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STSJC 28-10-2004

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 28 d'octubre de 2004, núm. 30/2004 (Sala Civil i Penal)

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 56/2004 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16a de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 355/99, como consecuencia de las actuaciones del juicio de menor cuantía núm. 286/96 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 6 de Mataró. El Sr. X1 ha interpuesto recurso de casación representado por el procurador Sr. Antonio Mª de Anzizu Furest y defendido por el letrado Sr. Ramón Tamborero y del Pino.

La Sra. Y1 ha interpuesto recurso de casación representada por el procurador Sr. Ernest Huguet Fornaguera y defendida por el letrado Sr. Alberto Carrillo Carrillo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La procuradora de los tribunales Sra. Dolores Divi Alasa actuó en nombre y representación del Sr. X1 formulando demanda de juicio de menor cuantía núm. 286/96 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Mataró. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 15 de febrero de 1999, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales Dña. Dolores Divi Alasa, en nombre y representación de D. X1, contra Dña. Y1, representada por el procurador de los tribunales D. Francesc d’Assís Mestres Coll, y contra Y2, SA, representada por la procuradora de los tribunales Dña. Maria Àngels Opisso Julià, debo absolver y absuelvo a las antedichas demandadas de los pedimentos deducidos en su contra. Y estimando como estimo íntegramente la demanda reconvencional deducida en estos autos por Dña. Y1 contra las referidas partes, con sus referidas respectivas representaciones procesales, debo declarar y declaro: 1) la copropiedad por mitad de las fincas registrales números XXXX y XXXX (tomo XXXX, libro XX de L, folios respectivos XXX y XXX) del Registro de la Propiedad núm. 4 de L., 2) disuelta la comunidad de propietarios existente entre las partes respecto a aquellas fincas y 3) atendida la indivisibilidad esencial de dichas fincas y la falta de convenio de adjudicación entre los condueños, se venderán en pública subasta, sirviendo de tipo la cantidad de 47.275.000 pesetas, repartiéndose el precio obtenido por mitad entre los litigantes y sin perjuicio del derecho de crédito garantizado por la hipoteca que grava aquellos inmuebles que subsiste, a favor de Y2. Efectuándose expresa condena al dicho actor principal y demandado reconvenido al pago de todas las costas causadas en esta instancia”.

Segundo. Contra esta Sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 19 de octubre de 2000 con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por X1 contra la Sentencia de quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de primera instancia número seis de Mataró. Se revoca parcialmentela misma a los efectos de estimar parcialmente la demanda formulada por X1 contra Y1 y Y2, SA, en el sentido de mantener los pronunciamientos de la sentencia apelada con la matización de que se reconoce a X1 frente a la demandada Y1 un derecho de crédito por la cuantía de cinco millones de pesetas así como aquella otra suma que se determine en ejecución de sentencia correspondiente a la mitad de las cuotas del préstamo hipotecario que haya hecho efectivo el demandante desde la separación matrimonial, y la mitad de los impuestos que graven la propiedad“.

Tercero. Contra esta Sentencia se prepararon sendos recursos de casación y se emplazó a las partes ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, quien por auto de fecha 27 de abril de 2004 declaró la competencia de esta Sala para conocer de los recursos interpuestos.

Cuarto. Recibidas las actuaciones y personadas las partes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1709 de la LEC de 1881, se dio traslado al ministerio fiscal, el cual evacuó su informe, en el que considera procedente la admisión, parcial, a trámite, del recurso de casación interpuesto. Por providencia de 28 de junio de 2004, se admitió a trámite y se dio traslado a las partes personadas para formalizar impugnación por escrito en el plazo de veinte días.

Quinto. Por providencia de fecha 9 de septiembre de 2004 se tuvo por formulada impugnación a los recursos de casación y se señaló para la celebración de vista, que ha tenido lugar el día 5 de octubre de 2004 a las 10.30 horas de la mañana.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El demandante inicial del presente procedimiento, D. X1, ejercita en su primer escrito una serie de pretensiones encadenadas que derivan de una primera petición: que se le declare único y exclusivo propietario de la torre sita en L, urbanización XXXXX, nº XX, y de la porción de tierra que se denomina zona de acceso, que se hallan actualmente inscritas a nombre del mismo y de su anterior esposa, hoy demandada y actora reconviniente, Dª. Y1 Se dice que tales fincas fueron adquiridas con dinero exclusivo del actor, en documento privado de fecha 14 de junio de 1.989, a Construcciones Y3, SA, y que, constante matrimonio, el contrato anterior fue elevado a escritura pública el 14 de septiembre del mismo año, haciendo constar la cotitularidad de las fincas y el derecho de usufructo del marido sobre todas ellas. Posteriormente, en escritura de fecha 22 de noviembre siguiente, el actor renunció al citado usufructo, quedando, pues, el inmueble registrado a nombre de ambos cónyuges por igual.

El actor mantiene que la esposa no poseía ni posee bienes, ni ha tenido nunca ingresos propios, porque durante los veinte años que duró el matrimonio siempre se dedicó al cuidado del hogar, del esposo y de los hijos.

Las fincas, consecuentemente, son, según el actor, de su exclusiva propiedad y así debe declararse y, aun si se entendiese que el contrato de compraventa encubre una donación, ésta sería nula por defecto de forma y, aún más, debiera considerarse revocada por el grave incumplimiento de los deberes conyugales que condujeron a la separación matrimonial.

La demandada argumenta, por el contrario, que ambos cónyuges eran y son copropietarios de las fincas de autos, aunque ella no haya contribuido a su pago en la misma forma que el actor. En primer lugar, alega que invirtió tres millones de pesetas en la inicial adquisición, dinero proveniente de la herencia de su padre. En segundo término, invoca que la “puesta a nombre” de la mitad indivisa de la torre y zona de acceso responde al pacto implícito en el matrimonio (verdadero precursor del art. 23 de la Compilación del derecho civil de Cataluña introducido por la Ley 8/1993, de 30 de septiembre) según el cual el marido se dedicaba a la obtención de ingresos para la subsistencia de la familia mientras ella cuidaba del hogar, del mismo esposo y de los hijos, lo cual era frecuente y común en Cataluña, sin que el régimen legal de separación de bienes diera cumplida satisfacción a estas situaciones una vez se producía la crisis del matrimonio. Termina la demandada suplicando, además de la desestimación íntegra de la demanda, la división de la cosa común, dada la actual situación de los cónyuges en litigio.

La Sentencia de primera instancia recaída, en fecha 15 de febrero de 1999, en el procedimiento juicio de menor cuantía 286/96 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de L., desestimó la demanda y estimó íntegramente la reconvención.

Apelada que fue la anterior, en Sentencia de 19 de octubre de 2000 la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona —rollo 355/99— se revocó la primera sentencia sólo en el sentido de reconocer a D. X1, frente a la demandada Dª. Y1, un derecho de crédito de cinco millones de pesetas, así como aquella otra suma que se determine en ejecución de sentencia correspondiente a la mitad de las cuotas del préstamo hipotecario que haya hecho efectivo el demandante desde la separación matrimonial y la mitad de los impuestos que gravan la propiedad.

Contra esta sentencia de la Audiencia se alzan en sendos recursos de casación las dos partes litigantes.

Comenzaremos por el análisis del primer recurso presentado, el de D. X1

Segundo. El primer motivo de recurso denuncia, al amparo del numeral 4º del art. 1692 de la antigua Ley de enjuiciamiento civil, la infracción del art. 1253 del Código civil y de la jurisprudencia contenida en sentencias del Tribunal Supremo de fechas 17 de noviembre de 1998, 30 de julio de 1994 y 3 de febrero de 1992.

El recurso se dirige a combatir la valoración de la prueba de presunciones efectuada, al decir del recurrente, por la Audiencia, sin expresar, empero, cuándo y dónde erró el tribunal de instancia. La parte, en este primer motivo de recurso, alude a que la demandada hizo total dejación de “los derechos inherentes a su título dominical” (sic), no contribuyendo ni en la conservación de las fincas ni en el pago de los impuestos, tasas y arbitrios que las afectan, lo que supone la clara manifestación de que la esposa no se siente titular de bien alguno y reconoce la titularidad de su marido, hecho-base de notoria relevancia que, según el recurrente, impone la casación de la sentencia que declara la inexistencia de un negocio fiduciario (fiducia cum amico).

El motivo no puede prosperar.

Ante todo, debe quedar claramente establecido que la sentencia de instancia no declara la inexistencia de un negocio fiduciario, entre otras cosas porque tal declaración no le fue pedida, como enseguida veremos.

Pero, además, la imposibilidad de que el motivo prospere deriva de su propia formulación. El recurrente sustituye la valoración, objetiva e imparcial, del Tribunal por su interpretación parcial e interesada de los hechos, deduciendo de la actitud pasiva de la demandada una dejación —con efectos jurídicos— de sus titularidades dominicales, lo que es jurídicamente inadmisible.

La valoración de los hechos por parte de la Audiencia es, en este punto, impecable (amén de inmodificable en este grado casacional); y tanto es así que, coincidiendo con el recurrente, otorga al mismo un derecho de crédito por la mitad de los impuestos que gravan las fincas y que no fue pagada por la esposa.

Coincide, pues, la decisión judicial con el actor cuando afirma que Dª. Y1 no abonó el total precio de la finca, aunque luego declare probado que sí abonó parte del mismo y ningún signo ni indicio serio permite sostener que la demandada hiciera dejación de sus derechos.

El motivo, en consecuencia, debe desestimarse.

Tercero. También al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de la anterior LEC, se denuncia en el segundo de los motivos casacionales la infracción de la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 18 de marzo de 1997, 31 de diciembre de 1997, 5 de julio de 1996 y 2 de diciembre de 1996, todas ellas contemplativas de negocios fiduciarios en situaciones análogas —dice el recurrente— a la que nos ocupa.

La cuestión es absolutamente nueva y, por tanto, inadmisible en casación. Las cuestiones nuevas, como ha dicho nuestro más alto tribunal alteran el objeto de la controversia, atentan a los principios de preclusión e igualdad de partes y pueden generar indefensión en las otras partes (sentencias de 14 de octubre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 11 de abril, 4 de junio, 22 de julio y 20 de septiembre de 1994, entre muchas otras).

La existencia o no de una fiducia cum amico no ha sido controvertida ante el tribunal de instancia cuya sentencia se combate, tampoco en primera instancia, y la figura negocial ni siquiera aparece en la demanda iniciadora de la litis.

Es la propia sentencia de la Audiencia la que menta la de esta Sala de fecha 5 de marzo de 1998 en la que se aplica, siguiendo las anteriores de 10 de mayo de 1993 y 31 de enero de 1994, el principio de titularidad formal apoyada en un título de adquisición por sobre el principio de subrogación real, aunque el supuesto fáctico se aparta del actual al aplicarse el art. 7 de la Compilación por razón de interpolaridad legal al caso de una titularidad exclusiva del marido.

Amayor abundamiento, las sentencias aducidas por el recurrente, según él mismo explicita, se refieren a supuestos muy distintos al ahora enjuiciado, en los cuales reconoce el Tribunal Supremo la existencia de un negocio fiduciario, que la sentencia de 2 de diciembre de 1996 define como atribución patrimonial que hace uno de los contratantes (fiduciante) en favor del otro (fiduciario) a fin de que utilice la cosa o derecho para la finalidad que ambos han pactado, con la obligación por parte del fiduciario de retornarla o retornarlo al fiduciante o a un tercero una vez que la finalidad se haya cumplido. Nada de eso se contiene en el supuesto enjuiciado, y los que sustentan las sentencias del Supremo en absoluto se compadecen con el de autos, donde la discusión se centra en determinar la propiedad exclusiva o compartida de unas fincas sin mención alguna —explícita o implícita— de una determinada finalidad negocial y una supuesta obligación de re-transmisión de los bienes.

Este motivo de recurso, consecuentemente, también ha de decaer.

Cuarto. El tercero de los motivos casacionales, incardinado también en el art. 1692.4 de la antigua Ley procesal, invoca infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 24 de marzo de 1971 y 31 de octubre de 1996, referidas a la titularidad de las cuentas bancarias indistintas.

Aduce el recurrente que tal doctrina jurisprudencial proclama que el carácter indistinto de una cuenta corriente reza sólo para las relaciones entre los cuentacorrentistas y la entidad bancaria, dejando indemne la relación existente entre aquéllos y la propiedad del dinero, que atiende a su propia naturaleza intrínseca. Lo anterior lleva al recurrente nuevamente a realizar una distinta valoración de la prueba en cuanto al pago de los tres millones de pesetas que la Audiencia atribuye a Dª. Y1 y a la mitad de los pagos hipotecarios hechos constante matrimonio.

En efecto, ya la antigua sentencia, citada por la parte recurrente, de fecha 24 de marzo de 1971 proclamó que: “Es inaceptable el criterio de que el dinero depositado en las cuentas indistintas pasó a ser propiedad de la recurrente, por el solo hecho de figurar como titular indistinto no propietario, porque según doctrina de esta Sala en el contrato de depósito la relación jurídica se establece entre el depositante, dueño de la cosa depositada, y el depositario que la recibe, no modificándose la situación legal de aquél, en cuanto a lo depositado, por la designación de la persona que la pueda retirar; los depósitos indistintos no presuponen comunidad de dominio sobre los objetos depositados, debiendo estarse a lo que resuelvan los tribunales sobre la propiedad de ellos”.

Y la más moderna de 7 de junio de 1996 expresa: “La doctrina de esta Sala, recogida en la Sentencia de 6 de febrero de 1991, establece [...] que la titularidad indistinta lo único que atribuye a los titulares frente al Banco depositario son facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta ‘pero no determina, por sí solo, la existencia de un condominio y menos por partes iguales sobre dicho saldo de los dos (o más) titulares indistintos de la cuenta, ya que esto habrá de venir determinado únicamente por las relaciones internas entre ambos titulares, y más concretamente, por la originaria pertenencia de los fondos o numerario de que se nutre dicha cuenta’”.

La titularidad indistinta de la cuenta corriente sólo se compadece con una cotitularidad de base formal, pero no prejuzga, en las relaciones internas de los cuentacorrentistas, la propiedad del dinero ni las cuotas de participación en la cuenta.

La Audiencia, en cambio, partiendo sola y únicamente de esta titularidad formal atribuye a la esposa del demandante la mitad de los pagos efectuados con cargo a la cuenta corriente indistinta para la amortización del crédito hipotecario, sin caer en la cuenta de que, como el propio Tribunal reconoce y da por probado, la Y1 carecía de trabajo remunerado, no tenía ingresos propios ni fortuna personal, mientras que —como dice la sentencia— “ha quedado demostrada la solvencia económica del apelante, quien aparte de las retribuciones del trabajo habitual tenía ingresos dimanantes del patrimonio heredado de su tío”. La Audiencia realiza la anterior atribución sobre la base de que: “El hecho de que no haya movimientos de la cuenta hasta la separación conyugal, ni de la procedencia del dinero nos obliga a atenernos a su titularidad formal entendiendo que los pagos efectuados constante matrimonio fueron realizados conjuntamente por ambos”.

La argumentación resulta insostenible y pugna abiertamente con la proposición de otros hechos declarados probados, cuales que el marido atendía al sostenimiento económico de la familia, en tanto la esposa se dedicaba con exclusividad al cuidado del hogar, del esposo y de los hijos, por lo que, en buena lógica, el pago de los plazos hipotecarios se realizó únicamente por el marido con cargo a una cuenta que ambos cónyuges mantenían con la cualidad de indistinta, lo que, por otro lado, es y era harto frecuente en el matrimonio.

En este sentido, aunque, como se verá inane a los efectos de la decisión final, debe ser parcialmente estimado el motivo de recurso y rechazado en cuanto se refiere al pago de la cantidad inicial de tres millones de pesetas por la Y1 En este concreto particular, la Audiencia es contundente y declara probado que “la demandada Y1 disponía de bienes suficientes para atender el pago de la mitad de la entrega inicial, y así en concreto queda acreditado que el día anterior a la suscripción del contrato privado dispuso de la cantidad de tres millones de pesetas”, hecho que resulta también con contundencia de la sentencia de primera instancia, que atiende a los extractos bancarios y a las fechas concretas de las transferencias. El Tribunal ha valorado la procedencia del dinero y llega a la conclusión anterior, conclusión que en absoluto aparece aquí como ilógica, arbitraria o irrazonable, pues el supuesto de una entrega parcial es muy distinto a los pagos repetidos hechos constante matrimonio, donde la solución, como se ha dicho, ha de ser distinta.

Quinto. El motivo cuarto de recurso, con el mismo fundamento procesal que los anteriores, alega infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 21 de enero de 1992, 21 de junio de 1945 y 22 de febrero de 1946 sobre la teoría de los actos propios.

El motivo es absoluta y llanamente rechazable.

Y ello, tanto porque el recurrente confunde lamentablemente la teoría según la cual nadie puede ir válidamente contra sus propios actos con un ejercicio normal y pormenorizado de la valoración probatoria en su conjunto, cuanto porque la sentencia objeto de recurso no aplica, ni en el fundamento de derecho tercero que se cita ni en ningún otro, la anterior teoría de los actos propios.

Decir —como hace el recurrente— que “la doctrina jurisprudencial entiende que la citada teoría es inaplicable y completamente ineficaz cuando se pretende utilizar para validar actos justificadamente nulos e ineficaces como la renuncia de mi mandante al derecho de usufructo”, es hacer supuesto de la cuestión pues la renuncia al usufructo no es nula ni ineficaz, y no por aplicación de la teoría de los actos propios, sino porque la Audiencia entiende —y así es— que “la parte apelante no da razón justificativa satisfactoria de por qué en las escrituras públicas se hace constar a la demandada como adquirente si en realidad no lo era, y menos aún por qué en la segunda escritura pública deja de reservarse el usufructo”.

Aquí no hay, en conclusión, aplicación de la teoría de los actos propios, sino rechazo implícito de la alegada nulidad de la renuncia al usufructo por una sedicente coacción, que ni indiciariamente aparece adverada en los autos.

El motivo, pues, se desestima.

Sexto. El último de los motivos de recurso del demandante, D. X1, articulado al amparo del mismo precepto que los anteriores, denuncia infracción de la doctrina contenida en las sentencias de 23 de marzo de 1966 y 16 de noviembre de 1979 sobre el enriquecimiento injusto.

Se argumenta que abonados por el Sr. X1 todos los pagos iniciales, amortizaciones del préstamo hipotecario, tasas y arbitrios, la reivindicación de la mitad de la finca por parte de su esposa generaría un enriquecimiento injusto de la misma con el correlativo empobrecimiento injustificado del único titular de los inmuebles.

Así sería si se partiera de lo injusto de la anterior reivindicación, pero esa es precisamente la cuestión a dilucidar: la verdadera titularidad dominical de las fincas. Si la decisión final es la cotitularidad dominical, ningún injusto enriquecimiento se produciría al demostrarse la coincidencia de la titularidad real con la formal. Mutatis mutandi ningún inconveniente habría en que Dª. Y1 argumentara, por su parte, que de concederse la razón al demandante y atribuirle la titularidad plena de las fincas se produciría un enriquecimiento injusto de éste que no tendría nunca en cuenta su contribución, por su plena dedicación y esfuerzo al matrimonio, a la construcción del patrimonio exclusivo del marido. El motivo, en definitiva, debe decaer.

Séptimo. Pasando ya al recurso contra la sentencia deducido por Dª Y1, se alega en el primero de los motivos, articulado igual que los de la contraparte por la vía del art. 1692.4º de la anterior LEC, infracción de los artículos 1256, 1258 y 1276 del Código civil en relación con el 1214 del mismo.

La parte recurrente, en una confusa exposición de las argumentaciones (incluso con referencias a la sentencia de primera instancia que, obviamente, no es objeto de recurso), sin ningún orden ni rigor jurídico, mezcla preceptos completamente heterogéneos contra lo que proclama una abundante y consolidada doctrina jurisprudencial (sentencias, entre muchas otras, de 27 de junio de 1992, 20 de octubre de 1993, 23 de junio y 4 de octubre de 1994).

En efecto, como es sabido, el art. 1214 contemplaba (ya que fue derogado por la actual LEC de 8 de enero de 2000) la distribución de la carga de la prueba, imponiendo al actor la acreditación de los hechos positivos y al demandado la de los impeditivos o extintivos; el art. 1256 fija la bilateralidad negocial y veda que la validez y el cumplimiento de los contratos pueda dejarse al arbitrio de uno solo de los contratantes; el 1258 establece el carácter obligacional de los contratos, afirmando que los mismos se perfeccionan por el consentimiento prestado por los contratantes, y, finalmente, el 1276 observa las consecuencias de la expresión de una causa falsa en los contratos.

Con todo, y reconociendo la escasa técnica casacional que contiene el recurso, pasaremos a analizar el motivo en sus distintos apartados, en un esfuerzo por cumplir al máximo el principio pro actione y por respeto al derecho a la tutela judicial, sin que ello suponga indefensión alguna en la parte recurrida (y también recurrente), que ha tenido pleno conocimiento del presente recurso y oportunidad para impugnarlo, aunque haya preferido en su escrito reafirmar sus propias tesis en lugar de contraargumentar las contrarias, lo que tampoco descubre una buena técnica casacional.

Pues bien, la doctrina jurisprudencial sobre el acceso a la casación del principio de distribución

de la carga probatoria es compacta y uniforme. El principio contenido en el art. 1214 no es un principio de valoración probatoria, sino de atribución del onus probandi (sentencias de 13 y 30 de mayo de 1994, 8 y 15 de febrero de 1999, entre muchísimas otras), de tal modo que sólo cabe invocarlo cuando el juzgador ha invertido indebidamente las reglas de atribución legalmente marcadas (sentencias de 21 y 24 de octubre de 1994, 10 de febrero de 1998 y 31 de mayo de 1999 y otras) y no cuando la valoración de la prueba se haya realizado teniendo en cuenta el conjunto de la misma (sentencias de 7 y 20 de octubre y 31 de diciembre de 1997, entre muchas). La cita del art. 1214 en este caso resulta, pues, inasumible.

En la sentencia no se infringe regla alguna de carga probatoria; la sentencia valora en conjunto y pormenorizadamente las pruebas aportadas por ambas partes y forma criterio a partir de este juicio de valor. Es más, yerra absolutamente el recurrente cuando afirma que “correspondía al Sr. S. probar los hechos fundamentadores de sus pretensiones cuales son resumidamente: el pago del precio de las fincas litigiosas y que la compraventa no esconde una donación de parte del precio”. Contrariamente, este último es un hecho negativo que debe acreditar, en la medida que pueda, la parte demandada, que es la que se opone a la titularidad exclusiva. En definitiva, no hay, como se decía, en la sentencia que se combate infracción alguna de la distribución de la carga de la prueba, y consiguientemente la invocación del art. 1214 del Código civil resulta rechazable.

Como igualmente ha de serlo la alegación de los artículos 1256 y 1258 del mismo Código civil. La sentencia no contiene ninguna afirmación que permita siquiera atisbar que conculcó los preceptos invocados, en el sentido de establecer que no existió contrato pese a la concorde voluntad de las partes o en el sentido de validar que el contrato debía cumplirse con sólo la voluntad de una de aquellas. Muy al contrario, la Audiencia analiza concretamente cuál fue la verdadera voluntad de las partes al celebrar el contrato y llega a la conclusión, valorando el conjunto del acervo probatorio, de que la titularidad formal de las fincas de autos coincide con la titularidad real, si bien la demandada adeuda al actor determinadas cantidades que debió abonar y no pagó para la adquisición de la titularidad compartida. Y tal conclusión no puede tacharse de arbitraria o irrazonable, mucho menos de vulneradora de los preceptos generales sobre la contratación civil que cita el recurrente; otra cosa es, como veremos, que pueda y deba considerase acertada.

Y, en efecto, no puede considerarse acertada, no porque el juicio de valor sobre el resultado probatorio se descubra ilógico, sino porque parte de una base errónea. La sentencia de la Audiencia establece, como premisa mayor, que la tesis sobre la existencia de una donación encubierta es incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, con lo cual ya no entra a considerarla. Y afirma: “La actora ha negado en todo momento el ánimo de liberalidad que exige la donación, pero es que también la demandada Y1 niega que se esté ante una donación. Lo que la demandada ha venido a sostener es que ella y su marido habían llegado al acuerdo de que ella no trabajaría fuera del domicilio conyugal, sino que se dedicaría al cuidado de la casa y los hijos, siendo esa su aportación al sustento familiar. En definitiva, se mantenía que su contribución al pago de la vivienda si bien no lo fue en dinero sí que fue en especies”.

Bien, parece claro que la contraprestación de una compraventa ha de ser siempre dineraria (pago del precio) y de ese modo la Audiencia determina que Dª. Y1 compró, aunque adeude parte del precio convenido. Tampoco es, pues, lo pide la parte y tampoco habría así una verdadera congruencia en la sentencia objeto de recurso. Lo cierto es que tal incongruencia no existe.

Desde la demanda inicial, la existencia o no de una verdadera donación encubierta late en la contienda. Así, la parte actora, aunque sea subsidiariamente, ya solicita “que la adquisición de la mitad indivisa del inmueble y la porción de terreno que le da acceso, constituye una donación encubierta de mi mandante a la codemandada Y1, que debe declararse radicalmente nula por defecto de forma” y sigue “y para el caso hipotético de que tampoco tal pretensión se admitiera, declarar que las donaciones deben considerarse nulas, rescindidas y revocadas, al ser ésta la voluntad de mi mandante y hallarse la codemandada Y1 incursa en la causa legal de separación prevista en el hecho decimoprimero de la presente demanda”. Y dicha parte demandada, aunque sea también subsidiariamente, solicita: “para el supuesto de que el juzgador no apreciare ese acuerdo matrimonial de los cónyuges respecto a la forma de contribución de las cargas e ingresos familiares, resultaría que como mínimo nos hallaríamos ante una donación por razón de matrimonio y, por consiguiente, inatacable por la vía del artículo de la Compilación del derecho civil catalán”. Es decir, tanto actor como demandada admiten que puede existir una donación encubierta y así se discute en toda la instancia, de suerte que pronunciarse la Audiencia sobre esa contienda no hubiera resultado, ni mucho menos, incongruente. De otro lado, así es frecuente en nuestra sociedad actual, en la realidad de los matrimonios convenidos bajo el régimen de separación de bienes. Lo explica con claridad la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia de Mataró en su estudiada sentencia, fundamento de derecho cuarto. Y lo ha dicho esta Sala, también con contundencia, en su Sentencia de 22 de mayo de 2003: “Una interpretación lógica de los hechos anteriores conduce a contrario criterio. La común convivencia, el afecto mutuo y la existencia de un hijo son hechos relevantes a la hora de presumir la puesta en común de la adquisición de una segunda vivienda y, por tanto, de la donación al conviviente y padre del hijo, de la mitad de aquel inmueble”.

Debe, consecuentemente, entrarse en la valoración de la existencia o no de una donación encubierta por la cita en el recurso del art. 1276 del Código civil, precepto que permite desvelar la existencia de una causa verdadera y lícita distinta de la expresada en el contrato.

Y en este estadio de la controversia resulta meridianamente diáfano que el caso de autos no se diferencia en absoluto de otros tantos —muchos— que nos ofrece la realidad social catalana. La esposa se dedica al cuidado del hogar, del esposo y de los hijos y el marido cubre con su trabajo las necesidades económicas de la familia. Este status permite, constante matrimonio y si el devenir económico es positivo, adquirir primeras y segundas residencias que, sin más, son “puestas a nombre” de ambos cónyuges, de modo que surgen los problemas de titularidad una vez que se produce la crisis del matrimonio.

El tema ha sido abordado recientemente por esta misma Sala y ha dado lugar a la sentencia que últimamente se ha citado, por lo demás, concorde con la doctrina que ya se venía sosteniendo y de la que son ejemplos las sentencias de 16 de julio de 1992, 7 de diciembre del mismo año, 12 de noviembre y 15 de diciembre de 1994, 6 de febrero de 1995 (que compendia la doctrina jurisprudencial habida hasta el momento), 29 de julio de 1996 y 4 de mayo y 18 de junio de 1998. En definitiva, esta Sala no ha hecho sino acoger la tesis jurisprudencial según la cual debe indagarse cuál fue la verdadera intención de los contratantes cuando uno de ellos alega que la voluntad reflejada en el contrato no se corresponde con la realidad y que donde se dice celebrar un contrato de compraventa en verdad se celebró una donación. Esta tesis encuentra reflejo en numerosísimas sentencias de nuestro Tribunal Supremo de las que son puros ejemplos las de fechas 25 de mayo de 1944, 20 de enero de 1950, 16 de noviembre de 1956, 26 de junio de 1961, 20 de octubre de 1966, 28 de febrero de 1978, 19 de noviembre de 1987, 3 de diciembre de 1988, 22 de enero de 1991, 13 de diciembre de 1993, 1 de febrero y 18 de marzo de 2002, etc.

Lo único exigible es que se dé una cumplida prueba de los hechos y que se cubran los requisitos formales de la donación —en este caso, de inmuebles— esto es, la escritura pública, el animus donandi y la aceptación del donatario.

En el caso de autos, tales requisitos se cumplen sobradamente. Existe una escritura pública primera donde se dice que ambos cónyuges adquieren la titularidad indivisa de los inmuebles, reservándose el marido el usufructo sobre su totalidad, y una segunda escritura donde el esposo renuncia a dicho usufructo. Todo ello constante matrimonio y a los efectos de constituir sobre las fincas una segunda residencia familiar. El precio es abonado por el marido (salvo una mínima parte —tres millones de pesetas— que la esposa aporta) porque él es, por el propio status familiar, el titular del patrimonio conyugal. De ahí, con facilidad, se deducen tanto el animus donandi como la aceptación por parte de la donataria. Pero aunque así no fuera, ya hemos declarado —en la sentencia citada que: “Como se decía en la citada sentencia de 6 de febrero de 1995, tras analizar las dos posturas jurisprudenciales en torno a los requisitos exigidos para declarar la existencia y validez del negocio disimulado (la rígida, de exigir la expresión de la aceptación del donatario en la escritura, y la flexible, de suponerla cuando se da el consenso de voluntades respecto del negocio simulado, único que se explicita en el documento público), este Tribunal Superior se inclina por la solución más flexible y menos formalista, que goza de un importante apoyo doctrinal y acogió en S. 16 de julio de 1992”. En esa línea, se cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1978, según la cual, “cuando una donación se disimula bajo la apariencia de una compraventa, la intervención de los fingidos compradores, pero reales donatarios, en la escritura correspondiente, supone la aceptación de este acto de liberalidad, sin que pueda exigirse, como es lógico, la expresión de que se acepta el contrato encubierto [...]”.

En conclusión, debe estimarse que sí existe una verdadera donación encubierta por parte del marido a la mujer de la mitad de las fincas de autos, donación válida y que no ha sido revocada (por inaplicabilidad del art. 19 de la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, modificativa de la Compilación, tanto por problemas de carácter intertemporal, sobre lo que no es el caso extenderse, cuanto por la falta absoluta de prueba de los imputados incumplimientos familiares de la Y1), de suerte que el motivo de recurso debe ser estimado, con las consecuencias que se dirán.

Octavo. La aceptación del anterior motivo de recurso —primero de la representación procesal de Dª. Y1— hace innecesario el análisis de todos los motivos siguientes (incluso el séptimo y último, referido a las costas procesales, que será de inmediato resuelto), al devenir la consecuente firmeza de la sentencia dictada en primera instancia (que no  fue apelada por la citada representación).

Noveno. En aplicación del art. 1715.2 y 3 de la antigua LEC, se impondrán a la parte recurrente primera, representada por D. X1, las costas de su recurso, con pérdida del depósito constituido, sin expresa condena respecto a las del recurso de Dª. Y1, como así deberán imponerse a aquél las costas del recurso de apelación, que debió ser totalmente desestimado, por aplicación del art. 710 de la propia Ley.

Por lo dicho,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos desestimar como desestimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro y mantenido ante esta Sala por el procurador D. Antonio Mª. de Anzizu Furest, en nombre y representación procesal de D. X1, contra la Sentencia de fecha 19 de octubre de 2000 dictada por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación 355/99, procedente del juicio de menor cuantía nº 286/96 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Mataró, imponiéndole las costas del mismo, así como las del recurso de apelación en su día entablado; debemos estimar como estimamos el recurso de casación formulado por la procuradora Dª. María Luisa Noya Otero y sostenido ante esta Sala por el procurador D. Ernest Huguet i Fornaguera, en nombre y representación procesal de Dª. Y1, contra la misma sentencia, sin hacer expresa imposición de las costas causadas respecto del mismo; en consecuencia, se casa y anula la sentencia de anterior mención y se declara la firmeza de la sentencia dictada, en los antedichos autos, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Mataró en fecha 15 de febrero de 1999.

Notifíquese la presente a las partes personadas y, con su testimonio, remítanse el rollo y los autos a la indicada Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.