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STSJC 26-07-2004

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 26 de juliol de 2004, núm. 24/2004 (Sala Civil i Penal)

Presidente:

Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Ilmo. Sr. Ponç Feliu i Llansa

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 153/2003 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida en el rollo de apelación núm. 65/2000, como consecuencia de las actuaciones de juicio de menor cuantía núm. 278/98 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 1 de Lleida. El Sr. X1 ha interpuesto este recurso representado por el procurador Sr. Àngel Joaniquet Ibarz y defendido por el letrado Sr. Ramón P. Barrufet Olivart. Es parte recurrida el Ayuntamiento de les L. y la Sra. Y1, el Sr. Y2., el Sr. Y3, el Sr. Y4, el Sr. Y5, el Sr. Y6 y el Sr. Y7., que no se han personado en las actuaciones.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La procuradora de los tribunales Sra. Concepción Gonzalo Ugalde actuó en nombre y representación del Sr. X1 formulando demanda de juicio de menor cuantía núm. 278/98 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Lleida. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 19 de enero de 2000, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “FALLO: Que apreciando la excepción de cosa juzgada, debo absolver y absuelvo al Ayuntamiento de Les L., a Y5, Y6 J., Y1, Y2., Y3, Y4 y Y7. de los pedimentos de la demanda promovida por la procuradora Sra. Gonzalo en nombre y representación de X1, con imposición de las costas procesales a la parte actora”.

Segundo. Contra esta sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, la cual dictó Sentencia en fecha 14 de junio de 2000, con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. X1 contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Lleida en autos de juicio de menor cuantía nº 278/98, confirmamos la citada resolución, imponiendo a la parte apelante las costas ocasionadas en esta alzada“.

Tercero. Contra esta Sentencia, el procurador Sr. Àngel Joaniquet Ibarz, en nombre y representación del Sr. X1, interpuso recurso de casación que inicialmente fue remitido al Tribunal Supremo, el cual, mediante auto de fecha 25 de noviembre de 2003, declaró la competencia de esta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para su conocimiento.

Cuarto. Por providencia de fecha 25 de marzo de 2004 se dio traslado al Ministerio Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1709 de la LEC de 1881, el cual evacuó su informe en el sentido de considerar procedente la admisión a trámite del recurso interpuesto.

Quinto. Por providencia de fecha 3 de mayo de 2004 se admitió a trámite dándose traslado a las partes recurridas para formalizar su impugnación por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 10 de junio de 2004 y transcurrido el plazo sin haberse impugnado el recurso interpuesto, se señaló para su votación y fallo el día 12 de julio de 2004.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Son antecedentes de análisis necesario para la presente resolución los siguientes:

En fecha 3 de septiembre de 1994 D. X1, que asistía a un espectáculo pirotécnico en la localidad de L. organizado por ------, sufrió graves quemaduras que le afectaron al ojo izquierdo con ocasión de ser embestido por uno de los miembros de aquel grupo, concretamente D. Y2 que portaba una especie de casco con cuernos encendidos en sus extremos.

A consecuencia del hecho se incoó juicio de faltas 67/95 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Lleida, que terminó con sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en fecha 25 de febrero de 1997 por la que se condenaba al citado Y2 a abonar al ahora recurrente la suma de 21.036.999 pesetas, con responsabilidad civil subsidiaria de la Asociación -----. y civil directa y solidaria de la Compañía Aseguradora Lagun-Aro, dentro de los límites del seguro concertado. En el curso de la ejecución de la precitada sentencia, la Compañía Aseguradora abonó al perjudicado 10.000.000 de pesetas, límite del seguro, declarándose la insolvencia del responsable directo (en fecha 6 de abril de 1998) y no hallándose bien alguno que embargar al Grup Diables de L..

En fecha 2 de marzo de 1998 se interpuso reclamación ante el Ayuntamiento de Les L. a fin de que asumiera su responsabilidad como organizador del festejo, sin que se obtuviera respuesta.

El 10 de junio de 1998 se fecha la correspondiente demanda de menor cuantía, cabeza de estas actuaciones, que se dirige contra el susodicho Ayuntamiento, en concepto de responsable civil directo, y contra siete personas, miembros de la Junta Directiva de la Associació -----, como responsables civiles subsidiarias. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Lleida, que entendió del juicio, dictó Sentencia en fecha 19 de enero de 2000 desestimando las pretensiones del actor y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida desestimó la apelación en Sentencia de 14 de junio de 2000.

Interpuesto por la representación procesal de D. X1 recurso de casación por infracción de ley y remitidos los autos a la Sala Primera del Tribunal Supremo, en fecha 25 de marzo pasado se recibieron en esta Sala con auto de inhibición de aquella Sala de fecha 25 de noviembre de 2003.

Segundo. El primero de los motivos de recurso se incardina en el art. 1692.4º de la antigua Ley de enjuiciamiento civil y denuncia la infracción del art. 1252 del Código civil.

El recurrente expone, en síntesis, en el desarrollo del motivo, que yerra la sentencia de la Audiencia al apreciar la cosa juzgada material, pues no se dan en el caso la identidad de personas y causas que exige el precepto mentado. Los litigantes son distintos, pues ahora se ejercita la acción contra el Ayuntamiento de L. y contra las personas físicas integrantes de la Junta Directiva del -----., no denunciados en el juicio penal anterior, y la causa de pedir también es diferente porque no consiste en la exigencia de la responsabilidad penal y la inherente civil sino, con la base del art. 1902 del Código civil, en la culpa in vigilando que concurrió en aquel consistorio como responsable de la seguridad de las personas y en la creación de un estado real de insolvencia por la entidad asociativa organizadora del festejo. En suma, la sentencia penal sólo actúa ahora —se dice— como fijadora del hecho (lesiones) y del quantum indemnizatorio (21.036.999, menos los 10.000.000 ya cobrados).

La sentencia que se recurre aborda la anterior cuestión con sólidos argumentos y con apoyo jurisprudencial en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1995, 24 de octubre de 1998 y 7 de febrero de 2000, amén de dar por reproducida la abundante cita que se contiene en la sentencia de primera instancia.

Tan correcta formulación jurídica debe mantenerse en esta fase casacional.

La doctrina jurisprudencial está hoy plenamente consolidada. La resume la reciente Sentencia de 2 de julio de 2002 cuando dice: “Tomando en consideración la unidad de la acción derivada del hecho ilícito y la concurrencia normativa (artículos 1902, 1903, 1902 del Código civil artículo 120-4 del Código penal) debe señalarse como principio que el ejercicio de la acción civil ex delicto en el proceso penal (esto es, si no se ha excluido su ejercicio y reservado para el orden jurisdiccional civil), implica que las cuestiones civiles sean resueltas en el ámbito penal, de manera que la decisión que recaiga debe producir, por regla general, efectos de ‘cosa juzgada’. Dentro de esta línea la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1999, establece que las sentencias penales condenatorias [...] que resuelven la problemática civil (lo que exceptúa los casos de reserva de acciones, artículo 112 de la Ley de enjuiciamiento criminal) tienen carácter vinculante para el orden jurisdiccional civil, no sólo en cuanto a los hechos que declaran probados, sino también respecto de las decisiones en materia de responsabilidades civiles, de tal manera que este efecto de cosa juzgada (artículos 1215 y 1252 del Código civil) o similar a la misma, determina que quede consumada o agotada la pretensión del perjudicado, sin que pueda ser ejercitada de nuevo ante la jurisdicción civil la acción de esta naturaleza fundada en la misma causa o razón de pedir (non bis in idem). En este sentido cabe citar, entre otras, las sentencias de 9 de febrero de 1988, 28 de mayo y 4 de noviembre de 1991, 12 de julio de 1993 y 24 de octubre de 1998; la doctrina del efecto vinculante es aplicable incluso para los casos en que se pretenda plantear en el proceso civil la existencia de hipotéticos errores, imprevisiones, descuidos o defectos en la fijación de las consecuencias civiles en el proceso penal. Numerosas resoluciones de esta Sala (así las de 25 de marzo de 1976, 2 de noviembre de 1987, 9 de febrero de 1988, 28 de mayo de 1991, 21 de mayo y 12 de julio de 1993, 24 de octubre y 9 de diciembre de 1998) declaran al respecto que no es dable en el juicio civil subsiguiente suplir deficiencias, ni rectificar las omisiones que hayan podido cometerse en los procesos de que conocieron los juzgadores de otra jurisdicción u orden. Asimismo se tiene declarado que no cabe acudir al proceso civil para remediar lo que se tuvo oportunidad de aportar en el proceso penal en que se enjuiciaron los hechos del pleito (Sentencia de 11 de mayo de 1995 y las que cita); el error en la causa penal (el supuesto del caso hace referencia a que no se hizo constar en el parte médico del forense la existencia de la secuela) no transmuta la causa petendi (Sentencia de 9 de diciembre de 1998); y que no cabe completar pronunciamientos no dictados (sentencias de 28 de mayo de 1991 y 11 de mayo de 1995) ”.

En el caso presente, el juicio penal se sostuvo con la intervención del autor material, de la ----- y de la compañía aseguradora, sin que se hiciera explícita reserva de acciones civiles. El perjudicado tuvo oportunidad de denunciar entonces al Ayuntamiento de L., tanto por la culpa in vigilando como por la culpa in eligendo que ahora invoca, pues tales culpas nacerían, en todo caso, del hecho ilícito y no de ningún acto posterior a la conclusión de la vía penal, como se pretende. Y es más, tuvo ocasión de incluir al Ayuntamiento en el proceso penal cuando solicitaron su llamada tanto la Asociación como la Compañía Aseguradora, y en aquel momento formuló expresa oposición, según razona la sentencia de apelación.

En lo que atañe a las personas físicas demandadas, en su condición de miembros de la Junta Directiva de la -----, son, efectivamente, partes diferentes a la Asociación misma, que no pudieron ser llamadas como responsables en el proceso penal correspondiente y cuya responsabilidad, según el recurrente, se centra en “la realización de actos tendentes a dejar sin contenido económico dicha Asociación, dejándola inactiva e incumpliendo los requisitos legalmente establecidos para hacer frente a las deudas sociales”, hecho que sitúa la parte en época posterior al proceso penal, lo que también es valorado en la sentencia que se recurre concluyendo en la inexigibilidad de esta responsabilidad civil por aplicación de la legislación vigente al momento de los hechos y al dictado de la sentencia.

Como a ello se dedica el motivo siguiente de recurso, procederemos seguidamente a su análisis.

Tercero. El segundo de los motivos, en efecto, alega infracción de los arts. 21 y 29 de la Ley 7/1997, de 18 de junio, del Parlament de Catalunya, sobre asociaciones.

El recurrente deriva esta responsabilidad al tenor del juego de los preceptos que expresan: Art. 21

“3. Sens perjudici de la responsabilitat de l'associació davant de terceres persones, els membres de l'òrgan de govern responen davant l'associació, els associats i associades i les terceres persones pels actes o les omissions contraris a les lleis o als estatuts, i també pels danys causats dolosament o negligentment que hagin estat comesos en l'exercici de llurs funcions.

4. Quan la responsabilitat no pugui ésser imputable personalment a cap membre de l'òrgan de govern, tothom respon solidàriament pels actes o les omissions a què es refereix l'apartat 3, tret dels que provin que no han participat en la realització i l'execució dels dits actes o omissions i que desconeixin que existien o que, tot i conèixer-los, van fer tot el posible per evitar-ne la realització o, almenys, s'hi van oposar expressament.

y art. 29:

“1. En cas d'insolvència de l'associació, l'òrgan de govern o, si és el cas, els liquidadors han de promoure tot seguit el concurs de l'associació davant el jutge o jutgessa competent. 2. Si l'òrgan de govern o els liquidadors demoren injustificadament la sol·licitud a què fa referència l'apartat 1, han de respondre solidàriament davant els creditors de l'associació pels danys que en derivin.”

La sentencia que se recurre declara, como se ha dicho, inaplicables los preceptos, atendidas las fechas de ocurrencia de los hechos (3 de septiembre de 1994) y de la sentencia recaída en el proceso penal (25 de febrero de 1997), y declara asimismo que, aun en el caso en que la Ley fuere aplicable, faltaría por acreditar la relación de causalidad existente entre el incumplimiento del deber de promover el concurso por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación y el daño producido (impago de la indemnización), pues en el caso no se ha probado que la Asociación tuviera patrimonio suficiente para hacer surgir en el acreedor ahora demandante expectativas de cobro si se liquidaba ordenadamente, constando tan sólo un documento de la declaración del impuesto de sociedades del año 1996 con un resultado de 544.736 pesetas.

El motivo de recurso, en efecto, no puede prosperar.

La Ley de asociaciones del Parlamento de Catalunya, como se ha dicho, fue promulgada el 18 de junio de 1997 y no puede aplicarse retroactivamente el régimen de responsabilidad de los asociados que la misma establece ex novo. Como expresa la sentencia de apelación, atendidas las fechas del hecho y de la sentencia, la normativa aplicable era entonces la Ley de asociaciones de 24 de diciembre de 1964 y el Decreto de 20 de mayo de 1965, que no preveían el régimen de responsabilidad que ahora se establece.

Pero, efectivamente, aunque la normativa aplicable fuera la actual, tampoco se produciría el resultado apetecido por el recurrente.

En primer lugar, faltaría la determinación, fijación y acreditación explícita de los actos de los miembros de la Junta Directiva de la ----- que fueran contrarios a la Ley, a los Estatutos o que, dolosa o imprudentemente, hubieran derivado en daños a terceros (en el presente caso y según la parte recurrente, la creación de un estado de insolvencia, que no los hechos lesivos, en cuanto fueron juzgados ya en su momento) y, en segundo término, faltaría la acreditación de que, con una liquidación ordenada del patrimonio social o, más concretamente, con la declaración del concurso posterior a la insolvencia, se hubiera logrado cubrir las consecuencias del daño, lo que no parece posible a tenor de los datos económicos que suministra la sentencia que se combate.

Procede, por lo dicho, rechazar el segundo de los motivos y con él todo el recurso.

Cuarto. De conformidad con lo que disponía el art. 1715.3 de la anterior LEC, se impondrán al recurrente las costas causadas.

Así pues,

FALLAMOS

Que debemos desestimar como desestimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador de los tribunales D. Saturnino Estévez González, en nombre y representación de D. X1, representado ante esta Sala por el procurador D. Àngel Joaniquet Ibars, contra la Sentencia de fecha 14 de junio de 2000 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida en rollo 65/2000, procedente de juicio de menor cuantía 278/98 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de aquella capital; declarar, en consecuencia, firme la sentencia e imponer las costas de este recurso a la parte recurrente.

Notifíquese la presente a las partes personadas y, con testimonio de la misma, remítanse los autos y el rollo a la indicada Sección de la Audiencia.

Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.