Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 21 de juny de 1990

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 21 de juny de 1990, núm. 7/1990 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

Iltmos. Sres. Magistrados: D. Luis M., Díaz Valcárcel. D. Jesús Corbal Fernández, D. Luis Puig Ferriol, Dña. Ma. Cristina Torres Fajarnés.

 

En la ciudad de Barcelona a veintiuno de Junio de mil novecientos noventa.

VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Once de esta Audiencia Provincial, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de La Seu d'Urgell, cuyo recurso fue interpuesto por X1 y Dª X2, mayores de edad, casados, agricultor el primero y sin profesión especial la segunda, vecinos de L., respectivamente, ambos representados por el Procurador don Luis Alfonso Pérez de Olaguer y defendidos por el Letrado Don Ramón Lluis García Torné, en el que es recurrido D. Y1, mayor de edad, casado, vecino de L., representado por el Procurador D. Santiago Puig de la Bellacasa y Vandellós y defendido por el Letrado D. Jaume Ribes Porta.

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia de la Seu d'Urgell, fueron vistos autos a instancia de X1 i Dª X2, contra Don Y1 para que se declarara la nulidad del testamento otorgado por D. X3, padre de los litigantes, cuyo testamento impugnaban solicitando su nulidad en base a los siguientes hechos: 1º. Que don X3, falleció en Seo de Urgel el día 24 de marzo de 1987 habiendo otorgado un único testamento abierto en dicha población el 4 de abril de 1985 ante el Notario D. Francisco Javier Galindo Llangord, si bien con anterioridad el día 4 de noviembre de 1946, había otorgado capitulaciones matrimoniales ante el también Notario de la localidad D. Alfredo Pastor Pastor, y cuyos documentos acompañaba de números 1 a 4, así como certificación de últimas voluntades y defunción; 2º. Que era público así como de conocimiento y dominio y dominio de vecinos y cuantas personas trataron al Sr. X3 que éste padecía de una grave perturbación mental que no sólo no le hacía dueño de sus propios actos, sino que ponía en situaciones difíciles a terceras personas que, dado que era persona conocida, procuraron siempre avisar a su hijo Pedro y también a su hija, para que fueran a recogerlo al lugar donde pudiera hallarse para que lo trasladara a casa, donde lo cuidaron siempre para que no fuera trasladado a un centro Psiquiátrico; y hacían constar que el otro hijo, ahora heredero, nunca tuvo cuidado de su padre ya que reside en Andorra, cuya nacionalidad adquirió voluntariamente; 3º. Que como ratificación médica del estado mental del Sr. X3, aportaban certificados médicos que correspondían a dos meses antes de otorgar testamento; 4º. Hacían referencia al texto de estos certificados acompañados de los que transcribían su contenido, manifestando que pese a estos claros dictámenes médicos que señalaban una incapacidad manifiesta del Sr. X3 para medir el alcance de sus actos, constaba en el testamento que impugnaban, que se considera capaz, nada menos que para acto de tanta trascendencia cual es la disposición de bienes; por ello, ante la evidencia del deteriorado estado mental del Sr. X3, se veían obligados a solicitar la nulidad de testamento que impugnaban, manifestando que dejaban constancia de que si no se incapacitó por vía judicial a su padre fue porque el amor filial les movió a preferir cuidarle con todos los trastornos e inconvenientes que ello reportaba, de los que podría darse cuenta cabal el Juzgador a través de la prueba, que internándolo en un centro para enfermos mentales; y 5º. Que en los últimos meses antes del fallecimiento, D. X3 recibió inusuales visitas de su hijo Y1, ahora heredero, asimismo el Sr. X3 no estaba en condiciones de desplazarse a la Notaría en la fecha que otorgó testamento, por lo que necesariamente tuvo que ser acompañado, y desde luego no lo fue por ninguno de los hijos demandantes. Que todos estos indicios corroboraban la tesis de la demanda en el sentido de que no fue la verdadera voluntad del Sr. R.: la que se reflejó en el testamento que se impugnaba; que lo cierto es que las Capitulaciones Matrimoniales, suscritas en su día por el causante, contienen unas disposiciones hereditarias, por otra parte totalmente ajustadas a la costumbre de la zona, en las que se prevee nombrar heredero al hijo que trabaje y cuide la hacienda y no al ahora heredero, pues no tan sólo dejó la finca desde muy joven sino que adquirió la nacionalidad andorrana renunciando a la española y apenas tuvo contacto con su padre y la finca. Alegó los fundamentos de derecho que estimó oportuno y suplicó se dictase sentencia en la que se declarara la nulidad del testamento de 4 de abril de 1985 y entren en funcionamiento las Disposiciones hereditarias que figuraran en las Capitulaciones Matrimoniales de 4 de noviembre de 1946, otorgadas por D. X3, D. X4 y Dña. X5.

Admitida la demanda, se acordó el emplazamiento del demandado D. Y1 para que compareciera en autos y la contestara dentro del plazo de veinte días, verificándolo el mismo oportunamente y evacuando dicho trámite de contestación, oponiéndose a la misma en base a los siguientes y resumidos hechos: 1º. Que nada que objetar al correlativo escrito de demanda, en cuanto a la realidad del fallecimiento del padre de los litigantes y la disposición de última voluntad otorgada en fecha 4 de abril de 1985; 2º. Negaba el hecho segundo, y manifestaba en contra que el causante y padre de los litigantes era una persona que desde siempre había tenido un carácter difícil y reservado, circunstancias que se acusaron con la llegada de la vejez; que entre la supuesta perturbación mental a que aluden los actores y la verdadera salud psíquica del causante mediaba sin duda un abismo, ya que éste siempre conservó hasta el momento mismo de su muerte, sus plenas facultades mentales; negaba categóricamente que los actores tuvieran a su cuidado al causante, ya que éste se valió siempre por sí mismo, y si hubo alguna persona que se preocupara por su bienestar y le proporcionó afecto y calor humano fue sin duda el demandado. Que con el fin de dar una idea aproximada de las relaciones entre el causante y sus hijos, reseñaba toda una serie de circunstancias que los demandantes habían pasado por alto, sin duda por ser contrarias a sus intereses, circunstancias a las que se refería relacionándolas en este hecho; 3º. Que lo referido por los actores en el correlativo formaba parte de un montaje minuciosamente preparado con la única intención de evitar que surtiera efecto aquello que los actores prevenían ya inevitable: el nombramiento de heredero universal en la persona del demandado. Que todos los cuidados y controles médicos que dicen los actores haber efectuado en beneficio del causante, se limitaban a las dos visitas realizadas por los médicos Sres. Julia y Galindo, pero no con el fin de preocuparse de la salud del padre, sino con la mal disimulada intención de procurarse pruebas para presionar en su día a su representado, como en efecto han hecho, y de no surtir efecto tales presiones instar la nulidad; 4º. Que sin poner en duda la competencia profesional de los facultativos que en su día expidieron los certificados médicos acompañados a la demanda, resultaba que tanto el Sr. Julia como el Sr. Galindo son profesionales de medicina general, que no poseen conocimientos específicos de la rama de psiquiatría o similar, y su criterio, aunque respetable, debía ser matizado en atención a tales circunstancias. Se refería nuevamente al dictamen contenido en aquellos certificados, que comentaba, manifestando que las situaciones de trastorno ocurrían de forma ocasional, no era pues un estado permanente, y aun en el caso de producirse tales trastornos, tampoco aseveraba que pudiesen afectar a la personalidad y capacidad de discernimiento. Que la perfecta salud mental del causante y su capacidad de raciocinio quedaban de manifiesto si se tenía en cuenta que el padre de los litigantes comentó a principios de 1985 a su representado que el hijo menor demostraba un inusitado interés en llevarlo a la consulta del médico, a pesar de que el le había manifestado encontrarse en perfectas condiciones; temiéndose el demandado y el propio causante lo que subyacía en el fondo de tal conducta, y teniendo Don X3 intención de otorgar testamento, solicitó a su representado que le acompañara a un médico especialista en psiquiatría a fin de que previo el examen correspondiente, emitiera un informe sobre su estado mental. Que el día 30 de marzo de 1985, cuatro días antes de otorgar el testamento que impugnaban los actores, el causante acudió a la consulta del Dr. Bernabé Hedo Jiménez, titulado en psiquiatría, quien expidió el certificado médico que acompañaba de documento número 2, y cuyo tenor transcribía. Que presumiendo como se presumía la capacidad del testador por prescripción facultativa, existiendo el juicio favorable del Notario autorizante y de los dos testigos así como un informe médico concluyente sobre la plena capacidad del testador, no podía caber duda que al tiempo del otorgamiento, don X3 se encontraba en pleno goce de sus facultades mentales; 5º. Que la contraparte exponía en el correlativo, que durante los últimos meses antes del fallecimiento del causante, el demandado efectuó inusuales visitas a su padre; y tales visitas no podían calificarse de inusuales ya que durante dichos meses el estado físico de aquél era preocupante, y el demandado únicamente demostraba con ello su afecto hacia su padre; que el causante falleció el 24 de marzo de 1987 y el testamento fue otorgado el día 4 de abril de 1985, es decir, dos años antes, de lo que cabía concluir que el único móvil de tales visitas no era otro que el puramente humanitario; 6º. Que como prueba indiciaria que corroboraba el verdadero estado mental del causante, resaltaba que en el testamento impugnado de contrario, don X3 imputa a la legítima de los actores las cantidades de él recibidas y que recuerda detalladamente: 400.000 ptas. a la hija, y 1.200.000 ptas. al hijo X1 correspondiente al impago de la merced arrendaticia de la heredera de «Cal M.»; por último, poner de manifiesto la conducta adoptada por los actores durante los últimos días de vida del causante, encontrándose éste internado en el Santo Hospital de la Seu d'Urgell, cuando en ausencia del demandado, interesaron la presencia del Notario Sr. Galindo Llangort en dicho establecimiento con la intención de que el padre otorgara nuevo testamento, a lo que éste les respondió en lengua catalana lo hecho, bien hecho está, según constaba textualmente a su representado de fuentes dignas de credibilidad, con cita de tales extremos para corroborar por el Sr. X6, internado en la misma habitación del causante en el momento de producirse los hechos, y 7º. Que a los efectos legales oportunos se manifestaba que el demandado aceptó la herencia deferida por el causante en fecha 22 de junio de 1987, según resultaba de la fotocopia de escritura de manifestación herencial que acompañaba de documento 3, con designa de archivos a efectos de prueba. Invocó los fundamentos de derecho que estimó oportunos y terminó suplicando al juzgado que en su día dictara sentencia desestimando íntegramente la demanda y absolviendo de la misma al demandado con expresa imposición de las costas a los demandantes. Se tuvo por contestada la demanda, siguiendo el pleito por sus trámites, con recibimiento a prueba y práctica de las admitidas y declaradas pertinentes, todo ello con el resultado que es de ver de dichos autos.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 3 de mayo de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que estimo la demanda presentada por X1 y Dª X2 representados por la procuradora Dª Montserrat Rebés Gomá contra Don Y1 representado por la Procuradora Da Mercedes Gallart Cirici y en consecuencia declaro la nulidad del testamento de 4 de abril de 1985 y la vigencia de las capitulacionees matrimoniales de 4 de noviembre 1946, todo ello con imposición de costas al demandado».

 

Segundo. - Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 29 de noviembre de 1989, cuyo fallo es como sigue: «FALLAMOS: Que estimando el recurso interpuesto por D. Santiago Puig de la Bellacasa en representación de don Y1, con revocación de la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Juez de 1ª Instancia de Seo de Urgel en fecha tres de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, debemos desestimar y desestimamos íntegramente la demanda interpuesta por X1 y Dª X2, con absolución del apelante y expresa imposición de las costas de la instancia a los actores, sin especial pronunciamiento respecto a las de la alzada». Y firme que sea esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento».

 

Tercero. - Por el procurador don Luis Alfonso Pérez de Olaguer, en representación de D. Pedro y Dª X2, se formalizó recurso de casación, que fundaba en los ordinales 4º y 5º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error en la apreciación de la prueba e infracción de las normas de Derecho Civil especial de Cataluña y de la Jurisprudencia aplicables al caso, que funda en los siguientes motivos:

1º. - Lo fundamenta al amparo del art. 1692 núm. 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, citando como normas que considera infringidas los arts. 663 y 665 del Código Civil, violados por inaplicación, ya que siendo de general conocimiento en la localidad donde residía el testador, cual era la salud mental del mismo, debía considerársele, a los efectos del art. 663 citado, totalmente incapacitado para otorgar testamento, y citando también como infringidos los artículos 101 de la Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña y los artículos 685 y 695 del Código Civil, y

2º. - Fundaba el recurso en el ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

 

Cuarto. - Admitido el recurso y evacuado el trámite del Ministerio Fiscal y el de instrucción por las partes, se señaló para la vista el día siete de los corrientes en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Exmo. Sr. Presidente D. Antonio Somalo Giménez.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero. - La pretensión deducida en la instancia por los hermanos D. Pedro y Dª X2, se concreta en la petición de que se declare la nulidad del testamento otorgado por su padre el 4 de abril de 1985, y, en consecuencia, que entren en funcionamiento las disposiciones hereditarias que figuran en las capitulaciones matrimoniales otorgadas por el causante en 4 de noviembre de 1946. El testador D. X3, fallecido en la Seu d'Urgell el 24 de marzo de 1987, padecía según los actores, una grave perturbación mental que le incapacitaba para medir el alcance de sus actos, lo que motiva la nulidad de su disposición testamentaria en aplicación de lo dispuesto en los arts. 663 y siguientes del Código Civil y 146 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña.

Por su parte el demandado, hermano de los actores, D. Y1, instituido heredero en el testamento otorgado por su padre, se opone a la petición de la demanda alegando que aquél tenía plena lucidez en el momento de testar, y que el propio notario, los testigos y las pruebas aportadas al proceso justifican sobradamente su punto de vista.

Estimada la demanda en primera instancia y desestimada en apelación, los actores interponen recurso de casación fundamentándolo en dos únicos motivos al amparo, respectivamente, de los números 5º y 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Segundo. - Siguiendo por razón de método el orden inverso al presentado en el recurso, examinamos en primer lugar el segundo de los motivos alegados, el que se formula por error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Como demostración del error padecido se señalan los siguientes documentos: certificado médico de 4 de febrero de 1985 en el que se indica que D. X3 sufría desde 1978 un síndrome de demencia senil y desorientación, padeciendo trastorno de juicio y alucinaciones, y otro certificado médico de fecha 10 de junio de 1985, emitido por facultativo distinto del anterior, en el que se indica que el citado Sr. X3 sufre un trastorno psicopático, probablemente paranoico, con delirios de interpretación más acusados según épocas y situaciones diversas que afectan al núcleo de su personalidad con deterioro de la misma y también al libre discernimiento y a la trascendencia de sus actos.

El contenido de ambos certificados médicos, que no son documentos en el sentido a que se refiere el art. 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el art. 1215 del Código Civil, es suficientemente expresivo, según los recurrentes, para demostrar la incapacidad del testador dado que aquellos se han emitido, respectivamente, dos meses antes y dos meses después de otorgado el testamento.

La apreciación de este peritaje médico, junto con el examen del resto de la prueba aportada a los autos, sirvió de base al juzgador de instancia y a la Sala de apelación, también respectivamente, para estimar la demanda y desestimarla revocando la primera sentencia.

 

Tercero. - La nueva redacción dada por la Ley 34/84 de 6 de agosto a los arts. 1692 y 1707 de la ley de Enjuiciamiento Civil, pudiera aparentemente suponer que al tenerse que contrastar los documentos justificativos del error de hecho con otros elementos probatorios, lo que se estaría haciendo en realidad, no sería otra cosa que revisar en su totalidad los hechos anteriormente enjuiciados, convirtiendo, ineludiblemente, la casación, en una tercera instancia.

Tanto la jurisprudencia relativa al antiguo nº 7º del artículo 1692 como la posterior referida al actual nº 4 de dicho artículo, se ha cuidado insistir en la naturaleza especial del recurso de casación que quedaría desvirtuado si por la vía del error en la apreciación de la prueba pudiera hacerse un nuevo examen ilimitado de la ya practicada en la instancia. En este sentido inciden las sentencias del T.S. de 9-9-85, 30-11-85. En ésta última se dice que «la reforma de la LEC operada por la Ley de 6-8-84, flexibilizó el rigorismo formal de la normativa anterior... no por ello ha convertido la casación en una tercera instancia en la que este Tribunal pueda libremente examinar y valorar todos los elementos de convicción traídos al proceso ... ».

Referido el error de hecho por los recurrentes a los dos dictámenes médicos citados debe examinarse, junto a la naturaleza y valor de los mismos, si éstos quedan contradichos por otros elementos probatorios y la posibilidad o el límite de agotar en casación el enjuiciamiento de las cuestiones fácticas.

El error en la apreciación de la prueba ha de estar basado en documentos y como dice el T. S. en sentencia de 29-4-86 «la prueba pericial no es prueba legal en el sentido de que las conclusiones de los peritos vinculen al órgano jurisdiccional ... », y asimismo la sentencia de 1-7-86 señala que «el nuevo ordinal 4º del art. 1692 de la LEC se refiere a documentos que obren en autos»... y «no merece tal calificativo... aquellas actuaciones que sirven para plasmar y en su caso documentar el resultado de otros medios de prueba, como la pericial, testifical o confesión».

Pero aun suponiendo que los informes médicos aludidos pudieran equiparase a los documentos, estos informes no han quedado absolutamente incontestados pues en los autos existen otros medios probatorios que se oponen a los mismos; así otro informe médico emitido por un psiquiatra cinco días antes de otorgarse el testamento y algunas declaraciones testificales que afirman que el testador tenía un comportamiento normal en algunas ocasiones y en otras no. Por este camino entraríamos en la valoración conjunta de la prueba, misión encomendada exclusivamente a los tribunales de instancia y ajena, en consecuencia, a su consideración por la vía del presente recurso.

Sólo cabría ya discutir si una puerta abierta a la revisión fáctica se ofrece a través de la nueva redacción del art. 1707 de la LEC que se refiere a la necesidad de señalar los documentos o los informes aducidos en demostración del error. Pero la jurisprudencia posterior a la reforma citada se mantiene en la negativa a permitir que el motivo 4º del artículo 1692 se articule al amparo de informe o prueba pericial alguna. Y por otro lado, la misma jurisprudencia viene a reconocer la ineficacia de los documentos en que se apoya el error, cuando además de los alegados existen otros medios de prueba que han servido para valorar ésta en su conjunto. Lo que induce a sostener, en nuestro caso, la apreciación valorativa fáctica realizada por la Sala de apelación a quien corresponde la revisión tanto de las apreciaciones de hecho como de la aplicación del derecho realizado en la primera instancia.

Lo que nos lleva a desestimar el segundo de los motivos del recurso.

 

Cuarto. - Con amparo en el nº 5 del art. 1692 de la LEC se formula el primer motivo del recurso al considerarse infringidos, por inaplicación, los arts. 101 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, 663 y 665 del Código Civil, así como los arts. 685 y 695 del mismo cuerpo legal aplicados indebidamente por el previo incumplimiento del citado 665.

La argumentación de los recurrentes para sostener las infracciones referidas en este motivo del recurso se reducen a dar por supuesta la incapacidad del testador, no habiéndose observado, en todo caso, la prevención que para estos casos, de emisión de la voluntad testamentaria durante un intervalo lúcido, obliga a los notarios a contar con la colaboración y el dictamen favorable de capacidad suscrito por dos facultativos.

Los artículos supuestamente infringidos, incluído el 101 de la Compilación catalana que, salvo la particularidad de no exigencia de rogación en los testigos, se remite al Código civil en cuanto a las formalidades exigidas en el testamento notarial, están incluidos en las disposiciones referidas a la capacidad para testar y a la forma que deben revestir los testamentos en general y el testamento abierto en particular. Así son incapaces para testar los que, en el momento de otorgar el testamento no se hallasen en su cabal juicio y el notario hará constar que a su juicio el testador tiene la capacidad legal necesaria para otorgar testamento.

Resulta, por tanto, que discutida en juicio la capacidad del testador, el motivo examinado da por supuesta la incapacidad y con esta base se alega la inaplicación o la aplicación indebida de los artículos citados. Pero el rechazo del segundo motivo del recurso, primeramente examinado, que deja inalterada la apreciación fáctica de la sentencia recurrida, conduce indefectiblemente también a la desestimación del primero de los motivos alegados.

La doctrina jurisprudencial referida a la materia objeto del presente recurso viene claramente resumida en las sentencias del T. S. de 7 de octubre de 1982 y de 10 de abril de 1987. Ajustándose a la idea tradicional del «favor testamenti» toda persona debe reputarse en su cabal juicio en tanto no se demuestre inequívoca y concluyentemente lo contrario; la aseveración notarial respecto a la capacidad del otorgante, dada la seriedad y prestigio de la institución notarial, adquiere una especial relevancia de certidumbre y constituye una enérgica presunción «iuris tantum» de aptitud sólo destruible por una evidente prueba en contrario; la cuestión referente al estado mental del testador tiene naturaleza de hecho y su apreciación corresponde a la Sala de instancia que valora libremente la prueba pericial sin mas pauta que las reglas de la sana crítica; y la prueba pericial no es instrumental aun cuando aparezca reflejada en un instrumento público sin encaje casacional por la vía del nº 4 del art. 1692 de la LEC.

Finalmente no puede tenerse en cuenta la alegación formulada en el recurso de que en el caso que nos ocupa ha concurrido dolo o fraude que ha sido determinante para inducir al causante a otorgar el testamento. Y ello porque ni se ha formulado independientemente como motivo y porque se trata de una cuestión fáctica nueva para nada discutida en la instancia, donde los litigantes se limitaron a afirmar o negar la capacidad del testador.

 

Quinto. - Por todo lo cual procede desestimar el recurso con las consecuencias que establece el art. 1715, último párrafo de la LEC en orden a la imposición de costas.

VISTAS las normas citadas y las demás aplicables, en nombre del Rey

 

FALLAMOS:

 

Que se desestima el recurso de casación interpuesto por el procurador D. Luis Alfonso Perez de Olaguer, en nombre y representación de D. X1 y Dª X2, contra la sentencia que con fecha 29 de noviembre de 1989, dictó la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona; y se condena a los recurrentes al pago de las costas causadas en el recurso. Líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda