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STSJC 08-11-2004

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 8 de novembre de 2004, núm. 32/2004 (Sala Civil i Penal)

Presidente:

Ilmo. Sr. Guillem Vidal Andreu

Magistrados/das:

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Ilmo. Sr. Ponç Feliu i Llansa

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 52/2004 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo de apelación núm. 453/03, como consecuencia de las actuaciones del procedimiento de divorcio núm. 499/02 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 17 de Barcelona. El Sr. X1 ha interpuesto este recurso representado por la procuradora Sra. Ana Roger Planas y defendido por la letrada Sra. Mireia Pagès i Crivillé. Es parte recurrida la Sra. Y1, representada por el procurador Sr. Joaquín Sans Bascu y defendida por el letrado Sr. Francisco Armendáriz del Cura.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los tribunales Sr. Joaquín Sans Bascu actuó en nombre y representación de la Sra. Y1 formulando demanda de procedimiento de divorcio núm. 499/02 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Barcelona. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 12 de noviembre de 2003, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “FALLO: Que con estimación de la demanda reconvencional interpuesta por D. X1 contra Dª Y1, y aceptada la causa de divorcio invocada por el esposo por parte de la esposa debo declarar y declaro disuelto, por la causa de divocio 4º del art. 86 del Código civil, el vínculo matrimonial existente entre ambos litigantes contraído mediante matrimonio celebrado en L (Valencia) el día 29 de marzo de 1964, sin otros efectos que los legales inherentes, así como sin hacer expresa condena en costas”.

Segundo. Contra esta Sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 12 de noviembre de 2003 con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Con estimación del recurso de la actora Dª Y1 contra la Sentencia de 12 de febrero de 2003 recaída en divorcio 499/2002 del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Barcelona, en el que ha sido parte demandada D. X1, debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia apelada, solo en cuanto a estimar como estimamos la petición de la recurrente a percibir una pensión compensatoria mensual a cargo del Sr. X1 en cantidad de trescientos sesenta euros, con actualizaciones anuales cada primero de año, conforme a la evolución del IPC de los doce meses precedentes. No se imponen costas de la alzada procedimental. Cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad”.

Tercero. Contra esta sentencia, la procuradora Sra. Ana Roger Planas, en nombre y representación del Sr. X1, interpuso recurso de casación que por auto de esta Sala, de fecha 17 de junio de 2004, se admitió a trámite dándose traslado a la parte recurrida y personada para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 21 de septiembre de 2004 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación, y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló para su votación y fallo, que han tenido lugar el día 14 de octubre de 2004.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La representación procesal de D. X1 interpone recurso de casación contra la Sentencia dictada en fecha 12 de noviembre de 2003 por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo 453/03 procedente del juicio de divorcio contencioso 499/02, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Barcelona.

Los hechos a que se contrae el proceso son los siguientes:

Dª. Y1 presenta, en junio de 2002, demanda de separación matrimonial, interesando, entre otros pronunciamientos, que se declare el derecho de la actora a una “pensión alimenticia” equivalente al 30% de los ingresos del marido, si bien entre los fundamentos de hecho (noveno) se aludía al derecho a una pensión compensatoria, y en los fundamentos de derecho (cuarto) se citaban los artículos 79 y 84 del Código de familia de Cataluña. El demandado D. X1 contesta en el mismo mes, reconviniendo en petición de que se declare el divorcio de ambos cónyuges y oponiéndose al pago de cualquier clase de pensión compensatoria.

Se coincide en que el matrimonio entre los demandante y demandado tuvo lugar el 29 de marzo de 1964 y que desde entonces la esposa se dedicó al cuidado del hogar, del esposo y de los dos hijos, hoy mayores de edad. Se deterioraron las relaciones a mediados del año 1996, pasando a residir el marido en otro domicilio y subrogando a la esposa en el alquiler del conyugal.

El marido pasó a la esposa una pensión mensual de 100.000 pesetas hasta el año 1998.

La sentencia objeto de recurso declara probado que la esposa abona, en concepto de alquiler, 50.000 pesetas; que el marido abona, por su piso alquilado, 75.000; que la mujer, que cuenta en la actualidad 63 años, no posee bienes ni ingresos de clase alguna, y que el marido percibe catorce pagas de 1.223,51 euros por invalidez (un promedio estimado de 237.503 pesetas mensuales). La Audiencia también declara probado que en 1996, al repartirse el dinero que el matrimonio tenía en cuentas corrientes y letras del Tesoro, la esposa retiró “algo más de diez millones de pesetas”, de cuya cantidad ha dispuesto, prestando tres millones a su hijo y manteniéndose desde 1998. Si esto fuera así —y el hecho es inmodificable en casación—, el marido habría dispuesto de algo menos de catorce millones de pesetas, al consistir el patrimonio declarado por él mismo en un total de veintiséis millones.

La sentencia de primera instancia desestima la demanda inicial de prestación de pensión, y la sentencia objeto de recurso revoca tal decisión y otorga a Dª. Y1 la cantidad de trescientos sesenta euros mensuales en concepto de pensión compensatoria.

El recurso fue admitido por esta Sala, resolviendo un anterior recurso de queja, de modo que nada más hay que añadir al respecto, pese a la oposición de la parte recurrida.

Segundo. El recurso de casación funda su motivo único en la infracción del art. 84 del Código de familia de Catalunya, radicando, según la parte, el interés casacional (art. 477.2.3 de la Ley de enjuiciamiento civil) en la existencia de doctrina contradictoria entre la mantenida en la sentencia y la forjada tanto por la misma Sección Duodécima como por la Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona, y la ausencia de doctrina de esta Sala sobre el momento en que debe ser apreciado el desequilibrio económico que pone base a la pensión compensatoria y sobre los efectos de la dejación temporal del ejercicio del derecho a su reclamación.

Ciertamente, como ha tenido ocasión de expresar esta Sala —siguiendo las tesis del Tribunal Supremo— en muchas ocasiones, el interés que permite el acceso casacional de un litigio no radica en la contradicción de una sentencia de la Audiencia con las de la misma Sección o las de otra distinta, sino en la coexistencia de dos doctrinas distintas de una Audiencia Provincial, lo que, al parecer, no es el caso, en el que, a mayor abundamiento, se mezclan sentencias que abordan dos clases de indemnizaciones distintas: la compensación económica por trabajo doméstico (art. 41 del Código) y la pensión compensatoria (art. 84); sin embargo, sí es cierto —y de ahí la admisión del presente recurso— que no hay doctrina de esta Sala en orden al punto objeto de controversia que aquí se plantea en un doble sentido: cuando debe valorarse el desequilibrio económico que sirve de base a la concesión de una pensión compensatoria y qué valor puede tener la dejación temporal del derecho a exigir la declaración judicial de tal pensión, aspectos que, como decimos, no han obtenido todavía un pronunciamiento específico de este Tribunal.

Pero sí existen dos declaraciones marginales que acumulan argumentos precisos para el enjuiciamiento presente. Nos referimos a la Sentencia de fecha 27 de abril de 2000, referida en este caso a la compensación económica por razón del trabajo doméstico, en la que la Sala declaró: “El título en que se funda la indemnización compensatoria en caso de extinción del régimen económico matrimonial no es la crisis conyugal sino la separación, nulidad o divorcio o, más en concreto, la resolución que tal declare. Así se deduce con claridad del texto del art. 23 de la Compilación, que sitúa el nacimiento del derecho a la compensación ‘quan s’extingeixi el règim per separació judicial, divorci o nul·litat del matrimoni’.

Cosa distinta es que para centrar el montante económico haya de acudirse a la situación de convivencia conyugal, de tal modo que el cese de ésta determine la situación de enriquecimiento/ empobrecimiento. En otras palabras, la crisis conyugal que supone la falta de convivencia uxoris sirve de elemento nuclear para valorar la situación económica de los cónyuges y, de momento, para apreciar si existe verdadera desigualdad patrimonial que genere un injusto enriquecimiento para uno de los cónyuges, pero el título que engendra el derecho es la extinción del régimen económico matrimonial por sentencia de separación, nulidad o divorcio.

“Esta doctrina es la más respetuosa con la disposición transitoria primera del Código civil, según cuyo segundo inciso ‘[...] si el derecho apareciere declarado por primera vez en el Código, tendrá efecto desde luego, aunque el hecho que lo origine se verificara bajo la legislación anterior, siempre que no perjudique a otro derecho adquirido de igual origen’ y con el espíritu que emana de la disposición final de la Ley catalana 8/1993 en cuanto dispone su inmediata entrada en vigor y su aplicación tan solo a los casos de separación, divorcio y nulidad que se inicien después de ese día, lo que conlleva a su aplicación a los matrimonios anteriores a su entrada en vigor ”.

Más adelante se expresa: “De cuanto antecede se deduce que el sistema compensatorio opera cuando se disuelve el matrimonio, se centra en el período de convivencia familiar y se viabiliza cuando existe un injustificado desequilibrio patrimonial, comparando el acervo económico que a cada cónyuge se atribuye.

Y ahí es donde se produce el segundo error de la Audiencia, que, como se ha dicho, compara la situación económica de los cónyuges en el momento actual”.

Con mayor claridad se deduce hoy, respecto a la pensión compensatoria del art. 84 del Código de familia, en cuanto expresa: “El cònjuge que, a conseqüència del divorci o de la separació judicial, vegi més perjudicada la seva situació econòmica [...]” (el subrayado es propio).

Y a la Sentencia de fecha 2 de junio de 2003 en la que se dijo: “En conclusión, habrá que proyectar estas tesis sobre cada caso y observar si, renunciada una pensión compensatoria, el Tribunal ha de subvenir al cónyuge necesitado cuando el mismo no tenga otro remedio de subsistencia, considerando que aquella renuncia se hizo (rebus sic stantibus) por percibir al momento una pensión alimenticia, que luego el divorcio extingue.

Y, aplicada esta doctrina al caso de autos, resulta diáfano que así se hizo.

En el momento de la separación, Dª Y1, de 56 años, sin capacitación profesional, dedicada durante casi veinte años exclusivamente al cuidado de la familia y sin medios propios de subsistencia, quedó, con sus hijos, en el domicilio conyugal y pactó con el marido una pensión alimenticia de 150.000 pesetas —revisable— para ella y los suyos. Aún, independizados los hijos, el marido siguió pagando una pensión —ya sólo a la esposa— de 77.000 pesetas, reconociendo —en confesión— aquellas condiciones de su esposa. La renuncia, por tanto, se hizo sobre la base de percibir una pensión de alimentos que cubría sus necesidades.

Ahora, eliminada la pensión de alimentos por efectos del divorcio, ha de convenirse en la necesidad de establecer una pensión compensatoria —renunciada en otras circunstancias— que, sustituyendo a aquélla, permita el digno sostenimiento del cónyuge perjudicado por la crisis matrimonial.

En consecuencia, el motivo de recurso ha de ser estimado”.

Tercero. La doctrina que fluye de las dos anteriores sentencias, aunque no incidan específicamente en el caso en cuestión, ha de servir de base a la actual decisión.

Proyectada al caso presente resulta que Dª. Y1, una vez separada de hecho o, más precisamente, al romperse la convivencia conyugal, contaba con un patrimonio de algo más de doce millones de pesetas y una pensión que le pasaba el marido de 100.000 pesetas mensuales. Esta pensión, que ya de por sí es indicativa de la conciencia por parte del demandado de una cierta impotencia económica de la esposa, le fue abonada a ésta hasta el 1998.

Desde entonces hasta el momento, Dª. Y1 vivió de los doce millones procedentes de aquella división del patrimonio conyugal.

Ahora, pues, surge el título que habilita para la fijación de una pensión compensatoria (sentencia primeramente citada de esta Sala), más si se tiene en cuenta que, producido el divorcio, cesa la posibilidad de una prestación alimenticia (segunda de las sentencias citadas), pero esa fijación debe hacerse teniendo en cuenta la situación que se producía al momento de la crisis matrimonial.

No otra cosa es lo que hace la sentencia que se combate (aun contando con la desafortunada frase que se contiene en el fundamento de derecho segundo: “Así las cosas, la cuestión se centra si en el momento presente, en que la mujer ha pedido la separación y el Sr. X1, el divorcio, se da o no desequilibrio económico”), pues, en definitiva, compara la situación de ambos cónyuges en el momento de producirse la crisis, que no ha variado sino sólo respecto de la esposa en cuanto ha terminado sus medios de subsistencia.

Y atendiendo, como debe hacerse, a la situación patrimonial en que quedaron ambos cónyuges en el momento antedicho, resulta: que el patrimonio económico, consistente en cuentas corrientes y letras del Tesoro, se repartió casi igualitariamente y quedó el marido con una pensión de 237.503 pesetas por ninguna de la esposa, que durante treinta y dos años mantuvo el hogar y cuidó del marido y de los hijos, cuenta ahora 56 años de edad y carece de otros bienes e ingresos y de cualificación profesional alguna.

Se dan, en consecuencia, cuantos elementos exige el art. 84 para el otorgamiento de la pensión, y no existe infracción legal en su concesión.

Tampoco, por otra parte, existe dejación voluntaria de su derecho a la reclamación que haya de tener efectos jurídicos vinculantes.

En el caso presente, la esposa no reclamó la pensión por el sencillo hecho de que el marido le venía satisfaciendo una pensión alimentaria de 100.000 pesetas y tampoco lo hizo al cesar esa prestación por el hecho de que pudo subvenir a sus necesidades merced al patrimonio adquirido constante matrimonio. Producido el divorcio y agotado aquel patrimonio, la actora acude, todavía tempestivamente, al instituto legal de la pensión compensatoria que —no se olvide— pretende equilibrar económicamente al cónyuge que se ve desfavorecido por una situación de crisis conyugal.

En conclusión, el único motivo de recurso debe ser rechazado.

Cuarto. Desestimado el recurso, las costas se impondrán a la parte recurrente de conformidad con lo que dispone el art. 398.1 de la LEC.

Así por ello,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos desestimar como desestimamos el recurso de casación formulado por la procuradora de los tribunales Dª. Ana Roger Planas, en nombre y representación procesal de D. X1, contra la Sentencia dictada en fecha 12 de noviembre de 2003 por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo 453/03 procedente del juicio de divorcio contencioso 499/02 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Barcelona; en consecuencia, confirmamos la indicada sentencia en todas sus partes, con imposición a la recurrente de las costas causadas en el recurso.

Notifíquese la presente a las partes personadas y, con su testimonio, remítanse a la Audiencia el rollo y los autos originales.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.