illmo. Sr. Magistrado D. Luis M.ª Díaz Valcárcel.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero. - La demanda inicial de las presentes actuaciones plantea la nulidad de la escritura de compraventa otorgada entre actor y demandado el quince de septiembre de 1988 (más exactamente la nulidad del contrato) y, subsidiariamente, la rescisión por lesión. Conviene precisar, con carácter previo, que la legislación aplicable a la referida obligación contractual es la civil catalana puesto que no consta sumisión expresa de las partes (art. 10.5 del Código civil), que ostentan vecindad civil catalana, y el contrato se celebró en Barcelona respecto a una finca sita en la misma ciudad. No es obstáculo para ello el que los contratantes pacten una acción de retracto y mencionen el art. 1.518 del Código civil; referencia, esta última, que no es sino una forma abreviada de convenir los reembolsos que deberá hacer el vendedor en el supuesto de que ejercite el derecho de retracto. Esta precisión sobre la Ley aplicable resulta necesaria toda vez que el retracto convencional regulado en los arts. 1.507 y siguientes del Código civil, y las ventas a carta de gracia o empenyorament de los arts. 326 a 328 de la Compilación del Derecho civil de Cataluña, si bien tienen un mismo origen y una finalidad parecida, son fruto de una evolución histórica distinta y presentan, en la actualidad, regulaciones no coincidentes. Así lo reconoció la jurisprudencia anterior a la Compilación: «el retracto convencional castellano y la carta de gracia catalana coinciden esencialmente en su origen y finalidad, pues ambos derivan del pacto de retrovendendo, aunque con características especiales tanto en Castilla como en Cataluña». «La legislación aplicable, estatutaria y preferentemente, es la peculiar o privativa de aquella región, que contiene reglas ordenadoras del pacto de carta de gracia, sin que en el sentido objetivo entre en juego la legislación común» (Sentencia del T.S. de 8 de marzo de 1951). Y lo reafirma la jurisprudencia producida con posterioridad, como la Sentencia del T.S. de 23 de marzo de 1972, al decir que se trata de «figuras jurídicas que si bien coinciden esencialmente en su origen y finalidad pues ambas van encaminadas a facilitar al vendedor la recuperación de lo vendido mediante la devolución del precio, gastos y mejoras, tienen sin embargo diferencias sustanciales referentes principalmente al modo de tratar el plazo, tiene gran trascendencia los efectos del contrato y no pueden confundirse».

 

Segundo. - La doctrina de los autores y la jurisprudencia reconocen que la finalidad actual del contrato de empenyorament en Cataluña en -por parte del vendedor- la de obtener dinero sin desprenderse irrevocablemente de la cosa, por lo general inmueble. El comprador adquiere un dominio temporalmente revocable que se transforma en irrevocable si no se ejercita el derecho a redimir. En otro caso, la devolución del precio queda plenamente garantizada. En este sentido, la Sentencia del T.S. de 3 de mayo de 1976 nos dice «que la figura contractual de la compraventa con pacto de retro, que ha ocasionado entre los tratadistas discusiones y polémicas apasionadas... tiene sin embargo su justificación en la libertad de contratación proclamada por el art. 1.255 del Código civil y puede obedecer sin duda a razones perfectamente respetables compaginando, por ejemplo, la necesidad de vender, sin más complicaciones, para disponer del precio, con la esperanza de poder recuperar la cosa vendida dentro de un plazo determinado, como consecuencia de un cambio de la situación económica; de tal forma que no es posible apriorísticamente adoptar una actitud negativa en todo caso frente a un contrato perfectamente lícito y moral». Estos fines se consiguen en la legislación común mediante la estipulación en la compraventa de un retracto convencional; en el contrato de empenyorament, que tiene su propia identidad, mediante el desdoblamiento que produce del dominio en dos derechos reales específicos: el dominio resoluble del comprador y el derecho a redimir del vendedor.

 

Tercero. - Durán i Bas nos dice en su Memoria acerca de las Instituciones del Derecho civil de Cataluña, que el contrato de venta a carta de gracia fue calificado antiguamente de «venta bastarda»; «de surte que, para calificarlo con mayor exactitud, debe considerársele como un préstamo con prenda, sobre la cual el poseedor ejerce los derechos de dominio con carácter revocable». Parés lo llama «contrato hijo de la previsión, que ampara por igual los intereses de ambas partes contratantes; al vendedor con la esperanza de readquirir la cosa; al comprador asegurándole el precio que ha entregado». Faus Condomines afirma que en la clasificación general de los contratos el empenyorament ocupa un lugar intermedio entre los contratos de enajenación y los de aseguramiento o garantía real. La doble naturaleza del contrato, los dos aspectos que nos ofrece -pone de relieve el autor- han determinado incluso una doble denominación: como venta y como «empeño». La doctrina más reciente y autorizada estima que la compraventa a carta de gracia o empenyorament es un contrato de enajenación porque mediante la traditio transmite el dominio si bien resoluble en virtud del derecho que se reserva el vendedor de recuperar el bien, ya que su intención no fue desprenderse definitivamente de él, sino que sirviese de garantía. El Tribunal de Cassació de Catalunya, en Sentencia de 10 de diciciembre de 1937, cita los Decretales de Gregorio IX que reputan la venta con pacto de retro como un contrato de préstamo, «Considerada la venda en qüestió com una veritable venda a carta de gràcia catalana, que generalment adopta la figura d'empenyorament, en la cual el posseïdor exerceix el dret de domini amb caràcter revocable - contracte que dona al prestamista una major seguretat que la mateixa hipoteca, i estalvia al que el rep l'amargor de perdre irremissiblement la propietat que les més de las vegades adquirí dels seus avantpassats, esprit i fonament d'aquesta institució a Catalunya, com reconeixen tots els autors». El Tribunal Supremo, en Sentencia de 8 de octubre de 1981, estima que el contrato en cuestión genera «en muchos casos un singular modo de adquirir préstamos, como lo da a entender tanto el nombre de venta a carta de gracia, originada de una venta pendiente del vendedor y la denominación de empenyorament por evidenciarse en la experiencia práctica que muchas de esas enajenaciones significaban en realidad una prenda disfrazada de compraventa, con lo que no cabe sino reconocer que el préstamo es, en esencia, la base fundamentadora de la compraventa a carta de gracia o empenyorament definida en el art. 326 de la Compilación... y por consiguiente que la compraventa de tal naturaleza no se desvirtúa en su esencia y carácter jurídico por tener su causa sustentadora en un préstamo, puesto que éste, en definitiva, es lo que le da vida y la configura, sin que en consecuencia pueda revelar causa falsa sino, por el contrario, lo que en realidad se consideró por los contratantes».

 

Cuarto. - Lo dicho en los párrafos anteriores permite desestimar los tres primeros motivos del recurso de casación, amparados todos ellos en el ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el préstamo es, en esencia, la base fundamentadora de la compraventa a carta de gracia, como afirma -quizá con excesiva rotundidad- la Sentencia del T.S. de 8 de octubre de 1981; o si el empenyorament es un contrato específico que cumple funciones de garantía, es lo cierto que no puede decirse, como hace el recurrente al articular el primer motivo de casación, que «encubre» un contrato de préstamo con garantía, verdadera causa contractual querida por los otorgantes. Argumentación que sólo podría ser cierta si partiéramos de la base -que esta Sala rechaza- de que el contrato de compraventa a carta de gracia o empenyorament es un contrato de compraventa con una cláusula de retracto convencionalmente añadida. La desestimación del primer motivo acarrea la del segundo por supuesta inaplicación de la jurisprudencia relativa al contrato de fiducia cum creditare, que realmente no se aplica porque en el caso que nos ocupa hay una verdadera transmisión de dominio erga omnes o inter partes como se advierte de la lectura de los documentos público y privado otorgados el día 15 de septiembre de 1988. Ello sin mencionar que la interpretación de los negocios jurídicos es función privativa del Tribunal de instancia cuyo criterio debe mantenerse en casación, salvo exégesis desorbitadas o arbitrarias que pugnen con la lógica y el sentido de los textos o cláusulas sometidas al raciocinio del Juzgador (Stcia. del T.S. de 23 de diciembre de 1985). De lo dicho se desprende con claridad que el contrato celebrado entre los hoy litigantes no es un negocio jurídico simulado ni absoluta ni relativamente, tiene la causa que le asigna el art. 1.274 del Código civil y no expresa ninguna causa falsa (art. 1.276 del mismo cuerpo legal), por lo que debe rechazarse también el tercer motivo de casación.

 

Quinto. - La misma suerte desestimatoria debe correr el quinto de los motivos de casación que denuncia la infracción de los arts. 1.249 y 1.253 del Código civil al no aplicar las sentencias de instancia la prueba de presunciones al caso debatido. Por lo dicho anteriormente no cabe llegar a la conclusión -como hace el recurrente- «de que la verdadera voluntad de las partes fue otorgar y aceptar un préstamo». La Sentencia del T.S. de 30 de abril de 1990 nos recuerda, refiriéndose a la prueba de presunciones, que es «doctrina reiterada de esta Sala que por su especial naturaleza (deducción personal del Juez) es difícil que pueda ser exigida a éste su aplicación, siendo excepcional que pueda impugnarse en casación haberse omitido su empleo, a menos que hubiera sido propuesta por las partes y discutida en el pleito (Sentencias, entre muchas otras, de 21 de octubre y 9 de diciembre de 1982; y 26 de junio de 1984)». El examen de lo actuado revela que no concurre la hipótesis exigida por la jurisprudencia para discutir en casación la inaplicación por la Sala sentenciadora de la prueba de presunciones.

 

Sexto. - Asimismo denuncia la parte recurrente al amparo del ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la infracción del art. 1.859 del Código civil, prohibitivo del pacto comisorio. Ante todo hay que decir que no existe en nuestra legislación común una prohibición general del pacto comisorio, como no hubo en el Derecho romano. Ciertamente, el art. 1.859 del Código civil previene que el acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas y el art. 1.884 extiende la prohibición a la anticresis; pero otros artículos -verbigracia el 1.504- parecen admitirlo. La Sentencia del T.S. de 22 de diciembre de 1988, en su fundamento de derecho décimo octavo, refiriéndose a los pactos de la Lex Comisoria expresa que «si bien es innegable que la doctrina de esta Sala los tiene admitidos para ciertos supuestos, ello no tiene un carácter general en cuanto que en otros los rechaza». En el contrato de compraventa a carta de gracia la propiedad de la cosa es adquirida por el comprador en el momento de perfeccionarse el contrato y no como consecuencia del incumplimiento por parte del vendedor que, a diferencia del prestatario (art. 1.740 y 1.753 del Código civil) no está obligado a devolver nada, y nada incumple si no ejercita el derecho de redimir. En el supuesto de que el derecho de lluïr i quitar caduque sin haberse ejercitado, el dominio que ya ostentaba el comprador pasa a ser irrevocable al extinguirse el derecho temporal a redimir que se reservó el vendedor. La moderna doctrina catalana ha dicho que «en la compraventa a carta de gracia el pacto comisorio es implícito» frase que hay que entender en el sentido de que es inherente al contrato en cuestión la transmisión del dominio que en un primer momento es resoluble y luego se hace irrevocable. Por todo ello, ni el contrato de empenyorament es reducible a un préstamo con garantía real y pacto comisorio, ni vulnera una inexistente prohibición general de comiso o mecanismo legal de análoga finalidad.

 

Séptimo. - Denuncia asimismo el recurrente la inaplicación de diversos artículos de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamo usurario. Es opinión común que las compraventas a carta de gracia pueden encubrir operaciones usurarias y éste ha sido siempre el magno argumento de sus detractores, aunque a decir verdad cualquier institución jurídica es susceptible de una utilización desviada. Si el negocio articulado a través de un empenyorament es sustancialmente equivalente a un préstamo usurario le será aplicable la Ley Azcárate a tenor de lo dispuesto en su art. 9, sancionado con la nulidad (art. 3) y la persona asimilada al prestatario vendrá obligada a devolver únicamente la suma recibida. En el caso que nos ocupa la alegación de usura es una cuestión nueva que al aparecer por sorpresa en el recurso extraordinario puede originar indefensión en la otra parte. La Sentencia del T.S. de 8 de octubre de 1981, en supuesto perfectamente subsumible al de autos, argumenta que «si ciertamente el contrato de compraventa a carta de gracia o empenyorament, típico en el Derecho catalán, al tener su base sustentadora en el préstamo, según viene indicado en el segundo de los considerandos de esta resolución, puede ser declarado usurario por los Tribunales según la normativa del art. 4 de la referida Ley de 23 de julio de 1908, como ponen de manifiesto las Sentencias de esta Sala de 26 de octubre de 1912, 25 de octubre de 1924 y 7 de febrero de 1948, es también igualmente exacto que para posibilitar la nulidad del contrato en cuestión con base en lo dispuesto en el párrafo 1.º del art. 1 de la precitada Ley de represión de la usura se habría precisado que así hubiera sido solicitado en el juicio determinante del presente recurso, lo que no ha sucedido en el que se trata desde el momento en que en la súplica de la demanda, como tampoco en la contestación, réplica y dúplica, escritos rectores del proceso y que lo centran en su alcance delimitador, ninguna pretensión se formuló en tendencia a la nulidad del tan mencionado contrato sometido a controversia, con base en consideración usuraria, con lo que su planteamiento en motivo de casación es una cuestión nueva y, como de tal índole, de improcedente planteamiento según tiene reiteradamente declarado esta Sala. Podríamos añadir que en el supuesto sometido a debate ante este Tribunal Superior el demandante, hoy recurrente, en el suplico del escrito inicial asume la obligación de devolver la cantidad percibida «incrementada en un dieciocho por ciento anual». Declaración incompatible con la calificación del préstamo como usurario que, de ser cierta, eximiría del pago de intereses.

 

Octavo. - Los dos últimos motivos del recurso afectan a la petición subsidiaria de la demanda, es decir, que si el contrato básico es considerado una compraventa ésta sea rescindida por lesión. En primer lugar, el recurrente denuncia error en la apreciación de la prueba en que el juzgador fundamenta su valoración de la finca de autos y, en segundo lugar, denuncia la inaplicación de los arts. 321 a 325 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña en cuanto regulan la rescisión por lesión. La desestimación del primer motivo -que arrastra la del segundo- es clara si tenemos en cuenta que la Juez a quo (la Sala de instancia no modifica sus razonamientos al respecto) tiene en cuenta las diversas valoraciones que obran en autos y llega a la conclusión de que el precio pagado por el piso no es inferior a la mitad del precio justo. Y no hay que olvidar que en último inciso del cuarto fundamento de derecho la Juez hace una atinada invocación del art. 1.214 el Código civil, pues correspondía al actor demostrar su alegación en cuanto a la parvedad del precio, y se limita a presentar con la demanda una valoración preconstituida y proponer como prueba pericial lo que no es sino la adveración de un dictamen realizado sin la preceptiva contradicción procesal. No es misión de este Tribunal verificar un re examen de la prueba. Basta decir que el documento que según el recurrente demuestra la equivocación del juzgador es una escritura de hipoteca de fecha 11 de noviembre de 1982 y el supuesto error consiste en la aplicación de una valoración del año 1982 a una compraventa otorgada en 1988. Pero la lectura de la Sentencia de Primera Instancia, no modificada por la de alzada, indica que no hubo tal aplicación mecánica. La juzgadora ponderó ambas valoraciones y, en defecto de una prueba pericial concluyente, que ni siquiera fue propuesta, llega a la conclusión de que el actor no ha demostrado su tesis de que en la compraventa sufrió lesión ultra dimidium. Tampoco puede pretenderse que el Juez, a través del art. 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, supla no ya negligencias en la práctica de la prueba sino también omisiones en su proposición, alterando los principios de nuestro sistema procesal.

 

Noveno. - Por todo lo dicho procede desestimar íntegramente el recurso de casación con expresa imposición de las costas al recurrente, conforme previene el último párrafo del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y pérdida del depósito constituido.

Por tanto, en nombre de S.M. el Rey,

 

FALLAMOS:

 

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Ángel Montero Brusell, en nombre y representación de D. X contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 23 de noviembre de 1990; condenando a la parte recurrente al pago de las costas del recurso y a la pérdida del depósito constituido. Líbrese a la mencionada Sección de la Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra Sentencia, lo mandamos y firmamos.

 


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