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Sentència de 26 de febrer de 1990

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  
de 26 de febrer de 1990, núm. 3/1990 (Sala Civil i Penal) 

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret 
Part dispositiva 

 

Excmo. Sr. Presidente: D. José A. Somalo Giménez.

llmos. Sres. Magistrados: D. Luis M.ª Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, D. Luis Puig i Ferriol, D. José de la Torre Ruiz.

 

En la ciudad de Barcelona a veintiséis de Febrero de mil novecientos noventa.

VISTOS por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección once de esta Audiencia Provincial, como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Tarragona, ejercitando acción por lesión «ultra dimidium» dimanante del art. 323 de la Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña, cuyo recurso fue interpuesto por X., mayor de edad, casado, jubilado y vecino de Barcelona, representando por el Procurador D. Angel Joaniquet Ibars y defendido por el Letrado D. Alberto Navarro Martínez, en el que es recurrido la sociedad mercantil Y, domiciliada en Tarragona, representada por la Procurador D.ª Adelaida Espejo Iglesias y defendida por el Letrado D. Antonio Vives Sendra.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Tarragona, fueron vistos autos a instancia de dos X., contra la sociedad Y., ejercitando acción por lesión ultra dimidium; la parte actora, formalizó demanda, exponiendo en síntesis los siguientes hechos: 1.º- El actor, octogenario, entró en relaciones con Y2., que obrando en nombre de Tuc Cambrils, S.A., estaba interesado en la compraventa de una finca, que luego se dirá, sita en término municipal de Cambrils; el actor, que reside habitualmente en Barcelona desde hace muchos años, se halla delicado de salud y en la ignorancia de los valores de las fincas costeras, por lo que había sido fácil al Sr. X. el convencerle de que vendiera la finca por el precio que ofreció, precio que se había comprobado ser irrisorio, habida cuenta de la expansión de la zona costera donde se halla ubicada la finca; 2.º- La venta se formalizó mediante escritura otorgada en 29 de enero de 1987 ante el Notario de Tarragona D. Pedro Coca Torrents y cuya finca es la siguiente: PIEZA DE TIERRA, viña con algunos olivos y algarrobos, sita en término de Cambrils, partida llamada E. de cabida cincuenta áreas, cuarenta y dos centiáreas, setenta y cinco decímetros cuadrados, y en realidad según reciente medición, su cabida es de cincuenta y siete áreas, setenta y seis centiáreas, setenta y cinco decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus, al tomo ----, libro -- de Cambrils, folio ---, finca n.º ----, inscripción ----. Que el precio fijado en dicha escritura para la descrita finca, fue el de once millones doscientas cincuenta y siete mil pesetas, realizando un pago de contado al otorgarse la escritura y el resto en varios plazos anuales, según se fija en la escritura, que acompañaba de documento uno por copia simple, con señalamiento a efectos probatorios del proceso, del protocolo de dicho Notario; 4.º- Que la zona donde se hallaba ubicada la finca había sufrido un alza considerable en el pasado año 1986, por cuanto se hallaba en fase de proyecto municipal un Plan Parcial que la afectaba, y que como quiera que Y. era propietaria de otros terrenos de gran extensión en la misma zona, en los que se proponía edificar tres aparthoteles de cuatro estrellas, con 350 plazas cada uno de ellos, la zona en total había sufrido una revalorización que se hallaba en franca alza; 5.º- Que el actor, al conocerse la venta de que se trata, había recibido información de otros propietarios de la zona y de conocidos, en el sentido de que había vendido a un precio irrisorio, y completamente discordante con los que se pagan, y que eran los actuales de mercado; que para mayor seguridad, antes de plantear acción alguna, el actor se había dirigido a un Agente de la Propiedad Inmobiliaria recabando un dictamen serio y razonado, que acompañaba de documento dos, en el que se consideraba como precio de mercado actual el de 250 pesetas el palmo cuadrado, de forma que, atendida la superficie de la finca vendida por el Sr. X., daba un precio de mercado 37.977.000 pesetas, y; 6.º- Que existía una diferencia de 26.720.000 pesetas, lo que indudablemente suponía una lesión para el vendedor muy superior a la mitad del precio real de la finca; que el actor se había sentido engañado y se veía precisado a ejercitar la acción rescisoria por lesión ultra dimidium. Alegó los fundamentos jurídicos, suplicando se dictase una sentencia declarando la rescisión por lesión ultra dimidium en el precio de la compraventa de la finca descrita, debiendo restituir la sociedad demandada al demandante con sus frutos y renta la mencionada finca, y a la vez restituir el demandante a la sociedad demandada la cantidad que a cuenta del precio pactado hubiere recibido; reconociendo al adquirente la facultad de enervar la acción rescisoria, entregando al demandante el complemento del precio o valor lesivo, con sus intereses en la cantidad de veintisiete millones setecientas veinte mil pesetas, o la mayor o menor suma que resultare en la sentencia para tal complemento, que representaría la diferencia entre el precio de la compraventa y el precio justo de la finca en la fecha de su enajenación, sin perjuicio del pago de los plazos que fueron venciendo en la forma establecida en la escritura de compra-venta; y en el caso de que por la sociedad compradora no se optara por tal enervación, deberá otorgar escritura de retroventa de la finca a favor del demandante, en el término que por el Juzgado se le fijará en ejecución de sentencia, y si así no lo hiciera, se otorgaría por el Juzgado en su nombre; condenando a la sociedad demandada a pasar por todo ello y a cumplirlo en la forma alternativa expresada; imponiendo a la demandada las costas del juicio.

Admitida la demanda, para que en el plazo legal compareciera en autos, haciéndolo la demandada «Y» se opuso a ésta en base a los siguientes y resumidos hechos: 1.º- Negaba la totalidad de los hechos contenidos en el escrito de demanda, manifestando que en aras a la verdad y para ilustrar al órgano jurisdiccional, pasaban a relatar lo realmente acontecido en las relaciones habidas por los litigantes, refiriéndose a la adquisición de varias fincas entre ellas, la del actor, mediante documento privado otorgado en Barcelona el día 8 de abril de 1986, por el precio de 6.480.000 pesetas, es decir, a 32 pesetas el palmo cuadrado de superficie; que todas dichas fincas adquiridas en documento privado por Don Y2., como gestor de la mercantil Y., eran las que componían el polígono -- del término municipal de Cambrils, sobre el que dicha sociedad tenía en proyecto construir un complejo turístico, debiendo aclarar que el motivo por el cual la finca adquirida al actor Sr. X.  resultó dos pesetas por palmo cuadrado más barata, fue porque la misma, como vulgarmente se dice, está en segunda línea, es decir, más alejada del mar que las restantes, por lo que su valor lógicamente disminuye, y acompañaba documentos privados que las compraventas a que se refería, fotocopia del plano de situación del polígono --, con delimitación de las fincas, y fotocopias de escrituras públicas de compraventa, designando protocolos de los Notarios autorizantes a efectos probatorios, documentos que señalaba de números 1 al 6; 2.º- Que el Sr. X., antes de otorgar el documento privado que quedaba acompañado de núm. 3, se aconsejó y cercioró sobre el valor de la finca de su propiedad, por lo que era totalmente incierto que fuera víctima de las maquinaciones de don Y2., antes al contrario, fue éste quien resultó defraudado por el afán especulativo y de lucro desmesurado del actor, que ahora se les quería representar como un pobre enfermo de avanzada edad; que como se desprende del documento acompañado, se pactó liquidar el precio en forma aplazada; en concreto antes de los seis meses se tenía que liquidar 2.740.000 pesetas, y otorgar la correspondiente escritura pública para la preparación de la cual el Sr. X.  contrató los servicios de Letrado, quien fijó la fecha de tal otorgamiento para el día 8 de octubre de 1986, día de vencimiento del segundo plazo del precio, al que dejó de acudir el actor alegando enfermedad, enterándose después el Sr. Y2. por boca del propio Sr. X.  que la enfermedad había sido una estratagema para no dejar pagar el precio al comprador dentro del plazo pactado y así poder resolver el contrato; que por tal motivo, a los pocos días, D. Y2. ofeció al Sr. X.  por conducto notarial el segundo plazo del precio convenido, ofrecimiento que fue rechazado por el vendedor, quien además comunicó notarialmente su voluntad de rescindir el contrato; y acompañaba de documento n.º 7, acta notarial otorgada por el Sr. Y2., y de n.º 8, carta enviada por el Sr. X. ; 3.º- Que a pesar de que D. Y2. podía exigir el cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas, con el fin de evitar conflictos judiciales, que le hubieran representado retrasar la ejecución de las obras del plan parcial proyectado, inició una renegociación de la compraventa de la finca con el Sr. X. , quien sabedor de los perjuicios que una demora podía ocasionar a Y1., fijó muy alto el listón de sus exigencias; que con el fin de llegar a una transacción se llegó a la firma de un nuevo contrato de compraventa en el que se dobló el precio inicial pactado, documento que fue elevado a escritura pública el 29 de enero de 1987 ante el Notario de Tarragona Don Pedro Coca, que la adversa acompaña de n.º 1; y acompañaba de documento n.º 9, el contrato privado en cuestión, otorgado por la hija del Sr. Y1. , como apoderada del mismo; 4.º- Manifestaba en este hecho que el único que había abusado de la buena fe había sido precisamente el actor, quien sabedor de los perjuicios que podía ocasionar demorando la cesión de su finca, obligó al Sr. Y2., a doblar el precio de la compraventa, a pesar de que su valor real era inferior a la mitad, pues como se desprendía de documentos acompañados, fincas de análogas características, incluso alguna de ellas de mejor situación fueron vendidas por menos de la mitad del precio percibido por el Sr. X. ; 5.º- Se refería al dictamen pericial acompañado por la adversa en su demanda, manifestando que era totalmente parcial y arbitrario, rechazándolo; 6.º- Que el enajenante Sr. X.  no había sufrido lesión en más de la mitad del justo precio, requisito, imprescindible para que prosperara su acción, entendiendo como tal el valor que tuviesen al tiempo de otorgarse el contrato en relación con otras de igual o análogas características en la respectiva localidad: 7.º- Que aún en el supuesto de que existiera lesión en más de la mitad del precio, extremo que negaban, el actor Sr. X.  no podía ejercitar la acción de rescisión por lesión, por tratarse de un documento de compraventa mercantil, pues el Código de Comercio, en su art. 344, 1.º dispone que no se rescindirán las ventas mercantiles por causa de lesión; y a la vista de este precepto, manifestaba que el primer problema que se planteaba era el de calificar el contrato de compra-venta otorgado por los litigantes como civil y mercantil, y al respecto exponía cuanto estimaba conveniente en cuanto a calificación como mercantil y en cuanto a la imposibilidad de la rescisión del contrato por lesión, llegando a la conclusión de que calificado como mercantil el contrato de compraventa celebrado entre los litigantes, la parte vendedora no podía ejercitar la acción de rescisión por lesión, y en consecuencia se tenía que desestimar su demanda. Alegó los fundamentos de derecho dando por reproducidos los consignados en el cuerpo de este escrito y terminó suplicando que se dictase sentencia desestimando la demanda y absolviendo a su mandante de los pedimentos de la misma con expresa imposición de costas a la actora. Se tuvo por contestada la demanda, siguiendo el pleito por sus trámites, con recibimiento a prueba y práctica de las admitidas y declaradas pertinentes.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 26 de enero de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que estimando la demanda de Juicio Declarativo de Menor Cuantía n.º 79/87, interpuesto por D. X., representado por el Procurador D. José M.ª Martínez Sans, contra «Y1.», representada por el Procurador D.ª Mireia Espejo Iglesias, he de declarar y declaro la rescisión por lesión ultra dimidium en el precio de la compraventa realizada el 29 de enero de 1987 respecto a la finca registral n.º ---- de Cambrils, debiendo restituir la sociedad demandada al actor la referida finca, otorgando escritura pública de retroventa en su favor, mientras que D. X. deberá devolver el precio recibido de la compradora, pudiendo la sociedad demandada ejercitar la opción de abonar al actor el complemento del precio o valor lesivo de 26.725.130 ptas., más intereses desde el 29 de enero de 1987, condenado a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a cumplirla en la forma alternativa expuesta, abonando cada parte las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por mitad.»

 

Segundo. - Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada que fue admitido y substanciada la alzada, la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 24 de julio de 1989, cuyo fallo es como sigue: «FALLAMOS: REVOCANDO la sentencia dictada el 26 de enero de 1988 por el Ilmo.. Sr. Magistrado-Juez de 1.ª Instancia n.º 2 de los de Tarragona en autos de Juicio Declarativo de Menor Cuantía instados por D. X., contra Y1., debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda promovida por D. X. , con expresa imposición a la parte actora de las costas de primera instancia y sin hacer declaración sobre las de este recurso. Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento».

 

Tercero. - Por el Procurador D. Ángel Joaniquet Ibarz, en representación de D. X., se formalizó recurso de casación, por infracción de normas del Derecho Civil de la Compilación de Cataluña, que funda en los siguientes motivos:

Primero. - Lo fundamenta en el apartado quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por aplicación indebida del art. 324 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, ya que dicho artículo al hacer referencia al 1.295 del Código Civil, resulta inoperante en cuanto a la rescisión del contrato de compraventa.     

Segundo. - Lo invocó igualmente al amparo del apartado quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por inaplicación del art. 321 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña al ser en dicho artículo donde se configura la institución jurídica de la rescisión de la compraventa de bienes inmuebles, cuando tales bienes se venden sufriendo el vendedor lesión en más de la mitad del precio justo, aunque en el contrato concurren todos los requisitos necesarios para su validez.  

Tercero.- Se fundamentaba en el apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incumplimiento de lo que dispone el artículo 323-2 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña.  

Cuarto. - Se fundamentaba en el apartado cuarto del mismo artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 323-2 de la Compilación.  

Cuarto. - Admitido el recurso y evacuado el trámite del Ministerio Fiscal y el de instrucción por las partes, se señaló para la vista el día ocho de los corrientes en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Luis M.ª Díaz Valcárcel.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

Primero. - El primer motivo de casación se fundamenta en el apartado quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia la aplicación indebida del art. 324 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña. La futilidad de este motivo claramente se advierte con la simple lectura de la sentencia dictada por la Audiencia. Si bien es cierto que el fundamento jurídico cuarto menciona «el art. 324 de la Compilación» no es menos cierto que a continuación transcribe el precepto pertinente que es el párrafo segundo del actual artículo 323. Se trata, pues, de una simple equivocación irrelevante y subsanable sin dificultad, no en la aplicación del precepto, que es el correcto, sino en la mención del número correspondiente. Error nimio y fácilmente explicable por un sencillo Lapsus calami o por el manejo de un texto anterior al refundido que aprobó el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña mediante el Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio, a virtud de la autorización concedida en la disposición adicional única de la Ley 13/1984, de 20 de marzo, que incluía la facultad de regularizar la ordenación numérica de los artículos de la Compilación. A virtud de ello, los artículos que el primitivo texto de 1960 dedicaba a la rescisión por lesión -323 a 325- han pasado a ser cinco en el vigente -321 a 325- sin que la redacción legal haya experimentado modificación.

 

Segundo. - El segundo motivo de casación, con el mismo apoyo procesal que el primero, alega la inaplicación del art. 321 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña en cuanto dispone que los contratos de compraventa relativos a bienes inmuebles en que el enajenante haya sufrido lesión en más de la mitad del justo precio, serán rescindibles a su instancia, aunque en el contrato concurran todos los requisitos necesarios para su validez. El concepto de justo precio ha venido siendo perfilado desde la época de los glosadores en que BARTOLUS identifica precio justo con precio común y ACCURSIUS lo define como aquel por el cual puede venderse una cosa no singulariter, sino communiter. Asimismo señalan los legistas que la estimación deberá ir referida a un determinado lugar y tiempo, que será el de la celebración del contrato oneroso; pudiendo probarse mediante dictamen pericial, declaración de varios testigos o cotejo con inmuebles similares. El párrafo segundo del art. 323 de la Compilación define el precio justo como «el valor en venta que las cosas tuvieran al tiempo de otorgarse el contrato en relación a otras de igual o análogas circunstancias en la respectiva localidad aunque el contrato se consumase después». La sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona no desconoce los preceptos de la Compilación sobre la rescisión por lesión ultra dimidium ni la correcta interpretación de la locución «precio justo», y declara explícitamente que el problema sometido a debate queda reducido a analizar si el enajenante ha sufrido lesión en más de la mitad del justo precio, y que para apreciar cual sea éste hay que atender a los criterios del art. 324 (hoy 323 párrafo segundo).

 

Tercero. - Dentro de este mismo motivo de casación el recurrente aduce en su escrito de formalización que la Sala de la Audiencia «ha desoído y minimizado el dictamen pericial objetivo de un perito» «para acogerse tan solo a lo que tiene un carácter meramente subjetivo como son las escrituras públicas de compraventa de fincas» diversas a las de autos; sosteniendo que la demostración del justo precio debe ser realizada mediante prueba pericial. La tesis del recurrente carece de fundamento pues ni los antecedentes históricos sucintamente reseñados en el párrafo anterior ni el derecho civil catalán vigente justifican un tratamiento privilegiado de la prueba pericial frente a los restantes medios probatorios que, por otra parte, sería incompatible con los principios procesales básicos sobre la materia. Invoca el recurrente una sentencia del Tribunal de Cassació de Catalunya de diciembre de 1937 (suponemos que se trata de la dictada el día 10 de dicho mes y año) que en un supuesto de venta a carta de gracia señala que la prueba del justo precio recae sobre el contratante que alega haber sufrido lesión y «debe ser realizada mediante prueba pericial». Parece claro que esta declaración del Tribunal no excluye la práctica de otras pruebas ni la debida ponderación de todas ellas por el juzgador de instancia. Y si ello era así para el Derecho Civil catalán anterior a la Compilación con mayor vigor puede afirmarse del vigente que, para determinar el precio justo, exige cotejar el valor en venta de la cosa enajenada con el de «otras de igual o análogas circunstancias en la respectiva localidad» lo que otorga singular importancia a la aportación de contratos de compraventa coetáneos cuyas circunstancias guarden similitud con las del contrato supuestamente lesivo. Por otra parte, la jurisprudencia afirma sin fisuras que la determinación del justo precio es una cuestión de hecho que corresponde apreciar al Tribunal de instancia el cual formará su convicción valorando las pruebas practicadas; doctrina reiterada desde las remotas sentencias de 30 de abril y 23 de mayo de 1874 hasta la reciente de 24 de febrero de 1988 en la que leemos que como elementos o aspectos a tener en cuenta para la determinación del justo precio no sólo está el valor en venta que tuviesen las cosas al otorgarse el contrato «sino también un aspecto confrontativo representado por la puesta en relación con otras cosas de iguales o análogas circunstancias, en la respectiva localidad»; y que «siendo la determinación del precio justo una cuestión de hecho, es al Tribunal de instancia a quien corresponde su determinación atendiendo a las pruebas practicadas».

 

Cuarto. - Los dos últimos motivos del recurso de casación se fundamentan en el número cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; error en la apreciación de la prueba basada en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La reforma del texto procesal operada por Ley 34/1984, de 6 de agosto, si bien reduce el rigor de la anterior redacción al eliminar los requisitos de autenticidad en el documento y evidencia en el error, en modo alguno convierte un recurso extraordinario de carácter predominantemente nomofiláctico en una nueva instancia, y no autoriza a que el Tribunal de casación revise indiscriminadamente el material probatorio y su ponderación. La jurisprudencia posterior a la reforma insiste en el aserto tradicional de que la casación no es una tercera instancia. Puede servir de ejemplo la sentencia de 27 de diciembre de 1985 al afirmar que la reforma de 1984 flexibilizó el rigorismo formal de la normativa anterior pero «no por ello convirtió la casación en una tercera instancia en la que este Tribunal pueda libremente examinar y valorar todos los elementos de convicción traídos al proceso, pues sus potestades en esta materia, cuando se invoca el error en la apreciación de la prueba al amparo del n.º 4 del art. 1.692, quedan circunscritas a decidir si los documentos en que se apoya tal error, bien porque no existen otras pruebas que se les opongan, bien porque existiendo carezcan de fuerza para desvirtuar su contenido, demuestran la equivocación del juzgador». Asimismo la sentencia de 7 de abril de 1986 advierte que la nueva redacción del citado precepto no es «apta para convertir la casación en una tercera instancia, con los enormes riesgos que ello provocaría en cuanto a la seguridad jurídica».

 

Quinto. - La sentencia de primera instancia apoya su fallo en un dictamen pericial, mientras que la de la Audiencia, tras una crítica de la prueba de perito, otorga mayor eficacia demostrativa del precio justo a una serie de escrituras de compraventa de fincas que estima análogas a la del actor. La parte recurrente dice «que aún cuando el informe o dictamen del perito judicial señor Puig Serra no sea vinculante para el Tribunal, no hay duda que ha de prevalecer sobre unas escrituras públicas de fechas anteriores a la compraventa de autos». Frente a esta línea argumental cabe decir: a) el error ha de resultar únicamente de documentos, no de otro tipo de pruebas como la pericial, sin que sea documento a los efectos del número cuarto, las actuaciones judiciales por las que se acredita la práctica de otras pruebas. La prueba pericial no es prueba legal en el sentido de que las conclusiones de los peritos vinculen al órgano jurisdiccional, el cual, conforme al art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en combinación con el art. 1.243 del Código Civil, habrá de apreciarla según las reglas de la sana crítica, sin estar obligado a sujetarse al dictamen de los peritos (S. de 29 de abril de 1986). b) Los documentos a que se refiere el expresado ordinal cuarto son aquellos en que se constata un hecho, acto o negocio jurídico producido con independencia de las actuaciones judiciales a las que ha sido incorporado, es decir, los que se mencionan en el art. 1.215 del Código Civil y 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como medios de prueba, no pudiendo conceptuarse como tales a los efectos de fundamentar el denunciado error los actos o diligencias en las que se consignan o documentan, bajo la fe de los secretarios judiciales, los medios de prueba de confesión, reconocimiento judicial, pericial o testifical (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de mayo y 10 de junio de 1986). c) Exige la jurisprudencia que el documento o documentos en que el recurrente pretenda amparar la demostración del error en que ha incurrido el Tribunal de instancia ha de reunir una serie de requisitos, ninguno de los cuales aparece cumplido en el recurso que examinamos. El documento ha de ser señalado de manera suficiente y precisa (S. de 7 de octubre de 1985); y no sólo ha de citarse el documento sino exacta concreción de la parte en que conste el error (S. de 29 marzo de 1986). El documento debe ser literosuficiente para demostrar el error, sin necesidad de acudir a exégesis e interpretaciones, siempre que el extremo no esté acreditado por otros elementos y sin que sea lícito al recurrente realizar el examen de otro tipo de probanzas (S. de 30 de enero de 1986).

 

Sexto. - Por todo lo dicho procede desestimar el recurso con imposición de las costas al recurrente conforme previene el último párrafo del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey,

 

FALLAMOS

 

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don X., contra la sentencia de fecha 24 de julio de 1989 dictada por la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona; condenando a la parte recurrente al pago de las costas; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra Sentencia, mandamos y firmamos.

 


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