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STSJC 24-05-2004

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 24 de maig de 2004, núm. 18/2004 (Sala Civil i Penal)

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados/as:

Iltma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Iltmo. Sr. Ponç Feliu i Llansa

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 113/2003 interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 603/98, como consecuencia de las actuaciones de juicio de menor cuantía núm. 1002/95 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 6 de Barcelona. El Sr. X1 y el Sr. X2. interpusieron recurso representados por la procuradora Sra. Cristina Boras Mollar y defendidos por la letrada Sra. Olga Recuenco Medina. Asímismo interpusieron recurso el Sr. Y1 y el Sr. Y2, representados por el procurador Sr. Àngel Joaniquet Ibarz y defendidos por la letrada Sra. Olga Recuenco Medina. Es parte recurrida la Sra. X6, la Sra. X3, la Sra. X4 y la Sra. X5, representadas por el procurador Sr. Ivo Ranera Cahís y defendidas por el letrado Sr. Màrius Miró i Gili.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los tribunales Sr. Narciso Ranera Cahís actuó en nombre y representación de las Sras. X3, X4 ,X5,X6. formulando demanda de juicio de menor cuantía núm. 1002/95 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Barcelona. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó  Sentencia con fecha 16 de abril de 1998, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente:

“FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el procurador D. Narciso Ranera Cahís, en nombre y representación de Dª. X6, Dª. X5, Dª. X4 y Dª. X3., contra Dª.Y3, D. X2, D. Y2, D.Y1 y D. X1, debo declarar y declaro la nulidad de las siguientes escrituras públicas:

“1º.- Escritura de manifestación y aceptación de herencia, otorgada por Dª. Y3, ante el notario de Sant Just Desvern D. Carlos Masia Martí, el día 19 de octubre de 1993, con nº de protocolo ####.

2º.- Escritura de ratificación otorgada por D. X2., ante el notario de Sant Just Desvern D. Carlos Masia Martí, en fecha 5 de noviembre de 1993, con nº de protocolo ####.

3º.- Escritura de adjudicación de herencia otorgada por Dª.Y3, D.Y1y D. X1, estos dos últimos en nombre y representación de D. X2., otorgada ante el notario de Sant Just Desvern D. Carlos Masia Martí, el día 7 de septiembre de 1994, con nº de protocolo ####.

4º.- Escritura otorgada por D. Y2, D. X1, D. Ignacio, D. X2 y Dª Y3 M. B., ante el notario de Sant Just Desvern D. Y2 Masia Martí, el día 19 de octubre de 1993, con número de protocolo ####.

5º.- Escritura otorgada por D. Y2, Dª.Y3, D.Y1 y D. X2., ante el notario de Sant Just Desvern D. Carlos Masia Martí, en fecha 5 de noviembre de 1993, con número de protocolo ####.

6º.- Escritura otorgada por Y4, SL, y D. Y2, ante el notario de Sant Just Desvern D. Carlos Masia Martí, en fecha 26 de mayo de 1995, con número de protocolo ####.

“Debiendo librarse los oportunos mandamientos a los registros de la propiedad correspondientes, de Barcelona y Esplugues de Llobregat, para que se proceda a la cancelación de las inscripciones registrales que hayan causado las mencionadas escrituras públicas.

“Asimismo, debo absolver y absuelvo en la instancia a los demandados, respecto de las peticiones contenidas en los apartados 7º y 8º del suplico de la demanda, y debo absolverles y les absuelvo libremente del resto de los pedimentos formulados por las actoras.

“Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes, en su caso, por iguales partes.

“Y estimando en parte la demanda reconvencional formulada por el procurador D. Àngel Joaniquet Ibarz, en nombre y representación de D. Y2 y D. Y1, así como la planteada por la procuradora Dª. Montserrat Llinas Vila, en nombre y representación de D. X1 y D. X2., ambas contra Dª. X3, Dª. X4, Dª. X5 y Dª. X6, debo declarar y declaro la nulidad de la escritura pública otorgada en fecha 11 de mayo de 1995, ante el notario de Barcelona D. Roberto Follia Camps, con número de protocolo ####, entre Y4, SL, y Dª. Y3, Dº. X3, Dª. X4, Dª. X5 y Dª. X6, y debo absolver y absuelvo a dichas reconvenidas, del resto de las peticiones contra ellas formuladas en las reconvenciones, debiendo abonar cada parte las costas causadas a su instancia en las respectivas reconvenciones, y las comunes, por iguales partes”.

Segundo. Contra esta sentencia, Dª X3, Dª X6, Dª X4, Dª. X5, D. X2, D. Y2, D. Y1 y D. X1 interpusieron recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 12 de abril de 2000, con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Dª. X3, Dª. X4, Dª X5 y Dª X6 contra la Sentencia de fecha 16 de abril de 1998, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Barcelona. Estimamos en parte los que lo han sido por D. X1, D. X2, D. Y2 y D. Y1 contra dicha resolución, que mantenemos a excepción del pronunciamiento por el que se rechazan los derechos legítimos pretendidos. En consecuencia, también se declara el derecho a la legítima en la sucesión mortis causa de D. Y1 a favor de sus hijos D. X1, D. X2, D. Y2 y D. Y1, defiriéndose la cuantificación de la respectiva porción legitimaria al trámite de ejecución de sentencia, sin condena en costas de ninguna de las instancias“.

Tercero. Contra esta sentencia, se interpuso recurso de casación que fue elevado a la Sala Primera del Tribunal Supremo y ésta, por Auto de fecha 16 de septiembre de 2003, declaró que: “La competencia para conocer de los recursos de casación interpuestos por el procurador D. Carlos de Zulueta Cebrián en nombre y representación, respectivamente, de D. X2. y D. X1 y de Y2 y D. Y1, contra la Sentencia dictada con fecha 12 de abril de 2000 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Undécima) en el rollo nº 603/1998, dimanante de los autos nº 1002/1995 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Barcelona, corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que se remitirán los autos y el rollo de apelación, junto con testimonio del rollo de casación tramitado por esta Sala y del presente Auto, previo emplazamiento de las partes para que comparezcan ante la misma en el plazo de diez días”.

Recibidas las actuaciones y comparecidas las partes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1709 de la LEC de 1881 se dio traslado al Ministerio Fiscal para que emitiera su correspondiente informe, que efectuó en fecha 18 de diciembre de 2003 en el sentido “[...] considera procedent l’admissió a tràmit del recurs de cassació interposat per la representació dels Srs. X2 i X1 [...]”, y en fecha 8 de marzo de 2003 en el sentido “[...] considera procedent l’admissió a tràmit del recurs de cassació interposat per la representació dels Srs. Y2 i Y1 [...]”.

Cuarto. Por providencia de fecha 11 de marzo de 2004 se dio traslado a la parte recurrida para que efectuara su impugnación, y en fecha 26 de abril de 2004 se tuvo por formulada impugnación a los recursos de casación, y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló para la votación y fallo, que han tenido lugar el día 10 de mayo de 2004.

Se ha designado ponente al Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se presentan ante esta Sala dos recursos de casación idénticos, aunque con representaciones procesales diversas y defensas diferentes: unas en amparo de D. Y1y D. Y2 y las otras de D. X1 y D. X2., ambos recursos interesando la revocación de la sentencia dictada en fecha 12 de abril de 2000 por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en rollo de apelación nº 603/98 proveniente de juicio declarativo de menor cuantía nº 1002/1995, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Barcelona.

Se dará, por tanto, un tratamiento conjunto a ambos recursos.

Segundo. Al amparo del art. 1692.4º de la derogada Ley de enjuiciamiento civil se formula un primer motivo de recurso alegando infracción de los arts. 663 y 664 del Código civil y 101 y 104 del Código de sucesiones de Catalunya, todos ellos en relación con la capacidad para testar.

Se denuncia que D. Y1, causante de los hermanos recurrentes y recurridos, en contra de lo declarado por la Audiencia carecía de capacidad para otorgar el testamento ológrafo de fecha 23 de enero de 1990, que fue protocolizado, tras declararse su identidad, mediante acta de 27 de enero de 1994.

La prueba de dicha incapacidad, según los recurrentes, es la presencia de hasta siete documentos que podrían considerarse testamentos ológrafos aunque no se protocolizasen y la depresión de tipo exógeno que padecía el testador en el año 1990.

Es criterio jurisprudencial reiterado que la apreciación de la capacidad del testador es una cuestión de hecho que debe apreciar el órgano jurisdiccional de instancia, que disfruta de la facultad de valorar libremente de acuerdo con las reglas de la sana crítica las pruebas que se han practicado (Sentencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo de 7 de enero de 1982 y las que en la misma se citan, y sentencias de esta Sala de 7 de enero de 1993 y 1 de julio de 1999).

La Sentencia de esta Sala de 3 de enero de 1994, aplicable por completo al presente caso, dice así: “A través del presente motivo la parte recurrente analiza la prueba de instancia referente a la capacidad de la testadora [en nuestro caso, testador] ofreciendo una apreciación valorativa de la misma distinta de la efectuada por el tribunal de instancia, cuyo criterio, como cuestión de hecho, debe mantenerse si no se demuestra la manifiesta y evidente infracción de las reglas de la sana crítica que han de tenerse en cuenta en la apreciación conjunta de la prueba. Minuciosamente ambas resoluciones de instancia analizan los hechos demostrativos de la incapacidad de la testadora [en nuestro caso, de la capacidad del testador] al otorgar su testamento en octubre de 1984 [en nuestro caso, enero de 1990] y explican las razones por las que llegan a aquella conclusión, razones que están de acuerdo con las normas sobre valoración de la prueba como son los arts. 632 y 659 de la Ley de enjuiciamiento civil. La naturaleza limitada del recurso de casación impide a esta Sala alterar el criterio valorativo correctamente expresado en la instancia”.

Con lo anterior podría darse por resuelto el motivo de casación primero alegado, pero añadiremos, con intención de agotar la tutela efectiva de los derechos del justiciable, que, como también aquí se ha recordado en forma reiterada, ha de partirse siempre de la plena capacidad para testar. Decíamos en nuestra sentencia de 1 de julio de 1999 que “la presunción general de capacidad para testar que establece el art. 103 del Código de sucesiones debe configurarse jurídicamente como una presunción iuris tantum de capacidad, que además está de acuerdo con el principio favor testamenti, de indiscutible vigencia en el derecho sucesorio catalán, con la consecuencia de que las incapacidades para testar deben configurarse como unas excepciones a este principio general, que deben acreditarse de forma convincente en cada caso concreto” (en el mismo sentido nos habíamos pronunciado ya en sentencias de 21 de junio de 1990 y 7 de enero de 1992).

Pues bien, frente a esta presunción general de capacidad el recurrente insiste, también en este grado jurisdiccional, en los mismos argumentos que ya utilizó en las instancias y que le fueron rechazados, a saber: la existencia de otros documentos del testador, con mandas distintas y que nunca fueron protocolizados, pero que, al decir del recurrente, podrían ser considerados otros tantos testamentos ológrafos; y la presencia de una depresión exógena que reconocidamente padecía el causante en la época en que se redactó el testamento hoy cuestionado.

Como se dice, el primer punto halla respuesta adecuada y pormenorizada en la sentencia dictada por la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Barcelona, en la que se explica por qué sólo uno de los documentos privados atribuidos a D. Y3, en concreto el documento nº 2 (folios 379 a 382), podría valer como testamento ológrafo, careciendo los otros de los requisitos sustantivos exigidos al respecto, pero aun respecto de aquél carece de los elementos formales de autenticidad y protocolización que lo hacen valer como tal. Razonamientos que acoge la sentencia que hoy se combate (fundamento tercero, apartado F).

En orden a la enfermedad que padecía el testador, nada hace suponer que la misma, dada su naturaleza, pudiera afectar negativamente a su capacidad de testar, ni prueba alguna lo advera. Puede repetirse lo que se decía en nuestra sentencia de 1 de octubre de 1991: “[...] ni los estados depresivos afectan necesariamente a la capacidad testamentaria pues, si bien suponen trastornos de la afectividad y del estado de ánimo, en casos como el presente en el que el sujeto hacía vida prácticamente normal ‘el trastorno de la afectividad, la depresión, no altera la inteligencia y voluntad’ [...]”.

Con todo lo anterior aparece llana la procedencia de desestimar el primer motivo de recurso.

Tercero. Al amparo también del art. 1692.4º de la antigua Ley de enjuiciamiento civil, se alega como segundo motivo de recurso la infracción de los arts. 673, 1269 y 1261 del Código civil y del art. 101 del Código de sucesiones de Cataluña, todos ellos en relación con los requisitos necesarios para que exista voluntad de testar. Se dice por el recurrente que, en realidad, en el documento protocolizado de D. Y1 no había una verdadera voluntad de testar, como lo demuestra la existencia de otros documentos o testamentos que descubren una voluntad siempre cambiante del causante, el nombramiento de dos herederos de confianza que no llegan a actuar nunca y la actitud de las hermanas recurridas.

El motivo no puede prosperar.

Se invoca un supuesto dolo (arts. 673 y 1269 del Código civil) ni explicitado ni alegado y, por supuesto, nunca probado, en las instancias, de suerte que aparece en casación como una cuestión nueva que debe expulsarse del debate.

Se invocan también, sin explicación ni justificación, los requisitos del contrato (art. 1261 del Código civil).

Y, de otra parte, el art. 101 del Código de sucesiones en absoluto ha sido infringido.

Según dicho precepto “la successió testada es regeix per la voluntad del causant manifestada en testament atorgat conforme a la llei”.

Es decir, el precepto se ha cumplido en su estricta literalidad. Hay un testamento ológrafo revestido, según decisión judicial, de los requisitos sustantivos exigibles y de las formalidades externas observables.

Y, en efecto, el testamento contiene expresión explícita de disposición de bienes y de nombramiento de herederos, condición sustantiva necesaria y suficiente para el reconocimiento ontológico del testamento. Lo que no sucede con la voluntad de testar, que se desprende lógicamente de aquella disposición para después de la muerte del testador.

A lo anterior no empece la existencia, traída nuevamente a colación, de otros documentos —de diferente contenido— que no han alcanzado la condición de testamentos ológrafos, ni las actuaciones posteriores de los llamados herederos de confianza o de las hijas favorecidas por la disposición testamentaria, hechos que no vienen a alterar la validez de un testamento —único— adornado de todas las condiciones extrínsecas e intrínsecas.

Se ha cumplido, en consecuencia, el precepto del derecho catalán que se dice conculcado en cuanto se ha realizado la voluntad del causante expresada en testamento otorgado conforme a la ley.

Cuarto. Por la misma vía procesal que los anteriores se introduce un tercer motivo que se relaciona con los requisitos necesarios para la protocolización de los testamentos ológrafos y se invoca la infracción de los arts. 691, 692 y 693 del Código civil y los 120 y 121 del Código de sucesiones de Cataluña.

En concreto se denuncia que en el expediente de protocolización del testamento ológrafo se omitió la citación de uno de los interesados, D. Y2 pocos comentarios precisa el motivo.

Ya en segunda instancia se dice a los ahora recurrentes que D. Y2 compareció en el expediente aludido, reconoció la letra y firma de D. Y1 y declaró que no abrigaba duda alguna de hallarse ante un testamento escrito y firmado por el testador. A mayor abundamiento, fue citado el Ministerio Fiscal en cumplimiento de lo que dispone el art. 692, segundo párrafo, del Código civil. Nada puede añadirse a lo ya razonado por el tribunal de instancia y excusa referirse a la teoría de los actos propios jurisprudencialmente consagrada.

El motivo debe decaer y, con él, todo el recurso.

Quinto. De conformidad con el art. 1715.3 de la antigua Ley de enjuiciamiento civil, se impondrán las costas a los recurrentes.

Así por ello,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador de los tribunales D. Carlos Zulueta Cebrián, en nombre y representación de D. X2 y D. X1, representados en autos por la procuradora Dª. Cristina Borrás Mollar, y por aquel mismo procurador de los tribunales, en nombre y representación de D.Y1 y D. Y2, representados en autos por el procurador D. Àngel Joaniquet Ibars, contra la Sentencia dictada en fecha 12 de abril de 2000 por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en rollo de apelación nº 603/98 proveniente de juicio declarativo de menor cuantía nº 1002/1995, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Barcelona, con imposición a los recurrentes de las costas causadas. Notifíquese la presente a las partes personadas y, con su testimonio, devuélvanse los autos y el rollo a la Sección indicada de la Audiencia.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.