Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

STSJC 09-12-2004

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 9 de desembre de 2004, núm. 36/2004 (Sala Civil i Penal)

Presidenta:

Excma. Sra. M. Eugènia Alegret Burgués

Magistrados:

Ilmo. Sr. Guillem Vidal Andreu

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 48/2004 contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 259/03, como consecuencia de las actuaciones del juicio de menor cuantía núm. 278/00 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 5 de Vilanova i la Geltrú. El Sr. X1 ha interpuesto este recurso representado por el procurador Sr. Jaume Gassó i Espina y defendido por el letrado Sr. Carlos Feliu de Travy. Son partes recurridas el Sr. X1 y la Sra. X3, representados por la procuradora Sra. Mª Isabel Pereira Mañas y defendidos por el letrado Sr. José M. Vázquez Barea; el Sr. Y1 y la Sra.Y2, representados por la procuradora Sra. Josefa Manzanares Corominas y defendidos por el letrado Sr. Maximiano Cordero Ferrero, y  Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, representada por el procurador Sr. Francisco Javier Manjarín Albert y defendida por el letrado Sr. Andrés Marroig Schilt.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La procuradora de los tribunales Sra. Montserrat Carbonell Borell actuó en nombre y representación del Sr. X1 formulando demanda de juicio de menor cuantía núm. 278/00 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Vilanova i la Geltrú. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 20 de diciembre de 2002, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “FALLO: Desestimo la demanda interpuesta por D. X1 E. contra D. Y1 y DªY2 y contra la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” y, en consecuencia, absuelvo a los demandados de todos los pedimentos formulados en su contra, con imposición de costas al actor”.

Segundo. Contra esta Sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 20 de enero de 2004 con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. X1, contra la Sentencia dictada en fecha 20 de diciembre del 2002 por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vilanova i la Geltrú, en los autos de que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución, haciendo expresa imposición de las costas devengadas en esta alzada procedimental, a la parte apelante”.

Tercero. Contra esta Sentencia, el procurador Sr. Jaume Gassó i Espina, en nombre y representación del Sr. X1, interpuso recurso de casación que por auto de esta Sala, de fecha 19 de julio de 2004, se admitió a trámite, dándose traslado a las partes recurridas y personadas para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 29 de septiembre de 2004 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación, y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló para la celebración de vista, que ha tenido lugar el día 8 de noviembre de 2004, a las 10,30 horas de su mañana.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se alza el recurrente contra la Sentencia dictada en fecha 20 de enero de 2004 por la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, en rollo 259/03 procedente del juicio de menor cuantía 278/00 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Vilanova i la Geltrú.

El recurso de casación se admitió por auto de fecha 19 de julio de 2004, tras oír las alegaciones formuladas por todas las partes personadas. Hoy reiteran su inadmisibilidad las partes recurridas sobre la base de que, según ellas, el recurso carece de interés casacional, incurre en incongruencia y hace supuesto de la cuestión en el segundo de sus motivos al alegarse infracción del art. 278 de la Compilación del derecho civil de Cataluña. Debe, pues, responderse a las anteriores consideraciones supliendo la omisión contenida en el citado auto.

Como es sabido, las causas de inadmisión se convierten, en este trámite procesal, en causas de desestimación, pero no es éste el caso. Tras oír al recurrente, la Sala entendió — y sigue entendiendo— que se trata de un recurso que contiene un indudable interés casacional, siempre que se respeten, como deberán respetarse, los hechos que la Audiencia declara probados. No se trata, en consecuencia, de proceder a una nueva valoración del material probatorio, lo que le está vedado a la Sala dado el cauce de recurso escogido; se trata de determinar si, como afirma el recurrente, dados los hechos declarados probados, el art. 1473 del Código civil fue incorrectamente aplicado por el Tribunal de instancia.

Tampoco incurre el recurrente en incongruencia al partir en el recurso de que se trata de la identidad de la finca vendida y la ocupada por la familia compuesta por D. MATRIMONIO ENTRE Y3 Y Y4, mientras que en la instancia había sostenido invariablemente que se trataba de fincas diferentes. Tal decisión viene motivada precisamente por la propia sentencia que el recurrente impugna, en la medida en que el respeto a los hechos probados, esto es, a la declaración intangible de que “lo adquirido por dichos codemandados fue el terreno situado dentro de dichos límites, y no ningún otro”, aboca a impugnar la consecuencia jurídica que el Tribunal a quo deduce de tal declaración fáctica.

Finalmente, la aplicación del art. 278 de la Compilación será consecuencia de la declaración última de la titularidad del inmueble ocupado por los Sres. X2, de suerte que sólo entrará a colación en el caso de que se declare que los mismos no son propietarios del terreno sobre el que se levantó la edificación; cuestión, por cierto, que el recurrente ya planteó en su escrito de demanda, no tratándose, en consecuencia, de una cuestión nueva, como, en principio, pareció a la Sala.

Segundo. Superados los obstáculos de admisibilidad, debe procederse al análisis de los motivos de recurso, comenzando por el primero, que, como se ha adelantado, invoca la incorrecta aplicación por el Tribunal de instancia del art. 1473 del Código civil, segundo párrafo.

El recurrente sostiene que dicho precepto no es aplicable al caso de autos porque no se trata de una doble venta, sino de una venta de cosa ajena, con la consiguiente inexistencia de la segunda venta por falta de objeto.

Según la declaración de hechos que se contiene en el fundamento de derecho tercero de la sentencia que se impugna, la situación actual de las fincas de autos deriva de dos ventas primeras efectuadas por mandatarios diferentes de Dª. Z1 de sendas segregaciones de una finca matriz, la señalada con el nº XXXX del Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú. La primera de estas segregaciones, de 7072 metros cuadrados, fue vendida el 11 de mayo de 1973 a X4 (luego Comercial X4, SA) e inscrita en el Registro con el nº XXXX el 12 de febrero de 1979. X4 segregó de la anterior otra finca, de 4425 metros, y la vendió el 14 de marzo de 1979 al actor del presente procedimiento, D. X1, inscribiéndose con el nº XXXX el 17 de septiembre de 1979. La segunda de las segregaciones de la finca matriz, de 3724 metros, se vendió a D. Z2 y Dª. Y2 el 16 de marzo de 1977 y fue inscrita el 25 del mismo mes con el nº XXXX. Los Sres. Y2 segregaron a su vez 560 metros cuadrados que vendieron a D. X1 y Dª. X3 el 23 de julio de 1981, inscribiéndose el 5 de marzo de 1983 con el nº XXXX.

Finalmente, el matrimonio ENTRE X1 Y X3 segregó y vendió a D. MATRIMONIO ENTRE Y3 Y Y4 la finca que hoy es objeto de debate en fecha 1 de julio de 1995, finca inscrita en el Registro con el nº XXXX el 13 de septiembre del mismo año y sobre la que se ha levantado una edificación de 158,85 metros cuadrados (36,75 de garaje).

Con estas bases fácticas la Audiencia de Barcelona, confirmando la sentencia de primera instancia, desestima la demanda formulada por D. X1 que ejercitaba acción reivindicatoria de esta última finca, derecho de accesión sobre la edificación y nulidad de la hipoteca constituida sobre la misma, sobre la base de que, tratándose de un caso de doble venta de bienes inmuebles, debe aplicarse el segundo párrafo del art. 1473 del Código civil y otorgar la propiedad a quien primero inscribió, que es el matrimonio Y2, del que traen causa los actuales ocupantes del inmueble.

Planteado así el debate, el análisis debe centrarse en la determinación de si nos hallamos ante un caso de doble venta, a resolver del modo como lo ha hecho la Audiencia, o ante un caso de venta de cosa ajena, en cuyo caso devendría inexistente por falta de objeto la venta efectuada al matrimonio X2

Nuestro Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que la existencia de un supuesto de doble venta requiere inexcusablemente que cuando se perfeccione la segunda venta, la primera no haya sido consumada todavía, lo que precisa de una cierta coetaneidad o proximidad cronológica entre las ventas, pues si la primera de ellas ya quedó consumada por el pago del precio y entrega de la cosa, entonces no se da un caso de doble venta sino una venta de cosa ajena, con la consecuencia de que no existe la segunda venta por falta de objeto. Así se expresan las sentencias de 30 de junio de 1986, 11 de abril y 17 de noviembre de 1992, 8 de marzo de 1993, 25 de noviembre de 1996 y 10 de diciembre de 1999, entreotras.

Claramente se desprende del relato fáctico adverado que, en el caso de autos, no existió la coetaneidad o proximidad cronológica de la que nos habla el alto tribunal, pues entre la primera venta (a X4) y la segunda (a los consortes Y2) transcurrieron casi cuatro años.

Las dos ventas se otorgaron en escritura pública, de modo que se produjo la traditio ficta o instrumental que prevé el segundo párrafo del art. 1462 del Código civil. Resulta, pues, que la primera de las ventas, efectuada por Dª Z1 a X4 (luego Comercial X4, SA) quedó perfectamente consumada el día 11 de mayo de 1973, fecha del otorgamiento de la escritura pública, con lo que ha de devenir inexistente la segunda en cuanto el bien transmitido ya no se hallaba en el patrimonio de la transmitente.

A los anteriores efectos conviene recordar la doctrina de nuestro Tribunal Supremo.

Nos dice la Sentencia de 8 de mayo de 1982 que “si bien es cierto que en nuestro sistema se exige la tradición para la adquisición efectiva de la propiedad, sin que baste el mero consentimiento, también lo es que esa tradición no ha de entenderse siempre como traslado material y físico de la cosa que se transmite mediante un contrato y ni siquiera una transmisión o entrega en absoluto limpia de todo defecto, si es que se quiere que la relación obligatoria tenga también eficacia, justamente porque la ley lo que quiere es que haya una puesta la disposición del acreedor a comprador, suficiente y bastante para que éste pueda válidamente exigir el cumplimiento y advenimiento a la posesión efectiva, de donde la posibilidad que el artículo 1462.2.º del Código civil prevé al equiparar la escritura pública a la entrega (traditio cartas), es decir, con el establecimiento de una verdadera presunción iuris tantum, que sólo podrá ser desvirtuada cuando se demuestre su discordancia con la realidad jurídica (sentencias de 25 de abril de 1930, 10 de septiembre de 1931, 25 de abril de 1949) o bien cuando de la misma escritura resulte claramente lo contrario, por no ser rebatible la presunción por cualquier medio (Sentencia de 22 de marzo de 1952), pues ya la Sentencia de 16 de febrero de 1970 especificaba que la tradición, documental o ficta posee la misma eficacia que la ocupación material”.

Y en igual sentido la de 31 de enero de 1990 cuando dispone: “con lo cual se infringe abiertamente el artículo 1462 del Código civil, que entiende transmitida la propiedad del inmueble por el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, a menos que de la escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario. Nada resulta al respecto de la escritura pública, y nada pone de relieve en este sentido la Sala de instancia en su apreciación de la prueba, por lo que con todo evidencia que la transmisión del dominio de los citados inmuebles se operó en la fecha de la escritura, 16 de febrero de 1982, fecha en que perdió el dominio el transmitente”.

Y, finalmente, la de 25 de marzo de 1994: “No es admisible discutir, por otro lado, la entrega de la cosa a la entidad recurrida cuando en la fecha del contrato adquisitivo por la misma de la parcela debatida causó en toda su plenitud efectos la ‘tradición instrumental’ reconocida en el art. 1462, pfo. 2º, CC, ya que nada se deduce claramente en sentido contrario de la correspondiente escritura obrante en autos; por lo tanto, ha de reconocerse, a los efectos de la acción reivindicatoria que ejercitó la entidad ahora recurrida, que la finca le fue entregada a los efectos de adquirir el correspondiente derecho real de dominio, de conformidad con los artículos 609 y 1095 CC, a la vez que adquirió el título dominical suficiente para el éxito de la acción reivindicatoria”.

Conviene precisar, por último, que la escritura de compraventa no contiene cláusula alguna que empañe la presunción iuris tantum de entrega instrumental del inmueble, ni se deduce contradicción posesoria alguna de su texto. El hecho, denunciado por las partes recurridas, de no ejercer actos administrativos que acreditaren aquella condición de titular, amén de no formar parte del acervo probatorio declarado por la sentencia que se combate, no constituye obstáculo incompatible con la condición de propietario ni, por supuesto, surge de la escritura como exige el art. 1462 citado.

Por todo lo dicho, procede acoger el motivo de recurso con las consecuencias que luego se expondrán.

Tercero. El segundo de los motivos casacionales denuncia infracción por no aplicación del art. 278 de la Compilación del derecho civil de Cataluña, precepto efectivamente inaplicado por la Audiencia por mor de su decisión favorable a la aplicación del art. 1473 del Código civil.

El art. 278 de la Compilación, en concordancia con su precedente el Usatge si quis in alieno, contempla la accesión desde quien edifica, planta o siembra en suelo ajeno, a diferencia del Código civil, que, en su art. 361, la contempla desde el propietario del terreno.

Las soluciones de ambos textos son también diferentes por cuanto el Código civil otorga a dicho propietario un derecho de opción o potestativo entre adquirir lo construido con abono de los gastos y vender el terreno en que se construyó, siempre que se haya construido de buena fe, mientras que la Compilación, en este caso, determina la pérdida de lo construido y su adquisición por el propietario del terreno con derecho de retención del edificante hasta el pago de los materiales y jornales.

Resuelto, como ha sido, que el terreno donde edificaron, en el evento de autos, los demandados Sres. X2 pertenece al actor X1, es evidente que debe aplicarse la regla contenida en el precepto mentado de la legislación catalana y declarar, por ende, la pérdida por parte de los demandados de la edificación levantada y declarar su derecho a retenerla hasta tanto no les sean satisfechos los materiales y jornales invertidos en ella.

Con todo ello ha de aceptarse el segundo motivo de recurso, no sin antes consignar que la Sala parte de la buena fe de los constructores, tanto porque ello es principio general, cuanto porque de los autos no se deduce lo contrario, con lo que se dará lugar a la petición subsidiaria del demandante; y que es inaceptable la petición de los demandados Sres. X2 de que se aplique el instituto de la accesión invertida o por extralimitación del constructor, inaceptable en la medida en que toda la edificación se halla en suelo ajeno y no parte como supone la solución jurisprudencial que define aquella figura jurídica (ver, por todas, nuestras sentencias de 22 de julio de 1991, 10 de mayo de 1993 y 6 de abril de 1998, que tratan in extensum la materia).

Finalmente, interesa dejar consignado que el pago que se efectúe, en su caso, de los materiales y jornales, a determinar y fijar en ejecución de sentencia, deberá seguir la pauta marcada en nuestra Sentencia de fecha 25 de abril de 1992 (fundamento de derecho cuarto).

Consecuencia de cuanto antecede es la estimación total del recurso de casación, la declaración de propiedad de la finca cuestionada en favor del actor, la pérdida por los demandados Sres. X2 de lo edificado y el derecho de retenerla hasta tanto les sean abonados los materiales y jornales y la nulidad de la escritura de hipoteca constituida sobre la finca por la Y5 de Barcelona, en cuanto se basa en la propiedad del inmueble por parte de los indicados demandados.

Cuarto. La estimación total del recurso determina, según el art. 398 de la Ley de enjuiciamiento civil, la no imposición de costas, debiendo anularse asimismo las imposiciones de costas efectuadas en primera y segunda instancia.

Así pues,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos estimar como estimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador de los tribunales D. Jaume Gassó Espina, en nombre y representación procesal de D. X1, contra la Sentencia dictada en fecha 20 de enero de 2004 por la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo 259/03 procedente del juicio de menor cuantía 278/00, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Vilanova i la Geltrú; en su consecuencia, estimamos la demanda en su día presentada por la procuradora Dª. Montserrat Carbonell Borrell ostentando la representación procesal del ahora recurrente y declaramos que la finca señalada con el nº XXXX del Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú que ahora ocupan los demandados D. Y1 y Dª.Y2 es propiedad de D. X1, siéndolo también la edificación o construcción levantada sobre el terrero por dichos demandados, y declaramos nula la hipoteca constituida sobre la indicada finca por la Y5 de Barcelona; con lo que, condenamos a todos los demandados a estar y pasar por dichas declaraciones y a los Sres. X2 a entregar al X1 la finca descrita, con inclusión de la edificación construida, ostentando dichos demandados el derecho de retenerla hasta tanto les sean satisfechos, en la forma en que se ha dicho en el fundamento de derecho cuarto, los materiales y jornales invertidos; todo ello sin imposición de las costas de este recurso ni las de las dos instancias.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas y, con su testimonio, remítanse los autos y el rollo a la indicada Sección de la Audiencia.

Así por ésta, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.