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Sentència de 13 de desembre de 1990

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 13 de desembre de 1990, núm. 11/1990 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret 
Part dispositiva 

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

Iltmos Sres. Magistrados: D. Luis M.ª Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, D. Lluís Puig Ferriol, D. Joaquin Badía Tobella.

 

Barcelona a trece de Diciembre de mil novecientos noventa.

VISTOS por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Décimo Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha veintiuno de mayo último, como consecuencia de los autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Cervera (Lérida), bajo el n.º 117/88, sobre declaración de derechos de servidumbre, cuyo recurso fue interpuesto por el demandante D. X1, representado por el Procurador D. Arturo Cot Montserrat y defendido por el Letrado D. Jesús Condemines Pereña, y como recurrida D.ª Y1, representada por el Procurador D. Manuel Gramunt de Moragas y defendida por el Letrado D. Francisco Doménech Puig.

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jesús E. Corbal Fernández.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. - El Procurador D. Miguel Razquín Jené, en nombre y representación de D. X1, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Cervera, la oportuna demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra D.ª Y1, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimaba oportunos, que se dictara sentencia en la que suplicaba al Juzgado se tuviera por formulada en nombre de su poderdante demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra D.ª Y1, admitirla y disponer la citación y el emplazamiento de la demanda para que compareciera y la contestara, si le conviniere en el plazo de Ley, y en su día previos los trámites legales pertinentes se dictara sentencia por la que estimando la demanda formulada se declarase que la finca descrita en el hecho 1.º de la demanda propiedad del actor se halla libre de servidumbre de luces y vistas, de luces y de desagües a favor de la casa colindante propiedad de la demandada D.ª Y1 y se condenase a dicha demandada a cerrar y tapiar todas dichas aberturas o ventanas existentes en las paredes de la indicada casa de su propiedad que abren sobre la referida finca del actor, así como a adoptar medidas que sean pertinentes para que no haya vistas desde la azotea o lugar alguno de la referida casa sobre la finca del actor así como a quitar los tubos que apoyados en la pared de la casa indicada se proyectan sobre el vuelo de la tantas veces mencionada finca del actor, todo lo cual se llevará a efecto en período de ejecución de sentencia, condenando asimismo a la demandada a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos, así como al pago de las costas del juicio.

 

Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de la demandada para que en el término legal compareciera en forma, habiéndolo efectuado, personándose en forma y contestando la demanda en el sentido de oponerse a ella por los motivos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, formulando reconvención y terminó suplicando al Juzgado que en su día se dictara sentencia desestimando íntegramente la demanda absolviendo de todos los pedimentos a la demandada y estimando la reconvención, se declare que la finca propiedad de D.ª Y1 tiene a su favor las servidumbres de luces y vistas y cuantas además de su estructura se infieran constituidas por signo aparecente, y acreditadas documentalmente, que debe soportar la finca de D. X1 el cual deberá abstenerse de privar y obstaculizar, con expresa imposición de las costas por imperativo legal.

 

Tercero. - Dado traslado a la parte actora de la reconvención, la contestó en el sentido de oponerse a la misma por las razones y fundamentos que estimó pertinentes.

 

Cuarto. - Citadas las partes a comparecencia, tuvo lugar la misma sin efecto, recibiéndose el juicio a prueba, y proponiéndose por las partes y practicada la que fue declarada pertinente y que consta en las respectivas piezas separadas, acordándose la unión de las mismas a los autos, poniéndose de manifiesto, presentando las partes resumen de ellas.

 

Quinto. - El Juez de Primera Instancia de Cervera dictó sentencia con fecha 31 de julio de 1989, cuyo fallo es como sigue: «Que desestimando la reconvención interpuesta por la Procurador D.ª Montserrat Xuclá Comas en nombre y representación de D.ª Y1, debo declarar y declaro no haber lugar a lo solicitado, con imposición de las costas originadas por la misma a la parte reconveniente. Asimismo estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador Miguel Razquín Jené en nombre y representación de D. X1, debo declarar y declaro que la finca descrita en el hecho primero de la demanda se halla libre de servidumbres de luces, vistas y de desagüe a favor de la casa colindante propiedad de D.ª Y1  y debo condenar y condeno a ésta a cegar todas las aberturas o ventanas que abran sobre la propiedad de D. X1, así como a adoptar las medidas pertinentes para que no haya vistas a menos de un metro de distancia de la finca del Sr.X1 y para que los tubos no viertan las aguas sobre la propiedad del actor, quedando únicamente condenada a quitar dichos tubos si los mismos sobresalen de la vertical de su propiedad. Debiendo estar y pasar por los anteriores pronunciamientos. Sin especial declaración sobre las costas derivadas de la acción principal».

 

Sexto. - Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia, por la representación de la demandada, siendo admitida y emplazadas las partes y personadas éstas y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Décimo Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 21 de mayo de 1990 con la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por D.ª Y1 contra la sentencia de fecha 31 de julio del pasado año pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de Cervera debemos revocar parcialmente, como revocamos, dicha resolución y en consecuencia: Estimando parcialmente demanda y reconvención, declaramos que la finca de Y1 («Can Serra») tiene a su favor las servidumbres de luces y vistas que se infieren del documento protocolizado el 8-3-78 que gravan la finca del demandante X1, manteniendo y confirmando la sentencia apelada en sus restantes extremos, referentes a desagüe y costas en primera instancia y sin hacer especial imposición de las ocasionadas en el presente recurso. Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma que con los autos originales se remitirán al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos. Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmarnos»

 

Séptimo. - El Procurador D. Arturo Cot Montserrat en representación del demandante D. X1 ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sección Décimo Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en los siguientes MOTIVOS: 1.- Infracción del artículo 283 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña (núm. 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). II.- Infracción del artículo 1.253 del Código Civil (n.º 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). III.- Infracción del artículo 1.214 del Código Civil (n.º 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). y IV.- Infracción del artículo 1.969 del Código Civil (n.º 5º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

 

Octavo. - Admitido el recurso previo haber evacuado el trámite del Ministerio Fiscal e instrucción por las partes personadas, se señaló para la vista el día 29 de noviembre último, en que tuvo lugar la misma, con la asistencia del letrado de la parte actora, que alegó lo que estimó pertinente y terminando suplicando se dictara sentencia de conformidad con sus pedimentos y por la parte demandada recurrida únicamente compareció su procurador, quien solicitó no se diese lugar al recurso, quedando los autos vistos para sentencia.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero. - En la demanda entablada por D. X1 contra D.ª Y1 se ejercita acción negatoria de servidumbres de luces y vistas, de luces y de desagüe en relación con los elementos fácticos siguientes: cinco ventanas o aberturas sitas en la pared del linde norte de la casa de la demandada que miran sobre un solar del actor, en el pueblo de L.; azotea o terraza con vistas en el mismo lindero; conducciones de agua que sobresalen de la pared e invaden el espacio del accionante, y vertido de aguas pluviales; y con relación al lindero oriente, tres aberturas o ventanas que hay en la pared de la casa y un muro de cerca que cierra el huerto, jardín o patio de la propiedad de la demandada que al carecer de la altura suficiente da lugar a que haya vistas sobre la finca del demandante. La demandada D.ª Y1  contesta a la demanda reconociendo que en el viento norte de su casa hay las cinco ventanas y la azotea o terraza, las que constituyen servidumbre en virtud de la adquisición por compra al Párraco de L.D. Y2, y que en el viento este hay unas ventanas, cuyo título jurídico deriva de la autorización del también Párroco de L., Y3, y señala que si bien en el lindero norte existe una conducción de aguas procedente de la correspondiente vertiente de los tejados de la casa, sin embargo no entraña ningún gravamen para la finca del actor; y con base en todo ello solicita la absolución de la demanda y formula reconvención interesando, en ejercicio de acción confesoria, se declare que la finca de su propiedad «tiene a su favor las servidumbres de luces y vistas y cuantas además de su estructura se infieran constituidas por signo aparente, y acreditadas documentalmente, que debe soportar la finca de D. X1 el cual deberá abstenerse de privar y obstaculizar». El demandante-reconvenido en el escrito de contestación a la reconvención se limita a negar el correlativo de la demanda «e impugna en lo menester los documentos aportados con los números dos y tres en el escrito de contestación». La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Cervera de 31 de julio de 1989 desestima la reconvención y estima la demanda declarando «que la finca del actor se halla libre de servidumbres de luces, vistas y de desagüe a favor de la casa colindante propiedad de D.ª Y1  y condena a ésta a cegar todas las aberturas o ventanas que abran sobre la propiedad de D. X1, así como a adoptar las medidas pertinentes para que no haya vistas a menos de un metro de distancia de la finca del Sr.X1 y para que los tubos no viertan las aguas sobre la propiedad del actor, quedando únicamente condenado a quitar dichos tubos si los mismos sobresalen de la vertical de su propiedad». La anterior sentencia fue revocada parcialmente por la dictada el 21 de mayo de 1990 por la Sección Décimo Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que con estimación parcial de la demanda y de la reconvención se declara que «la finca de D.ª Y1 (Can Serra) tiene a su favor la servidumbre de luces y vistas que se infieren del documento protocolizado el 8 de marzo de 1978 que gravan la finca del demandante D. X1, manteniendo y confirmando la sentencia apelada en sus restantes extremos referentes a desagüe y costas en primera instancia». Contra esta Sentencia recurre en CASACIÓN D. X1 con base en los cuatro motivos que se analizan a continuación.

 

Segundo. - En el primer motivo del recurso se denuncia, por el cauce procesal del número quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del art. 283 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, en cuanto que este precepto (en la regulación anterior a la Ley de 9 de julio de 1990) veda puedan constituirse por usucapión, ni siquiera inmemorial, las servidumbres de luces y vistas que describe en los ordinales segundo, tercero y cuarto. El motivo no puede prosperar por la sencilla razón de que la Sentencia recurrida no funda la constitución de las servidumbres de luces y vistas de las ventanas de los lindes norte y este, y de la terraza o azotea, en la usucapión, o adquisición por el tiempo, sino en el título, entendido como acuerdo de las partes interesadas, es decir, negocio jurídico bilateral en el que concurren las voluntades de los respectivos titulares de los predios dominante y sirviente. Es cierto, que la resolución de la Audiencia alude al largo periodo de existencia de las ventanas y la terraza, pero la argumentación (se dice «tal sucede en el presente caso en donde existe tal acuerdo constitutivo de la servidumbre tanto formalmente -mediante acta de protocolización de documento privado y declaración de Mn. S.- como materialmente, mediante la realización de la terraza y ventanas que en mes venidero cumplirán treinta años y su utilización pacífica durante muchos años») no responde a una apreciación usucapiva, sino a la utilización de una realidad fáctica como elemento de refuerzo, y a modo de hecho concluyente, en orden a la demostración de la realidad del título negocial; tal y como resulta del contexto de la Sentencia y se expresa además con meridiana claridad en el fundamento jurídico segundo.

 

Tercero. - En el motivo segundo se alega por la misma via procesal que el anterior la infracción del art. 1.253 del Código Civil relativo a la formación de las presunciones «hominis». El supuesto en que se sustenta el planteamiento del recurrente hace referencia a la determinación de la certeza de las fechas de la documental acompañada con el escrito de contestación, documental que constituye el soporte jurídico sustancial de la pretensión reconvencional. En la redacción del motivo se aprecia un cierto confusionismo al que acaso no es ajeno al razonamiento de la Sentencia impugnada, como consecuencia de no distinguir adecuadamente los documentos de 20 de junio de 1960 (f. 50) y 29 de marzo de 1966 (f. 51). Por ello se hace preciso efectuar una somera aclaración. El primero de los documentos mencionados aparece firmado por D. Y2, Cura Ecónomo de L., en tanto que en el segundo obra firma de Y3 Pbro., a la sazón Cura-Párroco de San Saturnino de Montmajor, en el que hace referencia al tiempo de estancia como Párroco de Granyena. Pues bien, el primero de los documentos fue ratificado ante Notario el 8 de marzo de 1978 por D. Y2 (obra escritura de ratificación, protocolización y aclaración, a los folios 48 y 49), y reconociendo mediante declaración testifical prestada en el Juzgado (fls. 67 y 73), en tanto respecto del segundo sólo hay la constancia instrumental expresada. No corresponde aquí discurrir acerca de la hipotética interrelación entre los dos documentos, ni entre sus respectivos contenidos. Basta decir que la autenticidad del primer documento, y la certeza de su fecha, no resultan de la prueba indirecta de presunciones, por lo que no se pudo infringir el art. 1.253 del Código Civil. Así lo expresa la propia Sentencia de la Audiencia cuando indica que «en el presente caso la realidad (con referencia a la data del documento privado protocolizado) viene manifestada por los intervinientes en el mismo», lo que obviamente supone la existencia de prueba directa, y aunque señala que «no solo» por ello, sino también «corroborada por la materialidad de la apertura de las ventanas y construcción de la terraza y su utilización pacífica a lo largo de los años», es claro que con esta afirmación únicamente se está añadiendo un elemento o dato más de convicción, el cual, aparte de ser «ex abundantia» y por ende casacionalmente irrelevante, de cualquier forma no supone un discurso ilógico, susceptible de poder originar una conclusión distinta por parte de este Tribunal que crearía el evidente riesgo de una mera sustitución en el razonar convirtiendo el recurso en una nueva instancia con palmaria conculcación de nuestro vigente sistema procesal. En lo que atañe al segundo documento, la reflexión del órgano jurisdiccional «a quo» es solo para confirmar el documento anterior (el protocolizado), como lo revela la expresión «ello igualmente viene corroborado con un escrito de certificación de Mn. B. (por «lapsus calami» se dice B.) que igualmente fue párroco en la localidad ... », y por lo demás es bien sabido que un documento privado no adverado (es decir, el que impugnado no se demostró ni su autenticidad -proveniencia de su autor-, ni su inautenticidad -falsedad de origen-) no carece de toda eficacia en el proceso, ya que puede ser tenido en cuenta por los Tribunales en relación con otros elementos de prueba, y no es contrario a derecho, ni al raciocinio humano (norma rectora de las reglas de la lógica), tenerlo por cierto cuando tiene apariencia de verdad y se dan unas circunstancias fácticas harto patentes que concuerdan perfectamente con su contenido. Y sin que suponga ningún obstáculo la disposición recogida en el art. 1.227 del Código Civil, pues los supuestos a que se refiere en orden a la operatividad de la fecha de un documento privado respecto de terceros están previstos para el caso de que la realidad de la fecha no resulte probada por otros medios de prueba. De ahí que haya de rechazarse el segundo motivo de casación.

 

Cuarto. - La misma suerte desestimatoria debe correr el tercer motivo del recurso en el que se aduce infracción del art. 1.214 del Código Civil. Nada que objetar al planteamiento de que el precepto no contiene una norma valorativa de la prueba, y que cabe la invocación de su vulneración en casación, a través del ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el caso de que en la Sentencia apelada se haya infringido, por inversión, la doctrina de la carga de la prueba. Sin embargo falta el presupuesto fáctico para que proceda acoger la afirmación de la parte recurrente: cual es que el Tribunal «a quo» haya incidido en el error de invertir el «onus probandi». Es obvio que cuando se impugna la autenticidad de un documento privado, la parte que lo presentó interesada en la declaración de idoneidad para que quepa atribuirle eficacia probatoria documental, ha de aportar los medios de prueba adecuados encaminados a acreditar la autenticidad. Pero si no lo hace, ello no quiere decir que el documento sea inauténtico. Junto al documento auténtico, cabalmente apto «per se» para probar mediante su contenido, y al inauténtico o falso, sin valor probatorio, hay que tener en cuenta la existencia de un tercer grupo constituido por los documentos que impugnados no se ha demostrado su autenticidad ni su inautenticidad. Son aquellos cuya autenticidad no consta, o es dudosa. Estos documentos no están proscritos para la perspectiva probatoria, y aunque no son autosuficientes, sí pueden ser considerados en relación con otros medios probatorios. Cuando al final del fundamento jurídico segundo argumenta la resolución recurrida que el documento (con relación al del Presbítero B.) «si bien no se adveró por su firmante (del que se ignora si vive) tampoco se hizo en sentido contrario prueba alguna ni manifestación diferente de la negación e impugnación generalizada ... » no comete vulneración legal alguna. Su valoración conjunta con otros elementos de acreditamiento es perfectamente posible (verbigracia S.S. del Tribunal Supremo de 2 octubre 1985, 27 enero 1987, 12 julio 1988 y 1 febrero 1989).

 

Quinto. - En el último motivo del recurso se acusa, por igual ordinal del art. 1.692 de la LEC que los anteriores, la infracción del art. 1.969 del Código Civil, en orden al cómputo de la prescripción, el cual se contará, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine desde el día en que la acción pudo ejercitarse. En realidad el supuesto fáctico-jurídico de que arranca el motivo y que aparece desarrollado en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia de la Audiencia carece de sentido. Resulta claro que la imposición de una servidumbre excede de la facultad de la administración ordinaria, constituyendo un acto de disposición, y por lo tanto para la constitución del gravamen son precisos los mismos requisitos que para enajenar, a salvo de que la ley disponga otra cosa. Sin embargo la falta de la licencia del superior legítimo (en el caso del Párroco) no afecta a la capacidad de disponer, sino al poder de disposición, y como consecuencia no es de aplicación el art. 1.301 del Código Civil sobre la impugnabilidad o anulabilidad, sino la doctrina de la nulidad radical. Por otro lado ocurre que la prescripción es un hecho excluyente o excepción en sentido técnico, de tal modo que para su posible acogimiento es preciso haya sido alegada en el momento procesal oportuno, sin que pueda ser estimada de oficio. Con lo dicho cabría entender que queda privada de soporte la pretensión reconvencional y se hace innecesario discurrir sobre el motivo, empero sucede que en el proceso no se planteó en absoluto por el demandante-reconvenido el tema relativo a la falta de poder de disposición por parte del Párroco Sr. S. (no se ha negado), y por consiguiente al examinar el asunto las dos Sentencias de instancia rebasan el objeto de la controversia y contradicen el principio «iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium», generando evidente indefensión para el demandado-reconviniente; y ello tanto es así que el propio recurrente en casación no cuestionó el particular, limitándose a incidir en el aspecto puntual del cómputo prescriptivo. Y no cabe pensar que en la nulidad radical es apreciable de oficio porque si bien ello es generalmente incuestionable, no obstante es preciso que el sustento fáctico se haya planteado o invocado adecuadamente en el proceso; y además el hecho de que no conste justificada la licencia tampoco significa que no la hubiere. De todas maneras, cabe decir, a los meros efectos dialécticos, que en ningún caso podría prosperar el motivo del recurso, porque aunque hipotéticamente fuere factible el planteamiento de que parte, resulta que el Sr.X1 compró la finca-solar (predio sirviente) a la Parroquia de Granyena, en cuya representación actuó D. Y2, a la sazón Cura-Ecónomo de aquella, con licencia del Ordinario (escrituras públicas de 16 de septiembre de 1965 y 18 de noviembre de 1966 sobre subsanación de extensión y linderos), y como sucesor a título particular (causahabiente) en la titularidad de la finca le afecta el tiempo transcurrido para su «tradens», pues la acción no nacería con autonomía para él, sino que le correspondería la misma que tendría la entidad transmitente, por lo que obviamente siempre habría que computar el periodo durante el que el antecesor pudo ejercitar la acción y no lo hizo.

 

Sexto. - Al tratarse de un supuesto en que no procedió la constitución de depósito (art. 1703, párrafo primero, de la LEC) huelga cualquier pronunciamiento que se le refiera, y como efecto de la desestimación del recurso de casación debe acordarse la imposición de las costas al recurrente, de conformidad con lo establecido en el art. 1.715, último párrafo, de la citada Ley procesal.

VISTAS las disposiciones legales citadas y concordantes de aplicación. Por lo expuesto:

EN NOMBRE DE S.M. EL REY Y POR LA AUTORIDAD CONFERIDA POR EL PUEBLO ESPAÑOL.

 

FALLAMOS:

 

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Arturo Cot Montserrat en representación causídica de D. X1 contra la Sentencia dictada por la Sección Décimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de mayo de 1990, y condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Líbrese al Iltmo. Sr. Presidente del mencionado Tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo que remitió, y dése a esta Sentencia la publicación legalmente establecida.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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