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STSJC 20-09-2004

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 20 de setembre de 2004, núm. 25/2004 (Sala Civil i Penal)

Presidente:

Ilmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Ilmo. Sr. Ponç Feliu i Llansa

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 39/2004 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 950/00, como consecuencia de las actuaciones del juicio de menor cuantía núm. 138/98 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 2 de Sant Boi de Llobregat. Los Sres. X1, X3 , X2  y X4  han interpuesto este recurso representados por la procuradora Sra. Araceli García Gómez y defendidos por el letrado Sr. José Mª Pou de Avilés. Es parte recurrida el Sr. Y1, representado por el procurador Sr. Jaume Guillem Rodríguez y defendido por el letrado Sr. Jorge Puig Pijoan.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los tribunales Sr. Eugenio Teixido Gou actuó en nombre y representación del Sr. Y1 formulando demanda de juicio de menor cuantía núm. 138/98 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sant Boi de Llobregat. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 8 de junio de 2000, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “FALLO: Que estimando la demanda deducida por el procurador D. Eugenio Teixido Gou en nombre y representación de D. Y1 contra Dª X5, sus sustitutos fideicomisarios, D. X6 y Dª X7, D. X8. y, para el caso de que hubieran fallecido, a los hijos y herederos de los mismos, debo declarar y declaro la redención forzosa del censo con dominio directo de pensión anual 70 pesetas gravitante sobre la finca registral nº XXXX del Registro de la Propiedad de L, por el precio de 2.333,33 pesetas, condenando a dichos demandados a otorgar la correspondiente escritura pública de redención, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio, así como el pago de las costas causadas por el presente proceso”.

Segundo. Contra esta Sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 9 de diciembre de 2003, con la siguiente parte dispositiva: “FALLO: El Tribunal acuerda: Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por D. X1 y D. X3, D. X4 y Doña X2  contra la Sentencia de fecha 8 de junio de 2000 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sant Boi de Llobregat y, en consecuencia y revocándose parcialmente dicha resolución, se acuerda desestimar la demanda interpuesta por D. Y1, manteniéndose la desestimación de la demanda interpuesta por D. X1 y D. X3, D. X4 y Doña X2  sin que se haga especial pronunciamiento sobre las costas causadas por ambas demandas en la primera instancia así como tampoco sobre las causadas en esta segunda instancia”.

Tercero. Contra esta Sentencia, la procuradora Sra. Araceli García Gómez, en nombre y representación de los Sres. X2 , X3 , X1  y X4 , interpuso recurso de casación que por auto de esta Sala de fecha 10 de mayo de 2004 se admitió a trámite y del que se dio traslado a la parte recurrida y personada para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 14 de junio de 2004 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló para su votación y fallo, que han tenido lugar el día 19 de julio de 2004.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La representación procesal de D. Y1 instó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sant Boi de Llobregat juicio declarativo de menor cuantía contra Dª. X5, sus sustitutos designados por D. Y1, que son los hijos de dicha Sra. y Dª. X7, D. X8. y sus hijos respectivos y, para el caso de haber fallecido, a los herederos, sucesores, causahabientes o herencia yaciente de todos ellos. Se instaba acción de redención de censo enfitéutico constituido sobre una finca sita en L sobre la que hoy se halla edificada una casa o vivienda plurifamiliar, señalada con el nº XX de la calle XXXX y nº XX de la calle XXXX.

Al anterior juicio fue acumulado, mediante auto de fecha 6 de mayo de 1999, el también juicio de menor cuantía nº 53/99, que se tramitaba en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Sant Boi, instado por D. X1, D. X3, D. X4 y Dª. X2 , contra D. Y1 y en el que se impetraba la ineficacia del establecimiento del censo y el restablecimiento de la posesión de la finca, así como, subsidiariamente, la declaración de nulidad del citado establecimiento y la restitución de la finca.

En fecha 8 de junio de 2000 recayó sentencia en el primer procedimiento indicado, nº 138/98, totalmente estimatoria de las pretensiones del actor D. Y1

Apelada que fue la anterior resolución, en fecha 9 de diciembre de 2003 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó la sentencia que hoy se combate, por la que se acuerda acoger en parte el recurso, se desestima la pretensión deducida por D. Y1 y se mantiene la desestimación de la demanda acumulada interpuesta por D. X1 y otros.

Segundo. El primer motivo de recurso se basa en la infracción del art. 7.1 del Código civil, que acoge la existencia del principio de buena fe y que sirve de apoyo legal a la existencia del principio general que veda ir contra los propios actos.

En el desarrollo del motivo el recurrente se queja de que la Audiencia no haya aplicado el anterior principio en cuanto, a su decir, “la parte recurrida ha reconocido y aceptado, en todas sus comparecencias ante fedatario público, la existencia del gravamen fideicomisario sobre la finca reivindicada en el presente procedimiento, carga que ahora niega”.

Muchos argumentos conducen a la desestimación de este primer motivo de recurso.

En primer lugar, no atisba la Sala a conocer en qué punto o momento ha negado la parte recurrida la existencia del fideicomiso, pues incluso en su último escrito, el de impugnación al presente recurso, lo reconoce explícitamente.

En segundo término y en cualquier caso, se demanda una argumentación ex abundantia, pues la sentencia que se combate parte, en todo momento, de la existencia del fideicomiso, sea o no negada.

En tercer término, la acreditación de esta existencia del fideicomiso interesaría —en su caso— a la parte recurrente, demandada en el primer proceso, no a la parte actora, cuya acción se dirige a la redención de un censo por aplicación de la disposición transitoria cuarta, punto 1, de la Ley catalana 6/1990, de 16 de marzo, esto es, por el transcurso de veinte años desde la constitución del censo.

Por lo dicho y como se adelantaba, el primer motivo no puede prosperar.

Tercero. El segundo motivo de casación estima infringido el art. 4 de la ley antes citada, en relación con el 1628 del Código civil, sobre el requisito de la constitución de los censos en escritura pública como forma ad solemnitatem.

El tema es extensamente abordado en la sentencia de instancia. Se parte en ella de la afirmación de que fue el propio fideicomitente el que constituyó el censo, con lo que el contrato privado y la posterior escritura pública de establecimiento “no hacen sino dar forma a lo ya preexistente”. Parte la sentencia, para sustentar tal afirmación, de la disposición contenida en el testamento del causante D. Y1, de fecha 26 de febrero de 1943, que prelegaba a sus hijos, además de otros bienes, “una pieza de tierra (L), conocida por XXXX, que estaba plantada de viñas y algarrobos, de cabida diez mojadas y una mundina, pero que en la actualidad está urbanizada y parcelada, según plano del arquitecto municipal, D. Francisco Bereguer, y se van acensando...” [el subrayado es propio]; del contrato privado de fecha 1 de julio de 1944 en el que la viuda del causante, Dª. X10, obrando como usufructuaria de los bienes de su esposo (fallecido el 26 de febrero de 1943) “ratifica el contrato de establecimiento enfitéutico que tenía suscrito D. Z2, del solar número 93 del plano parcelario de la finca conocida por XXXX, sita en L [...]”; y de la existencia acreditada de un recibo de fecha 26 de octubre de 1947 por el pago de la pensión del censo. Es en fecha 7 de julio de 1948 cuando se otorga la escritura pública de establecimiento del censo enfitéutico. Todo lo anterior lleva a la Audiencia a concluir que el contrato de censo existía inter partes aunque faltara la anterior escritura pública.

A mayor abundamiento, la sentencia argumenta que, de estimarse que el contrato fue concertado por los herederos fiduciarios, tampoco resulta nulo o ineficaz, por cuanto el mismo ha sido reconocido, aceptado y consentido. En este sentido, se razona que existe un consentimiento de pretérito de los fideicomisarios, cuya virtualidad viene reconocida por el art. 224 del Código de sucesiones, que se ajusta a lo que ya disponía el art. 196 de la Compilación del derecho civil de Cataluña. Se dice que, en virtud de escritura de división de bienes de fecha 22 de diciembre de 1993, el censo consta inscrito a favor de Dª. X5, hija del causante D. Y1 y de su esposa Dª. X10 Fallecida aquélla el 22 de octubre de 1997, se purificó el fideicomiso en sus dos hijos Dª. X9 y D. X1, que en dicha fecha vivían. Pues bien, partiendo de lo anterior, dichos fideicomisarios fueron emplazados en el presente procedimiento. No compareció la demandada (que fue declarada en rebeldía) y sí lo hizo D. X3 , quien en su contestación a la demanda no negó la validez y eficacia del censo, sino que se limitó a oponerse a su redención, exponiendo finalmente que “esta parte expresamente manifiesta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley de censos vigente, que renuncia expresamente al laudemio consignado por la parte actora, devengado por la venta de parte de la finca, a los efectos de poder ejercer, si así le conviniere, el derecho de adquisición preferente (fadiga) contemplado en la escritura de establecimiento de censo”. Finalmente, todo lo precedente debe ponerse en relación, según la sentencia objeto de recurso, con la circunstancia probada de que los censatarios habían venido pagando la pensión fijada, pago que continuó después de la muerte de la fiduciaria, como se justifica mediante recibo de fecha 24 de abril de 1998.

Estas últimas consideraciones de la sentencia combatida deben ser asumidas y confirmadas, y con ello no hay más remedio que completar el motivo de recurso que se analiza con el numerado V, en el que se invoca precisamente infracción del art. 224 del Código de sucesiones en relación con el 196 de la Compilación del derecho civil de Cataluña, preceptos que fijan el valor del consentimiento de los fideicomisarios.

En este recurso, como en la anterior instancia, la parte recurrente niega la existencia de actos propios que impliquen un tácito consentimiento al establecimiento del censo.

Se aduce que si Dª. X9  no se opuso a dicho establecimiento al ser emplazada es porque la misma se hallaba muy enferma, hasta el punto de que fallecía el 24 de octubre de 1998 (el emplazamiento se efectuó el anterior 13 de julio), y que, personados en autos sus herederos, reservaron expresamente el derecho que les asistía a impugnar el censo objeto del procedimiento y a reivindicar la finca. Se aduce igualmente que D. X3  contestó a la demanda en concepto de hijo y heredero de Dª. X5 y no en concepto de legatario fideicomisario, habiendo efectuado la renuncia al laudemio sólo por motivo de conveniencia, por lo que en cualquier caso hubiera podido optar por ejercitar dicho derecho o reivindicar la finca. Y se aduce, finalmente, la ineficacia del pago de las pensiones, en cuanto el mismo fue efectuado de mala fe a una gestoría y no personalmente a los censualistas.

Los razonamientos anteriores reciben adecuada réplica en la sentencia de instancia y a sus argumentos-fuerza hay que remitirs

En primer lugar, debe recordarse que, antes de recibir el emplazamiento en el procedimiento de autos, Dª. X9  ya había renunciado a la herencia de su madre, lo que, probadamente, se efectuó en fecha 11 de junio de 1998. La reserva de acciones efectuada por sus herederos en escrito de contestación a la demanda, de fecha 9 de diciembre de 1998, carece de virtualidad al haberse purificado el fideicomiso, como dice la sentencia, en D. X3 y Dª X9.

En segundo lugar, y contra lo que la parte recurrente arguye, la reserva del derecho de adquisición preferente (fadiga) “contemplado —se dice expresamente— en la escritura de establecimiento de censo”, con renuncia al laudemio, constituye un acto propio de contenido inequívoco sobre la existencia del establecimiento de dicho censo, pues sólo desde la perspectiva de esa existencia tiene significado la reserva al ejercicio de una facultad derivada del derecho.

Por último, no se atisba mala fe o ánimo torticero en el pago de las pensiones efectuado en fecha 24 de abril de 1998 a una gestoría cuando la propia parte recurrente admite que se acudió “al que había sido gestor de la fiduciaria y le realizaron un pago similar al que le habían efectuado otras veces y éste, de buena fe, lo aceptó”. No se puede exigir una conducta diferente —cuando a la parte conviene— a quien se limita a cumplir lo que ha sido hasta el momento el uso y la costumbre.

Con lo anterior decae el motivo de recurso y, por conexión, el numerado motivo V.

Cuarto. De cuanto antecede se deduce que la Sala, sin embargo, no puede compartir los razonamientos contenidos en el fundamento de derecho primero de la sentencia objeto de recurso, en orden a justificar la inexistencia de escritura pública en el establecimiento del censo de autos, hasta la otorgada en fecha 7 de julio de 1948.

Asu combate, en cuanto la sentencia —como antes se ha dicho— se basa en que el fiduciario se limitó a cumplir lo ya convenido por el fideicomitente, se dirigen, amén de parte del motivo II, ya analizado, el III y el IV del recurso, que denuncian, respectivamente estos dos últimos, la infracción del art. 209, segundo párrafo, en relación con el 186, segundo párrafo, y el 197, también segundo párrafo, todos de la Compilación del derecho civil de Cataluña, respecto a la no vinculación del fideicomiario a los actos realizados por el fiduciario a menos que les vengan impuestos, e infracción del art. 192, en relación con los 195 y 210, primer párrafo, del mismo texto de ley, en orden a la necesidad de que el testador autorice expresamente al fiduciario para disponer de los bienes de la herencia.

Al respecto debe recordarse que nada establecía específicamente la Ley estatal de 31 de diciembre de 1945, sobre inscripción, división y redención de censos en Cataluña, a cuyas disposiciones, como se sabe (art. 1º de la Ley), quedaban sometidos todos los censos enfitéuticos, con dominio o sin él, los en nuda propiedad y los de cualquier otra modalidad que gravaban las fincas del territorio de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. El art. 2º de la Ley presuponía la existencia de escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad, previendo el contenido de tal inscripción: naturaleza del censo, pensión, capital, laudemio (si lo devengare), precio de redención (si estuviere estipulado), título de adquisición y demás circunstancias del art. 9º de la Ley hipotecaria.

Sí lo determinaba taxativamente el art. 1628 del Código civil, según el cual: “El censo enfitéutico sólo puede establecerse sobre bienes inmuebles y en escritura pública”. Tal exigencia, derivada de la Ley, supone un requisito ad solemnitatem, no ad probationem. Otra cosa es que la existencia de tal escritura pudiera acreditarse, según doctrina jurisprudencial reiterada, por cualquier medio de prueba (singularmente, reconocimiento del censatario, posesión inmemorial...), pero lo anterior significaba probar la existencia de la escritura, no suplirla.

Hoy el art. 4 de la Ley de los censos de Cataluña estatuye claramente que: “La constitució negocial d’un cens ha de fer-se necessàriament en escriptura pública, en la qual s’ha d’expressar la pensió i s’ha de fer constar la valoració de la finca a l’efecte de redempció”.

La escritura pública, por tanto, es requisito sine qua non de la existencia jurídica del censo, como también lo es el que recaiga sobre bienes inmuebles, sin que tal elemento pueda ser suplido, salvo para probar su existencia, por cualquier otra forma de contratación.

El motivo de recurso ha de ser, en consecuencia, estimado, en cuanto se rechaza la argumentación contenida en el fundamento primero de la sentencia, pero resulta inane por lo razonado en el precedente fundamento de derecho propio.

Quinto. El último de los motivos invoca infracción del tercer párrafo del art. 29 del Código de sucesiones de Cataluña, en cuanto que el mismo establece que el heredero sucede en todo el derecho del causant

El motivo, por lo dicho, resulta inútil.

Se trata de combatir un argumento ex abundantia expuesto en la sentencia, según el cual los herederos de Dª. X9  no podían reservarse el derecho a impugnar el establecimiento del censo por cuanto son, como se ha dicho, herederos de la fideicomisaria y el fideicomiso ya se había purificado en los hijos de la fiduciaria.

La argumentación de la Audiencia resulta impecable y le da pie precisamente a declarar, seguidamente, la irremisibilidad del censo (con referencia a la Sentencia de esta Sala de 31 de diciembre de 2001) por aplicación de la disposición transitoria cuarta de la vigente Ley de censos, en la medida en que en la escritura de establecimiento se dispone que la perpetuidad se entenderá en cuanto al censualista, pero sin perjuicio de que los censatarios puedan usar del derecho a redimir después de la vida de los estabilientes y una generación más a tenor del artículo 39 de la Ley de 31 de diciembre de 1945, y, precisamente, esta generación más (hijos de la fiduciaria) la constituyen Dª. X9 y D. X3 , en los que se purifica el fideicomiso y únicos, por tanto, legitimados para denunciar su establecimiento; ello sin tener en cuenta la renuncia a la herencia efectuada por Dª. X9.

El motivo, por consiguiente, ha de decaer.

Sexto. Al estimarse parte del motivo segundo del recurso, aunque se confirme la sentencia, no se hará expresa imposición de costas.

Por todo cuanto antecede,

FALLAMOS

Que se acoge parte del motivo segundo del recurso de casación interpuesto por la procuradora de los tribunales Dª. Araceli García Gómez, en nombre y representación procesal de D. X1 y Dª. X2, D. X3 y D. X4 , contra la Sentencia de fecha 9 de diciembre de 2003 dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación 950/00, procedente del juicio de menor cuantía 138/98 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sant Boi; en consecuencia y por lo expuesto en los fundamentos de derecho anteriores, se confirma la sentencia de instancia, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Notifíquese la presente a las partes personadas y remítanse, con su testimonio, los autos y el rollo a la Sección Primera indicada.

Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.